martes, 15 de diciembre de 2020

PLAÑIDERAS DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/15/planideras-libertad-ensenanza/1171206.html

La aprobación el pasado día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, levantó, como era de esperar, un enorme revuelo por parte de la derecha. Inicio la redacción de estas líneas, además, cuando, en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, PP, Ciudadanos y Vox se han manifestado en el mismo sentido, apelando a los eternos mantras de siempre:  los ataques a la religión, el derecho de las familias a la elección de centro, la eliminación del castellano como lengua vehicular… Posición con la que tratan de ocultar el escaso valor que la derecha atribuye a la Educación, en concreto la Educación pública, como mecanismo compensador de desigualdades. Me voy a detener especialmente en el tan manido tema de los ataques a la Educación concertada y, dentro de ella, en el de la ‘demanda social’. Pero, antes, unos datos nos permitirán aclarar la situación.


El Ministerio de Educación y FP, en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo fue retrocediendo desde 2009 hasta 2014 hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. En esos años, es decir, con los gobiernos del PP, el gasto público en Educación descendió un 18%; sin embargo, las partidas destinadas a la financiación de los conciertos se incrementaron un 6%. (Y en la Región de Murcia, ¡un 24%!). En ese contexto, con el cambio de Gobierno la inversión educativa en los PGE de 2020 ha permitido superar -pero sólo en un 6%-  lo presupuestado en 2010.

No mejor panorama se observa en los presupuestos educativos de la CARM: el largo periodo de los gobiernos del PP en la Región ha determinado que el gasto educativo haya descendido un 4% del 2017 al 2020 (1.346 millones de euros frente a 1.298, respectivamente), mientras que el gasto por alumno ha disminuido igualmente en un 2,8% (Portal de la Transparencia de la Región de Murcia).

La Educación privada acoge en la Región de Murcia el 30% del alumnado de los niveles no universitarios, pero el presupuesto destinado a los centros concertados ha pasado de los 140 millones de euros en 2007 a los 260 millones actuales, es decir, un incremento del 85%, mientras que en la red pública ha sido sólo del 32%.

Un poco de Historia

En relación con los conciertos educativos, hay que recordar que, en el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González, el presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos. Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del baby boom de los años ’60 y ‘70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, pero que imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros (el artículo 27.6 de la Constitución de 1978 (CE78) lo hace posible, pero no dice que sea con dinero público, cosa que hoy sigue exigiendo la derecha); excluía, a su vez, la posibilidad de 'beneficio industrial' en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo (el pago de cuotas extraordinarias por las familias sigue siendo hoy una práctica común).

El manido tema de la libertad de enseñanza

Desde los inicios de la Transición, la derecha ha venido presentando batalla en el campo de la Educación, con un trasfondo ideológico que, en el fondo, esconde sus intenciones de seguir detentando privilegios en lo económico, apelando a lo que llaman la demanda social y a una interesada interpretación del artículo 27.1 de la CE78: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

La libertad de enseñanza, asociada, incluso, a la de la libertad de cátedra, la interpreta la derecha interesadamente con la libertad de creación y elección de centros docentes, desde luego con dinero público, como hemos visto, obviando también que el artículo 27.4 de CE78 dice claramente que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Además, hoy, en la Región se han concertado incluso niveles no obligatorios, en Bachillerato y FP, y se encubre con ‘aportaciones voluntarias’ por parte de las familias el cobro de cuotas a éstas por los titulares de muchos centros concertados, sobre todo de titularidad religiosa, que, además, en algunos casos segregan por sexos al alumnado.

Desmontando el mito de la demanda social

Un vídeo que circula por redes sociales asegura que la LOMLOE roba la patria potestad de los padres, ya que al eliminar la demanda social se reduce significativamente la capacidad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos. Este mantra de la demanda social ya es viejo: lo impulsó el Gobierno de Aznar en 2002, lo eliminó la  LOE (Ley Orgánica de Educación) de Zapatero en 2006 y fue reintroducido por la LOMCE del Gobierno de Rajoy en 2013; el proyecto de reforma del actual gobierno lo elimina.

Según los defensores de esa demanda social, mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarlos. Ello es equiparable al hecho de que, si todos los ciudadanos tuvieran el derecho de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar. 

La demanda social, además, ha sido un pretexto utilizado por los gobiernos de las comunidades autónomas para ceder suelo público de manera gratuita para centros privados de nueva creación promovidos por empresas a menudo sin trayectoria educativa. La LOMLOE, sin embargo, establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos, pues el principio de subsidiariedad de la Educación concertada se mantiene.

Plañideras de la libertad de Enseñanza

Pese a la nueva ley (LOMLOE), las derechas de este país, las más cerriles de nuestro entorno europeo y que ya han anunciado que van a mostrarse objetoras a aquélla, van a seguir haciendo de la Educación un abonado campo de batalla, actuando de plañideras de oscuros intereses empresariales. Recordemos que una plañidera (del latín plangere) era una mujer a la que se pagaba (y se le sigue pagando aún hoy, en ciertos países) una cantidad de dinero para que asista a un entierro (las derechas hablan del entierro de la educación privada) y llore en él. Su uso siempre ha ido encaminado a la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto en los deudos (en nuestro caso, las familias potencialmente votantes) para efectuar una catarsis del duelo y realzar la importancia social de un difunto. Pues eso.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur


miércoles, 2 de diciembre de 2020

Olvidado Pueblo saharaui

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/02/olvidado-pueblo-saharaui/1167647.html

Diego Jiménez/2-12-2020/Murcia

Tras 29 años de una paz sostenida entre alfileres, la tensión ha vuelto al Sáhara Occidental. El pasado día 21 varios activistas saharauis bloquearon una vía comercial en Guerguerat, un paso situado en zona desmilitarizada controlada por el Frente Polisario que conecta Mauritania con aquel territorio y con Marruecos. Los saharauis afirmaron que Rabat violó el acuerdo firmado con la ONU. Pasados unos días, Marruecos decidió enviar efectivos militares y se registró un intercambio de disparos entre ambos bandos.


LAS RAÍCES DEL CONFLICTO

Para aproximarnos, siquiera sucintamente, a las raíces del conflicto que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, hay que recordar que ya en 1961 la ONU creó el Comité Especial de Descolonización para impulsar el proceso de autodeterminación de los muchos territorios no autónomos que todavía quedaban en el mundo, categoría en la que entraba de lleno el Sáhara Occidental. A día de hoy, ocupado por Marruecos, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado colonia por el Comité de Descolonización de la ONU, y España tiene aún el estatus de potencia administradora.

En el siglo XIX, en plena fiebre del expansionismo colonial en Europa, España necesitaba ‘poner los pies’ en África a medida que perdía su influencia en América. Atraído por sus recursos naturales, nuestro país comenzó su penetración en el Sáhara Occidental tras la Conferencia de Berlín de 1885. La explotación pesquera fue uno de los primeros objetivos en este territorio. Tras un acuerdo de fronteras con Francia, en 1934 se inició la ocupación efectiva tras la firma de un sometimiento por parte de las tribus saharauis. El territorio llegó a tener el estatus de provincia española a partir de 1958. Se calcula que unos 20.000 españoles vivieron en el Sáhara.

El 14 de noviembre de 1975, con un Franco agonizante, España decide abandonar a su suerte a su colonia. Juan Carlos I, que ocupaba la jefatura de Estado interina, obsesionado con llegar a reinar, se alinea con el complot preparado por la CIA para la cesión del Sáhara a Marruecos, país con el que EE UU deseaba mantener una relación privilegiada, pues no sólo ocupaba (y ocupa) una zona de alto nivel geoestratégico (en el eje Canarias-Estrecho-Baleares), sino que la potencia americana quería controlar los ricos recursos minerales del territorio. Si a eso se suma la presión de la ONU para acabar con la colonización y la de los países vecinos del Sáhara (Marruecos y Mauritania) que reclamaban esa región, tras la Marcha Verde España firma con Marruecos y Mauritania, en la fecha arriba citada, el Acuerdo de Madrid, que preveía un referéndum de autodeterminación, y retira sus fuerzas militares del territorio.

Esos dos países se reparten el Sáhara, quedándose la mayor parte Marruecos. Tras ese acuerdo, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a sus vecinos. Mauritania, país que tiene estrechos lazos históricos y culturales con el pueblo saharaui, acabaría retirándose de la zona. La guerra se prolongó hasta 1991, cuando entró en vigor un alto el fuego. Fue entonces cuando la ONU aprobó una resolución que establecía el calendario del plan para el referéndum y la creación de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). La fecha se fijó para el 26 de enero de 1992. Nunca se cumplió. El problema era determinar los votantes, pues Marruecos exigía, para su celebración, la inclusión de ciudadanos marroquíes en el censo, petición rechazada por el Frente Polisario.

Al día de hoy, el 80% del territorio del Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, que sigue planteando una autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario no ceja en su empeño de celebrar ese referéndum de autodeterminación. En los campos de refugiados de Argelia hay hoy en día una población de unas 140.000 personas.

POSICIÓN DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

Los sucesivos Gobiernos españoles, con matices –incluidos los del PSOE-, han adoptado una posición de plegarse a los intereses marroquíes. A la izquierda del PSOE, sin embargo, siempre ha habido voces críticas. En una entrevista en Telemadrid, en noviembre de 2010, el fallecido Julio Anguita recordaba la vergonzosa claudicación de España ante Marruecos y su responsabilidad hacia el Sáhara como potencia colonizadora, acusaba a EEUU del impulso de la Marcha Verde, advertía de la penetración de los intereses franceses en la zona, en disputa con EEUU, y denunciaba que no menos de 200 millones de euros iban a parar a los bolsillos del monarca alauita.

Respecto al PSOE, el viraje de este partido en relación con el conflicto del Sáhara es notorio. El 14 de noviembre de 1976, justo un año después del Acuerdo de Madrid, Felipe González, entonces secretario general, viajó a los territorios liberados del Sáhara Occidental. Declaró que “para nosotros [PSOE] no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final […] convencidos de que el Frente Polisario es el guía recto y que vuestra República democrática e independiente se consolidará y podréis volver a vuestros hogares”. (rebelion.org, 18 noviembre de 2020).

Tras esas palabras, Felipe, que fue presidente del Gobierno durante 14 años, no volvió a mover un dedo por el Sáhara; antes bien, estrechó sus relaciones con la monarquía alauita (veraneó en un palacete de Tánger valorado en 2,5 millones de euros). El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tampoco hizo nada y se mantuvo poco firme con Marruecos ante la huelga de hambre de la activista Aminatu Haidar, detenida y expulsada de El Aiún en 2009.

Item más: en 2015, la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, impidió a Diego Valderas (IU) viajar a los campamentos saharauis, mientras que, en 2018, el ministro de exteriores, Josep Borrell, se negó a la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara. (Cuarto Poder, 17-11-2020).

Y EN LA ACTUALIDAD

El Gobierno actual, a preguntas del senador y responsable de Relaciones y Política Internacional de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, sobre la posición española respecto al Sáhara, contestó –cosa que no es cierta- que “España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas”.

Para desgracia de nuestro pueblo hermano saharaui, el PSOE, principal partido del Gobierno, va a continuar sin molestar a Mohamed VI. Tras el reciente viaje del ministro del Interior, Grande Marlaska, en visita a su homólogo marroquí para tratar la crisis migratoria de Canarias, es fácil intuir ciertas presiones (¿chantaje?) del titular de Interior marroquí para conseguir de España ciertas ventajas a cambio de una eventual contención de los flujos migratorios por Marruecos y el silencio español sobre las tropelías marroquíes en los territorios ocupados. Incluido en ese silencio la brutal represión (con detenciones arbitrarias, torturas, ocupación y destrucción de viviendas, etc.) que sigue ejerciéndose por las fuerzas de seguridad marroquíes sobre los activistas saharauis.

Esperemos que las presiones, desde la calle y desde otras instancias, sobre el Gobierno marroquí para el respeto de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos haga reaccionar al Gobierno español y pueda revertirse esta situación. Y quien mejor puede hacerlo desde dentro del Gobierno es Unidas Podemos. El olvidado pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano, espera ese gesto nuestro.