martes, 30 de abril de 2019

LAICISMO DEL ESTADO, ASIGNTURA PENDIENTE


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/30/laicismo-asignatura-pendiente/1017578.html

Dos asuntos de especial trascendencia para la consolidación de la democracia española han brillado por su ausencia en la pasada campaña electoral y en los dos debates televisados: la Memoria Histórica y la laicidad del Estado.

La amplia cobertura mediática sobre la pretensión del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, que en gran parte ha silenciado otras reivindicaciones memorialistas, ha dado paso a un aparente pacto de silencio para no 'enturbiar' los debates con un tema siempre espinoso, sobre todo para la derecha y extrema derecha emergente, a la vista del renacido revisionismo histórico que ha anidado en la sociedad española en los últimos tiempos: la Memoria Histórica.

Pero voy a reflexionar en las siguientes líneas sobre el 'apagón' informativo sobre una estructura de poder anclada secularmente en nuestra formación social: la Iglesia católica. Esta institución, una vez más, ha estado ausente de la campaña electoral, pese a que en los últimos tiempos la sociedad española ha comenzado a mostrar una mayor sensibilidad hacia asuntos, algunos muy graves, enquistados en su seno como los casos de pederastia, los privilegios fiscales, las inmatriculaciones, las voces discrepantes de la jerarquía católica en temas reconocidos y regulados jurídicamente como la homosexualidad, el aborto, la violencia machista, etc.

Y es que a nadie se le oculta el hecho de que la Iglesia siempre ha sido, y es, una enorme institución de poder. Basta rastrear el proceso constitucional español que arranca en las Cortes de Cádiz para constatar que la confesionalidad católica del Estado ha permanecido siempre incrustada en el articulado de las distintas constituciones. Si exceptuamos la de 1869, que tibiamente consagró la libertad de cultos, y la republicana de 1931, todas las leyes fundamentales del país, hasta la promulgación de la Constitución de 1978 (CE78), han venido lastradas por el peso de esa confesionalidad católica.

El complemento necesario, además, para la consolidación de ese predominio de la religión católica en la conformación de la vida social y política del país fueron los diferentes Concordatos (hoy Acuerdos) del Estado español con la Santa Sede.

Aunque en el reinado de Carlos III el Concordato de 1753 ya supuso la regulación de las tensiones con el Vaticano en relación con el llamado 'regio patronato' (esto es, la potestad de la Corona de proponer candidatos a las sedes episcopales vacantes), para el propósito de nuestro artículo hay que ahondar en las repercusiones que tuvieron los Concordatos de 1851 y 1853, en el reinado de Isabel II, por cuanto se compensaba a la Iglesia por las desamortizaciones liberales, con la Ley de dotación de culto y clero, al tiempo que se le otorgaba algo tan importante para el control ideológico de la población española como la fiscalización de la enseñanza, que luego se consolidó con la Ley Moyano de 1857.


Tras el breve paréntesis que supuso la legislación laica de la II República, la confesionalidad católica adquirió plena carta de naturaleza durante el franquismo. El Concordato de 1953 restituía la total confesionalidad del Estado, reactualizaba el antiguo 'regio patronato', al atribuir a Franco el derecho de presentación de ternas de obispos, y otorgaba única validez al matrimonio canónico. Además, establecía una férrea supervisión de la enseñanza por parte de la Iglesia, y le otorgaba exenciones fiscales y la autorización para la constitución de universidades.

Muerto el dictador, tras el Acuerdo con el Vaticano de 28 de julio de 1976, por el que se adjudicaba a Juan Carlos I la potestad del nombramiento del vicario general castrense con graduación de general de división, la necesidad de adecuar las relaciones con la Santa Sede por parte del Estado al nuevo marco constitucional llevó a la firma de los cuatro Acuerdos con el Vaticano de 3 de enero de 1979, suscritos sobre Asuntos Jurídicos, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (que permitió la introducción de la religión en las aulas y posibilitó la extensión de los conciertos educativos con centros religiosos), sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y, por último, sobre Asuntos Económicos, con el compromiso por el Estado del sostenimiento económico de la Iglesia católica a la que, además, se le otorgaban todo tipo de exenciones fiscales.

Aquellos Acuerdos preconstitucionales (pues se negociaron antes de la aprobación de la CE78) motivaron que el teólogo Juan José Tamayo, uno de los manifestantes ante la Nunciatura en Madrid en enero de 1979, llegara a afirmar que «[esos Acuerdos de 1979] por venir negociándose desde muchos antes de la Constitución, fueron un Concordato encubierto, que se amparaba en la confesionalidad encubierta del artículo 16.3 para propiciar todo tipo de privilegios a la Iglesia católica».

A cualquier atento observador no se le escapa el hecho de que, en estos últimos años, la presencia de la Iglesia en un supuesto estado aconfesional (que no laico), por esa confesionalidad encubierta arriba citada, parece ir in crescendo: la amplia cobertura mediática, sobre todo de la televisión pública estatal, de los desfiles procesionales de semana santa; la presencia en los mismos de cargos institucionales, opuesta a la necesaria neutralidad religiosa; la militarización creciente de esas supuestas muestras de fe popular; la financiación de las cofradías con dinero público, etc. parecen ir en la dirección opuesta a los cambios experimentados por la sociedad española: asociaciones como Europa Laica vienen evidenciando que el 60% de los españoles no asiste a actos religiosos, si se exceptúan los de tipo social, como bautizos, comuniones, bodas o funerales, y el 47% de los jóvenes entre 18 y 24 años se declaran agnósticos o ateos.

Cuando este artículo vea la luz, se habrán celebrado ya las elecciones generales. Dependiendo de su resultado, uno de los desafíos para un eventual Gobierno progresista de izquierdas es, pues, la separación de la Iglesia del Estado (Francia ya lo hizo en 1905), la asignatura pendiente del Estado español, con la denuncia y posterior derogación de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979

martes, 16 de abril de 2019

OCHENTA AÑOS DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/16/ochenta-anos-final-guerra-civil/1014053.html


Cuando este artículo vea la luz, habremos conmemorado el 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República española. También se habrá recordado (no hay motivo alguno para la conmemoración) el 80 aniversario del primero de abril de 1939, fatídica fecha del último parte de guerra del Gobierno de Burgos, a partir de la cual Franco se disponía a cubrir con negros nubarrones, durante casi cuarenta años, el suelo patrio peninsular. Ochenta años que no han servido para despejar del todo ese poso de franquismo sociológico que anida en amplias capas sociales de nuestro país. Hoy, un renacido revisionismo sobre las causas de la Guerra de España sigue teniendo cierta audiencia. Y ello pese a que historiadores de prestigio han tratado de arrojar luz sobre un hecho que, desde tiempo ha, llena con miles de publicaciones los estantes de las bibliotecas.

Justo cuando se cumplían 50 años del inicio de la Guerra de España, el historiador Manuel Tuñón de Lara, en una obra colectiva La Guerra Civil española 50 años después, rastreaba los orígenes del conflicto en los meses posteriores a diciembre de 1933, con el Gobierno de la CEDA presidido por Lerroux. A partir de ese momento, los propietarios se consideraron dueños y señores de la vida rural y dejaron sin trabajo a los obreros agrícolas sindicados en la UGT o en la CNT. Al tiempo, la Falange, surgida en octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid, unificada con la JONS, empezó pronto a emplear la violencia. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, con su apelación a la dialéctica de los puños y las pistolas, llegó a afirmar que el mejor destino que podía tener una urna era ser rota.

Por si ello no bastara, representantes del tradicionalismo y de la extrema derecha (Renovación Española) firmaban un pacto con Italo Balbo y con el coronel Longo por el que el Gobierno fascista de Italia prometía ayudarles a derribar el régimen republicano con armas, dinero y formación militar de jóvenes. Situación que tiene documentada Ángel Viñas en su libro recientemente aparecido ¿Quién quiso la Guerra Civil? En entrevista en El Cultural, Viñas recuerda el dato de que el banquero Juan March aportó más de medio millón de libras para la compra de aviones. Afirma que, a partir de 1934, además, entra en juego otro factor importante en la conspiración: la creación de la Unión Militar Española, una organización que se encargó de sembrar agitación en el seno del Ejército. En 1935, con la UME en pleno apogeo y Gil Robles como ministro de la Guerra, los monárquicos aprietan el acelerador.

Lejos, pues, de ese relato tan caro al revisionismo histórico perseverando en la responsabilidad del terror rojo en el origen de la Guerra de España, Viñas achaca a la conspiración monárquica el origen de la tragedia que eclosionó en julio de 1936.

Tras el triunfo electoral del Frente Popular y pese a las apelaciones de justicia y paz de Manuel Azaña, que reclamaba la unión bajo una misma bandera de republicanos y no republicanos, Emilio Mola, destinado a la comandancia militar de Pamplona, empezó a urdir los hilos de la conspiración. Se agitaban las tramas del carlismo y del falangismo, se multiplicaban los contactos entre esos grupos y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo y, además, Sáinz Rodríguez, uno de los más notables conspiradores de entonces, negoció a través del agente italiano Ernesto Carpi un nuevo acuerdo con Italo Balbo y Mussolini para recibir más ayuda militar, con la firma de Goicoechea, Calvo Sotelo y el conde de Rodezno.

Según refiere Ángel Viñas, mientras se ponían de acuerdo sobre quién debería reinar en España una vez derribada la República (unos optaban por la vuelta de Alfonso XIII, otros por su hijo, Juan de Borbón), los conspiradores pensaban que, de manera interina, Sanjurjo asumiera todos los poderes del Estado, como en la dictadura primorriverista, con un comité cívico-militar y, a la cabeza de ese directorio, Calvo Sotelo. Como es sabido, su asesinato y el del teniente Castillo precipitaron los acontecimientos. A partir del 18 de julio, el país se sumergió en un baño de sangre.

El profesor Pablo Sánchez de León, en un artículo en Bajo Palabra-Revista de Filosofía. UAM, afirma que el significado de la guerra española de 1936 «no termina de aquilatarse de manera adecuada a su singularidad histórica sin incorporar una última dimensión consustancial al levantamiento contra la República democrática de 1931: la de guerra santa», pues matiza que «fue de hecho un imaginario de guerra santa lo que funcionó como un sustrato común y amalgama de todas las justificaciones para la represión franquista [...]

"El combate en nombre del integrismo religioso no se detenía en la estigmatización del vencido». «Es obvio», dice Sánchez de León, «que en esta radical exclusión del otro conviene subrayar un atributo añadido que redimensiona el caso: la definición de Carl Schmitt de lo político como la distinción radical entre amigo y enemigo se inspira muy frecuentemente en la tradición del catolicismo político"
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En definitiva, entra en juego un concepto que Sánchez de León define como la tanatopolítica (de tánatos, muerte, en griego clásico), entendida como un "contingente de ciudadanos formado por todos aquellos susceptibles de ser acusados de no cumplir con los preceptos de la religión católica».
Para este autor, el conflicto que acabó en 1939 con la República democrática fue «una guerra civil, pero también una conquista de 'racionalidad civilizadora' que concibió al enemigo como un sujeto colonial, y, en primer término, una guerra santa en nombre de un integrismo católico más ideológico que estrictamente religioso».

martes, 2 de abril de 2019

MÁS DE 107.000 HABITANTES SIN FERROCARIL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/02/107000-habitantes-ferrocarril/1010199.html

Si el sentido común no remedia la situación actual, tras la apertura de la variante ferroviaria de Camarillas y si se consuma el cierre de la estación de Calasparra, más de 107.000 habitantes de Murcia, parte de Granada y de Jaén van a verse privados del acceso al ferrocarril, pues a las 94.456 personas que habitan el Noroeste murciano y la Comarca del Río Mula habría que añadir los 12.718 habitantes de las poblaciones de Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Santiago de la Espada-Pontones (INE, enero de 2019). Por ello, en la medida en que cada vez me siento más vinculado a esas tierras que otrora constituyeran el dominio de la Orden Militar de Santiago, quiero con estas líneas poner en evidencia el indudable desinterés de todas las Administraciones por evitar el despoblamiento al que les conduce una situación de marginalidad que la desaparición del ferrocarril no hará sino acrecentar.

Para redactar este artículo, me he puesto en contacto con una serie de personas de esa extensa comarca que me han dado sus impresiones sobre el declive del servicio ferroviario en la zona, en general, y sobre el cierre de la estación de Calasparra, en particular, así como sus soluciones.
Juani Marín, arqueóloga, librera y concejala de Ganar Caravaca, me refiere que cuando el economista Eduardo Garzón recaló en la localidad le contó que había buscado en Internet cómo acceder a esa ciudad y se sorprendió de que había que llegar hasta Murcia para viajar a Caravaca. Su sorpresa no fue menor cuando comprobó que, para regresar hacia Madrid, había de desplazarse hasta Calasparra por una carretera lenta y peligrosa en muchos de sus tramos.

Por eso, Pepe Ortega, vecino de Bullas, donde fue concejal de IU durante doce años, y actualmente residente en Cehegín, nos recuerda, además, que el cierre de la línea férrea Murcia-Caravaca en 1971, debido a su falta de rentabilidad, supuso en su día una falta de consideración de los gobernantes de la época hacia una comarca con dificultades de comunicación. Y ahora, con la apertura de la variante de Camarillas, el abandono de la estación de Calasparra, que podría haber quedado abierta como ramal de un 'puerto seco' para mercancías, deja a la comarca del Noroeste en evidente desventaja respecto a otras zonas de la Región.

Angelita Trujillo, maestra calasparreña jubilada y exdirectora de un colegio de la localidad, nos refiere que la estación fue abierta al servicio el 27 de abril de 1865. Y, con datos del historiador local Juan José Moya, nos recuerda que se ubicó en un punto estratégico, pues la localidad fue siempre un punto de confluencia de las comunicaciones con la comarca de los Vélez. La estación estuvo también muy ligada al transporte del mineral de hierro que se extraía de las Minas de Gilico, situadas en el término municipal de Cehegín. Desde las minas se colocó un sistema de vagonetas por cable hasta la estación, a finales del XIX y principios del XX, coincidiendo con la crisis del hierro que se produjo a finales de la I Guerra Mundial.

Pese a su importancia estratégica en la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, las razones alegadas para su supresión, a juicio de Angelita Trujillo, son, entre otras, los problemas de circulación por la presa de Camarillas; el bajo uso del tren; el indudable incremento del transporte de mercancías por carretera, y, sobre todo, el haber volcado esfuerzos en una línea de alta velocidad que han situado al AVE, el aeropuerto y el agua en el centro de la propaganda política.

Por su parte, José Luis Vergara Giménez, concejal ciezano de CCCI y miembro de la Comisión regional 'Más tren por Camarillas', de la que fue portavoz el recientemente fallecido José Antonio Pujante, nos recuerda que siempre han apostado por no abandonar del todo la conexión ferroviaria Cieza-Calasparra; y, entendiendo que no podía mantenerse el tramo norte Calasparra-Agramón, afirma que la línea ha de continuarse desde Calasparra hasta un punto intermedio o cercano a Caravaca y Cehegín, con el doble objetivo de nutrirlas de un servicio de lanzadera para líneas de larga distancia, a través de la estación de Cieza, con horario compatible con los trenes más rápidos 'Alvia', y de cercanías, con horario útil universitario.

Radiografiado el problema, se aportan algunas soluciones. Pepe Ortega cree que lo deseable sería que los habitantes del Noroeste tuvieran un acceso rápido a la estación de Cieza, dificultado en estos momentos por la mala calidad de la carretera que une la Venta del Olivo con Caravaca y Puebla de Don Fadrique. Por ello, Ortega coincide en ese punto con Angelita Trujillo en que, además de otras medidas, que pasan por mantener la infraestructura ferroviaria actual, sería conveniente la conexión por autovía Jumilla-Caravaca-Puebla de Don Fadrique. Angelita, además, apela a la movilización ciudadana, a reclamar compensaciones y a poner en marcha un plan a corto, medio y largo plazo a través de un proceso participativo.

Por su parte, José Luis Vergara apuesta por la profundización de los servicios de cercanías de las distintas comarcas murcianas, articulados en su relación con la capital y las comarcas de Cartagena-Mar Menor y Lorca-Aguilas. En ese aspecto, su reivindicación de la extensión del ramal de Calasparra con al menos otra población del Noroeste murciano (Cehegín, Caravaca o un punto intermedio entre ambas) la considera de gran interés para la vertebración de las cercanías regionales. A su juicio, deben establecerse, además, con frecuencias y costes reducidos, servicios de transporte público por carretera desde varias localidades hasta Cieza, llamada a ser la estación de conexión de estas comarcas del Noroeste con Castilla-La Mancha y Madrid.

Estas ricas y diversas opiniones nos demuestran lo importante que es contar con las voces de la sociedad civil, cosa que está siempre ausente a la hora de planificar asuntos y tomar decisiones que tienen que ver con el interés general.