miércoles, 21 de septiembre de 2022

DEJEMOS EN PAZ AL TORO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/20/dejemos-paz-toro-75659164.html 

 La trágica muerte de la plaza de toros de la Condomina en la pasada Feria de Murcia, a partir de la cual Podemos exige al Ayuntamiento de la capital la convocatoria de un referéndum sobre los festejos taurinos, reaviva, en el ámbito local, el debate sobre el mantenimiento de éstos en España. Pese a que en 2020 apenas se celebraron y en 2021 muchos menos, a causa de la pandemia de la Covid 19, para darnos una idea de cómo esos festejos están insertos en la ‘cultura popular’ baste el dato de que, en la vecina Comunidad Valenciana, alrededor de 270 municipios celebran cada año los bous al carrer, con un saldo de más de una treintena de muertes y más de 5.400 personas heridas desde 2014 en esa Comunidad. 
 
 El toro, en su hábitat natural
 
 (Foto: ABC Cultura) 

Este culto al toro, muy presente en toda el área mediterránea y, por supuesto en nuestra Región de Murcia, hunde sus raíces en la Historia. En las antiguas culturas en torno al Mare Nostrum se otorgaba a este animal un rango divino, asociado a la Naturaleza, apreciable en las pinturas del arte levantino, en la civilización cretense, en Turquía, entre las deidades egipcias, en Grecia e incluso en Roma. Hoy, los defensores de la fiesta de los toros en nuestro país, en todas sus manifestaciones, se han agarrado a la literatura y el arte como a un clavo ardiendo, según Concha Caballero (El País). Citan a Goya y Picasso, a Lorca y a Miguel Hernández, a Hemingway y a Alberti para demostrar el carácter artístico de la muerte y tortura del toro en la plaza. Pero, según esta articulista, ocultan, sibilinamente, la nómina de escritores que no contemplaban con agrado este espectáculo o que se manifestaron rotundamente en contra, como es el caso de Lope de Vega, Quevedo, Larra, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Miguel Delibes y toda la nómina de pensadores de la Ilustración española. Los textos de estos autores que hablan de barbarie, tortura, suplicio, crueldad o inhumanidad, han sido convenientemente silenciados. 
 
Además de por la pérdida de vidas humanas, el activismo antitaurino exige la prohibición total de esos eventos, en particular, aquellos que exhiben mayor crueldad, como el encendido de bolas de algodón en la cornamenta de los toros (el bou embolat) o, en el caso de los bous al mar, cuando se obliga al animal, exhausto, asustado y que, además, no sabe nadar, a tirarse al mar, muriendo ahogado en muchas ocasiones. Sin embargo, la postura cerril de los defensores de estos espectáculos lleva al extremo de afirmar que, en todo caso, las muertes que puedan producirse (tanto de personas como de animales) forman parte del festival. 
 
Afortunadamente, cada vez más municipios y pueblos del país, más de 120, se van sumando a la supresión (la prohibición no es posible, a la vista de la legislación de la que hablaremos más abajo) de este tipo de festejos.
 
CONTEXTO LEGAL DE LA TAUROMAQUIA EN ESPAÑA Y ESTADÍSTICAS 
 
Los espectáculos taurinos están regulados en el Estado español mediante una ley de 1991 y un Real decreto de 1996. En 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España, con el único apoyo del Partido Popular. La norma publicada obliga a las Administraciones públicas a “garantizar y, a su vez, desarrollar medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado”. Por su parte, el Real decreto 5.091/2020, de 5 de mayo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, asignando a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el ejercicio de las competencias referidas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y la protección de la tauromaquia (la cursiva es mía). 
 
Pese a lo cual, no todas las Comunidades Autónomas la apoyan. En Canarias, una ley autonómica de 1991 prohíbe los festejos taurinos, así como Cataluña, con una disposición de 2010 que entró en vigor en 2012, aunque dicha normativa está recurrida por el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Baleares decidió prohibir el uso de banderillas y picas, así como dar muerte a los animales en público. Por su parte, la ONU ha solicitado que se ponga fin a la asistencia de menores a las corridas de toros. 
 
El Gobierno español aprobó recientemente el Proyecto de Ley sobre Protección, Derechos y Bienestar animal, elevando las penas por maltrato. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, liderado por Ione Belarra, presentó dicho Proyecto de Ley que endurecerá las penas por maltrato con hasta tres años de cárcel a través de una reforma del Código Penal. Sin embargo, la normativa deja al margen los casos de maltrato de los animales que son utilizados para los llamados “espectáculos taurinos”. Esta ley excluirá las corridas de toros previstas en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991 del 4 de abril. Con datos obtenidos a través de los Registros de profesiones taurinas, de empresas ganaderas de reses de lidia y de escuelas taurinas referidos al año 2021, sabemos que, en ese año, superado lo peor de la pandemia, se celebraron en España 824 festejos, con un incremento de 538,8% respecto de 2020, pero con un descenso del 42,2% respecto de 2019. El número de profesionales taurinos inscritos es de 10.242, de los que 779 (el 7,6% del total) son matadores de toros. Hay registradas 1.348 empresas ganaderas de reses de lidia, con un ligero incremento respecto de 2017, en que eran 1.329, y 73 escuelas taurinas.
 
 La tauromaquia sigue recibiendo subvenciones públicas. En los pliegos de condiciones de las plazas cuya propiedad es de los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, se ofrecen ayudas para que el empresario se haga cargo de ellas y organice festejos taurinos. 
 
SUFRIMIENTO INÚTIL 
 
La veterinaria María González, en un artículo de El Salto, nos recuerda que el toro sufre, como cualquier individuo con sistema nervioso central. Incluso en festejos que no llevan a su muerte, como los encierros, el verse acorralado supone para el animal un estrés psicológico que afecta a su presión sanguínea y al sistema inmunológico. Y a quienes piensan que las corridas de toros han de ser preservadas porque son una tradición, responde Óscar Horta, miembro de la Fundación Ética Animal y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que “el interés de los animales atormentados y muertos en las actividades taurinas ha de tener más peso que el de los seres humanos aficionados a esas actividades para mantener la tradición”. 
 
Respondiendo a quienes piensan que, si no se les utiliza, la especie se extinguiría, las asociaciones animalistas nos recuerdan que el toro no es una especie, sino el macho de la vaca al que se le ha seleccionado genéticamente durante generaciones para obtener individuos grandes, con mayor bravura. 
 
Insensibles a esta polémica, hay comunidades que han tomado medidas para proteger la tauromaquia. A principios del año 2011, Murcia fue la primera comunidad autónoma en declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural Inmaterial, adelantándose a Madrid, que inició con anterioridad el expediente. También en 2011 el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha hizo lo propio. Castilla y León tardó un poco más. 
 
Nótese que, en el momento de adoptar esas decisiones, todas estaban o están gobernadas por el PP, el mismo partido que declaró a los toros Patrimonio Nacional en el Senado. 
 
El sufrimiento y tortura a que se ven sometidos esos bellos animales nos ha de hacer reconsiderar la situación actual. Dejemos en paz al toro en sus dehesas. 
 
 Diego Jiménez García. Profesor de Geografía a Historia @didacMur

sábado, 10 de septiembre de 2022

INSOPORTABLE BAÑO DE MONARQUISMO

(Foto:XL Semanal) Las emisoras de TV privadas y TVE, que juega a competir con ellas en información sesgada, manipulada y sobrecargada, están sobrepasando los límites de lo tolerable respecto de la muerte de la soberana británica, una reina que no tuvo reparos en revivir el pasado imperial británico embarcando en su país en una guerra neocolonial, la de las Malvinas, cuyo marido, el duque de Edimburgo, no disimuló nunca sus simpatías con el nazismo, y cuyo “afecto” hacia España ha quedado sobradamente demostrado con su negativa a negociar el estatus de Gibraltar, remitiéndose nada menos que a las cláusulas del Tratado de Utrecht (1713) por el que se cedía a perpetuidad la Roca a Su Graciosa Majestad británica. Pero las televisiones están aprovechando el evento para revalorizar no sólo la monarquía británica, sino de rebote, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también la española. O lo que es lo mismo: un baño de “monarquismo” en toda regla.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

POR QUÉ, AÑO TRAS AÑO, ARDE EL MONTE EN ESPAÑA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/09/07/arde-monte-75118723.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share&fbclid=IwAR1n6lt5qvpKU1MuiClWY1HYDjkQmuhDa9Sagq8haCUUJD6AMiNQg7Kpi10

 

(Fotografía:Revista Seguridad 360)


El verano de 2022 será recordado en España como una auténtica pesadilla: a la irrupción repetida del polvo sahariano, la calima (el desierto ya está aquí, ha venido para quedarse), hay que añadir las persistentes olas de calor con temperaturas inusualmente elevadas, lo que ha provocado el lamentable incremento de muertes por esas altas temperaturas y la reiteración de los incendios forestales.  A la hora de redactar estas líneas, el fuego ha devorado en nuestro país cerca de 200.000 hectáreas, casi un tercio de la superficie quemada en toda Europa, y todo hace indicar que la prolongación temporal del verano meteorológico puede incrementar ese horrible dato.

Para valorar la gravedad de lo que suponen esos incendios, hay que tener en cuenta que el monte supone en nuestro país el 56% de la superficie nacional (España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa) y somos el segundo país en extensión forestal, tras Suecia.

El cambio climático ha agravado, sin duda, la zozobra que año tras año han de soportar los habitantes cercanos a esas áreas quemadas, pero hay un dato a tener en cuenta: el abandono de la silvicultura y el despoblamiento rural van parejos a la conversión de amplias zonas de monte en espacios residenciales -separados en muchos casos de los núcleos de población tradicionales-, cuyos ocupantes desconocen el valor que, tradicionalmente, el mundo rural había concedido a esos espacios.

AUSENCIA DE CULTURA FORESTAL

Históricamente, en el gradual abandono de la utilidad del monte –del que la actual despoblación rural es una de sus manifestaciones-  tuvo mucho que ver el proceso desamortizador, que, iniciado por Manuel Godoy en 1798, continuó con el de las Cortes de Cádiz y los políticos Mendizábal y Pascual Madoz, y se cerró con en pleno siglo XX (1924).

Básicamente, las desamortizaciones acometidas por el Estado liberal consistieron en poner en el mercado, y previa subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se habían podido enajenar, en poder de las llamadas ‘manos muertas’, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas, pero también los baldíos y tierras comunales de los municipios, que servían de complemento a la precaria economía campesina. Con ello, el Estado, además de la amortización de los títulos de la Deuda, pretendía la creación de una clase media de labradores propietarios que incrementaran la recaudación fiscal.

Tras ese proceso de desposesión de las tierras comunales de sus habituales usufructuarios, que aprovechaban los recursos forestales para dotarse de leña y carboneo, con lo que procedían al desbroce y clareo de los bosques, y al pastoreo, se pasó a la propiedad privada de los montes. Se estima en cuatro millones el número actual de propietarios, no todos motivados en mantener alejado el fuego de sus predios. Tanto es así, que en nuestro país 94 de cada cien incendios son provocados; el resto es debido a los rayos como causa principal.

Según el ingeniero forestal Carlos del Álamo Jiménez, el bosque español crece 46 millones de metros cúbicos al año, de los que sólo se aprovechan 19 millones. Los matorrales para leña, muy explotados en siglos anteriores en terrenos vecinales y comunales, como hemos visto arriba, proporcionan unos 60 millones de toneladas anuales, de las que sólo se aprovecha la mitad. Dato preocupante si tenemos en cuenta que la prevención de incendios por el aprovechamiento de la biomasa forestal puede crear 300 empleos directos por cada millón de metros cúbicos. En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes propone al Gobierno que se grave la biomasa de origen forestal con un 10% del IVA, sobre el 21% actual.

En la España despoblada, el aprovechamiento de esa biomasa forestal, pues, es una posibilidad real de regenerar economías locales, prevenir incendios y luchar contra el cambio climático, según Del Álamo Jiménez, quien enfatiza, además, que unos propietarios de montes españoles, motivados e incentivados, supondrían una enorme fuerza de lucha preventiva contra los incendios forestales. Y hay zonas de España donde eso está ocurriendo: la ejemplar explotación forestal de las localidades del norte de Soria, como Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Covaleda…, es un ejemplo a seguir.

Sin embargo, los montes siguen ardiendo porque, con unos criterios de explotación típicamente capitalistas, el valor económico que sus propietarios obtienen de ellos es escaso y también escasa es la valoración social de los mismos. Para revertir esa tendencia, si queremos que, lejos de la explotación meramente comercial de los montes, los propietarios planten especies resistentes al fuego hay quien piensa que habría que incentivarlos: la rentabilidad social de esas especies resistentes al fuego debería ser, como mínimo, igual a la que proporcionan las más comerciales.

Otra forma de combatir el fuego es la recuperación y potenciación de la ganadería extensiva. Hay un ejemplo en Galicia: Pinzás, en la Comunidad de Montes de Tomiño. En ese concello, 52 vecinos comuneros han introducido 60 vacas vianesas para pacer el monte y mantener a raya los incendios.

Esa comunidad vecinal tiene 530 hectáreas dedicadas a la producción de madera, principalmente pino, y otras frondosas, como robles. En la zona había eucaliptos, árboles de rápido crecimiento y de alta rentabilidad, que han sido sustituidos por castaños.

EL NEGOCIO DEL FUEGO

Nadie duda de que los incendios forestales son una tremenda desgracia social. Todo son pérdidas: biomasa fotosintética (fijación de oxígeno y de CO2), nutrientes minerales, suelo, capacidad de retención hídrica en la lucha contra las avenidas, biodiversidad…No obstante, quienes permiten que ardan los montes tienen una visión antieconómica y cortoplacista de esos incendios.

En un comunicado reciente, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, integrada por entidades de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, nos advierte de que en el mismo momento del incendio y tras él aparecen una serie de yacimientos de empleo y de negocio proporcionales a la magnitud del desastre ambiental. La extinción por tierra representa empleo sacrificado y mal pagado, pero empleo al fin, para los brigadistas. A la vez reporta importantes ingresos a las grandes empresas forestales que moverán maquinaria pesada para atajar las llamas.

 Los propietarios de ganado, una vez conseguida la anulación de los acotamientos de zonas quemadas, podrán soltar sus vacas y yeguas en las laderas recién quemadas para aprovechar las primeras hierbas que salgan tras el fuego (…) Las empresas madereras retirarán, a precio de saldo, la madera quemada para evitar males mayores como las plagas forestales y con ella obtendrán beneficios económicos. Las grandes empresas del sector forestal pujarán por adjudicarse los futuros trabajos de restauración y de reforestación que las administraciones ofertarán a concurso público (…) Incluso un sector del colectivo cinegético, el más ignorante, disparará con agrado a corzos o a jabalíes en esas áreas despejadas”.

La extinción por aire supone un mínimo empleo público, pero una oportunidad de negocio para las compañías privadas de aeronaves. En este sentido, según nos informa Carmen Asenjo (LHU.NOTICIAS.ES), durante 20 años, un ´Grupo 6`, formado por múltiples empresas del sector de la aviación, funcionarios y diversos políticos, se ha encargado de controlar los contratos públicos de aeronaves para la extinción de incendios en España. Tras la investigación de la Audiencia Nacional y la nueva apertura de acusación por la Fiscalía Anticorrupción, se estudia si esas compañías impusieron altos precios a las autoridades en cuantía muy superior de las que deberían durante 20 años.

Un aspecto éste, el del negocio del fuego, que suele estar ausente de las informaciones puntuales de estos siniestros, acaparada la atención social sobre la inmediatez y gravedad de los mismos.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur

lunes, 13 de junio de 2022

PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA

 


jueves, 26 de mayo de 2022

NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIAN DEL SIGLO XXI

 Desde mi picoesquina



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/05/26/pacto-san-sebastian-siglo-xxi-66545346.html?fbclid=IwAR3rnJfeZrSbxJVcTb754OSkt6wDT5tWfNoCswkkvryWauJP_4uDBDYIoLk 

Un nuevo Pacto de San Sebastián del siglo XXI


Cuando lean estas líneas, se habrá producido el regreso a su exilio catarí del emérito, tras su fugaz paso por España, una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. En mi artículo de LA OPINIÓN de hace unos días, tras rastrear sintéticamente la trayectoria de la monarquía de los Borbones en España demostrando que la corrupción estructural ha jalonado dicha trayectoria, daba cuenta de la celebración, el sábado 14, en todo el Estado de una consulta popular para que -cosa que no pudo darse durante la Transición- el pueblo pudiera pronunciarse sobre sus preferencias monárquicas o republicanas como forma de Estado.

La consulta, no vinculante, no respondió del todo a las expectativas de sus organizadores. No obstante, el apoyo a la República en la Región fue del 91%, mientras que en el resto del Estado fue del 93%. Y para quienes minusvaloran esa consulta, por minoritaria y sin garantías censales, hay que decir que quien quiso votar libremente pudo hacerlo, como lo demuestran los votos monárquicos emitidos en las mesas.

Y es que parece claro que, pese al lavado de imagen de los partidos dinásticos (PP y PSOE) con la aprobación de un real decreto sobre la institución, los escándalos protagonizados por Juan Carlos I hacen que la monarquía viva sus horas más bajas desde su (segunda) restauración en 1975.

LA MONARQUÍA ADOLECE DE LEGITIMIDAD DE ORIGEN. Según el constitucionalista Javier Pérez Royo, el principio monárquico ha venido apropiándose históricamente del edificio constitucional español desde el siglo XIX; todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la monarquía española, lo que condujo a una plena identificación monarquía-Estado, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a su juicio, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en las elecciones municipales del 12 abril de 1931 para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República.

La monarquía española, además, está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Tras la muerte del dictador Franco, la segunda restauración monárquica española de noviembre de 1975 -con precedentes en dos textos franquistas, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, y posterior designación por el dictador del entonces príncipe Juan Carlos como su 'sucesor a título de Rey', en 1969- sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).

La operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinada a la operación de asegurar el éxito de esa restauración de la monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que añade una tremenda dificultad y complejidad a la reforma del Título II, el relativo a la Corona.

Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, secretario primero del Congreso y profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, afirma en su libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal,2021) que la historia de la monarquía en España ha estado marcada por pelotazos, traiciones y deslealtades. Y aunque se detecta una estrategia de las fuerzas de la derecha y del PSOE en dar prioridad a la supervivencia de la monarquía sobre la democracia, según este analista ello no supone que esté agotada la vía republicana, pese a la evidente desconexión de las distintas pulsiones existentes en el conjunto del territorio. Opina, además, que es importante que, como en 1931 (con políticos procedentes del campo católico y monárquico, como Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura), vaya apareciendo un republicanismo democrático, moderado e incluso conservador que entienda que la monarquía es un obstáculo para la modernización social y económica del país, tomando partido como en su día lo hiciera José Ortega y Gasset, un intelectual elitista y demófobo, pero que llegó a propugnar su Delenda este monarchia (hay que acabar con la monarquía).

Para Pisarello, la emergencia de VOX no es casual. Cuando con el Caso Nóos se acaba la omertá y comienza el declive de la institución, es cuando la extrema derecha irrumpe en la escena política española para ofrecerle a la monarquía una salida política similar a la protagonizada en su día por Primo de Rivera en septiembre de 1923.

ES NECESARIO UN NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SIGLO XXI. Recordemos que, ante la descomposición y corrupción de la monarquía de Alfonso XIII, el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) supuso una agenda común de las fuerzas sociales y republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura primorriverista, un régimen elitista, desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales.

Coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República el pasado abril de 2021, varios colectivos y medios alternativos emitieron un comunicado, con el título que encabeza este artículo. Entre otras cuestiones de fondo, en el mismo se dice que “…el fraude fiscal de la monarquía [hoy sospechosa y sorpresivamente archivado por la Fiscalía Anticorrupción] y la fuga del rey emérito exponen a un nivel profundo la debilidad del régimen […] los fraudes de la misma jefatura del Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía” por lo que se requiere una alianza de fuerzas políticas que sea la expresión de una fuerza popular que recoja “todos los deseos de pleno autogobierno y autodeterminación, desde las naciones periféricas hasta la España vaciada”.

El comunicado reclama un New Deal pensado como “una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico” y reconoce como otros problemas incrustados en el actual sistema el centralismo, la judicialización de la política y el autoritarismo del Estado, problemas que habría que superar con ese pacto democrático que “modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social, con una formulación confederal y democrática”.

Ese comunicado incide en aspectos como la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y una política social de alquileres, sin desdeñar la recaudación fiscal basada en la tributación de las grandes fortunas para acabar con el fraude fiscal. Los firmantes recuerdan que según Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal supone un robo de un total de 92.000 millones al erario público y 31.800 millones para la Seguridad Social.

Por ello, aclaran que “una política republicana consiste en construir un bloque político y social para hacer pagar a las grandes ‘familias’ del fraude fiscal, desde la monarquía hasta el IBEX 35, porque –enfatizan- ningún individuo puede estar por encima de otros”. Concluyen con que “un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieren una ruptura del régimen en un sentido republicano y popular”. A lo que yo añadiría los necesarios avances en una auténtica laicidad, con la siempre pendiente separación Iglesia-Estado, previa denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979.  

Para concluir, considero que el desgaste de la monarquía y la abierta eclosión de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus no es sino una más de sus manifestaciones, deben impulsar un consistente núcleo social y político prorrepublicano. ¿Podría suponer el paso dado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al registrar la marca ‘Sumar’ el inicio de esa lenta pero posible salida en clave republicana al panorama político actual?

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

jueves, 28 de abril de 2022

60 AÑOS DEL ABSURDO Y CRIMINAL EMBARGO A CUBA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/04/27/60-anos-absurdo-criminal-embargo-65435556.html

 

                                                     (Foto: La Opinión de Murcia)

 Desde mi picoesquina, La Opinión de Murcia, 27-04-2022

Los pasados días 1, 2 y 3 de este mes, en varios países europeos y a través de las redes sociales, con los hashtag #CubaVamosconTodo y #CubaPonleCorazón, se desarrolló una ‘ciberacción’ por el levantamiento del absurdo y criminal embargo estadounidense a la isla, cuando se cumplen 60 años de éste.

Anteriormente, y según una información de TeleSURtv.net, a finales de febrero, cubanoamericanos y estadounidenses reclamaron también el fin del bloqueo comercial y financiero de la Casa Blanca a Cuba, con una caravana de coches por las calles de Miami, en Florida. Los participantes exigieron que sean levantadas las más de 240 medidas restrictivas unilaterales contra Cuba que instrumentó Donald Trump (2017-2021), incluso en medio de la pandemia de la Covid 19, y que mantiene el actual mandatario Joe Biden. 

Exigieron, así mismo, la reapertura de los servicios consulares de la embajada de EE UU en La Habana, así como el servicio de envío de remesas y el levantamiento de prohibiciones de viaje de estadounidenses que deseen visitar la isla.

Para que conozcamos el alcance de ese embargo, relaciono aquí, según Amnistía Internacional, el entramado jurídico estadounidense que lo sostiene: Ley de Cooperación Internacional, de 1961; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963; Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, también conocida como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, y Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

LA POSICIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). La última resolución de condena de la ONU, de finales de junio de 2021, fue apoyada por 184 países, contó con el voto negativo de EE UU y su estado lacayo, Israel, y con la abstención de Colombia, Brasil y Ucrania (así agradece este último país la humanitaria acogida por parte de Cuba de 40.000 niñas y niños víctimas en su día del desastre nuclear de Chernobil). Con su abstención, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión de noviembre de 2019.

La resolución que pide el fin del bloqueo se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992, cuando el órgano de debate empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de la Covid 19. 

Según datos de la propia web de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno E. Rodríguez Parrilla, afirmó en el debate que precedió a la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que, según la Convención de Ginebra de 1948, «constituye un acto de genocidio», añadiendo, no sin razón, que se trata de «una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño ya afectado en este periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia y que nos ha privado de ingresos indispensables, como los derivados del turismo». Precisó, además, que, de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares.

El mandatario reclamó que cese la persecución y dio cuenta en ese debate de un Memorando del Departamento de Estado norteamericano de una fecha tan lejana como la del 6 de abril de 1960 en la que, un año después del triunfo de la Revolución, ya se hacía un llamamiento a poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrocar al Gobierno. De hecho, antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. (Ignoramos si tales pretensiones las exige EE UU, por ejemplo, a Israel o a sus aliados sátrapas saudíes).

Pese a las dificultades económicas de la isla agravadas por la crisis de la Covid 19, los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. En información recogida por Radio Habana, en junio de 2021 la Unión Europea (UE) advirtió que el bloqueo impuesto por EE UU a Cuba tiene un impacto negativo en sus intereses y reiteró su rechazo a la extraterritorialidad de dicha política, pues dichas medidas violan las reglas aceptadas por los países para desarrollar el comercio internacional, sobre todo con la aplicación de la Ley Torricelli, de 1992, según la cual se prohíbe el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países, e impide a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, ‘tocar’ puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano. 

Por su parte, la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, de 1996, afecta de lleno a los intereses comerciales de empresas o personas naturales de Europa, por lo que el Consejo de Ministros europeo de 1996 adoptó regulaciones para soslayar los efectos más perniciosos de esa ley, que incide de lleno, y negativamente, sobre todo en el pueblo cubano. La UE ha venido defendiendo su Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba, que se aplica de manera provisional desde el 1 de noviembre de 2017 y que EE UU trata de invalidar. 

PRESIÓN DE LAS DERECHAS Y NECESARIA RESPUESTA SOLIDARIA. Por si la presión norteamericana no fuera suficiente, y según José Manzaneda en un artículo reciente, las derechas y ultraderechas europeas, con el objetivo de destruir ese acuerdo de colaboración, son en el viejo continente la punta de lanza de la estrategia global contra Cuba del Departamento de Estado de EEUU y la Mafia cubanoamericana asentada en el Estado de Florida. Su objetivo es regresar a la política marcada por la llamada Posición Común de la UE hacia Cuba, un pacto de facto entre el expresidente español José María Aznar y la Casa Blanca que, desde 1996 y durante 20 años, fue instrumento de presión y sanciones contra La Habana, complementario al bloqueo de EEUU. 

En esta estrategia se inserta la reciente ola de acciones de presión política, mediática y económica contra Cuba a cargo de organizaciones políticas, como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y de asociaciones y fundaciones anticastristas asentadas en el Estado español y financiadas y dirigidas desde EE UU.

La combinación de las 243 últimas sanciones económicas arriba citadas, aprobadas por Trump y aplicadas también obviando sus promesas electorales por Joe Biden, ha ocasionado el cierre de empresas, la persecución del transporte de petróleo a la isla, la casi total pulverización de los ingresos por turismo, debido a la pandemia, y una inflación disparada. La situación me recuerda a la del ‘periodo especial’ de 1992, que me relataran en mi viaje a La Habana en 2008 la pareja de intelectuales Adys Capull y Froilán González, época en la que, según me contaron, llegó a faltar lo mínimo para la higiene personal e íntima de la gente.  

Vista la situación auspiciada por los enemigos de la Revolución, no son de extrañar las protestas del pasado julio de 2021, un fenómeno desconocido en las seis décadas de desarrollo de ese proceso revolucionario y que reverdeció, como nunca antes, las esperanzas de quienes trabajan sin descanso en la derrota de esa Revolución.

Por ello, el noble y culto pueblo cubano, que desde 1959 lleva intentando consolidar el avance hacia el socialismo, con indudables logros en los campos educativo y sanitario y proyectando solidaridad hacia los países pobres de todo el globo, merece nuestro apoyo y el de los países e instituciones democráticas de todo el planeta.

miércoles, 13 de abril de 2022

LA GUERRA ES INHERENTE AL SISTEMA CAPITALISTA

 

DESDE MI PICOESQUINA. La Opinión de Murcia,  14/04/2022
 
LA GUERRA ES INHERENTE AL SISTEMA CAPITALISTA
 
"He dedicado dos artículos en LA OPINIÓN a hablar de la guerra que se libra en Ucrania: Ucrania.¿Centro de la nueva Guerra Fría? (1-2-22) y Ucrania: la geoestrategia contra la razón (15/3/22). Pero los acontecimientos de ese dramático conflicto se suceden vertiginosamente. También la fuerte polarización que esa guerra ha generado sobre todo en el ámbito de la izquierda. Por ello vuelvo a incidir en el tema.
 
 La guerra es inherente al sistema capitalista
 
Han pasado los tiempos de la unanimidad que despertara en su día la oposición izquierdista a la guerra de Irak. Por el contrario, hoy la fractura que se ha producido no sólo en el seno del Gobierno de coalición sino dentro de las filas de la izquierda del PSOE es un hecho. Las redes sociales hierven.
 
Y las diatribas entre quienes critican sin ambages la invasión rusa de Ucrania, criminalizando a Putin, y quienes, sin justificar tal agresión, intentan aportar un mínimo de racionalidad al conflicto, son también evidentes. Como si la manipulación informativa de los dos actores en conflicto no existiera para, al menos, poner en duda las noticias que nos ofrecen.
 
Para algunos analistas, la guerra de Ucrania ha creado una masa crítica de opiniones casi imposible de digerir y convertido esas opiniones en una mercancía abundante que, convenientemente dirigida, ha ido llenando los bolsillos de los gigantes tecnológicos de la comunicación. Porque un hecho social tan complejo, la guerra actual entre dos Estados civilizados de la vieja Europa (para nada vemos las similitudes con el bombardeo de Guernica de 1937 que expusiera ante el Parlamento español el presidente ucranio Zelenski, cosa que se ha encargado de aclarar Ángel Viñas), se ha ido convirtiendo, por efecto de la guerra mediática y propagandística, en una toma de posiciones y de ‘bandos’ tan artificial como absurda. Artificial porque, además de los efectos visibles de este ominoso conflicto, hay otros elementos que subyacen al mismo más difíciles de detectar. Me propongo, sintéticamente, aportar otros elementos de análisis.
 
DESTRUIR PARA RECONSTRUIR. EL NEGOCIO DE LA GUERRA. Hay un hecho evidente: en todas las guerras, la parte más afectada es la población civil. Desde que el mundo es mundo, sus inductores y los altos mandos militares observan la sangría humana que toda guerra lleva consigo desde sus atalayas privilegiadas, a salvo de los efectos mortíferos del armamento en juego y de las vicisitudes del campo de batalla.
 
Y uno de los principales efectos de esta guerra, las sanciones, no está afectando a Rusia (ha fortalecido sus relaciones comerciales con países emergentes asiáticos como la India, también Pakistán y sobre todo con China, y ha logrado estabilizar la cotización del rublo), sino a la rica, y ahora más dependiente, Europa.
 
Sabemos que EE UU va a incrementar un 68%, respecto de 2021, el envío de gas (por supuesto, más caro) a la UE, para rebajar la dependencia energética de Rusia. El acuerdo UE-Biden se enmarca en el compromiso europeo de reducir en dos tercios esa dependencia, esto es, pasar, antes de que acabe el año, de esos 155.000 millones de metros cúbicos a 50.000 millones, cantidad que, como se ve, aún queda muy lejos de poder compensar las importaciones rusas.
 
Ante este panorama, la conclusión es evidente: EE UU, inductor de la actual guerra, que como las dos anteriores guerras mundiales se desarrolla lejos de su territorio, se va a beneficiar claramente de la misma, y, en contrapartida, asistiremos al empobrecimiento de las capas populares del resto de Europa.
Pero es que, además, a la potencia norteamericana no le ha venido importando contribuir, directa o indirectamente, a destruir con sus guerras de agresión las infraestructuras básicas de un país, sino todo lo contrario, pues el negocio de la reconstrucción (como el de los contratistas yanquis que se llenaron los bolsillos en Irak), en manos de empresas privadas, es muy lucrativo
.
Otro de los sectores más beneficiados por la guerra, es, por motivos obvios, lo que ha venido denominándose el complejo militar-industrial. Pese a su sonoro fracaso, el terrible coste humano, político y de seguridad de los veinte años de intervención yanqui en Afganistán no ha sido tan desastroso para ese complejo militar-industrial. Desglosando los costes, parte del gasto de la Administración norteamericana en ese país arroja las siguientes cantidades: 800.000 millones de dólares se destinaron a operaciones de contrainsurgencia; 85.000 millones, a entrenar y equipar al Ejército afgano (ya vemos para lo que han servido, en la medida en que éste desertó visiblemente ante el avance talibán); y sólo 4.000 millones a ayuda humanitaria.
 
Esto es, el coste de la guerra es gravoso para el contribuyente norteamericano pero un negocio redondo para los inversores en empresas de armamento. Aporto algunos datos de algunas de esas empresas de armamento americanas que se han hecho de oro en Afganistán: Lockheed Martin ha obtenido un beneficio total, desde 2001, del 1.235,60%; Northrop Grumman, un 1.196,14%; Boeing, 974,97%, y General Dynamics, 625,37%. Se calcula que una persona que hubiera invertido 10.000 dólares en 2001 en cualquiera de las cinco principales empresas militares de EE UU habrá multiplicado por diez su inversión en estos últimos 20 años.
 
A su vez, EE UU/OTAN viene exigiendo a sus ‘socios’ el incremento del gasto militar. Pese a la crisis, éstos respondieron afirmativamente en 2020, antes de que estallara la actual crisis. Y en estos momentos, se les exige que eleven ese gasto al menos al 2% del PIB (España, que está por debajo de ese porcentaje, se dispone a ‘obedecer’ el mandato de la OTAN).
 
EL CAPITALISMO NECESITA LA GUERRA. Hechas las consideraciones que anteceden, creo que hay un hecho incontestable: el sistema capitalista, representando hegemónicamente en Occidente por la OTAN y EE UU, necesita la guerra para su reproducción.
 
Si nos atenemos al siempre científico pero denostado método de análisis marxista, entenderemos que la guerra que hoy se libra en Ucrania no difiere mucho de las que se dan en otras zonas más subdesarrolladas del globo, como Siria, Yemen, Libia, Somalia, Mali, el Sahel… Guerras que no son sino una necesaria adecuación del modo de producción capitalista a escenarios de crisis de larga duración. Aunque parezca un disparate mi afirmación, es cierto que el capitalismo necesita destruir fuerzas productivas y tecnología (¿qué fueron, si no, las dos guerras mundiales?) e incluso (y esto sí que es sangrante) fuerza humana de trabajo, como condición para reiniciar un nuevo ciclo de acumulación de capital mediante la actualización de la ciencia y la tecnología y el nuevo impulso al consumo de masas. ¿Les suena el Plan Marshall?
 
El activista y escritor uruguayo Raúl Zibechi, en un artículo del pasado noviembre de 2021 en La Jornada, pone en duda los supuestos límites del sistema capitalista y le otorga a este modo de producción una tremenda capacidad de supervivencia. Alega que ni siquiera las revoluciones han podido erradicar este sistema ya que, una vez tras otra, en el seno de las sociedades prerrevolucionarias se expanden relaciones sociales capitalistas y, desde dentro del Estado, surge la clase burguesa encargada de hacerlas prosperar.
 
No pocos pensadores, sin embargo, a la vista del rápido avance del cambio climático y de la desaparición de especies vegetales y animales (se calcula que de estos últimos hay unos 7,7 millones y que el 20% está en peligro de extinción), de lo que da cuenta National Geographic, sostienen que el sistema capitalista sí tiene límites ambientales, muy particularmente la vida en el planeta y, sobre todo, la mitad pobre y humillada de su población.
 
Está claro que las ominosas guerras que padecemos contribuyen a ello. Teniendo siempre presente la amenaza de un conflicto nuclear que, una vez iniciado, no tiene vuelta atrás. Y con la guerra de Ucrania ese supuesto está planeando, amenazador, sobre nosotros.
 
La sociedad civil planetaria ha de movilizarse para cambiar drásticamente este escenario.

 

jueves, 31 de marzo de 2022

DOBLE TRAICIÓN AL PUEBLO SAHARAUI

 Diego Jiménez García, LA OPINIÓN de Murcia, 31/03/2022


 

(Foto: La Opinión de Murcia)

En efecto. De nueva traición hay que calificar el viraje dado por Pedro Sánchez, que sin consultar su decisión con su propio Gobierno (excepto, al parecer, con su ministro de Exteriores) y, por supuesto, con el Parlamento español (es notoria la oposición en bloque de todo el arco parlamentario) decidió, en días pasados, en carta remitida a Mohamed VI, asumir la posición del año 2007 del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental, lo que, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas (ONU), supone la negativa a celebrar un referéndum de autodeterminación en la que fue antigua provincia española hasta 1976 y, por consiguiente, el mantenimiento de la ilegal soberanía marroquí sobre el territorio. 

 Recordemos que el Sahara Occidental, de casi 270.000 kilómetros cuadrados, fue colonizado por España en 1884, cuando en la Conferencia de Berlín las potencias europeas se repartieron África. Cincuenta años después, España lo integraría como la provincia número 53, hasta que en 1965 la ONU exigió su descolonización. Tras la Marcha Verde de finales de 1975 y los vergonzosos Acuerdos de Madrid, con un Franco agonizante, España cedió el Sahara Español a Marruecos y Mauritania, que poco después renunció a su parte.

 Son conocidas las presiones de la CIA norteamericana en la entrevista de Juan Carlos I, entonces jefe de Estado accidental por la enfermedad terminal del dictador, con Vernon A. Walters, director adjunto de esa central de Inteligencia. En pleno escenario de Guerra Fría, EE UU no deseaba mantener un foco de tensión en la zona, acrecentado por el alineamiento de la vecina Argelia con la URSS. Por lo que, en dicho encuentro, al parecer Walters le garantizó a Juan Carlos su apoyo para el acceso al trono a cambio de la cesión a Marruecos del Sahara Español. Desde ese momento, la monarquía alauita siguió considerando como propio ese territorio y mantuvo una guerra con el Frente Polisario, que proclamó el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y exigía la independencia. 

Dicha guerra duró hasta 1991. En abril de ese año, la resolución 690 de la ONU reconoció el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, con un periodo transitorio en el que tendría que elegir entre su independencia o la integración en Marruecos, considerando al Sahara uno de los 17 territorios que está pendiente de descolonización y a España potencia administradora. Para la realización de la consulta, se tendría en cuenta el censo realizado por España en 1974. En 1999, la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) determinó que unas 86.000 personas tenían derecho al voto. Sin embargo, Marruecos, que había inflado ese censo con personas del propio país, alegó que habría que incluir unos 240.000 votantes más. La realidad es que, como es sabido, ese referéndum nunca se ha celebrado ni tiene visos de que se vaya a celebrar.

 Hoy, la población saharaui ha pasado a ser minoritaria en la zona, mientras miles de refugiados viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia. En 2007 Marruecos presentó ante la ONU un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, en el que se le niega cualquier posibilidad de independencia. El mismo plan que, como decíamos arriba, ha sido apoyado por Pedro Sánchez. Al parecer, Marruecos cedería competencias ejecutivas, legislativas, económicas, de infraestructuras y otras, pero se reservaría materias claves como la Defensa, las relaciones exteriores o la religión, supervisada, por supuesto, por Mohamed VI. Hasta aquí, una relación sucinta de los hechos. Además, en el paso dado por Pedro Sánchez, que cada día que pasa se muestra más pusilánime ante la emersión de problemáticas varias en su acción de Gobierno, hay que tener en cuenta otras consideraciones. 

 LA POBLACIÓN SAHARAUI SIGUE RECLAMANDO LIBERTAD. El presidente del Gobierno, influido sin duda por la incesante presión marroquí, y de la que las protestas de la diplomacia alauita por la asistencia sanitaria prestada en España a Brahim Gali, secretario general del Frante Polisario, son sólo una muestra, avala su apoyo al plan marroquí en la razón de Estado. Pero ignora el presidente la odiosa represión que ejerce Marruecos, tanto en la región del Rif, como en el Sahara. Aminetu Haidar, una activista saharaui perseguida por el sátrapa marroquí, denunció en su día que la comunidad internacional y la ONU no habían hecho nada y que la Minurso es «un testigo internacional con los ojos vendados». Añadiendo, además: «Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales; ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante la ONU». En los territorios del Sahara Occidental se han venido cometiendo por parte del Ejército ocupante detenciones arbitrarias, asesinatos en masa, simplemente porque sus habitantes no repitieran en su día ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos! (el mismo al que Juan Carlos I definió como un hermano), bombardeos con bombas de napalm…c omo relató unos años después de la Marcha Verde una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos. 

EL PUEBLO SAHARUI, VÍCTIMA DE LA GEOPOLÍTICA. Antes de exponer unas conclusiones finales, tenemos que recordar que el pueblo saharaui hablaba nuestro idioma y tenía nuestra nacionalidad, por lo que el sentimiento de abandono durante estos años no ha desaparecido. 

Unas consideraciones:

 1. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, solicitada por la Asamblea General de la ONU de octubre de 1975, negaba a Marruecos vínculo de soberanía territorial del Sahara, por lo que dicha ocupación es ilegal. 

 2. El Frente Polisario afirma que la situación legal del Estado saharaui es auténtica, y que fue ratificada por la integración de la RASD en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984. 

3. Es notorio que la posible existencia inicial de un nuevo Estado en el Norte de África, en momentos álgidos de la Guerra Fría, había que evitarla, por los contactos entre el Frente Polisario con Argelia y la URSS. Hoy, 47 años después, las ambiciones y conveniencias magrebíes, estadounidenses y europeas en esa región del Sur del Mediterráneo están dificultando esa pretensión.

 4. Los mayores valedores del sátrapa marroquí siguen siendo la UE, particularmente Francia, que no abandona su presencia en los antiguos territorios de su influencia, El Reino Unido y últimamente, Alemania. Por su parte, EE UU, amén de sus intereses comerciales en la zona, pretende consolidar a Marruecos como un bastión más de la seguridad preventiva en el eje estratégico Canarias-Estrecho-Baleares, ante la emergencia del fundamentalismo islámico, 

 5. No hay que olvidar tampoco la presencia de un ‘actor’ rival de Marruecos, Argelia, que mantiene unas relaciones privilegiadas con China, inversora neta en el país, como en el resto de África. En mayo de 1996, el entonces presidente chino, Jiang Zemin, visitó el continente. Desde ese momento y hasta 2017, el comercio chino con los países africanos se incrementó más de 200 veces, sus inversiones se elevaron a 100.000 millones de dólares y alrededor de 3.100 empresas del gigante asiático se han instalado en el continente. 

 6. En cuanto a España, antigua metrópoli, es notorio que su diplomacia ha sido superada por la marroquí, que mantiene intactas sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla (desconocemos si la ‘rajada’ de Pedro Sánchez habrá garantizado su estatus) y los territorios de soberanía españoles: Peñón de Vélez de la Gomera, islas de Alhucemas y Chafarinas, islote de Perejil, e incluso las Canarias. España, además, debe mantener buenas relaciones políticas con Francia y EE UU al tiempo que debe cuidar su relación con Argelia, por nuestra dependencia energética de ese país, que en cualquier momento podría cerrarnos el ‘grifo del gas, aunque no parece un escenario probable. 

 7. Se dice que con el Acuerdo con Marruecos hemos ganado en tranquilidad, pero a cambio de perder peso geopolítico. Ganamos también el ser partícipes de futuros negocios energéticos y que Marruecos frene con más ahínco (cosa que está por ver y cuáles serán los nuevos chantajes) a los emigrantes subsaharianos. 

Todas estas consideraciones geopolíticas refuerzan mi convicción de que la palabra ‘traición’ respecto de nuestro pueblo hermano saharaui no es exagerada. De nuevo, y una vez más, la CIA y también la OTAN han dictado sus designios.

martes, 15 de febrero de 2022

UNA INMATRICULACIÓN CON DOLO: EL CASO DE LA PALMA, CARTAGENA

 

Cementerio de Santa Florentina. La Palma, Cartagena (foto LA OPINIÓN)

En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.

En síntesis, el asunto es el siguiente. En 1998 José María Aznar reformó la ley hipotecaria, lo que daba potestad a la Iglesia Católica (y sólo a ella) para inmatricular lugares de culto y otras propiedades (pisos, garajes, parcelas, naves, etc.). Esa reforma, una ampliación de la ley franquista de 1946, equiparaba al obispo a un fedatario público, por lo que sólo su opinión bastaba para atribuirse la propiedad de esos bienes. Desde entonces, según datos que he recabado de la plataforma estatal Recuperando, y sin contar las ‘apropiaciones’ anteriores desde el fin de la Guerra Civil, sólo en el periodo 1998-2015 serían casi 35.000. Destacan monumentos que son patrimonio de la Humanidad, como la mezquita de Córdoba, pero también casas parroquiales, ermitas, cementerios, parcelas, parques… hasta 2015, año en que se cambió la ley hipotecaria, lo que impidió que los obispos pudieran seguir realizando nuevos registros.

Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.

La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.

En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.

En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.

En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.

Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.

El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.

Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.

El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.