martes, 21 de abril de 2020

COVID 19 Y EL NEGOCIO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/21/negocio-residencias-mayores/1108430.html#EnlaceComentarios


Es difícil en estos momentos saber el número real de personas contagiadas y fallecidas en nuestro país por la crisis sanitaria del coronavirus. Escribo estas líneas cuando en el BOE se ha publicado la Orden SND /352 /2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información por las Comunidades autónomas al ministerio de Sanidad de los datos confirmados, con las pruebas de PCR y de anticuerpos, de personas fallecidas por el coronavirus.

Si hay un sector de la población especialmente afectado por esta pandemia es el del colectivo de personas mayores de 65 años, que, en virtud del envejecimiento de la población española, va a ir en aumento. El INE ya ha estimado que una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años en 2033, tendencia demográfica que, sin embargo, no viene acompañada de un aumento de inversión pública en residencias de mayores, pese a ser un servicio contemplado en la Ley de Dependencia.

Según datos del Imserso, España cuenta con un total de 372.985 plazas residenciales para este colectivo, de las que unas 271.000 son privadas. En España, por cada plaza pública, hay tres privadas. Fondos de inversión extranjeros, conocedores del aumento de esperanza de vida de la población española, están haciendo un suculento negocio ante la falta de oferta pública. Cinco primeros grupos empresariales, DomusVI, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol copan una cuarta parte del total del mercado. Parece indudable, a la vista del nicho de negocio de estos centros, que interesa más la cuenta de resultados de algunas empresas que el bienestar de nuestras personas mayores.

Las Comunidades autónomas con mayor porcentaje de oferta pública son Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra; pero, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se registra un déficit de 70.000 plazas públicas en residencias para los nueve millones de personas mayores de 65 años. Dentro de esas estadísticas, la Región de Murcia (en adelante, CARM) figura, según datos del IMAS, en una posición intermedia, con sólo cinco centros propios (del IMAS), 47 concertados, y un centro público y concertado en residencias con plazas psicogeriátricas, es decir, en total, 54 centros. Según la asociación arriba citada, la Región tiene una carencia de más de 8.600 plazas.

El índice de cobertura de plazas públicas (calculado a partir de la oferta de esas plazas/población mayor de 65 años x 100) es en España de 4,28, que no llega a la media europea de 4,6. Con datos del Imserso, Murcia, con un 1,35%, está muy lejos de los de Castilla y León (7,77), Extremadura (5,98) y Cantabria (4,60), por poner sólo unos ejemplos.

Pero, al margen de consideraciones estadísticas, lo preocupante en relación con nuestras residencias de mayores, ahora que la pandemia nos azota, es constatar el grado de dejadez y abandono de muchas de ellas, hecho que ha instado a la Fiscalía a investigar la muerte de ancianos en 38 de esos centros, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid (CAM) y dos en la CARM.

Para ejemplificar el panorama de lo que podrían ser situaciones extrapolables a muchas residencias, un artículo del pasado 27 de marzo en Cuarto Poder denunciaba la situación de abandono, suciedad, escasa comida, infradotación de personal (mayoritariamente femenino) en algunas de la CAM, precisamente la Comunidad autónoma que viene registrando las peores cifras de la pandemia (con más de 5.000 muertes de ancianos) en medio de las acusaciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso ((¡qué cinismo, pues ella tiene todas las competencias!), y de Pablo Casado al Gobierno central de improvisación y abandono.

Hay que decir que la CAM cuenta con casi 480 residencias, pero sólo 25 son de titularidad pública. En este contexto no es de extrañar que prime la cuenta de resultados de las empresas adjudicatarias sobre la salud de las personas residentes.

En ese artículo se denunciaba que, en Arganda, el 9 de mayo de 2017, había 10 auxiliares y un enfermero para un total de 343 personas. Una señora se semiamputó la pierna con las barras de su cama, falleciendo días después. La solución de la consejería de Madrid no fue exigir más personal a la empresa concesionaria, sino comprar camas nuevas para evitar más accidentes.
Nuestro modelo residencial responde, pues, a la imagen de un sector precarizado, saturado, y privatizado. La situación de nuestra Región no es mucho mejor. En octubre de 2019, SATSE expuso que los centros públicos de la CARM disponían de una enfermera por cada cuarenta personas internas en el turno de mañana y 60 en el de tarde, denunciando que un total de 11 centros (sobre 54) eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

Otra cuestión es la relativa a la aportación económica de las personas usuarias en los centros de titularidad pública, calculada a partir de su pensión, y que, de media, supone en el Estado el 80% (en Murcia, el 75%), con desfases sorprendentes como la aportación media de los usuarios en Extremadura (308 euros/mes) y Baleares (1.033 euros). Cabe señalar que, en los centros privados, el coste está hoy por encima de los 1.400 euros/mes, cifra que supone el 70% de la pensión media en España, y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina, potencialmente usuaria de este servicio, cuyas pensiones están por debajo de la que perciben los hombres.

Tras esta breve radiografía de la situación de nuestras residencias de mayores, hay que decir que el Gobierno, que sigue sin ofrecer datos reales de la mortalidad en ellas, admite, sin embargo, que cuando pase la pandemia habrá que revisar el modelo. En ese sentido, aporto las que creo que serían las actuaciones urgentes para la mejora de este servicio público:

1. Auditoría y convergencia (homologación) de costes de la prestación de este servicio público en toda España.
2. Revisión al alza de las plantillas, con dotación suficiente de personal sanitario y auxiliar en los centros de mayores públicos, y exigencia de igual requisito en los privados y concertados.
3. Ajustar la aportación económica de las personas usuarias de la red pública a un máximo del 70% (frente al 80% actual) de la pensión media femenina de cada comunidad autónoma.
4. Reforzar la red de plazas públicas (no con conciertos con los centros privados, como en Murcia) en los próximos años, con, al menos 70.000 nuevas plazas.
Porque las residencias de mayores deben dejar de ser un negocio.

miércoles, 8 de abril de 2020

CONTRA AL ACOSO Y DERRIBO, HAY QUE APOYAR AL GOBIERNO



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/08/acoso-derribo-hay-apoyar-gobierno/1105530.html


He de reconocer que, como algún amigo lector me hizo saber, cuando en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 10 del mes pasado relativicé, en parte, la gravedad del coronavirus covid-19, comparándolo con la letalidad de otros virus mortíferos que asolan a la Humanidad, quizá desconocía, como el propio Gobierno en aquellos momentos, la virulencia que iba a adquirir la pandemia que en estos momentos se extiende por todo el planeta. 

            Al día de hoy, no voy a descubrir nada si digo que nos enfrentamos no sólo a una crisis sanitaria, sino también social, económica y cultural, probablemente la de mayor gravedad tras nuestra Guerra Civil, y que va a determinar indudables cambios en la percepción de nuestra existencia cotidiana y de nuestra manera de ser y estar en este planeta. La crisis económica que ya está aquí va a ahondar mucho más las diferencias sociales, el paro, la pobreza, y ralentizar la producción y el consumo, de no mediar un intervencionismo estatal que, en las circunstancias actuales, se me antoja más necesario que nunca y del que daré unas pinceladas al final del artículo.

En ese contexto, por si no la habían descubierto ya, es evidente que esta crisis sanitaria y esta situación de emergencia nacional han destapado el perfil más vil y la bajeza moral de la derecha política. (A la extrema derecha, que incluso postula un golpe de Estado, prefiero ignorarla por completo). A su propensión enfermiza a la mentira y la manipulación, de que son muestras episodios como los del Yak-42, el accidente del metro de Valencia o los graves atentados del 11-M en Atocha, se suman estos días sus virulentas y desleales invectivas contra el Gobierno. A título de ejemplo, resulta irritante su queja de la falta de camas en los hospitales de Madrid, precisamente la comunidad en la que el experimento neoliberal de privatizaciones es más que evidente y en donde la media de camas privadas hospitalarias sobre el total es del 33,3%, según datos de Sanidad (media estatal, 27,08%).

Esto no ha llegado por casualidad. Muchas de las personas que estos días jalean y festejan en los balcones de sus casas los esfuerzos del personal sanitario por atajar esta grave pandemia reforzaron en su día, con sus votos, a partidos que hicieron de la privatización su seña de identidad. Esperemos que la gravedad de esta crisis sanitaria les haga reflexionar, pues es la Sanidad Pública la que les va a salvar si caen en la enfermedad. Pero, desgraciadamente, muchas de estas personas siguen secundando el llamamiento de la derecha a boicotear y derrocar a este Gobierno. La misma gente que aquí calló cuando se rescataron bancos y cajas con dinero público, se desmantelaba la Sanidad y algunos robaban a manos llenas. 

Gente que cae de lleno en la trampa de la campaña impulsada estos días por diversas fracciones de la clase dominante del capitalismo español para, desde los medios de comunicación afines, ir minando la imagen del Gobierno, primero contra Pablo Iglesias y luego, si no se aviene a la adopción de ciertos compromisos (léase Gobierno de ‘salvación’ nacional con el PP y Cs), contra Pedro Sánchez. Porque parece evidente que cuando el capitalismo se siente amenazado, y las medidas laborales y sociales impulsadas por el Gobierno son percibidas como tal amenaza, se lleva todo por delante. Da igual que Pablo Iglesias no se acerque al marxismo ni, por supuesto, al comunismo con sus propuestas, como mucho, socialdemócratas. El objetivo está claro: hay que impulsar una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno, arropada por la cohorte mediática conveniente. 

            A finales del mes pasado, un titular de Libertad Digital lo expresaba con claridad: “El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista”, artículo que destacaba que Pablo Casado “representa a la mayoría de españoles que no quieren una dictadura de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias” [sic].

            Un editorial de ABC, titulado “Temor entre los empresarios ante las sugerencias de nacionalización de Iglesias”, añadía: “Iglesias pretende aprovechar el caos para instaurar un régimen bolivariano y una economía estatalista, colectivizando bajo criterios del más puro comunismo”. ¡Acabáramos! ¿Se ignoraba conscientemente lo estipulado en la Constitución española?  Artículo 128.1.  Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.  Las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno ¡están en la Constitución!

            Según ese artículo es normal que, si la situación fuera mucho más grave, el Gobierno podría intervenir y/o nacionalizar sectores estratégicos como la energía, el transporte, las comunicaciones, etc. Tenemos que ir acostumbrándonos a que, tras esta crisis, nada va a ser igual. Porque, lejos de las consignas de esa derecha que difunde un ambiguo ‘Protejamos España’, pero vaciando la hucha de Hacienda al propugnar algo tan irracional como reducciones impositivas a los ricos sin pensar en los que menos tienen, en este país, como en otros de Europa, debemos tender inevitablemente a un nuevo New Deal, como el impulsado por Franklin Delano Roosevelt tras el crack de 1929, con una fuerte inyección de dinero público en sectores claves de la economía y un incremento sustancial de las partidas destinadas a la protección social. Pero para eso, al margen de los 200.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, hacen falta medidas fiscales más decididas. Y hace falta otra mentalidad de una Unión Europea que, en las grandes crisis, como la de los refugiados, mira hacia otro lado. 

            En ese sentido, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, lamentó hace unos días su imagen de dureza con los países del Sur y anunció su disposición a la creación de un fondo (insuficiente) de 10.000 a 20.000 millones de euros (parece que ahora hablan de 35.000 millones) para ayuda de los países más afectados por la pandemia, que sería una donación, no un préstamo. Mientras, la Comisión Europea, plantea destinar hasta 100.000 millones en créditos reembolsables con el mismo fin. Cantidades, como puede comprobarse, muy alejadas de las que podrían movilizarse con una emisión de deuda mutualizada europea, y a mucha distancia de las necesidades que la pandemia va a generar en los países del Sur. 

            La situación, como ven, es muy complicada. Por eso, pese a algunos errores cometidos, es tiempo de apoyar al Ejecutivo contra la política de acoso y derribo, que, aprovechando esta grave crisis sanitaria, está realizando la derecha.