jueves, 22 de diciembre de 2022

EL FERROCARRIL CONVENCIONAL SÍ VERTEBRA LA REGIÓN DE MURCIA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/12/19/ferrocarril-convencional-vertebra-region-80191348.html



                                                    (Imagen: Wikipedia)

Desde mi picoesquina

 

El ferrocarril convencional sí vertebra la Región

Cuando estas líneas vean la luz, se habrá producido ya, con todo boato, la inauguración oficial de la llegada del AVE a Murcia. Un AVE que despierta reticencias por parte de una derecha crítica con la excesiva duración del viaje a Madrid, obviando que ello es consecuencia directa de ese absurdo itinerario por Alicante, ‘gracias’ al Pacto del AVE de Murcia suscrito el 8 de enero de 2001 en el palacio de San Esteban entre Francisco Álvarez-Cascos y los presidentes autonómicos Ramón Luis Valcárcel, Eduardo Zaplana, Alberto Ruiz-Gallardón y José Bono, pacto que condenó al ostracismo a la línea tradicional Cartagena-Chinchilla y nos hizo depender de la zona ferroviaria de Valencia, según nos ha recordado una y otra vez Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Prosoterramiento.

Nuestra Región de Murcia es, hoy, un desierto ferroviario. La obsesión por volcar el flujo de mercancías y personas por carretera y por la potenciación del AVE ha llevado al desprecio del ferrocarril como elemento vertebrador de nuestras comarcas. El cierre de la línea de ancho ibérico Murcia-Caravaca, que estuvo operativa hasta 1971, se justificó por razones de escasa rentabilidad. Por idénticos motivos, el ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix dejó de prestar servicio el 1 de enero de 1985.  Esas líneas clausuradas sentaron el precedente para la nefasta suspensión actual de los trenes Cartagena-Chinchilla, justificada, dice ADIF, por las obras del soterramiento en Barriomar, olvidando que siempre estuvo abierta la posibilidad de utilizar provisionalmente la estación de Nonduermas, que hubiera evitado el flujo de pasajeros hasta Albacete por carretera.

LA LÍNEA CARTAGENA-ALBACETE HA DE SEGUIR SIENDO PRIORITARIA. Por razones de utilidad social, por economía y por sentido común, se impone recuperar el servicio ferroviario entre Cartagena y Albacete, con vías desdobladas y electrificadas. Esa línea sí que vertebra el territorio regional.

En fecha 30 de enero de este año, Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, afirmaba en una nota de prensa que la línea Cartagena-Chinchilla pasa a la primera división de la Red Europea de Transportes. A este respecto, Antonio del Campo, responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras en CCOO, nos recuerda que el pasado 11 de noviembre concluyó el plazo de presentación de enmiendas para la Red Básica Europea de Ferrocarriles y mantiene, así mismo, que se da prioridad al eje Cartagena-Albacete, actuación que, en todo caso, no va a ser inmediata. Nos recuerda que las inversiones europeas en materia ferroviaria contemplan tres variables: la Red Básica Prioritaria, con horizonte temporal en el 2030 y en la que entraría esa línea; la General, prevista para el 2040, y la Ampliada, para el 2050. En todo caso, a la hora de considerar el trazado de esta nueva línea Cartagena-Albacete hay que tener en cuenta que debe hacerse el Estudio de Detalle y la Declaración de Impacto Ambiental durante al menos tres años.

Respecto de esa futura línea mejorada, Joaquín Contreras, que también sigue apostando por que sea prioritaria, me hizo una observación importante: el ferrocarril Cartagena-Murcia-Albacete sería la salida natural de Almería y Granada (si se consolida la recuperación del ferrocarril Baza-Lorca, del que luego hablaremos) hacia Madrid, mucho más ventajosa que por Despeñaperros.

Empero, si de vertebración regional ferroviaria hablamos, hemos de considerar otras actuaciones.

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO.  Consiste en una plataforma de ancho internacional y de alta velocidad, que discurre desde la frontera francesa hasta Algeciras. Infraestructura necesaria que impulsará la economía, el turismo y el empleo pero que está pensada sobre todo para el transporte de mercancías. De hecho, en la página web ‘Quiero corredor’, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), citada por Ángel Martínez (El ferrocarril en la Región de Murcia 1 y 2), denuncian el retraso de más de 25 años que acumulan las obras de este corredor y exigen al Ministerio una línea exclusiva de mercancías desde Monforte del Cid hasta Murcia. La redacción del estudio de la misma se publicó en el BOE el 8 de noviembre de 2011, sin que llegara a adjudicarse. La novedad es que esa línea de mercancías, según esta asociación, no debería atravesar Murcia, sino que habría de ir en paralelo a la autovía A7 para conectar, a la altura de Santomera, con los corredores de Cartagena y Albacete y continuar hasta Lorca y Andalucía.

A este respecto, Contreras nos recuerda que, efectivamente, el Corredor Mediterráneo llega hoy sólo hasta Monforte, con doble vía de ancho internacional, y que, por ahora, está previsto que las mercancías pasen por Murcia por el túnel soterrado, un peligro por el tránsito de graneles, productos tóxicos, etc., en caso de accidente.  Opina, además, que las vías para mercancías deberían ser diferenciadas de las de viajeros.

EL ACCESO A CARTAGENA Y EL FERROCARRIL A BAZA. Varios barrios cartageneros afectados por el trazado propuesto por ADIF para la entrada del AVE a la ciudad vienen oponiéndose al mismo, por el efecto barrera de las vías, y apuestan por la propuesta número 5, es decir, la entrada a la estación ‘Víctor Beltrí’ -convertida en una estación intermodal que acogería el FEVE Cartagena-Los Nietos- con un trazado paralelo a la carretera de La Unión.

A este respecto, Fulgencio Sánchez, portavoz de la plataforma ‘Tren a Cartagena’ y presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, denuncia que, en estos momentos, pese a que hay tramos del AVE en obras en el sector de Riquelme-Torre Pacheco, no hay proyecto claro para la entrada del tren a Cartagena y, además, se produce una preocupante dilación de las reuniones. La prevista para noviembre, no se ha celebrado. Este portavoz aclara que la reivindicación vecinal actual no es tanto sobre la llegada del AVE sino sobre la exigencia de una línea moderna, electrificada y con el trazado antes citado, que, además, es más barato que el propuesto por ADIF.

En relación con la antigua reivindicación de la reapertura del ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix, Antonio Francisco Martínez, de la Asociación ‘Amigos del Ferrrocarril de Baza’, nos dice que nadie daba un duro por la reapertura de esa línea, pero en marzo de 2021, en Almería, se consiguió del ministro Ábalos el compromiso del inicio de un estudio informativo de viabilidad, que llevan a cabo dos empresas adjudicatarias con un plazo de 24 meses.

Nos dice que el coste de las obras, unos 800 ó 900 millones de euros, entre Guadix y Lorca no es un obstáculo; es cuestión de voluntad política. La situación actual es de parálisis desde los meses del pasado verano, pero el Ministerio afirma que se va a compensar la situación en 2023, de modo que en 2024 pueda remitirse el estudio informativo a la Unión Europea para la financiación de las obras.

Y LAS CERCANÍAS. La vertebración regional propuesta sería incompleta si no se considerara la situación de los trenes de cercanías en la Región. A este respecto, hay que mantener y mejorar el eje este-oeste (Alicante, Murcia, Lorca, Águilas), potenciar el eje sur-norte (Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín) y recuperar la clausurada conexión Calasparra-Cieza (hoy, vía verde), con un tren lanzadera para unir ambas poblaciones, pues el cierre de la estación de Calasparra y el levantamiento de las vías, algo que lamenta José María Rodríguez, de IU Cieza,  ha dejado incomunicadas a más de 110.000 personas del Noroeste murciano e incluso del Altiplano granadino, según expuse en mi artículo de LA OPINIÓN de 2 de abril de 2019.

Hay que potenciar también el intercity Cartagena-Albacete y considerar la posible conexión del Altiplano con Murcia, con una línea que uniría la capital con Fortuna, Abanilla, Jumilla y Yecla, propuestas de mi amigo Juan Antonio Conesa, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que también advierte de la desaparición de la conexión con Alcázar de San Juan, por el nuevo trazado del AVE. Para terminar, no podemos olvidar la prolongación del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos, La Manga y, por qué no, hacia localidades ribereñas del Mar Menor.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur

miércoles, 23 de noviembre de 2022

YOLANDA DÍAZ: ESCUCHAR, UNIR, SUMAR

 

 

Spain's Deputy Prime Minister and Minister of Labor and Social Economy Yolanda Diaz delivers a speech during the presentation of the "Sumar"...

(Foto: Getty Images)

 Diego Jiménez García

@didacMur

Como es sabido, el próximo mes de mayo se celebrarán elecciones en 12
comunidades autónomas (CCAA) y en más de 8.000 municipios de todo el país.
Procesos electorales a los que no serán ajenas, una vez más, las ansias de unidad
de amplios sectores sociales que quieren ver, a la izquierda del PSOE, unas
candidaturas fuertes que frenen el avance de la derecha y de la extrema derecha
y que consoliden el actual Gobierno de coalición. Pero la relación entre
Podemos, Izquierda Unida (IU) y otras formaciones (Más Madrid,
Compromís…) difiere según cada territorio.


En relación con las posibles confluencias territoriales para las elecciones
autonómicas entre las dos principales fuerzas de la izquierda del PSOE, esto es,
Podemos e IU -descartando las que puedan darse en muchos municipios, cuyo
número y complejidad harían imposible un análisis exhaustivo aquí-, y según
refiere un detallado artículo de Público (14/11/2022), esas confluencias se dan
por prácticamente hechas en Cantabria, La Rioja, Extremadura, Baleares, donde
Unidas Podemos, que ya forma parte del Govern de la socialista Francina
Armengol, desea repetir la alianza para revalidar el gobierno progresista, y en
Navarra, en que se da un acuerdo a tres bandas de corte soberanista entre
Podemos, IU y Batzarre, con el nombre de Zurekin Nafarroa.


En Asturias, el acuerdo parece distante, así como en Castilla-La Mancha y en
Aragón, región en que la Chunta Aragonesista se plantea acudir en solitario. En
Madrid, la segunda fuerza política, Más Madrid, rechaza confluir con Podemos e
IU. En Valencia, Compromís también apuesta por concurrir en solitario a las
autonómicas: en esta Comunidad, Podemos presenta como candidato al actual
vicepresidente, Héctor Illueca, y por parte de IU, que ahora celebra primarias,
existe la voluntad de soldar una candidatura conjunta con esas dos formaciones.
En nuestra Región de Murcia, son conocidas, hoy, las diferencias entre Podemos
y Más Región, aunque Urralburu, líder regional de la formación política
comandada por Errejón, en reciente entrevista en la prensa, manifestó que no
dificultaría futuros pactos. De hecho, IU-Verdes, Más Región y Verdes-Equo se
han reunido para tratar de alcanzar un acuerdo, al que IU intenta que se sume
Podemos.


Por último, en Canarias, la presentación el pasado octubre del Proyecto Drago,
una opción política encabezada por Alberto Rodríguez, el que fuera
secretario de Organización de Podemos, ha removido las aguas de la izquierda.
Ante ello, Podemos no desearía quedarse fuera de una candidatura conjunta, e
IU trabaja para lograr la confluencia.

EL PROYECTO SUMAR DE YOLANDA DÍAZ. En ese contexto territorial
heterogéneo ha eclosionado el movimiento ciudadano Sumar impulsado por la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un proceso
que tiene como horizonte temporal las elecciones generales de finales de 2023
(ese proyecto es aún muy incipiente para tener presencia en las próximas
elecciones autonómicas y locales) y que busca abrirse paso en un contexto
económico y político complicado, lastrado por la alta inflación y las diferencias
en el seno del gabinete e incluso de Unidas Podemos.


El breve comunicado con que se ha presentado esta iniciativa incide en que
vivimos “tiempos decisivos” y que, tras la pandemia parece claro que “hay que
cambiar cosas importantes de nuestras vidas y sociedades”, pues “con la guerra
[de Ucrania] han vuelto la inflación, la incertidumbre y también los discursos
del odio y del miedo al diferente”, por lo que los partidos políticos no parecen
capaces de ofrecer “soluciones de fondo” y, en este contexto, “la ciudadanía
nos está esperando”.


Por ello, “Sumar quiere ser una herramienta que ensanche la democracia”,
razón por lo que Yolanda está impulsando un proceso de escucha por todo el
país tendente a lograr trabajo decente y mayor igualdad, un país líder en la
transición ecológica, y que sea vanguardia del feminismo y del conjunto de
derechos y libertades. Hasta ahora, ha llevado ya su proyecto a Madrid, O
Courel (Lugo), Bilbao, Gijón, Sabadell, Mérida y el País Valenciano (a Murcia
podría venir el próximo mes de enero), en un recorrido que debe compatibilizar
con la agenda institucional del ministerio y su labor de coordinación, como líder
de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez.
El pasado día 17, en Murcia, miembros del equipo de trabajo de la
vicepresidenta presentaron ese proyecto en asamblea ciudadana abierta. Nos
dijeron que se está en pleno proceso de recabar datos sobre los anhelos del
pueblo, conscientes de que se ha abierto una brecha entre la ciudadanía y la
política. En los lugares que ha visitado la ministra de Trabajo, se reúne en sesión
matinal con sindicatos y otros colectivos sociales organizados y, por la tarde, en
asambleas abiertas con la ciudadanía.


El proyecto se sustenta, hoy, en 35 grupos de trabajo, que integran ya a más de
1.100 personas expertas de los distintos ámbitos, y se pretende que en enero
haya concluido lo que llaman ‘un proyecto de país’ para los próximos diez años.
Sumar, pues, se constituye en un movimiento político-social que va más
allá de los partidos, que no es un partido, pero que tampoco va contra
los partidos. Habida cuenta de la dispersión del voto de izquierdas, Sumar
pretende constituirse en el ‘cemento’ que aglutine a las distintas
formaciones políticas, con un componente abierto y transversal en su
formulación, teniendo en cuenta las variantes regionales y nacionales. Pretende
la conexión de la política con la calle.

Se trata, en definitiva, de concitar acuerdos para unas candidaturas unidas y de
progreso para las elecciones generales de 2023, teniendo presente, no obstante,
que, como se ha dicho arriba, el proyecto va más allá de esa fecha. En Sumar no
hay, por ahora, estructura organizativa territorial y el trabajo se sustenta en la
aportación de personas voluntarias y en la no dependencia financiera de nadie,
con cuotas y aportaciones en función de la voluntad de las personas donantes.
Frente al respaldo tanto de Izquierda Unida como de Catalunya en Comú, la
formación de Ione Belarra (UP), según El País, ya empezó a dejar claro en
julio algunas de sus condiciones para la futura alianza: presentarse en una
coalición electoral con Yolanda sin diluirse en ninguna plataforma. La misma
intención fue reafirmada en una entrevista en TVE por la titular de Igualdad,
Irene Montero. La ministra se manifestó convencida de poder acordar los
términos de esa coalición que les permita ser socios y aliados electorales.


Personalmente, no creo que haya motivos para la existencia de recelos hacia
esta plataforma ciudadana. Me convence este trabajo de la vicepresidenta y
ministra de Trabajo, que está logrando lo que tanta falta hace en la izquierda:
escuchar… para unir y lograr sumar.

jueves, 6 de octubre de 2022

¿ES REAL LA AMENAZA NUCLEAR?



Anoche, día 5 de octubre, en El Objetivo de Ana Pastor, un general de división ya jubilado expuso que hay un 85% de posibilidades de que Rusia, cuyo Ejército, al parecer, está retrocediendo en el sureste de Ucrania, llegue al emplear el arma nuclear, en principio con armas tácticas de limitado y concreto alcance.

3.071 fotos e imágenes de Hongo Nuclear - Getty Images

 (Foto: Getty Images)

Todo el programa de Pastor estuvo dedicado al riesgo nuclear en el que estamos inmersos. Habrá que agradecer a EEUU, a la OTAN y al Reino Unido, que se ha alineado indisimuladamente con Occidente, el que hayamos llegado hasta aquí.

Porque, si bien es cierto que Putin, violando el Derecho internacional, ha invadido un país soberano, también lo es que la política de acoso que ha venido practicando Occidente hacia Rusia, aproximando la OTAN y la amenaza que esa organización militar supone hasta sus fronteras, y el fuerte apoyo militar a Ucrania, han determinado que Putin, cual jabalí herido, haya incrementado su nivel de agresividad hacia Occidente, pues llegó a afirmar que sus amenazas "no son un farol".

Estamos ante una evidencia: así como las dos guerras mundiales fueron un instrumento del capitalismo más salvaje para la readecuación de las fuerzas productivas a un nuevo escenario de crecimiento y consumo, en estos momentos una hipotética, y nada deseable, III Guerra Mundial tendría unas connotaciones semejantes. Porque, además de la guerra de Ucrania, las maniobras militares norteamericanas en el Mar de China, que anticipan un enfrentamiento EEUU-China por la situación de Taiwan, y la respuesta norcoreana con el lanzamiento de misiles no auguran nada bueno.

Creo que, aunque no lo queremos ver, estamos asistiendo a los prolegómenos de esa III Guerra Mundial que cité arriba.
 

Frente a este escenario bélico, más que nunca, los pueblos del mundo han de alzar la voz para lograr que se consolide la paz y la coexistencia pacífica en todo el planeta.

miércoles, 5 de octubre de 2022

NEOFASCISMO, UNA AMENAZA REAL


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/10/04/neofascismo-amenaza-real-76744627.html

Desde mi cornijal/ Diego Jiménez, Murcia, 4 octubre de 2022



       (Foto: SPORT/ Flavio Lo Scalzo)

 La victoria de Giorgia Meloni, en las recientes elecciones del país transalpino, al frente de Fratelli d´Italia (Hermanos de Italia), formación nacida del posfascista Movimiento Social Italiano, ha encendido todas las alarmas en Bruselas.

Según nos recuerda Esther Palomera, en un artículo de elDiario.es, no es para menos. En el reciente mitin en Marbella de la campaña electoral andaluza, al que había sido invitada por Vox, la italiana proclamaba: «O se dice sí o se dice no: sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva; sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas; sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla».

Empero, y como no podía ser de otra forma, la caverna mediática española se ha encargado de iniciar un proceso de banalización de unos resultados electorales con los que la derecha tradicional italiana ha sido fagocitada por el universo ultra.

Cuando se produce este rápido ascenso de la ultraderecha neofascista cabe atribuir el hecho a causas diversas. Conocida la persistente inestabilidad ministerial en Italia, es fácil colegir que ello lleva al hastío de una ciudadanía que observa cómo el mando real del país cada vez tiene menos que ver con lo expresado en las urnas. Baste recordar que, desde que en 2008 Berlusconi ganó las elecciones y comenzó su tercera gestión al frente del Ejecutivo, el país ha tenido al frente del Consejo de Ministros a políticos tecnócratas, como Mario Monti o Mario Draghi, que nunca ganaron unas elecciones.

Se ha producido, por ello, un desplome de la participación en un país donde el acudir a votar se consideraba no sólo un derecho sino también un deber cívico: en las pasadas elecciones participó el 64% del electorado, nueve puntos menos que en 2018, lo que evidencia ese desinterés creciente de la ciudadanía por la política, perceptible desde 1979.

A mayor abundamiento, sumemos a ello la desnaturalización de la izquierda tradicional. Conocidos los distintos cambios que experimentó la socialdemocracia italiana, desde sus orígenes marxistas iniciales hasta su identificación con las recetas neoliberales que han conducido al Partido Socialista italiano a su irrelevancia en la escena política, notable ha sido también la desaparición del histórico Partido Comunista de Italia (PCI), que durante la II Guerra Mundial y la Guerra Fría tuvo un indudable protagonismo; por su influencia social y longevidad la ‘marea roja italiana’ fue considerada la más importante de la Europa Occidental, y sólo las presiones de EEUU a través de la CIA impidieron que se consolidara un Gobierno de coalición PCI-Democracia Cristiana (el ‘compromiso histórico’ de Enrico Berlinguer, impulsor junto a Marchais y Carrillo del eurocomunismo), sobre todo a partir del secuestro y asesinato del democristiano Aldo Moro en 1978.

La descomposición de la URSS en 1991 afectó al PCI, que se escindió en el Partido Democrático de la Izquierda (PDS, hoy PD) y el Partido de Refundación Comunista (PCR). Hoy, los herederos del PCI, que logró tener una potente estructura que en parte ha perdurado hasta la actualidad en regiones como la Toscana, Emilia Romaña o Umbría, siguen divididos. Segunda conclusión, pues: amplias capas populares de Italia, incluyendo a la juventud azotada por el paro y la falta de perspectivas, han quedado huérfanas de apoyos por parte de la izquierda, razón que explica que la derecha haya ‘barrido’ en las regiones industriales del Norte, muchos de cuyos ayuntamientos estuvieron en décadas pasadas en manos de aquélla.

Y un tercer dato: la falta de proporcionalidad en el sistema electoral y la desunión del centro izquierda, al no unirse el PD con el reformado movimiento Cinco Estrellas (M5S) ha conducido a que, hoy, la fuerza dominante sea la de Fratelli d’Italia, excepto en el Sur, donde M5S mantiene su predominio. No obstante, la propaganda mediática que trata de presentarnos una Italia caída en brazos del fascismo oculta una realidad: la persistencia de un importante polo de referencia de fuerzas de centroizquierda en el país. Para demostrarlo, unos datos: el Movimiento Cinco Estrellas y las fuerzas de centroizquierda nucleadas en torno al Partido Democrático han obtenido un total de 11, 7 millones de votos, mientras que el bloque de la derecha y la extrema derecha, al que algunos, eufemísticamente, califican de centro derecha (!), ha obtenido algo más de 12 millones. En la medida que el centrista Tercer Polo (de quien nadie habla) ha obtenido casi 2,2 millones de votos, hagamos números: una coalición tripartita entre el PD, el M5S y este último partido estaba en condiciones claras de disputar el triunfo electoral a las derechas.

Pese a la preocupante situación que ha supuesto el avance del fascismo en la tercera economía de la zona euro, hay quienes se aprestan a normalizar el fenómeno. En opinión del politólogo neerlandés Cas Mudde, de la Universidad norteamericana de Georgia, se ha hipervalorado la victoria de Meloni, pero se olvidan las derrotas recientes de la ultraderecha en Francia, Alemania, Noruega y Eslovenia, por poner algunos ejemplos.

Y en relación con la política exterior italiana a partir de ahora, Mudde opina que, como Polonia y Hungría, Italia depende en gran medida de la financiación europea, especialmente tras la Covid 19, por lo que, según él, es posible que Meloni se alinee con Polonia en el Consejo Europeo, lo que hará a Varsovia menos dependiente de Viktor Orban, primer ministro húngaro.

Según este politólogo, hay buenas razones para confiar en que el nuevo Gobierno italiano no sea un actor especialmente relevante en la política europea, pues Meloni, por su inexperiencia política, va a depender de políticos con ‘egos enormes’, ávidos de ser centro de atención y del poder. Concluye, además, que las elecciones italianas han sido ‘normales’, en el sentido de que los partidos de extrema derecha y sus ideas llevan al menos dos décadas formando parte de la política europea.

En contra de la opinión de Mudde, considero sin embargo que lo ocurrido en Italia es un aviso a navegantes. Creo no equivocarme mucho si recuerdo que, desde los mismos inicios de la legislatura, hay una persistente labor de zapa, acoso y derribo del PP contra la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, tendente a un rápido cambio en la Moncloa. Y para ello el PP necesita a Vox, liderado por Abascal, un émulo de Meloni.

Más claro: España no está libre de lo que ha pasado en Italia, pero coincido con el articulista Javier Gallego en que no todo está perdido. Considera que, como he demostrado arriba con datos electorales, «los resultados engañan si no se miran con lupa, pues Italia no se ha hecho fascista». Nos recuerda que «el sistema italiano favorece las coaliciones» y que «si el centro izquierda se hubiera unido podría haber disputado la victoria. La izquierda europea y española deberían aprender la lección. Las divisiones restan, la suma multiplica». Concluye que «es un deber del progresismo dar respuesta a las necesidades materiales de la gente, a las angustias de la ciudadanía. Dejar de perderse en debates internos, atender a los problemas externos, escuchar a la calle», advirtiendo, no obstante, que, como relata la película Novecento, de Bertolucci, «por supuesto, tendrá siempre enfrente al capital que tratará de evitar cualquier transformación». 

miércoles, 21 de septiembre de 2022

DEJEMOS EN PAZ AL TORO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/20/dejemos-paz-toro-75659164.html 

 La trágica muerte de la plaza de toros de la Condomina en la pasada Feria de Murcia, a partir de la cual Podemos exige al Ayuntamiento de la capital la convocatoria de un referéndum sobre los festejos taurinos, reaviva, en el ámbito local, el debate sobre el mantenimiento de éstos en España. Pese a que en 2020 apenas se celebraron y en 2021 muchos menos, a causa de la pandemia de la Covid 19, para darnos una idea de cómo esos festejos están insertos en la ‘cultura popular’ baste el dato de que, en la vecina Comunidad Valenciana, alrededor de 270 municipios celebran cada año los bous al carrer, con un saldo de más de una treintena de muertes y más de 5.400 personas heridas desde 2014 en esa Comunidad. 
 
 El toro, en su hábitat natural
 
 (Foto: ABC Cultura) 

Este culto al toro, muy presente en toda el área mediterránea y, por supuesto en nuestra Región de Murcia, hunde sus raíces en la Historia. En las antiguas culturas en torno al Mare Nostrum se otorgaba a este animal un rango divino, asociado a la Naturaleza, apreciable en las pinturas del arte levantino, en la civilización cretense, en Turquía, entre las deidades egipcias, en Grecia e incluso en Roma. Hoy, los defensores de la fiesta de los toros en nuestro país, en todas sus manifestaciones, se han agarrado a la literatura y el arte como a un clavo ardiendo, según Concha Caballero (El País). Citan a Goya y Picasso, a Lorca y a Miguel Hernández, a Hemingway y a Alberti para demostrar el carácter artístico de la muerte y tortura del toro en la plaza. Pero, según esta articulista, ocultan, sibilinamente, la nómina de escritores que no contemplaban con agrado este espectáculo o que se manifestaron rotundamente en contra, como es el caso de Lope de Vega, Quevedo, Larra, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Miguel Delibes y toda la nómina de pensadores de la Ilustración española. Los textos de estos autores que hablan de barbarie, tortura, suplicio, crueldad o inhumanidad, han sido convenientemente silenciados. 
 
Además de por la pérdida de vidas humanas, el activismo antitaurino exige la prohibición total de esos eventos, en particular, aquellos que exhiben mayor crueldad, como el encendido de bolas de algodón en la cornamenta de los toros (el bou embolat) o, en el caso de los bous al mar, cuando se obliga al animal, exhausto, asustado y que, además, no sabe nadar, a tirarse al mar, muriendo ahogado en muchas ocasiones. Sin embargo, la postura cerril de los defensores de estos espectáculos lleva al extremo de afirmar que, en todo caso, las muertes que puedan producirse (tanto de personas como de animales) forman parte del festival. 
 
Afortunadamente, cada vez más municipios y pueblos del país, más de 120, se van sumando a la supresión (la prohibición no es posible, a la vista de la legislación de la que hablaremos más abajo) de este tipo de festejos.
 
CONTEXTO LEGAL DE LA TAUROMAQUIA EN ESPAÑA Y ESTADÍSTICAS 
 
Los espectáculos taurinos están regulados en el Estado español mediante una ley de 1991 y un Real decreto de 1996. En 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España, con el único apoyo del Partido Popular. La norma publicada obliga a las Administraciones públicas a “garantizar y, a su vez, desarrollar medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado”. Por su parte, el Real decreto 5.091/2020, de 5 de mayo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, asignando a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el ejercicio de las competencias referidas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y la protección de la tauromaquia (la cursiva es mía). 
 
Pese a lo cual, no todas las Comunidades Autónomas la apoyan. En Canarias, una ley autonómica de 1991 prohíbe los festejos taurinos, así como Cataluña, con una disposición de 2010 que entró en vigor en 2012, aunque dicha normativa está recurrida por el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Baleares decidió prohibir el uso de banderillas y picas, así como dar muerte a los animales en público. Por su parte, la ONU ha solicitado que se ponga fin a la asistencia de menores a las corridas de toros. 
 
El Gobierno español aprobó recientemente el Proyecto de Ley sobre Protección, Derechos y Bienestar animal, elevando las penas por maltrato. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, liderado por Ione Belarra, presentó dicho Proyecto de Ley que endurecerá las penas por maltrato con hasta tres años de cárcel a través de una reforma del Código Penal. Sin embargo, la normativa deja al margen los casos de maltrato de los animales que son utilizados para los llamados “espectáculos taurinos”. Esta ley excluirá las corridas de toros previstas en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991 del 4 de abril. Con datos obtenidos a través de los Registros de profesiones taurinas, de empresas ganaderas de reses de lidia y de escuelas taurinas referidos al año 2021, sabemos que, en ese año, superado lo peor de la pandemia, se celebraron en España 824 festejos, con un incremento de 538,8% respecto de 2020, pero con un descenso del 42,2% respecto de 2019. El número de profesionales taurinos inscritos es de 10.242, de los que 779 (el 7,6% del total) son matadores de toros. Hay registradas 1.348 empresas ganaderas de reses de lidia, con un ligero incremento respecto de 2017, en que eran 1.329, y 73 escuelas taurinas.
 
 La tauromaquia sigue recibiendo subvenciones públicas. En los pliegos de condiciones de las plazas cuya propiedad es de los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, se ofrecen ayudas para que el empresario se haga cargo de ellas y organice festejos taurinos. 
 
SUFRIMIENTO INÚTIL 
 
La veterinaria María González, en un artículo de El Salto, nos recuerda que el toro sufre, como cualquier individuo con sistema nervioso central. Incluso en festejos que no llevan a su muerte, como los encierros, el verse acorralado supone para el animal un estrés psicológico que afecta a su presión sanguínea y al sistema inmunológico. Y a quienes piensan que las corridas de toros han de ser preservadas porque son una tradición, responde Óscar Horta, miembro de la Fundación Ética Animal y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que “el interés de los animales atormentados y muertos en las actividades taurinas ha de tener más peso que el de los seres humanos aficionados a esas actividades para mantener la tradición”. 
 
Respondiendo a quienes piensan que, si no se les utiliza, la especie se extinguiría, las asociaciones animalistas nos recuerdan que el toro no es una especie, sino el macho de la vaca al que se le ha seleccionado genéticamente durante generaciones para obtener individuos grandes, con mayor bravura. 
 
Insensibles a esta polémica, hay comunidades que han tomado medidas para proteger la tauromaquia. A principios del año 2011, Murcia fue la primera comunidad autónoma en declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural Inmaterial, adelantándose a Madrid, que inició con anterioridad el expediente. También en 2011 el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha hizo lo propio. Castilla y León tardó un poco más. 
 
Nótese que, en el momento de adoptar esas decisiones, todas estaban o están gobernadas por el PP, el mismo partido que declaró a los toros Patrimonio Nacional en el Senado. 
 
El sufrimiento y tortura a que se ven sometidos esos bellos animales nos ha de hacer reconsiderar la situación actual. Dejemos en paz al toro en sus dehesas. 
 
 Diego Jiménez García. Profesor de Geografía a Historia @didacMur

sábado, 10 de septiembre de 2022

INSOPORTABLE BAÑO DE MONARQUISMO

(Foto:XL Semanal) Las emisoras de TV privadas y TVE, que juega a competir con ellas en información sesgada, manipulada y sobrecargada, están sobrepasando los límites de lo tolerable respecto de la muerte de la soberana británica, una reina que no tuvo reparos en revivir el pasado imperial británico embarcando en su país en una guerra neocolonial, la de las Malvinas, cuyo marido, el duque de Edimburgo, no disimuló nunca sus simpatías con el nazismo, y cuyo “afecto” hacia España ha quedado sobradamente demostrado con su negativa a negociar el estatus de Gibraltar, remitiéndose nada menos que a las cláusulas del Tratado de Utrecht (1713) por el que se cedía a perpetuidad la Roca a Su Graciosa Majestad británica. Pero las televisiones están aprovechando el evento para revalorizar no sólo la monarquía británica, sino de rebote, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también la española. O lo que es lo mismo: un baño de “monarquismo” en toda regla.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

POR QUÉ, AÑO TRAS AÑO, ARDE EL MONTE EN ESPAÑA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/07/arde-monte-75118723.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share&fbclid=IwAR1n6lt5qvpKU1MuiClWY1HYDjkQmuhDa9Sagq8haCUUJD6AMiNQg7Kpi10

 

(Fotografía:Revista Seguridad 360)


El verano de 2022 será recordado en España como una auténtica pesadilla: a la irrupción repetida del polvo sahariano, la calima (el desierto ya está aquí, ha venido para quedarse), hay que añadir las persistentes olas de calor con temperaturas inusualmente elevadas, lo que ha provocado el lamentable incremento de muertes por esas altas temperaturas y la reiteración de los incendios forestales.  A la hora de redactar estas líneas, el fuego ha devorado en nuestro país cerca de 200.000 hectáreas, casi un tercio de la superficie quemada en toda Europa, y todo hace indicar que la prolongación temporal del verano meteorológico puede incrementar ese horrible dato.

Para valorar la gravedad de lo que suponen esos incendios, hay que tener en cuenta que el monte supone en nuestro país el 56% de la superficie nacional (España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa) y somos el segundo país en extensión forestal, tras Suecia.

El cambio climático ha agravado, sin duda, la zozobra que año tras año han de soportar los habitantes cercanos a esas áreas quemadas, pero hay un dato a tener en cuenta: el abandono de la silvicultura y el despoblamiento rural van parejos a la conversión de amplias zonas de monte en espacios residenciales -separados en muchos casos de los núcleos de población tradicionales-, cuyos ocupantes desconocen el valor que, tradicionalmente, el mundo rural había concedido a esos espacios.

AUSENCIA DE CULTURA FORESTAL

Históricamente, en el gradual abandono de la utilidad del monte –del que la actual despoblación rural es una de sus manifestaciones-  tuvo mucho que ver el proceso desamortizador, que, iniciado por Manuel Godoy en 1798, continuó con el de las Cortes de Cádiz y los políticos Mendizábal y Pascual Madoz, y se cerró con en pleno siglo XX (1924).

Básicamente, las desamortizaciones acometidas por el Estado liberal consistieron en poner en el mercado, y previa subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se habían podido enajenar, en poder de las llamadas ‘manos muertas’, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas, pero también los baldíos y tierras comunales de los municipios, que servían de complemento a la precaria economía campesina. Con ello, el Estado, además de la amortización de los títulos de la Deuda, pretendía la creación de una clase media de labradores propietarios que incrementaran la recaudación fiscal.

Tras ese proceso de desposesión de las tierras comunales de sus habituales usufructuarios, que aprovechaban los recursos forestales para dotarse de leña y carboneo, con lo que procedían al desbroce y clareo de los bosques, y al pastoreo, se pasó a la propiedad privada de los montes. Se estima en cuatro millones el número actual de propietarios, no todos motivados en mantener alejado el fuego de sus predios. Tanto es así, que en nuestro país 94 de cada cien incendios son provocados; el resto es debido a los rayos como causa principal.

Según el ingeniero forestal Carlos del Álamo Jiménez, el bosque español crece 46 millones de metros cúbicos al año, de los que sólo se aprovechan 19 millones. Los matorrales para leña, muy explotados en siglos anteriores en terrenos vecinales y comunales, como hemos visto arriba, proporcionan unos 60 millones de toneladas anuales, de las que sólo se aprovecha la mitad. Dato preocupante si tenemos en cuenta que la prevención de incendios por el aprovechamiento de la biomasa forestal puede crear 300 empleos directos por cada millón de metros cúbicos. En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes propone al Gobierno que se grave la biomasa de origen forestal con un 10% del IVA, sobre el 21% actual.

En la España despoblada, el aprovechamiento de esa biomasa forestal, pues, es una posibilidad real de regenerar economías locales, prevenir incendios y luchar contra el cambio climático, según Del Álamo Jiménez, quien enfatiza, además, que unos propietarios de montes españoles, motivados e incentivados, supondrían una enorme fuerza de lucha preventiva contra los incendios forestales. Y hay zonas de España donde eso está ocurriendo: la ejemplar explotación forestal de las localidades del norte de Soria, como Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Covaleda…, es un ejemplo a seguir.

Sin embargo, los montes siguen ardiendo porque, con unos criterios de explotación típicamente capitalistas, el valor económico que sus propietarios obtienen de ellos es escaso y también escasa es la valoración social de los mismos. Para revertir esa tendencia, si queremos que, lejos de la explotación meramente comercial de los montes, los propietarios planten especies resistentes al fuego hay quien piensa que habría que incentivarlos: la rentabilidad social de esas especies resistentes al fuego debería ser, como mínimo, igual a la que proporcionan las más comerciales.

Otra forma de combatir el fuego es la recuperación y potenciación de la ganadería extensiva. Hay un ejemplo en Galicia: Pinzás, en la Comunidad de Montes de Tomiño. En ese concello, 52 vecinos comuneros han introducido 60 vacas vianesas para pacer el monte y mantener a raya los incendios.

Esa comunidad vecinal tiene 530 hectáreas dedicadas a la producción de madera, principalmente pino, y otras frondosas, como robles. En la zona había eucaliptos, árboles de rápido crecimiento y de alta rentabilidad, que han sido sustituidos por castaños.

EL NEGOCIO DEL FUEGO

Nadie duda de que los incendios forestales son una tremenda desgracia social. Todo son pérdidas: biomasa fotosintética (fijación de oxígeno y de CO2), nutrientes minerales, suelo, capacidad de retención hídrica en la lucha contra las avenidas, biodiversidad…No obstante, quienes permiten que ardan los montes tienen una visión antieconómica y cortoplacista de esos incendios.

En un comunicado reciente, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, integrada por entidades de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, nos advierte de que en el mismo momento del incendio y tras él aparecen una serie de yacimientos de empleo y de negocio proporcionales a la magnitud del desastre ambiental. La extinción por tierra representa empleo sacrificado y mal pagado, pero empleo al fin, para los brigadistas. A la vez reporta importantes ingresos a las grandes empresas forestales que moverán maquinaria pesada para atajar las llamas.

 Los propietarios de ganado, una vez conseguida la anulación de los acotamientos de zonas quemadas, podrán soltar sus vacas y yeguas en las laderas recién quemadas para aprovechar las primeras hierbas que salgan tras el fuego (…) Las empresas madereras retirarán, a precio de saldo, la madera quemada para evitar males mayores como las plagas forestales y con ella obtendrán beneficios económicos. Las grandes empresas del sector forestal pujarán por adjudicarse los futuros trabajos de restauración y de reforestación que las administraciones ofertarán a concurso público (…) Incluso un sector del colectivo cinegético, el más ignorante, disparará con agrado a corzos o a jabalíes en esas áreas despejadas”.

La extinción por aire supone un mínimo empleo público, pero una oportunidad de negocio para las compañías privadas de aeronaves. En este sentido, según nos informa Carmen Asenjo (LHU.NOTICIAS.ES), durante 20 años, un ´Grupo 6`, formado por múltiples empresas del sector de la aviación, funcionarios y diversos políticos, se ha encargado de controlar los contratos públicos de aeronaves para la extinción de incendios en España. Tras la investigación de la Audiencia Nacional y la nueva apertura de acusación por la Fiscalía Anticorrupción, se estudia si esas compañías impusieron altos precios a las autoridades en cuantía muy superior de las que deberían durante 20 años.

Un aspecto éste, el del negocio del fuego, que suele estar ausente de las informaciones puntuales de estos siniestros, acaparada la atención social sobre la inmediatez y gravedad de los mismos.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur

lunes, 13 de junio de 2022

PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA

 


jueves, 26 de mayo de 2022

NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIAN DEL SIGLO XXI

 Desde mi picoesquina



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/05/26/pacto-san-sebastian-siglo-xxi-66545346.html?fbclid=IwAR3rnJfeZrSbxJVcTb754OSkt6wDT5tWfNoCswkkvryWauJP_4uDBDYIoLk 

Un nuevo Pacto de San Sebastián del siglo XXI


Cuando lean estas líneas, se habrá producido el regreso a su exilio catarí del emérito, tras su fugaz paso por España, una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. En mi artículo de LA OPINIÓN de hace unos días, tras rastrear sintéticamente la trayectoria de la monarquía de los Borbones en España demostrando que la corrupción estructural ha jalonado dicha trayectoria, daba cuenta de la celebración, el sábado 14, en todo el Estado de una consulta popular para que -cosa que no pudo darse durante la Transición- el pueblo pudiera pronunciarse sobre sus preferencias monárquicas o republicanas como forma de Estado.

La consulta, no vinculante, no respondió del todo a las expectativas de sus organizadores. No obstante, el apoyo a la República en la Región fue del 91%, mientras que en el resto del Estado fue del 93%. Y para quienes minusvaloran esa consulta, por minoritaria y sin garantías censales, hay que decir que quien quiso votar libremente pudo hacerlo, como lo demuestran los votos monárquicos emitidos en las mesas.

Y es que parece claro que, pese al lavado de imagen de los partidos dinásticos (PP y PSOE) con la aprobación de un real decreto sobre la institución, los escándalos protagonizados por Juan Carlos I hacen que la monarquía viva sus horas más bajas desde su (segunda) restauración en 1975.

LA MONARQUÍA ADOLECE DE LEGITIMIDAD DE ORIGEN. Según el constitucionalista Javier Pérez Royo, el principio monárquico ha venido apropiándose históricamente del edificio constitucional español desde el siglo XIX; todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la monarquía española, lo que condujo a una plena identificación monarquía-Estado, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a su juicio, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en las elecciones municipales del 12 abril de 1931 para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República.

La monarquía española, además, está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Tras la muerte del dictador Franco, la segunda restauración monárquica española de noviembre de 1975 -con precedentes en dos textos franquistas, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, y posterior designación por el dictador del entonces príncipe Juan Carlos como su 'sucesor a título de Rey', en 1969- sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).

La operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinada a la operación de asegurar el éxito de esa restauración de la monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que añade una tremenda dificultad y complejidad a la reforma del Título II, el relativo a la Corona.

Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, secretario primero del Congreso y profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, afirma en su libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal,2021) que la historia de la monarquía en España ha estado marcada por pelotazos, traiciones y deslealtades. Y aunque se detecta una estrategia de las fuerzas de la derecha y del PSOE en dar prioridad a la supervivencia de la monarquía sobre la democracia, según este analista ello no supone que esté agotada la vía republicana, pese a la evidente desconexión de las distintas pulsiones existentes en el conjunto del territorio. Opina, además, que es importante que, como en 1931 (con políticos procedentes del campo católico y monárquico, como Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura), vaya apareciendo un republicanismo democrático, moderado e incluso conservador que entienda que la monarquía es un obstáculo para la modernización social y económica del país, tomando partido como en su día lo hiciera José Ortega y Gasset, un intelectual elitista y demófobo, pero que llegó a propugnar su Delenda este monarchia (hay que acabar con la monarquía).

Para Pisarello, la emergencia de VOX no es casual. Cuando con el Caso Nóos se acaba la omertá y comienza el declive de la institución, es cuando la extrema derecha irrumpe en la escena política española para ofrecerle a la monarquía una salida política similar a la protagonizada en su día por Primo de Rivera en septiembre de 1923.

ES NECESARIO UN NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SIGLO XXI. Recordemos que, ante la descomposición y corrupción de la monarquía de Alfonso XIII, el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) supuso una agenda común de las fuerzas sociales y republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura primorriverista, un régimen elitista, desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales.

Coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República el pasado abril de 2021, varios colectivos y medios alternativos emitieron un comunicado, con el título que encabeza este artículo. Entre otras cuestiones de fondo, en el mismo se dice que “…el fraude fiscal de la monarquía [hoy sospechosa y sorpresivamente archivado por la Fiscalía Anticorrupción] y la fuga del rey emérito exponen a un nivel profundo la debilidad del régimen […] los fraudes de la misma jefatura del Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía” por lo que se requiere una alianza de fuerzas políticas que sea la expresión de una fuerza popular que recoja “todos los deseos de pleno autogobierno y autodeterminación, desde las naciones periféricas hasta la España vaciada”.

El comunicado reclama un New Deal pensado como “una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico” y reconoce como otros problemas incrustados en el actual sistema el centralismo, la judicialización de la política y el autoritarismo del Estado, problemas que habría que superar con ese pacto democrático que “modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social, con una formulación confederal y democrática”.

Ese comunicado incide en aspectos como la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y una política social de alquileres, sin desdeñar la recaudación fiscal basada en la tributación de las grandes fortunas para acabar con el fraude fiscal. Los firmantes recuerdan que según Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal supone un robo de un total de 92.000 millones al erario público y 31.800 millones para la Seguridad Social.

Por ello, aclaran que “una política republicana consiste en construir un bloque político y social para hacer pagar a las grandes ‘familias’ del fraude fiscal, desde la monarquía hasta el IBEX 35, porque –enfatizan- ningún individuo puede estar por encima de otros”. Concluyen con que “un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieren una ruptura del régimen en un sentido republicano y popular”. A lo que yo añadiría los necesarios avances en una auténtica laicidad, con la siempre pendiente separación Iglesia-Estado, previa denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979.  

Para concluir, considero que el desgaste de la monarquía y la abierta eclosión de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus no es sino una más de sus manifestaciones, deben impulsar un consistente núcleo social y político prorrepublicano. ¿Podría suponer el paso dado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al registrar la marca ‘Sumar’ el inicio de esa lenta pero posible salida en clave republicana al panorama político actual?

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

jueves, 28 de abril de 2022

60 AÑOS DEL ABSURDO Y CRIMINAL EMBARGO A CUBA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/04/27/60-anos-absurdo-criminal-embargo-65435556.html

 

                                                     (Foto: La Opinión de Murcia)

 Desde mi picoesquina, La Opinión de Murcia, 27-04-2022

Los pasados días 1, 2 y 3 de este mes, en varios países europeos y a través de las redes sociales, con los hashtag #CubaVamosconTodo y #CubaPonleCorazón, se desarrolló una ‘ciberacción’ por el levantamiento del absurdo y criminal embargo estadounidense a la isla, cuando se cumplen 60 años de éste.

Anteriormente, y según una información de TeleSURtv.net, a finales de febrero, cubanoamericanos y estadounidenses reclamaron también el fin del bloqueo comercial y financiero de la Casa Blanca a Cuba, con una caravana de coches por las calles de Miami, en Florida. Los participantes exigieron que sean levantadas las más de 240 medidas restrictivas unilaterales contra Cuba que instrumentó Donald Trump (2017-2021), incluso en medio de la pandemia de la Covid 19, y que mantiene el actual mandatario Joe Biden. 

Exigieron, así mismo, la reapertura de los servicios consulares de la embajada de EE UU en La Habana, así como el servicio de envío de remesas y el levantamiento de prohibiciones de viaje de estadounidenses que deseen visitar la isla.

Para que conozcamos el alcance de ese embargo, relaciono aquí, según Amnistía Internacional, el entramado jurídico estadounidense que lo sostiene: Ley de Cooperación Internacional, de 1961; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963; Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, también conocida como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, y Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

LA POSICIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). La última resolución de condena de la ONU, de finales de junio de 2021, fue apoyada por 184 países, contó con el voto negativo de EE UU y su estado lacayo, Israel, y con la abstención de Colombia, Brasil y Ucrania (así agradece este último país la humanitaria acogida por parte de Cuba de 40.000 niñas y niños víctimas en su día del desastre nuclear de Chernobil). Con su abstención, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión de noviembre de 2019.

La resolución que pide el fin del bloqueo se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992, cuando el órgano de debate empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de la Covid 19. 

Según datos de la propia web de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno E. Rodríguez Parrilla, afirmó en el debate que precedió a la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que, según la Convención de Ginebra de 1948, «constituye un acto de genocidio», añadiendo, no sin razón, que se trata de «una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño ya afectado en este periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia y que nos ha privado de ingresos indispensables, como los derivados del turismo». Precisó, además, que, de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares.

El mandatario reclamó que cese la persecución y dio cuenta en ese debate de un Memorando del Departamento de Estado norteamericano de una fecha tan lejana como la del 6 de abril de 1960 en la que, un año después del triunfo de la Revolución, ya se hacía un llamamiento a poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrocar al Gobierno. De hecho, antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. (Ignoramos si tales pretensiones las exige EE UU, por ejemplo, a Israel o a sus aliados sátrapas saudíes).

Pese a las dificultades económicas de la isla agravadas por la crisis de la Covid 19, los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. En información recogida por Radio Habana, en junio de 2021 la Unión Europea (UE) advirtió que el bloqueo impuesto por EE UU a Cuba tiene un impacto negativo en sus intereses y reiteró su rechazo a la extraterritorialidad de dicha política, pues dichas medidas violan las reglas aceptadas por los países para desarrollar el comercio internacional, sobre todo con la aplicación de la Ley Torricelli, de 1992, según la cual se prohíbe el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países, e impide a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, ‘tocar’ puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano. 

Por su parte, la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, de 1996, afecta de lleno a los intereses comerciales de empresas o personas naturales de Europa, por lo que el Consejo de Ministros europeo de 1996 adoptó regulaciones para soslayar los efectos más perniciosos de esa ley, que incide de lleno, y negativamente, sobre todo en el pueblo cubano. La UE ha venido defendiendo su Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba, que se aplica de manera provisional desde el 1 de noviembre de 2017 y que EE UU trata de invalidar. 

PRESIÓN DE LAS DERECHAS Y NECESARIA RESPUESTA SOLIDARIA. Por si la presión norteamericana no fuera suficiente, y según José Manzaneda en un artículo reciente, las derechas y ultraderechas europeas, con el objetivo de destruir ese acuerdo de colaboración, son en el viejo continente la punta de lanza de la estrategia global contra Cuba del Departamento de Estado de EEUU y la Mafia cubanoamericana asentada en el Estado de Florida. Su objetivo es regresar a la política marcada por la llamada Posición Común de la UE hacia Cuba, un pacto de facto entre el expresidente español José María Aznar y la Casa Blanca que, desde 1996 y durante 20 años, fue instrumento de presión y sanciones contra La Habana, complementario al bloqueo de EEUU. 

En esta estrategia se inserta la reciente ola de acciones de presión política, mediática y económica contra Cuba a cargo de organizaciones políticas, como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y de asociaciones y fundaciones anticastristas asentadas en el Estado español y financiadas y dirigidas desde EE UU.

La combinación de las 243 últimas sanciones económicas arriba citadas, aprobadas por Trump y aplicadas también obviando sus promesas electorales por Joe Biden, ha ocasionado el cierre de empresas, la persecución del transporte de petróleo a la isla, la casi total pulverización de los ingresos por turismo, debido a la pandemia, y una inflación disparada. La situación me recuerda a la del ‘periodo especial’ de 1992, que me relataran en mi viaje a La Habana en 2008 la pareja de intelectuales Adys Capull y Froilán González, época en la que, según me contaron, llegó a faltar lo mínimo para la higiene personal e íntima de la gente.  

Vista la situación auspiciada por los enemigos de la Revolución, no son de extrañar las protestas del pasado julio de 2021, un fenómeno desconocido en las seis décadas de desarrollo de ese proceso revolucionario y que reverdeció, como nunca antes, las esperanzas de quienes trabajan sin descanso en la derrota de esa Revolución.

Por ello, el noble y culto pueblo cubano, que desde 1959 lleva intentando consolidar el avance hacia el socialismo, con indudables logros en los campos educativo y sanitario y proyectando solidaridad hacia los países pobres de todo el globo, merece nuestro apoyo y el de los países e instituciones democráticas de todo el planeta.