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Desde mi picoesquina, La Opinión de Murcia, 27-04-2022
Los pasados días 1, 2 y 3 de este mes, en varios países europeos y a través de las redes sociales, con los hashtag #CubaVamosconTodo y #CubaPonleCorazón, se desarrolló una ‘ciberacción’ por el levantamiento del absurdo y criminal embargo estadounidense a la isla, cuando se cumplen 60 años de éste.
Anteriormente, y según una información de TeleSURtv.net, a finales de febrero, cubanoamericanos y estadounidenses reclamaron también el fin del bloqueo comercial y financiero de la Casa Blanca a Cuba, con una caravana de coches por las calles de Miami, en Florida. Los participantes exigieron que sean levantadas las más de 240 medidas restrictivas unilaterales contra Cuba que instrumentó Donald Trump (2017-2021), incluso en medio de la pandemia de la Covid 19, y que mantiene el actual mandatario Joe Biden.
Exigieron, así mismo, la reapertura de los servicios consulares de la embajada de EE UU en La Habana, así como el servicio de envío de remesas y el levantamiento de prohibiciones de viaje de estadounidenses que deseen visitar la isla.
Para que conozcamos el alcance de ese embargo, relaciono aquí, según Amnistía Internacional, el entramado jurídico estadounidense que lo sostiene: Ley de Cooperación Internacional, de 1961; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963; Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, también conocida como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, y Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.
LA POSICIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). La última resolución de condena de la ONU, de finales de junio de 2021, fue apoyada por 184 países, contó con el voto negativo de EE UU y su estado lacayo, Israel, y con la abstención de Colombia, Brasil y Ucrania (así agradece este último país la humanitaria acogida por parte de Cuba de 40.000 niñas y niños víctimas en su día del desastre nuclear de Chernobil). Con su abstención, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión de noviembre de 2019.
La resolución que pide el fin del bloqueo se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992, cuando el órgano de debate empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de la Covid 19.
Según datos de la propia web de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno E. Rodríguez Parrilla, afirmó en el debate que precedió a la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que, según la Convención de Ginebra de 1948, «constituye un acto de genocidio», añadiendo, no sin razón, que se trata de «una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño ya afectado en este periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia y que nos ha privado de ingresos indispensables, como los derivados del turismo». Precisó, además, que, de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares.
El mandatario reclamó que cese la persecución y dio cuenta en ese debate de un Memorando del Departamento de Estado norteamericano de una fecha tan lejana como la del 6 de abril de 1960 en la que, un año después del triunfo de la Revolución, ya se hacía un llamamiento a poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrocar al Gobierno. De hecho, antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. (Ignoramos si tales pretensiones las exige EE UU, por ejemplo, a Israel o a sus aliados sátrapas saudíes).
Pese a las dificultades económicas de la isla agravadas por la crisis de la Covid 19, los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.
LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. En información recogida por Radio Habana, en junio de 2021 la Unión Europea (UE) advirtió que el bloqueo impuesto por EE UU a Cuba tiene un impacto negativo en sus intereses y reiteró su rechazo a la extraterritorialidad de dicha política, pues dichas medidas violan las reglas aceptadas por los países para desarrollar el comercio internacional, sobre todo con la aplicación de la Ley Torricelli, de 1992, según la cual se prohíbe el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países, e impide a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, ‘tocar’ puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano.
Por su parte, la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, de 1996, afecta de lleno a los intereses comerciales de empresas o personas naturales de Europa, por lo que el Consejo de Ministros europeo de 1996 adoptó regulaciones para soslayar los efectos más perniciosos de esa ley, que incide de lleno, y negativamente, sobre todo en el pueblo cubano. La UE ha venido defendiendo su Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba, que se aplica de manera provisional desde el 1 de noviembre de 2017 y que EE UU trata de invalidar.
PRESIÓN DE LAS DERECHAS Y NECESARIA RESPUESTA SOLIDARIA. Por si la presión norteamericana no fuera suficiente, y según José Manzaneda en un artículo reciente, las derechas y ultraderechas europeas, con el objetivo de destruir ese acuerdo de colaboración, son en el viejo continente la punta de lanza de la estrategia global contra Cuba del Departamento de Estado de EEUU y la Mafia cubanoamericana asentada en el Estado de Florida. Su objetivo es regresar a la política marcada por la llamada Posición Común de la UE hacia Cuba, un pacto de facto entre el expresidente español José María Aznar y la Casa Blanca que, desde 1996 y durante 20 años, fue instrumento de presión y sanciones contra La Habana, complementario al bloqueo de EEUU.
En esta estrategia se inserta la reciente ola de acciones de presión política, mediática y económica contra Cuba a cargo de organizaciones políticas, como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y de asociaciones y fundaciones anticastristas asentadas en el Estado español y financiadas y dirigidas desde EE UU.
La combinación de las 243 últimas sanciones económicas arriba citadas, aprobadas por Trump y aplicadas también obviando sus promesas electorales por Joe Biden, ha ocasionado el cierre de empresas, la persecución del transporte de petróleo a la isla, la casi total pulverización de los ingresos por turismo, debido a la pandemia, y una inflación disparada. La situación me recuerda a la del ‘periodo especial’ de 1992, que me relataran en mi viaje a La Habana en 2008 la pareja de intelectuales Adys Capull y Froilán González, época en la que, según me contaron, llegó a faltar lo mínimo para la higiene personal e íntima de la gente.
Vista la situación auspiciada por los enemigos de la Revolución, no son de extrañar las protestas del pasado julio de 2021, un fenómeno desconocido en las seis décadas de desarrollo de ese proceso revolucionario y que reverdeció, como nunca antes, las esperanzas de quienes trabajan sin descanso en la derrota de esa Revolución.
Por ello, el noble y culto pueblo cubano, que desde 1959 lleva intentando consolidar el avance hacia el socialismo, con indudables logros en los campos educativo y sanitario y proyectando solidaridad hacia los países pobres de todo el globo, merece nuestro apoyo y el de los países e instituciones democráticas de todo el planeta.
