miércoles, 21 de septiembre de 2022

DEJEMOS EN PAZ AL TORO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/20/dejemos-paz-toro-75659164.html 

 La trágica muerte de la plaza de toros de la Condomina en la pasada Feria de Murcia, a partir de la cual Podemos exige al Ayuntamiento de la capital la convocatoria de un referéndum sobre los festejos taurinos, reaviva, en el ámbito local, el debate sobre el mantenimiento de éstos en España. Pese a que en 2020 apenas se celebraron y en 2021 muchos menos, a causa de la pandemia de la Covid 19, para darnos una idea de cómo esos festejos están insertos en la ‘cultura popular’ baste el dato de que, en la vecina Comunidad Valenciana, alrededor de 270 municipios celebran cada año los bous al carrer, con un saldo de más de una treintena de muertes y más de 5.400 personas heridas desde 2014 en esa Comunidad. 
 
 El toro, en su hábitat natural
 
 (Foto: ABC Cultura) 

Este culto al toro, muy presente en toda el área mediterránea y, por supuesto en nuestra Región de Murcia, hunde sus raíces en la Historia. En las antiguas culturas en torno al Mare Nostrum se otorgaba a este animal un rango divino, asociado a la Naturaleza, apreciable en las pinturas del arte levantino, en la civilización cretense, en Turquía, entre las deidades egipcias, en Grecia e incluso en Roma. Hoy, los defensores de la fiesta de los toros en nuestro país, en todas sus manifestaciones, se han agarrado a la literatura y el arte como a un clavo ardiendo, según Concha Caballero (El País). Citan a Goya y Picasso, a Lorca y a Miguel Hernández, a Hemingway y a Alberti para demostrar el carácter artístico de la muerte y tortura del toro en la plaza. Pero, según esta articulista, ocultan, sibilinamente, la nómina de escritores que no contemplaban con agrado este espectáculo o que se manifestaron rotundamente en contra, como es el caso de Lope de Vega, Quevedo, Larra, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Miguel Delibes y toda la nómina de pensadores de la Ilustración española. Los textos de estos autores que hablan de barbarie, tortura, suplicio, crueldad o inhumanidad, han sido convenientemente silenciados. 
 
Además de por la pérdida de vidas humanas, el activismo antitaurino exige la prohibición total de esos eventos, en particular, aquellos que exhiben mayor crueldad, como el encendido de bolas de algodón en la cornamenta de los toros (el bou embolat) o, en el caso de los bous al mar, cuando se obliga al animal, exhausto, asustado y que, además, no sabe nadar, a tirarse al mar, muriendo ahogado en muchas ocasiones. Sin embargo, la postura cerril de los defensores de estos espectáculos lleva al extremo de afirmar que, en todo caso, las muertes que puedan producirse (tanto de personas como de animales) forman parte del festival. 
 
Afortunadamente, cada vez más municipios y pueblos del país, más de 120, se van sumando a la supresión (la prohibición no es posible, a la vista de la legislación de la que hablaremos más abajo) de este tipo de festejos.
 
CONTEXTO LEGAL DE LA TAUROMAQUIA EN ESPAÑA Y ESTADÍSTICAS 
 
Los espectáculos taurinos están regulados en el Estado español mediante una ley de 1991 y un Real decreto de 1996. En 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España, con el único apoyo del Partido Popular. La norma publicada obliga a las Administraciones públicas a “garantizar y, a su vez, desarrollar medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado”. Por su parte, el Real decreto 5.091/2020, de 5 de mayo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, asignando a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el ejercicio de las competencias referidas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y la protección de la tauromaquia (la cursiva es mía). 
 
Pese a lo cual, no todas las Comunidades Autónomas la apoyan. En Canarias, una ley autonómica de 1991 prohíbe los festejos taurinos, así como Cataluña, con una disposición de 2010 que entró en vigor en 2012, aunque dicha normativa está recurrida por el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Baleares decidió prohibir el uso de banderillas y picas, así como dar muerte a los animales en público. Por su parte, la ONU ha solicitado que se ponga fin a la asistencia de menores a las corridas de toros. 
 
El Gobierno español aprobó recientemente el Proyecto de Ley sobre Protección, Derechos y Bienestar animal, elevando las penas por maltrato. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, liderado por Ione Belarra, presentó dicho Proyecto de Ley que endurecerá las penas por maltrato con hasta tres años de cárcel a través de una reforma del Código Penal. Sin embargo, la normativa deja al margen los casos de maltrato de los animales que son utilizados para los llamados “espectáculos taurinos”. Esta ley excluirá las corridas de toros previstas en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991 del 4 de abril. Con datos obtenidos a través de los Registros de profesiones taurinas, de empresas ganaderas de reses de lidia y de escuelas taurinas referidos al año 2021, sabemos que, en ese año, superado lo peor de la pandemia, se celebraron en España 824 festejos, con un incremento de 538,8% respecto de 2020, pero con un descenso del 42,2% respecto de 2019. El número de profesionales taurinos inscritos es de 10.242, de los que 779 (el 7,6% del total) son matadores de toros. Hay registradas 1.348 empresas ganaderas de reses de lidia, con un ligero incremento respecto de 2017, en que eran 1.329, y 73 escuelas taurinas.
 
 La tauromaquia sigue recibiendo subvenciones públicas. En los pliegos de condiciones de las plazas cuya propiedad es de los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, se ofrecen ayudas para que el empresario se haga cargo de ellas y organice festejos taurinos. 
 
SUFRIMIENTO INÚTIL 
 
La veterinaria María González, en un artículo de El Salto, nos recuerda que el toro sufre, como cualquier individuo con sistema nervioso central. Incluso en festejos que no llevan a su muerte, como los encierros, el verse acorralado supone para el animal un estrés psicológico que afecta a su presión sanguínea y al sistema inmunológico. Y a quienes piensan que las corridas de toros han de ser preservadas porque son una tradición, responde Óscar Horta, miembro de la Fundación Ética Animal y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que “el interés de los animales atormentados y muertos en las actividades taurinas ha de tener más peso que el de los seres humanos aficionados a esas actividades para mantener la tradición”. 
 
Respondiendo a quienes piensan que, si no se les utiliza, la especie se extinguiría, las asociaciones animalistas nos recuerdan que el toro no es una especie, sino el macho de la vaca al que se le ha seleccionado genéticamente durante generaciones para obtener individuos grandes, con mayor bravura. 
 
Insensibles a esta polémica, hay comunidades que han tomado medidas para proteger la tauromaquia. A principios del año 2011, Murcia fue la primera comunidad autónoma en declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural Inmaterial, adelantándose a Madrid, que inició con anterioridad el expediente. También en 2011 el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha hizo lo propio. Castilla y León tardó un poco más. 
 
Nótese que, en el momento de adoptar esas decisiones, todas estaban o están gobernadas por el PP, el mismo partido que declaró a los toros Patrimonio Nacional en el Senado. 
 
El sufrimiento y tortura a que se ven sometidos esos bellos animales nos ha de hacer reconsiderar la situación actual. Dejemos en paz al toro en sus dehesas. 
 
 Diego Jiménez García. Profesor de Geografía a Historia @didacMur

sábado, 10 de septiembre de 2022

INSOPORTABLE BAÑO DE MONARQUISMO

(Foto:XL Semanal) Las emisoras de TV privadas y TVE, que juega a competir con ellas en información sesgada, manipulada y sobrecargada, están sobrepasando los límites de lo tolerable respecto de la muerte de la soberana británica, una reina que no tuvo reparos en revivir el pasado imperial británico embarcando en su país en una guerra neocolonial, la de las Malvinas, cuyo marido, el duque de Edimburgo, no disimuló nunca sus simpatías con el nazismo, y cuyo “afecto” hacia España ha quedado sobradamente demostrado con su negativa a negociar el estatus de Gibraltar, remitiéndose nada menos que a las cláusulas del Tratado de Utrecht (1713) por el que se cedía a perpetuidad la Roca a Su Graciosa Majestad británica. Pero las televisiones están aprovechando el evento para revalorizar no sólo la monarquía británica, sino de rebote, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también la española. O lo que es lo mismo: un baño de “monarquismo” en toda regla.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

POR QUÉ, AÑO TRAS AÑO, ARDE EL MONTE EN ESPAÑA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/07/arde-monte-75118723.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share&fbclid=IwAR1n6lt5qvpKU1MuiClWY1HYDjkQmuhDa9Sagq8haCUUJD6AMiNQg7Kpi10

 

(Fotografía:Revista Seguridad 360)


El verano de 2022 será recordado en España como una auténtica pesadilla: a la irrupción repetida del polvo sahariano, la calima (el desierto ya está aquí, ha venido para quedarse), hay que añadir las persistentes olas de calor con temperaturas inusualmente elevadas, lo que ha provocado el lamentable incremento de muertes por esas altas temperaturas y la reiteración de los incendios forestales.  A la hora de redactar estas líneas, el fuego ha devorado en nuestro país cerca de 200.000 hectáreas, casi un tercio de la superficie quemada en toda Europa, y todo hace indicar que la prolongación temporal del verano meteorológico puede incrementar ese horrible dato.

Para valorar la gravedad de lo que suponen esos incendios, hay que tener en cuenta que el monte supone en nuestro país el 56% de la superficie nacional (España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa) y somos el segundo país en extensión forestal, tras Suecia.

El cambio climático ha agravado, sin duda, la zozobra que año tras año han de soportar los habitantes cercanos a esas áreas quemadas, pero hay un dato a tener en cuenta: el abandono de la silvicultura y el despoblamiento rural van parejos a la conversión de amplias zonas de monte en espacios residenciales -separados en muchos casos de los núcleos de población tradicionales-, cuyos ocupantes desconocen el valor que, tradicionalmente, el mundo rural había concedido a esos espacios.

AUSENCIA DE CULTURA FORESTAL

Históricamente, en el gradual abandono de la utilidad del monte –del que la actual despoblación rural es una de sus manifestaciones-  tuvo mucho que ver el proceso desamortizador, que, iniciado por Manuel Godoy en 1798, continuó con el de las Cortes de Cádiz y los políticos Mendizábal y Pascual Madoz, y se cerró con en pleno siglo XX (1924).

Básicamente, las desamortizaciones acometidas por el Estado liberal consistieron en poner en el mercado, y previa subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se habían podido enajenar, en poder de las llamadas ‘manos muertas’, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas, pero también los baldíos y tierras comunales de los municipios, que servían de complemento a la precaria economía campesina. Con ello, el Estado, además de la amortización de los títulos de la Deuda, pretendía la creación de una clase media de labradores propietarios que incrementaran la recaudación fiscal.

Tras ese proceso de desposesión de las tierras comunales de sus habituales usufructuarios, que aprovechaban los recursos forestales para dotarse de leña y carboneo, con lo que procedían al desbroce y clareo de los bosques, y al pastoreo, se pasó a la propiedad privada de los montes. Se estima en cuatro millones el número actual de propietarios, no todos motivados en mantener alejado el fuego de sus predios. Tanto es así, que en nuestro país 94 de cada cien incendios son provocados; el resto es debido a los rayos como causa principal.

Según el ingeniero forestal Carlos del Álamo Jiménez, el bosque español crece 46 millones de metros cúbicos al año, de los que sólo se aprovechan 19 millones. Los matorrales para leña, muy explotados en siglos anteriores en terrenos vecinales y comunales, como hemos visto arriba, proporcionan unos 60 millones de toneladas anuales, de las que sólo se aprovecha la mitad. Dato preocupante si tenemos en cuenta que la prevención de incendios por el aprovechamiento de la biomasa forestal puede crear 300 empleos directos por cada millón de metros cúbicos. En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes propone al Gobierno que se grave la biomasa de origen forestal con un 10% del IVA, sobre el 21% actual.

En la España despoblada, el aprovechamiento de esa biomasa forestal, pues, es una posibilidad real de regenerar economías locales, prevenir incendios y luchar contra el cambio climático, según Del Álamo Jiménez, quien enfatiza, además, que unos propietarios de montes españoles, motivados e incentivados, supondrían una enorme fuerza de lucha preventiva contra los incendios forestales. Y hay zonas de España donde eso está ocurriendo: la ejemplar explotación forestal de las localidades del norte de Soria, como Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Covaleda…, es un ejemplo a seguir.

Sin embargo, los montes siguen ardiendo porque, con unos criterios de explotación típicamente capitalistas, el valor económico que sus propietarios obtienen de ellos es escaso y también escasa es la valoración social de los mismos. Para revertir esa tendencia, si queremos que, lejos de la explotación meramente comercial de los montes, los propietarios planten especies resistentes al fuego hay quien piensa que habría que incentivarlos: la rentabilidad social de esas especies resistentes al fuego debería ser, como mínimo, igual a la que proporcionan las más comerciales.

Otra forma de combatir el fuego es la recuperación y potenciación de la ganadería extensiva. Hay un ejemplo en Galicia: Pinzás, en la Comunidad de Montes de Tomiño. En ese concello, 52 vecinos comuneros han introducido 60 vacas vianesas para pacer el monte y mantener a raya los incendios.

Esa comunidad vecinal tiene 530 hectáreas dedicadas a la producción de madera, principalmente pino, y otras frondosas, como robles. En la zona había eucaliptos, árboles de rápido crecimiento y de alta rentabilidad, que han sido sustituidos por castaños.

EL NEGOCIO DEL FUEGO

Nadie duda de que los incendios forestales son una tremenda desgracia social. Todo son pérdidas: biomasa fotosintética (fijación de oxígeno y de CO2), nutrientes minerales, suelo, capacidad de retención hídrica en la lucha contra las avenidas, biodiversidad…No obstante, quienes permiten que ardan los montes tienen una visión antieconómica y cortoplacista de esos incendios.

En un comunicado reciente, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, integrada por entidades de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, nos advierte de que en el mismo momento del incendio y tras él aparecen una serie de yacimientos de empleo y de negocio proporcionales a la magnitud del desastre ambiental. La extinción por tierra representa empleo sacrificado y mal pagado, pero empleo al fin, para los brigadistas. A la vez reporta importantes ingresos a las grandes empresas forestales que moverán maquinaria pesada para atajar las llamas.

 Los propietarios de ganado, una vez conseguida la anulación de los acotamientos de zonas quemadas, podrán soltar sus vacas y yeguas en las laderas recién quemadas para aprovechar las primeras hierbas que salgan tras el fuego (…) Las empresas madereras retirarán, a precio de saldo, la madera quemada para evitar males mayores como las plagas forestales y con ella obtendrán beneficios económicos. Las grandes empresas del sector forestal pujarán por adjudicarse los futuros trabajos de restauración y de reforestación que las administraciones ofertarán a concurso público (…) Incluso un sector del colectivo cinegético, el más ignorante, disparará con agrado a corzos o a jabalíes en esas áreas despejadas”.

La extinción por aire supone un mínimo empleo público, pero una oportunidad de negocio para las compañías privadas de aeronaves. En este sentido, según nos informa Carmen Asenjo (LHU.NOTICIAS.ES), durante 20 años, un ´Grupo 6`, formado por múltiples empresas del sector de la aviación, funcionarios y diversos políticos, se ha encargado de controlar los contratos públicos de aeronaves para la extinción de incendios en España. Tras la investigación de la Audiencia Nacional y la nueva apertura de acusación por la Fiscalía Anticorrupción, se estudia si esas compañías impusieron altos precios a las autoridades en cuantía muy superior de las que deberían durante 20 años.

Un aspecto éste, el del negocio del fuego, que suele estar ausente de las informaciones puntuales de estos siniestros, acaparada la atención social sobre la inmediatez y gravedad de los mismos.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur