martes, 22 de octubre de 2019

LA PUNTA DEL ICEBERG

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/10/22/punta-iceberg/1061794.html?fbclid=IwAR1c4EXjzDkYOE23CJ_-yKxhkgAAA7C6WaDQdLRVU1b6P_HDfo_OHh51V9k

La punta del iceberg

En relación con los vertidos incontrolados al Mar Menor, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras

Aun admitiendo y respetando el derecho que asistía al vecindario de las localidades del Mar Menor afectadas por la última DANA de protestar y pedir soluciones ante los efectos de las riadas, decidí no acudir a la manifestación de la tarde del pasado jueves 17 entre San Esteban y la Delegación del Gobierno. El motivo: que la convocatoria partiera de las Administraciones municipales en parte causantes de esos desastres, pues no hay que eximir de responsabilidad a quienes concedieron licencias urbanísticas en zonas inundables. 

Pasada la tormenta, se dice que es tiempo de arrimar el hombro y de aunar esfuerzos para buscar soluciones. Ahora viene la política de gestos y de palmaditas en la espalda, para apaciguar los ánimos y diluir responsabilidades. Pero no olvidamos. Estos ¿gobernantes? del PP abolieron u obstaculizaron la aplicación de las leyes que debían proteger el Mar Menor; han evitado la aplicación de medidas extraordinarias; han mentido descaradamente sobre su estado, e incluso la propia consejería de Agricultura editó una guía para que los regantes evitaran las inspecciones.

En relación con los vertidos incontrolados a nuestra albufera litoral, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo- terrestre).

A la Administración municipal le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado.

En la Administración General del Estado, el órgano competente para vertidos al dominio público hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc.) es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Por último, corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia, dependiente del ministerio con competencias en Medio Ambiente, la concesión de ocupación del dominio público marítimo- terrestre.

Como puede verse, además de las atribuidas a la CHS, el máximo de competencias, no sólo en materia de vertidos sino también en la ordenación territorial de zonas costeras, está en manos de la CARM. Pero el Gobierno regional, en estos veinticinco años de gestión, ha venido haciendo oídos sordos a las advertencias que, desde diversos ámbitos, se han venido emitiendo sobre el avance de la hoy enfermedad terminal del Mar Menor. El Gobierno del PP es el máximo responsable de no haberlo preservado para las generaciones futuras, pues no nos pertenece en exclusiva, sino que es un patrimonio mundial.

Llegados a esta situación, de poco sirven la política de gestos y el anuncio de la creación de una comisión de expertos para buscar soluciones al estado de agonía del Mar Menor por parte de quienes han venido no sólo omitiendo el deber de socorro, sino permitiendo y alentando su deterioro, con su inacción interesada en favor de grupos empresariales locales y foráneos.

Vivimos en una Región en la que, en el fondo, se tolera a los sinvergüenzas y en la que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Sorprende constatar la facilidad con que se pregona la necesidad de la aplicación del 155 en Cataluña sin reparar en que, aquí, hay motivos más que sobrados para reclamar una intervención del Estado.

Voy a 'mojarme': afirmo con rotundidad que hay que evitar que el Gobierno regional, como pretende, asuma la competencia de Costas, no sólo por su aparente incompetencia y desidia sino por su descarada gestión en favor de intereses privados. Y no sólo eso. La situación del Mar Menor es sólo la punta del iceberg de una política mafiosa, de patrimonialización del poder (político y económico), con repetidas actuaciones diseñadas y calculadas para esquilmar nuestros recursos y trasvasar estos recursos y dinero desde lo público al bolsillo de unos pocos. No es cuestión de citar nombres, pero consentimos que cuatro 'familias' se hayan apropiado de nuestra riqueza y colocado en el poder a Gobiernos títere para salvaguardar sus intereses.

Vivimos en una Región, pues, en la que el desprecio a lo público, el patrimonio que nos pertenece a todos, y la apropiación de éste por unos pocos es la norma. Para nuestra vergüenza, estamos a la cabeza del Estado en indicadores como la pobreza, fracaso escolar, niveles de paro, etc., y, al tiempo, no mostramos indignación por el descarado robo a nuestros bolsillos (el dinero público es, por definición, de todas y todos nosotros) con actuaciones irresponsables. Voy a exponer sólo dos ejemplos, aunque hay muchos más.

La desaladora de Escombreras. El caso 'La Sal' va pasando de un juzgado a otro sin que nadie ose encausar y juzgar a sus responsables: un expresidente que puso tierra de por medio refugiándose un tiempo en Bruselas, un consejero que permitió e impulsó esa actuación mafiosa (que nos va a costar 600 millones de euros, que el PP 'regaló' a la empresa ACS de Forentino Pérez) y unos técnicos que consintieron tal latrocinio.

Como latrocinio fue que, en virtud de un capricho del presidente Innombrable, se impulsara la construcción del pomposo Aeropuerto Internacional de Corvera, que, al día de hoy, está registrando un volumen de vuelos un 25% inferior al clausurado de San Javier. Y nadie parece exigir responsabilidades por esos tredscientos millones del aval para mantener una infraestructura que se ha demostrado que es a todas luces innecesaria.

Pobreza, paro, corrupción, etc. La Región de Murcia está en el furgón de cola de las Comunidades autónomas españolas y los sucesivos Gobiernos del PP no hacen sino contribuir a su gradual estancamiento. Que la deuda pública haya pasado de los 3.100 millones de euros en 2012 a los casi 10.000 millones de euros en el segundo trimestre de este año (9.699, el 30,7% del PIB regional), cantidad que dobla el presupuesto de la CARM, es indicativo de la irresponsabilidad, torpeza, incompetencia y malas intenciones que 'adornan' la gestión de quienes tenemos la mala suerte de soportar como gobernantes.

La situación es de tal gravedad que sería precisa una intervención del Estado en varios ámbitos. Porque, como decía arriba, el Mar Menor es sólo la punta del iceberg que esconde una nefasta gestión política.

martes, 15 de octubre de 2019

MAR MENOR: ENTRE TODOS LO MATARON Y NADIE SE RESPONSABILIZÓ

Notas tomadas de la misma Administración regional. Para aclararnos un poco sobre responsabilidades en materia de vertidos.

 

 

Competencias administrativas en materia de Vertidos

Las competencias administrativas en materia de vertidos se distribuyen en función del medio receptor del mismo.  Así nos encontramos en competencias en los tres ámbitos legislativos españoles. 
Competencias administrativas en materias de autorizaciones de vertidos. Comunidad Autónoma. Vertidos de tierra al mar. Estado. Vertidos de cauce público y vertidos desde buques y aeronaves al mar. Ayuntamientos. Vertidos al alcantarillado público.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo terrestre).

El órgano competente es la Dirección General del Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia. La unidad aque desarrolla esta actividad es el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental.

La Administración Municipal, le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado Este enlace se abrirá en ventana nueva de ámbito autonómico, que fija los criterios mínimos a los que deben atenerse todas las ordenanzas municipales.

Por último, la Administración General del Estado tienen competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

El órgano competente para vertidos a Dominio Público Hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc) es la Confederación Hidrográfica del Segura, perteneciente al Ministerio con competencias en Medio Ambiente.

De igual modo el órgano competente para la redacción del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por último corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia dependiente del Ministerio con competencias en Medio Ambiente la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, que deberá obtenerse SIEMPRE con carácter previo a la autorización de vertido al mar, en su caso. La tramitación de dicha concesión se integra en el procedimiento de la Autorización de Vertido al Mar.

lunes, 14 de octubre de 2019

SENTENCIA DEL PROCÉS: EXAGERADA Y EJEMPLARIZANTE


Si vamos a un diccionario de términos jurídicos para consultar qué es sedición, está claro que la sentencia del Supremo sobre las políticas y políticos catalanes presos ha ido mucho más allá: no hubo violencia tumultuaria en las calles de Cataluña con el fin de alterar el orden constitucional. Esta sentencia, a todas luces exageradas, tiene un claro carácter ejemplarizante. 

Ahora está por ver si, como se ha adelantado, se emite de nuevo una euroorden de busca y captura contra Puigdemont y demás exiliados y exiliadas. De ser así, habría que ver la receptividad de la Justicia europea ante esa euroorden. Si los tribunales europeos se inhiben, quedaría muy señalada una democracia española de muy dudosa calidad; porque condenar a trece años a un dirigente político que en ningún momento ha practicado la violencia dice muy poco de esa democracia.

martes, 8 de octubre de 2019

A MÍ ME ESPANTA LA DESMEMORIA

A mí me espanta la desmemoria

(La Opinión de Murcia, 08/10/2019)



En estos ya más de cuarenta años transcurridos desde el inicio de la llamada Transición democrática, se ha construido un relato tendente a calificar de modélica esta etapa, con la Corona dotando de estabilidad al sistema y con una 
derecha persuadiendo a la población de que, para que este estado de cosas siga así ad aeternum, es preciso no mirar hacia atrás y hacer borrón y cuenta nueva de todo lo acaecido durante el largo y aciago periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Image En ese contexto de olvido y perdón impuestos, primero con Rajoy en el Gobierno y ahora con una derecha que abraza, cada vez más notoriamente, posiciones ultraderechistas, los dardos envenenados se dirigen hacia la Ley de Memoria Histórica.

Como botón de muestra, la reciente salida de tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel  Díaz Ayuso, con motivo de la sesión de control en el Parlamento de esa Comunidad, haciendo alusión a que le 'espanta' (sic) la Memoria Histórica y sacando a colación el manido tema de la quema de iglesias y conventos durante la II República. (Le recomiendo, por cierto, que lea La forja de un rebelde, de Arturo Barea, en donde encontrará respuestas al porqué del incendio de alguna de esas iglesias en el barrio de Lavapiés, en Madrid.). Su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), no quiso ser menos y expuso a continuación a los periodistas que harán lo posible para que no se quemen iglesias en 2019. Estas lamentables y torpes declaraciones tuvieron su continuidad, como es sabido, en un cine de Valencia, donde radicales de extrema derecha boicotearon la película Mientras dure la guerra, de Amenábar, al grito de 'Arriba España' y 'Viva Cristo Rey'.

Esta derecha cada vez más ultramontana se desliza hacia unas cotas de cretinismo y debilidad intelectual preocupantes, sin duda. Y son especialmente preocupantes porque si de algo está necesitada la democracia española es precisamente de romper amarras con el pasado franquista. Quedan aún demasiados residuos del franquismo en las instituciones y en la sociedad. Poso de franquismo sociológico que se nutre, además, de la inhibición del poder legislativo, durante estos años, para condenar la dictadura y dejar sin efecto las actuaciones extrajudiciales e ilegales que llevaron a la muerte, al exilio y al oprobio de sus semejantes a cientos de miles de españolas y españoles. Está muy bien sacar la momia del dictador de Cuelgamuros (actuación, por cierto, dificultada por la familia con una sucesión de recursos sin fin), pero este gesto del Gobierno se nos antoja insuficiente mientras en España sigan campando a sus anchas la impunidad y la ignominia. La presencia en las calles del torturador Antonio González Pacheco, (a) 'Billy el Niño', varias veces condecorado, y la concesión del Ducado de Franco a la nieta del dictador son cuestiones lacerantes, que hieren la sensibilidad de cualquier persona demócrata.

El presidente del Gobierno calificó de triunfo democrático la decisión del Supremo (el mismo Tribunal que reconoció a Franco como jefe del Estado desde octubre de 1936) de permitir el traslado de los restos del dictador. Pero esa decisión no va más allá: faltan otros gestos que nos lleven a pensar que la democracia española está dispuesta, por fin, como decía arriba, a romper amarras con el franquismo.

Hay que decirlo con rotundidad: mientras no se derogue la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y se ilegalicen la dictadura y las fundaciones franquistas, en España no será delito la apología del franquismo, como sí lo es la del terrorismo. De ahí que tantos y tantos ultraderechistas campen a sus anchas por calles y plazas de España; de ahí la anomalía de que exista un mausoleo en el que el dictador comparte espacio con sus víctimas, algo inaudito en Alemania e Italia. El Foro de la Memoria de Guadalajara opina, a este respecto, que habría que desmontar la Cruz, desacralizar la basílica, disolver la congregación de monjes y exigirle a la familia de Franco que devuelva lo que cobró indebidamente desde que el dictador fue expulsado del Ejército el 22/7/36.

Desde instancias internacionales no cesan las 'recomendaciones' al Estado español para que juzgue o extradite a los principales responsables de la dictadura. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados en septiembre del pasado año, invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes, Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, abordó, una vez más, la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.

El relator, muy crítico con la Administración española, instó al Estado, como su antecesor en el cargo, Pablo de Greiff, al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Ya en 2014, De Greiff emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo, a lo que el Gobierno del PP indicó que la voluntad de reconciliación solo sería posible a través del olvido, la amnesia y el perdón. Unas declaraciones que, para el relator, suponían un profundo desprecio a las víctimas. Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables. Pero ese mismo año, el Consejo de Ministros presidido por Rajoy rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina.

Es fundamental actuar sobre esa ley de Amnistía, que, hoy por hoy, es incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional. Pero incluso desde el PSOE vienen oponiéndose a ello, por todo lo que conlleva (se supone que el 'edificio' de la Transición se tambalearía) y por lo que en su día significó.

A la espera de esa actuación, urgente y necesaria, es evidente que la actual Ley de Memoria Histórica, aun con sus limitaciones, se erige como una salvaguarda contra el olvido y la impunidad. Me rebelo particularmente contra este franquismo redivivo que, atacándola y desnaturalizándola, trata de retrotraernos a una España en blanco y negro.

Porque a mí, al contrario que a Isabel D. Ayuso, me espanta la desmemoria.