martes, 15 de febrero de 2022

UNA INMATRICULACIÓN CON DOLO: EL CASO DE LA PALMA, CARTAGENA

 

Cementerio de Santa Florentina. La Palma, Cartagena (foto LA OPINIÓN)

En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.

En síntesis, el asunto es el siguiente. En 1998 José María Aznar reformó la ley hipotecaria, lo que daba potestad a la Iglesia Católica (y sólo a ella) para inmatricular lugares de culto y otras propiedades (pisos, garajes, parcelas, naves, etc.). Esa reforma, una ampliación de la ley franquista de 1946, equiparaba al obispo a un fedatario público, por lo que sólo su opinión bastaba para atribuirse la propiedad de esos bienes. Desde entonces, según datos que he recabado de la plataforma estatal Recuperando, y sin contar las ‘apropiaciones’ anteriores desde el fin de la Guerra Civil, sólo en el periodo 1998-2015 serían casi 35.000. Destacan monumentos que son patrimonio de la Humanidad, como la mezquita de Córdoba, pero también casas parroquiales, ermitas, cementerios, parcelas, parques… hasta 2015, año en que se cambió la ley hipotecaria, lo que impidió que los obispos pudieran seguir realizando nuevos registros.

Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.

La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.

En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.

En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.

En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.

Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.

El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.

Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.

El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.  

martes, 1 de febrero de 2022

UCRANIA. ¿CENTRO DE LA NUEVA GUERRA FRÍA?

 Mapa de Ucrania

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/02/01/ucrania-centro-nueva-guerra-fria-62159699.html

 Diego Jiménez/ Murcia (01/02/2022). La actual crisis entre Rusia, Ucrania y Occidente es un episodio más de la indisimulada pugna por la hegemonía mundial. Al tradicional enfrentamiento entre EE UU y la URSS, que se expresaba a través de sus dos grandes alianzas, Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia, estamos asistiendo estos días al inicio del intento de consolidación de nuevas áreas de influencia en un mundo multipolar, en el que la OTAN, debilitada por sus estrepitosos fracasos en Irak, Libia, Siria, Afganistán… se enfrenta a nuevos actores emergentes. En las actuales circunstancias, Rusia, que, en contra de lo que se ha venido propalando interesadamente, no tiene intención de invadir Ucrania, pero que, al mismo tiempo, no está dispuesta a consentir más ampliaciones de la OTAN cerca de sus fronteras, cuenta con aliados estratégicos como China, India e Irán (cuyo PIB en 2020 es de 731.000 millones de dólares, la 18ª economía mundial), es decir los países más grandes y poblados y de las mayores economías de Asia. Sumemos a ellos países como Mongolia, Vietnam, Siria… Visto lo cual, podemos preguntarnos: ¿De verdad va a ir la Unión Europea (UE) y la OTAN contra ellos?  

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO. Es cierto, sin embargo, que Vladimir Putin lleva años exhibiendo su músculo militar en la región, con unas repúblicas que, tras la desintegración de la URSS, siguen en su órbita, con mandatarios prorrusos. Tal era el caso de Ucrania. Pero la revolución de 2014 forzó la salida del presidente (prorruso) Viktor Yakunovich, que, por presiones de Rusia, había suspendido un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como es sabido, a partir de ese momento, Putin aprovechó la inestabilidad política para invadir la península de Crimea, al sur de Ucrania, y apoyar la insurgencia de separatistas rusos en la región del Donbás (en esa guerra ha habido 13.000 víctimas mortales, entre ellas más de 3.000 civiles). Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: recordemos que fue precisamente Occidente el que desestabilizó a Ucrania para derrocar al Gobierno del citado Yakunovich. 

Desde la implosión de la URSS y la desintegración del Pacto de Varsovia, está claro que hay una decidida voluntad de ampliar la UE y la OTAN hacia el Este. En ese contexto, el deseo de Ucrania de ingresar en la OTAN ha soliviantado más los ánimos del Kremlin, que ya en su día digirió muy mal esa ampliación hacia las repúblicas bálticas. Putin exige, pues, a la OTAN que detenga su expansión. Las reuniones entre Washington y Moscú celebradas el 11 y 12 de enero en Ginebra (Suiza) concluyeron sin avances. Y así sigue la situación, cuando redacto estas líneas.

¿UNA NUEVA GUERRA FRÍA? Parece claro que, tras el ‘postureo’ de las grandes potencias y su juego aparente entre la diplomacia y la apelación a la guerra (el negocio de la venta de armas es mucho negocio, y las armas se fabrican para ser usadas), podríamos estar asistiendo a una reactualización de la guerra fría, iniciada por Donald Trump y proseguida por Joe Biden, con dos objetivos claros, China y Rusia, y dos frentes, Taiwán y Ucrania. En opinión de Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, parece imprudente, sin embargo, que una potencia en declive como EE UU se involucre en una confrontación en dos frentes, pues, a diferencia de años anteriores, China es una gran potencia comercial, pero también militar, sin olvidar que es acreedora neta de la deuda pública estadounidense. 

La lógica nos dice, sin embargo, que a la UE le interesaría tener a Rusia como aliada y no como enemiga, más que nada para preservar sus necesidades energéticas y sus exportaciones al gigante euroasiático. Empero, muchos analistas nos advierten de que las multinacionales yanquis empujan para vender sus reservas de gas y el petróleo (ya hay barcos metaneros cruzando el Atlántico), desplazando a los combustibles rusos.

En opinión del sociólogo portugués, es particularmente preocupante que los neocons, los políticos y estrategas neoconservadores que dominan la política exterior yanqui, intensifiquen las hostilidades con Rusia y, al mismo tiempo, insten a EE UU a prepararse para una guerra con China al final de esta década, una ‘guerra caliente’ con los medios de la inteligencia artificial. De repente, China, que hasta ahora era un socio comercial fiable, pasa a ser una dictadura, e igual se piensa de Rusia. Por ello hay que integrar a Ucrania en la OTAN, como un bastión estadounidense en la frontera rusa. O sea: el conflicto EE UU-China se dirime en estos momentos en territorio europeo.

Según De Sousa, la revolución naranja o, más bien, el golpe del 22 de febrero de 2014, fuertemente apoyado por Estados Unidos, fue el pretexto para acelerar la estrategia occidental. En 2014 y 2015 se firmaron los protocolos de Minsk con la intermediación de Rusia, Francia y Alemania, por los que, de conformidad con la legislación ucraniana, se estableció un sistema de autogobierno para la región que cubre áreas de los distritos de Donetsk y Luhansk. Esos protocolos han venido siendo incumplidos. Y en estos momentos la concentración de tropas rusas en Bielorrusia y en la frontera ucraniana (se habla de unos cien mil efectivos) ayuda poco a la distensión.  

Hasta ahora, la propuesta de la diplomacia rusa, de la que apenas se habla, pero que está estos días encima de la Mesa de Normandía, en los contactos habidos con Alemania y Francia (países europeos que, hasta ahora, se desmarcan de la política belicista que alienta la OTAN) y la misma Ucrania, es el establecimiento de un tratado de seguridad basado en el desarme y la desnuclearización, en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía de los Estados. 

LA POSICIÓN DE EUROPA. Coincido con el sociólogo Manuel Monereo en que hoy la UE, que en los momentos en que redacto estas líneas no tiene una posición común ante el conflicto, está obligada a definirse ante la evidente emergencia de un mundo multipolar, a la vista de que EE UU está anclado aún en la defensa de un mundo unipolar bajo su hegemonía. Si se desatara la guerra, Europa puede poner las muertes en una guerra en la que nada tiene que ganar y sí mucho que perder. La guerra es el mal absoluto. Lo que debería hacer realmente Europa es, junto a Naciones Unidas, tomar iniciativas veraces para una salida diplomática a la crisis que reconozca los intereses comunes que tiene con Rusia y promover un gran acuerdo económico, político y militar en el marco del cual se debe resolver el conflicto ucraniano.

Por eso resulta patética y ridícula la euforia mostrada por la titular de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, rápidamente ‘matizada’ por el propio presidente del Gobierno, tras el envío de algunos cazas a Bulgaria y la fragata Blas de Lezo y otros barcos (aportación, en todo caso, insignificante pues España se sitúa en el 19º lugar mundial en gasto de Defensa, en porcentaje similar al PIB destinado a I+D, 1,4%) lo que añadía un componente belicista a lo que debería ser la vía diplomática. Sin embargo, no es la aportación cuantitativa lo más determinante, sino la voluntad belicista opuesta a la vía diplomática lo que ha venido siendo cuestionada desde una oposición de izquierdas que vuelve a reverdecer viejos eslóganes del No a la Guerra y OTAN no, Bases fuera.  

Una contribución española a la paz exigiría, pues, la retirada del contingente militar situado junto a las fronteras de Rusia. Nuestro Ejército, que constitucionalmente tiene atribuida la defensa de la integridad del territorio español, no ‘pinta’ nada en zonas de conflicto a 3.000 kilómetros de nuestro país.