martes, 29 de junio de 2021

EL PUEBLO SAHARAUI, ENTRE LA GEOESTRATEGIA Y EL ANSIA DE LIBERTAD

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Desde mi picoesquina

Diego Jiménez García. 29-06-2021 /Murcia 


     El muro que divide el Sahara Occidental tiene más de 2.700 km de largo
 

Conocí a Aminetu Haidar en noviembre de 2013, con ocasión de unas Jornadas sobre el Sahara organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la UMU y la delegación saharaui en nuestra Región. De hablar pausado, suave timbre de voz y de apariencia frágil, esta activista y pacifista saharaui, al poco de empezar a hablar, fue capaz, con su elocuencia, de empatizar con el auditorio para transmitirle la injusta situación en la que vive su pueblo. Denunciaba que la ocupación marroquí del Sahara suponía un calvario para la población, con bombardeos, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, etc. Esta mujer, que pasó cuatro años aislada del exterior, los ojos vendados y torturada con frecuencia, nos advertía de la dura situación que soportaron durante el reinado de Hassan II, admitiendo que la situación tampoco era mejor con el nuevo monarca, Mohamed VI.

Hace unos días, en entrevista para un diario nacional, denunciaba que la nueva confrontación Marruecos-Frente Polisario ha provocado en la zona ocupada una fuerte represión, dirigida sobre todo contra las mujeres saharauis. Esta luchadora incansable sigue la situación con inquietud desde Gran Canaria, donde se halla bajo tratamiento médico para combatir las secuelas físicas de su larga lucha. Tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital por un problema renal. «El Polisario se encontraba al límite, los jóvenes de los territorios ocupados ya no creían en la resistencia pacífica (…) y la comunidad internacional no ha hecho nada, sobre todo Naciones Unidas», nos dice. «La Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), es un testigo con los ojos vendados. Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales. Ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante Naciones Unidas», recalca.

A finales de noviembre de 1975, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, las principales ciudades del Sahara Occidental ya estaban controladas por las fuerzas de ocupación marroquíes. La Marcha Verde avanzó sin problemas con la pasividad cómplice del Estado español, la potencia colonial ocupante desde 1884. Una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató años después: «Por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, se cometían asesinatos en masa; muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos!».

El millonario, corrupto y sátrapa monarca marroquí, al que Juan Carlos I definió como un hermano en su funeral, apostó por borrar del mapa a la población saharaui como vía para terminar con la previsible resistencia a la ocupación. Esto incluía no sólo a los combatientes del Polisario, sino también a las mujeres, ancianos y niños de los campamentos.

Hay que recordar que entre los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976 el bombardeo de la aviación marroquí del campamento de Um Draiga con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas que producen gravísimas quemaduras en la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos, produjo entre 2.000 y 3.000 muertos, la mayoría niños, mujeres y ancianos.

Durante meses el Frente Polisario y la Media Luna Argelina ayudaron a trasladar a decenas de miles de personas hacia una región segura. Empero, la población saharaui quedó dividida en dos, entre las personas que pudieron huir a territorio argelino y las que se quedaron en los territorios ocupados. Quienes optaron por poblar los campos de refugiados de Tinduf continúan hoy allí, con enormes dificultades; quienes permanecieron en el Sahara ocupado sufren, como sus hermanos del Rif, una brutal represión, con torturas, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, con cientos de presos políticos de los que apenas nada se sabe. Uno de los principales centros de detención y tortura, la Cárcel Negra de El Aaiún, mantiene a decenas de ellos privados de libertad y sometidos a torturas y malos tratos de una forma sistemática.

La posición que ocupa Marruecos como ‘Estado gendarme’ encargado por la Unión Europea no sólo de la contención de los flujos migratorios hacia el continente, sino también del control del terrorismo yihadista, explica muchas cosas: desde el establecimiento de tratados preferenciales para la exportación de las hortalizas marroquíes hacia Europa y los ventajosos acuerdos pesqueros, hasta el ‘mirar hacia otro lado’ ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de la monarquía alauita. Pese a que las recientes tensiones diplomáticas entre el Estado español y Marruecos, derivadas de la crisis de los refugiados de Ceuta, pudieran parecer otra cosa, lo cierto es que la colaboración entre las policías de los dos países es un hecho, lo que explicaría que el Gobierno español no haya adoptado medida alguna para lograr la extradición de los 11 altos cargos militares marroquíes, que desde 2015, están procesados por el juez Ruz de la Audiencia Nacional por delito de genocidio por algunos de los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992.

El reino alauita aspira a consolidar el ‘Gran Marruecos’, con la anexión (además de las ciudades de Ceuta y Melilla) del territorio del Sahara, cuya ‘marroquinidad’ fue reconocida hace unos meses por Donald Trump, sin que Joe Biden haya rectificado. Con respecto a la que fue la provincia número 53 de España, hay que recordar que cuando se inició el proceso de ocupación colonial en el siglo XIX el Sahara no tenía vínculos ni con Marruecos ni con Mauritania, y que, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid, a España sigue correspondiendo la administración de ese territorio.

A día de hoy, Marruecos no ha respetado la Resolución 1514 de la ONU, de 1960, que está en el origen de la declaración de independencia de los países colonizados, ha venido torpedeando, por lo tanto, la Resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación del Sahara, y sigue violando, además, las estipulaciones contenidas en el IV Convenio de Ginebra, de 1949, que regula las condiciones de ocupación militar.

Las relaciones diplomáticas del Reino de España con el de Marruecos vienen desarrollándose con una cierta ambigüedad. Pese al reconocimiento español del derecho de autodeterminación de su antigua provincia africana, no es menos cierto que hay un cierto temor a tensar la cuerda demasiado; desde Exteriores se considera que Marruecos goza de especial protección por parte de dos potencias, Francia (se dice que la política exterior alauita se diseña en el Elíseo) y, sobre todo, EE UU.

Marruecos forma parte del eje Canarias-Estrecho-Baleares, que la OTAN considera prioritario reforzar. No en balde, hace unos días tuvieron lugar unas maniobras militares, la operación ‘León Africano 2021’, desarrolladas en el Sahara occidental (el hecho de que se desarrollaran ahí refuerza por parte de EE UU la ‘marroquinidad’ de ese territorio) y en las que, por motivos evidentes, no participó España. El objetivo: aunar la colaboración EE UU-Marruecos frente a las amenazas comunes y contribuir a la modernización de su industria militar y de defensa. Hay que tener en cuenta que, además, la presencia norteamericana en la zona facilita el tránsito de los superpetroleros que navegan a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza, sin olvidar la supervisión de la red de conductos de gas que atraviesa el Sahara y el Sahel.

En medio de este juego cruzado de intereses, nuestro pueblo hermano saharaui espera de las potencias democráticas el apoyo necesario para ejercer su derecho a la autodeterminación. Porque, hoy por hoy, su ansia de libertad choca, como hemos visto, con el muro de la geoestrategia.

martes, 15 de junio de 2021

NO A JUAN DE LA CIERVA. POR DEMOCRACIA, NO POR IDEOLOGÍA

 Desde mi picoesquina

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/15/juan-cierva-democracia-ideologia-53059796.html


Arrecian estos días las críticas e incluso las demandas judiciales al Gobierno central por la decisión adoptada por Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes, de retirar la denominación ‘Juan de la Cierva’, conocido ingeniero e inventor murciano, pero también conspirador contra la II República, al aeropuerto de Corvera. A este respecto, hay que decir que lo que ocurre en España es impensable en Europa. Por poner un ejemplo, en Alemania no sería posible que el aeropuerto más importante del país, el de Frankfurt, llevara el nombre de un conocido aviador nazi, Hans-Ulrich Rudel, fundador de una organización de ayuda a muchos compatriotas nazis para escapar a América Latina, y que fue asesor en aquel continente de Juan Domingo Perón, y de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner.

Sin embargo, en una Región como la nuestra, en la que la derecha y extrema derecha son herederas de aquellos cacicatos permanentes de la Restauración, en los que destacó Juan de la Cierva Peñafiel, padre del inventor, varias veces ministro de Alfonso XIII y miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Primo de Rivera, una propuesta legal, pero opuesta a los intereses de los vástagos familiares del célebre ingeniero e inventor, ha despertado las iras de esos familiares y clanes afines, deseosos de preservar su buen nombre con operaciones de lavado de imagen perfectamente orquestadas, para lo que vienen contando con la complicidad mediática e incluso con tertulianos, bastante desinformados, en algunas emisoras de radio. Se ha desatado la tormenta. Y el PP regional y nacional no ha dudado ni un momento en sacar sus garras contra el Gobierno (cualquier pretexto es bueno para propiciar su caída), calificando esta cruzada ‘anticiervista’ de asunto ideológico y de intento de detener la Historia.

Una primera consideración: se omite en este asunto la participación activa de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) en contra de esa denominación para el aeropuerto pues, tan pronto como tuvo noticia de la propuesta aprobada en la Asamblea Regional y en el Congreso (con la sorpresiva abstención, entonces, del PSOE), cursó distintos escritos a instancias varias, desplazó una comisión a Madrid y, en entrevista a primeros de febrero de 2019 con Fernando Martínez, director general de Memoria Democrática, arrancó el compromiso de éste de estudiar el asunto y trasladarlo al Ministerio de Transportes.

Dicho esto, y para ir aclarando más cosas, quiero recordar una cuestión legal: en un país democrático, las leyes están para cumplirlas. En ese sentido, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15.1 dice literalmente: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Como ven, se habla de sublevación militar. Está claro, como ahora veremos, que De la Cierva tuvo una cooperación destacada en esa sublevación. Y aunque, en entrevista publicada hace unos días en este diario, Roberto Villa García, profesor de la URJC, distinguía entre conspiración y sublevación, parece evidente que conspirar contra la República con el grado de implicación con que lo hizo el inventor murciano ayudó, y mucho, a que la sublevación, en un principio fallida, derivara en la cruel Guerra de España. 

Villa García dice que De la Cierva no era un fascista, sino un monárquico. Ignora, o pretende ignorar, el hecho contrastado de la proximidad ideológica de los monárquicos españoles, entonces integrados en el partido Renovación Española, de Calvo Sotelo, con el fascismo, sin olvidar que las Juventudes de Acción Popular (JAP), los ‘camisas verdes’ de la CEDA de Gil Robles, no escondían sus simpatías también por el Duce.

Como dije en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 3-XI-2020 (Juan de la Cierva no es nombre para el aeropuerto), Ángel Viñas tiene documentados en su libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? los estrechos contactos, desde el primer día de andadura de la II República, de monárquicos españoles acerca del dictador italiano y en esa trama, formando parte activa del mundillo cerrado de los clubs londinenses en los que muy pronto comenzó a conspirarse contra la República, encontramos al inventor murciano, junto a probados monárquicos como el duque de Alba, Luis A. Bolín, corresponsal en Londres del periódico monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, etc.

Es suficientemente conocida la participación de Juan de la Cierva en el alquiler del avión Havilland Dragon Rapide. Pero hay más. Viñas tiene documentada en su obra La soledad de la República la visita del ingeniero español desde Londres a Roma, a instancias del propio rey Alfonso XIII. Junto a Luis A. Bolín y el marqués de Viana, De la Cierva logró del Duce, con el dinero del contrabandista y financiero Juan March, unos cuantos aviones civiles, necesarios para el triunfo de la sublevación. Meses después, aviones Savoia italianos, no lo olvidemos, volando a más de 5.000 metros de altura para salvar la artillería costera, dejarían su carga mortífera sobre Cartagena.   

En agosto de 1936, Juan de la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico, por encargo del general Mola, según nos recuerda Paul Preston en Un pueblo traicionado. Y en septiembre de 1936 realizó un viaje a Berlín, también por encargo de ese general, para comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.

Ítem más. El investigador cartagenero Juan Eladio Palmis extrae de las Memorias escritas y publicadas por el que fuera diplomático español republicano Francisco Serrat y Bonastre, que durante la sublevación se pasó al bando fascista llegando a ser ministro de Exteriores de Franco, el hecho de que las ciudades españolas de Burgos y Salamanca bullían en los días posteriores al golpe de Estado con la presencia de destacados falangistas y carlistas, junto a Juan March, Juan Ventosa y Juan de la Cierva. Juan Ventosa, varias veces ministro de Hacienda y ministro de Abastos con el rey Alfonso XIII, fijó su residencia en Burgos en aquellos años y logró ser un suministrador de dinero para financiar y mantener económicamente el golpe de Estado.

Estas situaciones están contrastadas documentalmente. Pero la derecha, que, crecida en los últimos años, ha reavivado un negacionismo histórico amparado en una supuesta equidistancia en la responsabilidad de los dos ‘bandos’ (aquí sólo hubo un bando, el sublevado) en la Guerra de España, cuando no en una culpabilidad directa de una República que ‘viraba hacia el marxismo’, acusa de subjetividad a Ángel Viñas, por ser republicano y próximo al PSOE, y, por lo visto, al exigir otra versión de los hechos, sólo está dispuesta a prestar credibilidad a los escritos ‘neutrales’ de pseudohistoriadores como Pío Moa o César Vidal, el amigo íntimo de Federico Jiménez Losantos, que, como es sabido, desde las ondas de la radio no cesa en su empeño de reavivar una nueva cruzada contra la izquierda de este país.

La democracia en España está en serio retroceso. Estamos asistiendo, peligrosamente, a una banalización de lo que supuso la dictadura franquista y a una normalización de la presencia de los discursos de la extrema derecha en las instituciones. Por eso, frenar iniciativas como la de premiar con el nombre de un aeropuerto a quien conspiró contra el régimen legal de la II República no obedece a una cuestión ideológica. Es por una pura cuestión democrática.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

martes, 1 de junio de 2021

ISRAEL-PALESTINA. ¿ESTALLARÁ ALGÚN DÍA LA PAZ?

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/01/israel-palestina-estallara-dia-paz-52458325.html

En días pasados asistimos a un episodio más del enfrentamiento abierto, y desigual, entre Israel y Palestina. El deseo de colonos judíos de expulsar de sus viviendas a varias familias palestinas que habitan en el barrio Sheik Harrah, en la ocupada Jerusalén Este, y el ataque israelí a la mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán están en el origen de la represión en la zona, seguida de los criminales bombardeos sobre la Franja de Gaza, desproporcionados como tantas otras veces. Lo que ocurre hoy en Israel y en los Territorios Ocupados no es un conflicto simétrico, porque uno de los bandos es un Estado constituido como tal y con un potente Ejército mientras que el otro no dispone ni de Estado ni de Ejército. Además, el contexto actual es diferente al de la creación del Estado judío en 1948: Israel ha establecido hoy relaciones diplomáticas con los países árabes de su entorno y se registra una clara alianza de los países suníes, con Arabia Saudí a la cabeza, con Israel, para frenar a Irán.

Una familia palestina aparece sentada frente a las ruinas de su casa, tras un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza (Foto: EL PAÍS).


ANTECEDENTES

 Ya nadie parece querer recordar que el sionismo estuvo en el origen de la Resolución 181 de la ONU, de 1947, que admitía la partición de Palestina en dos Estados. Triunfaron, en definitiva, las tesis de Theodor Herz (sionismo intelectual) y Ben Gurion (sionismo obrero), hoy agotadas; se consolidó la promesa de Lord Balfour, en 1917, de dotar de un hogar nacional en Palestina a los judíos de la diáspora (nunca se insistirá bastante en la responsabilidad del colonialismo británico en la inseguridad que registra la región); y, con la creación del Estado de Israel en 1948 (se otorgaba el 54% de Palestina a la comunidad judía), la ONU descargaba su sentimiento de culpa por lo ocurrido durante la II Guerra Mundial.

Recordemos que, en esas fechas, el rey Abdullah de Jordania no renunciaba a la idea de la anexión de toda Palestina y el resto del mundo árabe intentó, mediante la guerra de 1948, asfixiar, sin conseguirlo, a la nueva nación. Tras esa guerra, Israel procedió a anexionarse un 20% más del territorio asignado por la Resolución 181 antes citada.  Entre 1947 y 1948 más de 700.000 personas fueron expulsadas de sus tierras. Y tras la guerra de 1967 y la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, se calcula en 5 millones la población refugiada ubicada en distintos campos de la región. Los palestinos de la diáspora han venido sufriendo en sus propias carnes las durísimas condiciones de vida en los campamentos.

En 1985, la respuesta violenta de ciertos grupos de la resistencia, de la que son una muestra los atentados en Larnaka (Chipre), las matanzas de los aeropuertos de Viena y Roma, por comandos de Abu Nidal, y el secuestro del barco Achille Lauro, no se hizo esperar. Pero estas acciones sospechosamente fueron coetáneas a los intentos de Hussein de Jordania y de Yassir Arafat de constituir una federación jordano-palestina en los territorios ocupados.

Junto a la diáspora, sin duda ha sido la represión constante practicada por Israel el mayor drama sufrido por el pueblo palestino, con cifras también asimétricas. Según la ONU, desde 2008 hasta 2020 hay 5.950 personas palestinas muertas (a las que hay que sumar las víctimas de los pasados días) y 115.00o heridas, frente a las 251 muertes y 5.600 heridos israelíes. Esta respuesta represiva israelí se ha venido centrando, mayoritariamente, en la Franja de Gaza, donde viven hacinadas dos millones de personas. Israel justifica los ataques por la existencia de Hamás. Pero, además de que la población palestina no es sólo Hamás, no hay que olvidar que en la superpoblada Franja es la única organización que provee a sus habitantes de servicios básicos como electricidad, agua, sanidad, educación, etc. A mayor abundamiento, cuando Israel acusa de terrorismo a Hamás olvida conscientemente sus orígenes. En 1946, el grupo terrorista Etzel colocó un explosivo, compuesto por gelinita, en el hotel King David de Jerusalén, ocasionando 91 muertos. Su jefe militar, Menaghem Begin, convertido en primer ministro, firmó 32 años después la paz con Egipto y no tuvo empacho alguno, pese a sus antecedentes, en recibir el Nobel de la Paz. En septiembre de 1948, Folke Bernadotte, un noble, militar, diplomático y dirigente de la Cruz Roja sueca, fue asesinado a tiros por el grupo terrorista judío Lehi.

¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DOS PUEBLOS?  

Las posiciones están, hoy, como siempre, muy enquistadas. Netanyahu, acusado de corrupción y al frente del Likud, niega hoy legitimidad al pueblo palestino, ignorándolo como lo hiciera en su día Golda Meir, que incluso llegó a negar su existencia. Pese a todo, dando por supuesto que el Estado de Israel, a diferencia de 1948, está hoy plenamente consolidado, la cuestión se centra en poner freno a su espiral de odio y, sobre todo, a sus ansias expansionistas, que van unidas a un indisimulado intento de practicar una política de apartheid y, por qué negarlo, de genocidio.

            Desde el principio, la posible creación de un Estado binacional, que contase con una confederación judía, árabe y de otras minorías, como alternativa a la partición de Palestina, ya era contemplada en 1948 por la filósofa Hanna Arendt. En la misma línea, en 2002 el pacifista israelí Michel Warchawski, en su libro Israel-Palestina, la alternativa de la convivencia binacional (Edic. de la Catarata, Madrid, 2002), planteaba también que el binacionalismo conseguiría regularizar la coexistencia entre los dos pueblos.

Sin embargo, el Frente Nacional para la Liberación de Palestina (FNLP), tras la guerra de 1973, era partidario de la partición del territorio de la Palestina histórica en dos Estados, hecho también admitido en la Declaración de Principios de Oslo de 1993, basada en el reconocimiento mutuo del Estado de Israel y del movimiento nacional palestino. Hoy, la mayoría del pueblo palestino apoya también de la existencia de esos dos Estados.

Sin embargo, para muchos analistas, esta solución está hoy muerta y enterrada. El profesor Yoav Pelev, de la Universidad de Tel Aviv, contempla como solución que la población palestina disfrute de los mismos derechos civiles y políticos como individuos, al tiempo que autonomía cultural, nacional o derechos colectivos, como ‘minoría nacional’.

Por el contrario, el profesor palestino Rashid Kalidi (Universidad de Columbia) se muestra escéptico; el conflicto, según él, tiene un carácter colonial: hay una evidente desigualdad de derechos, pues cinco millones de palestinos viven sometidos a un régimen militar en los Territorios Ocupados, sin derechos, frente al medio millón de colonos israelíes que sí los disfrutan.

Según Mariano Aguirre, en un artículo en BBC Mundo, Israel se está transformando en un Estado con una mayoría de población judía (74%) de sus 9,2 millones de habitantes, con 1,93 millones de árabes y 445.000 cristianos no árabes y miembros de otros credos. Además, ejerce el control sobre los 2,16 millones de palestinos que viven en Cisjordania. Si Israel se anexionara este territorio, aumentaría la proporción de población palestina. Según este autor, “la idea de los fundadores de Israel fue crear un Estado judío y democrático. Con los palestinos sin derechos, o derechos limitados, sería un Estado con discriminación racial, al estilo del apartheid africano”.

Yo añadiría a esta última reflexión que, de hecho, la política de apartheid y el intento de genocidio ya lleva aplicándolo Israel casi desde su fundación. Si la comunidad internacional no reacciona, si la UE y EEUU no cuestionan el estatus privilegiado que vienen concediendo a Israel, el conflicto seguirá enquistado. ¿Estallará algún día la paz?

Diego Jiménez. Profesor de Historia

@didacMur