miércoles, 13 de octubre de 2021

EL VERTEDERO DE VALENTÍN, EN CEHEGÍN, UN DESPROPÓSITO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/12/vertedero-valentin-cehegin-desproposito-58266033.html?fbclid=IwAR3sMc6dAKNeW2Iyv5MVG0FjMkKhBCE23AEjOX-it4VdS1PvbAuAq7RWIRs


¿Puede considerarse de interés público la existencia de un vertedero situado junto a las pedanías de Valentín, Canara, la Pilá, Campillo de los Jiménez, a mil metros del embalse del Argos, junto a cultivos ecológicos, un hotel y un restaurante, y muy cercano a los acuíferos del Sinclinal de Calasparra? Para el ayuntamiento de Cehegín esa consideración tiene la planta de tratamiento de residuos que, desde noviembre de 2018, se ubica en la Sierra de la Puerta, muy cerca de la carretera que une Caravaca con Calasparra. 



Destinada inicialmente a tratamiento de residuos no peligrosos (RNP), contaba ya, desde primeros de 2012, con una declaración de impacto ambiental redactada por una empresa de Valencia. Según consta en dicha declaración, serían tratados los residuos inertes y no peligrosos de la industria de la construcción y ‘otras industrias’ procedentes de los Ayuntamientos y términos municipales de Cehegín, Calasparra, Caravaca, Moratalla y Bullas. Equidistante de Calasparra y Cehegín, a ocho kilómetros, de Caravaca al sur, a once kilómetros, y de Moratalla al oeste, a doce kilómetros, en el informe se obvia la existencia de otras zonas pobladas más próximas, como se ha dicho arriba.

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LA HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO. El gobierno local del PP, liderado por José Soria, informó favorablemente en noviembre de 2011 sobre el expediente de la empresa, 3RS Gestión MA Sostenible, SL, que fue remitido a la Administración regional, organismo competente para aprobar dicha instalación. En septiembre de 2012, la dirección general de Territorio y Vivienda autorizó la instalación de dicha planta en suelo no urbanizable, por considerarlo de ‘interés público’. Tras el preceptivo periodo de alegaciones, el ayuntamiento de Cehegín dio su conformidad a la instalación de la planta y, en febrero de 2013, la dirección general de Medio Ambiente emitió la autorización ambiental integrada para el proyecto. 

Pasados tres años, en 2016, la empresa volvió a solicitar a la Administración regional autorización para verter residuos sólidos urbanos (RSU), algo que comunicó al ayuntamiento de Cehegín, cuya junta de gobierno, en esta ocasión, acordó el 18 de abril que las autorizaciones con las que contaba esta actividad no permitían los nuevos vertidos.

Pero las pretensiones de la empresa se vieron satisfechas. Con fecha 5 de diciembre de ese año (2016), la dirección general de Calidad Ambiental, de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, había hecho público en el BORM el procedimiento de modificación sustancial de lo que en principio estaba previsto que fuera una planta de reciclaje de materiales inertes de la construcción, que se convertiría así en un vertedero de basuras de grandes dimensiones. La empresa encargada del proyecto aceleró los trabajos de movimiento de tierras. Los ayuntamientos de Cehegín y Calasparra, en reunión convocada a mediados de ese mes de diciembre con el fin de fijar las líneas de acción, y a la que acudían representantes de las pedanías más directamente afectadas, así como de diferentes partidos políticos, explicaban que harían todo lo posible para evitarlo. 

En esas fechas, Francisco González, de la Asociación de Vecinos de Canara, ya hacía notar que la inicial declaración de impacto ambiental se la habían saltado ‘a la torera’ y reiteraba la denuncia de la proximidad de la planta de residuos a núcleos como Canara, a dos kilómetros; Valentín, a 2,5 kilómetros; el embalse del Argos, a unos escasos quinientos metros, etc.

En enero de 2017, el ayuntamiento de Cehegín dio a conocer que se estaban desarrollando diversas iniciativas encaminadas a tratar de rechazar la petición de ampliación del vertedero, tal y como apareció publicado en el BORM del pasado diciembre, con la presentación el 29 de ese mes de unas alegaciones ante la Comunidad Autónoma, así como un recurso de revisión de oficio y extraordinario de revisión. A juicio de Juan Felipe Pérez, de la Asociación de Vecinos de Valentín, dicha actuación, así como la presencia de la corporación municipal ceheginera en la manifestación vecinal convocada, era mero ‘postureo’. 

COMIENZA LA MOVILIZACIÓN VECINAL. En enero de 2017, los colectivos vecinales de las pedanías de Valentín, Canara y El Campillo de los Jiménez, entre otras, convocaron una manifestación contra ese vertedero de RSU junto al embalse del Argos. La marcha transcurrió desde el pantano hasta la zona donde se ubicaría esa instalación en la Sierra de la Puerta y se sumaron los ayuntamientos de Calasparra y Cehegín. Según informaciones de la prensa, el diputado regional del PP por el Noroeste, José Soria, exalcalde de Cehegín, había afirmado en días anteriores que la directora general de Ordenación del Territorio, Nuria Fuentes, le había trasmitido que la autorización de ampliación del vertedero iba a ser revocada. Sin embargo, el vecindario afectado recelaba de ese anuncio, como después pudo constatarse. 

La protesta contó con el apoyo explícito de Izquierda Unida-Verdes, Podemos y Ciudadanos, que lo manifestaron en sendos comunicados. El 23 de febrero de 2017, día en que los vecinos y vecinas se concentraron ante la Asamblea Regional, todos los grupos del Parlamento murciano votaron a favor de una propuesta para evitar esa instalación de reciclaje de RSU. Meses después, nada había cambiado. El líder vecinal Juan Felipe Pérez afirma: «Cuando íbamos al Ayuntamiento de Cehegín, nos lo negaban todo; decían que la planta trataría residuos inertes y no peligrosos». Pero, según él, «en esa coletilla de residuos no peligrosos se engloban más de cien sustancias».

Por eso, el vecindario persistía en su lucha. En 2018 interpusieron denuncia, a través del juzgado número 2 de Caravaca, que en estos momentos se encuentra en la Audiencia Provincial. La peligrosidad de la instalación quedó demostrada con el incendio que afectó al vertedero en agosto de 2019.  

SITUACIÓN ACTUAL. Juan Felipe Pérez nos informa de que se ha procedido a construir el segundo vaso del vertedero, cuya capacidad total prevista es de 1,3 millones de toneladas de residuos y que entran camiones herméticos cuyo contenido se desconoce. Lamenta el silencio de la Confederación Hidrográfica del Segura y de las organizaciones ecologistas, así como el cansancio del vecindario afectado por la inacción de las autoridades municipales y regionales. Por último, advierte del evidente peligro de que, tras unas lluvias torrenciales, los lixiviados pudieran llegar al pantano del Argos. Ángeles Trujillo, vecina de Calasparra, piensa que está pendiente el debate sobre nuestro modo de vida y consumo y, en consecuencia, sobre cómo tratar los RSU que generamos. Las normativas medioambientales, afirma, se han contemplado ‘de refilón’, en una zona de alto valor estratégico, por la proximidad del embalse. Considera que había intereses políticos que esperaban que lo del vertedero podía ser un ‘maná’, y denuncia que las personas de la zona se han sentido engañadas por los alcaldes de los dos municipios. Así mismo, desconfía del seguimiento e inspección que se le esté realizando a esa instalación. Por su parte, el ceheginero Santos López Giménez, en entrevista radiofónica del pasado septiembre, calificó de «una insultante afrenta» la presencia de las autoridades de los municipios afectados en la manifestación de enero de 2017, a su juicio, un «contumaz regodeo en la concupiscencia», un ‘lavado de cara’, como la asistencia de aquéllas a la manifestación habida frente a la Asamblea Regional. «Es imposible que los miembros de PSOE y PP no estuvieran al tanto de los permisos que obraban en poder de la empresa que gestiona ese perverso vertedero», enfatiza. A este vecino, que también denuncia la existencia, hace casi ya treinta años, del vertedero de las pedanías cehegineras de El Escobar y El Ribazo, le preocupa la contaminación de acuíferos y la amenaza permanente sobre el medio natural de este tipo de instalaciones. 

miércoles, 6 de octubre de 2021

ESTOS SUPUESTOS 'CONSTITUCIONALISTAS' DESPRECIAN LA CONSTITUCIÓN. Y, LO QUE ES PEOR, A LA GENTE NECESITADA.



Todo ha sido salir a la luz el acuerdo del Gobierno de dar vía libre a la Ley de Vivienda, que establece, sobre todo, medidas para facilitar el alquiler interviniendo en ese mercado, en especial respecto de los tenedores de más de diez viviendas, para que, una vez más, la derecha cavernícola y reaccionaria estalle contra esa medida social: Martínez Almeida, Ayuso, López Miras...anuncian que harán todo lo posible por boicotear ese texto legal en sus respectivos territorios, amparándose en que las competencias de vivienda están en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.

Esos supuestos 'constitucionalistas' ignoran conscientemente el texto constitucional, en sus artículos 47, que alude al derecho a una vivienda digna, y 128, que subordina toda la riqueza del país al interés general.

Alegan, de manera absurda, que lo que hay que hacer es liberalizar suelo para poder construir vivienda pública. Olvidan, o pretenden ignorar, el efecto que tuvo la ley del suelo de Aznar, que favoreció la especulación sin freno y condujo a la burbuja inmobiliaria. Sin olvidar la venta de viviendas sociales a fondos buitre durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, anulada recientemente por sentencia judicial.

A estos supuestos liberales de tres al cuarto se les ve el plumero. Obsesionados con la caída del Gobierno de coalición, se apropian del patriotismo y de la rojigualda, pero, en el fondo, sólo defienden los intereses de los de siempre e ignoran a la gente necesitada.

Hay que frenarlos en las urnas. Y en la calle.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

VIVIR EN ZONAS DE RIESGO SÍSMICO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/29/vivir-zonas-riesgo-sismico-57802425.html


La erupción del volcán de la isla de La Palma ha motivado, como no podía de otra manera, un debate en redes sociales. Uno de los argumentos recurrentes, propalados, como tantas cosas que circulan por las redes, sin la debida reflexión y sin conocimiento de causa, es el de criminalizar a la población por 'atreverse' a construir sus casas en zona volcánica. 

No soy experto en el tema, pero sí me precio de haber leído lo suficiente para saber que el ser humano lleva poblando zonas de riesgo desde el origen de los tiempos. Sin ir más lejos, muchos arqueólogos atribuyen la gradual desaparición de la rica civilización minoica de la isla de Creta, pronto asimilada a la cultura micénica del continente, a la erupción del volcán sumamente destructivo que, hacia el 1.614 a.n.e., destruyó parcialmente la isla de Santorini.

En nuestros días, si cuestionáramos la conveniencia de vivir en zonas de riesgo, tendríamos que propugnar la desaparición física de ciudades densamente pobladas como Tokio, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santiago de Chile y otras, situadas, como es sabido, en el llamado 'cinturón de fuego' del Pacífico y que están en serio peligro de ser devastadas por terremotos destructivos. 

EL MEDITERRÁNEO. En nuestro país, además de en las Canarias, cuyo origen volcánico es indudable, hay muchas más zonas de riesgo, que se localizan en la fachada mediterránea, desde Andalucía (sobre todo en su sector oriental: Málaga, Granada y Almería) hasta Cataluña (Girona). Ubicadas en donde colisionan las placas tectónicas euroasiática y africana, las fracturas en la corteza terrestre originaron terremotos y volcanes en la época del Cuaternario. En nuestra Región, según nos recordaba un artículo de LA OPINIÓN del pasado día 21, hay muestras inactivas del vulcanismo de esa época en las islas del Mar Menor y proximidades: Cabezo Rajao (La Unión), Cabezo Ventura (Cartagena), monte Carmolí (Los Urrutias), y en otras zonas: Barqueros, Calasparra, Zeneta, Jumilla, Moratalla, etc.

En la comarca de la Garrotxa (Girona) se localizan no menos de 40 volcanes, 'dormidos' pero no inactivos, a juicio del vulcanólogo Joan Martí, director del centro de Geociencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el cual afirma que “…. volverán a entrar en erupción, pero lo más probable es que nosotros no lo veamos”.

Por su parte, Isabel Víctores, en artículo publicado en el portal Tierra y Tecnología, coincide con Joan Martí en el sentido de que el vulcanismo de esa zona está inactivo, pero de ninguna manera extinguido. "Podríamos decir que una reactivación en la zona volcánica supondría la destrucción de los alrededores”.  Además, afirma que, “al tratarse de un lugar con gran importancia, se ha continuado ampliando las zonas de residencia, y las pérdidas serían aún mayores”.

ALGUNOS EJEMPLOS DE SISMOLOGÍA RECIENTE. Sabemos que la actividad sísmica intensa precede en algunos casos, como en el caso de Canarias, a la erupción de un volcán. Afortunadamente el magma en nuestro territorio surestino duerme hoy bajo la corteza, pero los seísmos han sido frecuentes. Por citar unos pocos:

25-XII-1884. Granada. Se registró un terremoto de una magnitud 6,2/6,5 grados en la escala de Richter, causando entre 1.050 y 1.200 víctimas. Se repitieron seísmos de notable intensidad en 1911, 1956 (magnitud 8 Richter) y 2005.

14-2-1999. Mula. A las 14,45, un terremoto de 5,2 grados Richter produjo cuantiosos daños materiales en la población y fue percibido en las provincias vecinas e incluso en algunas zonas de Madrid. Seis años después, el 29 de mayo de 2005 se registró otro seísmo, aunque de menor intensidad. 

11-5-2011. Lorca. Terremoto de triste recuerdo, pues ocasionó nueve víctimas mortales e innumerables daños en edificios. Con epicentro en la falla de Alhama de Murcia, ese seísmo registró una intensidad de 5,1 grados Richter.

VOLVIENDO A CANARIAS. Empezaba este artículo con ciertas voces responsabilizando de lo ocurrido en la isla de La Palma a sus habitantes, por haberse 'atrevido' a construir y vivir junto a un volcán. Parece claro que la responsabilidad cabe atribuirla a quienes diseñaron las normas urbanísticas que hicieron posible la construcción en la zona suroccidental de la isla, la más próxima a volcanes que ya se mostraron activos (Teneguía) y al que hoy ocupa la actualidad.

     Conocido el origen volcánico de Madeira, Las Azores y Canarias, es indudable que sus habitantes han aprendido a convivir con el riesgo. Lo ocurrido en la isla de La Palma era previsible. Los expertos en vulcanología sabían que, tras las erupciones de 1949 y 1971 (lo cual demuestra que éstas tienen un ciclo relativamente corto), algo así podía suceder.  Lo cual refuerza la necesidad de que se adopten severas medidas antisísmicas en la construcción de edificios, se calcule el riesgo potencial de ciertas zonas volcánicas, como la parte suroccidental de la isla (la baja densidad de población de La Palma no justifica pensar en repoblar ese lugar de alto riesgo) y lo que me parece fundamental: planes educativos y de autoprotección de la población que minimicen, en parte, el trauma psicológico que estas catástrofes llevan consigo. 

    Y EN LA REGIÓN DE MURCIA. Libres hoy de la amenaza volcánica, si somos conscientes de que habitamos un territorio con alto riesgo sísmico, podremos concluir que, ante todo, habría que estar preparados para remediar los graves efectos que estos seísmos tendrían sobre zonas densamente pobladas, como es el caso de la ciudad de Murcia.

    La Región ha legislado sobre normas sismorresistentes en la construcción de edificios. También se ha dotado de un Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del 2/12/2015.  Normativa –y creo no equivocarme mucho- que es desconocida por gran parte de la población. Item más. Un medio regional dio a conocer, el pasado mes de agosto, un estudio publicado por la Universidad de Alicante. En su artículo ‘Risk-targeted hazard maps for Spain’, los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J. Galiana y Noelia Agea, del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM), han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado de España, un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica. El artículo cita literalmente que “…el estudio calcula dicha probabilidad cruzando los valores del parámetro conocido como 'aceleración de diseño', asociado a la máxima magnitud del movimiento del terreno sobre el cual se diseña una estructura, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, y la curva de peligrosidad sísmica de cada zona. A partir de esa información, y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, y tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica del país –Murcia, Almería, Granada, Alicante, Valencia y Málaga–, los investigadores concluyeron que la 'aceleración de diseño' debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso de sus construcciones. El mayor aumento tendría que realizarse en Murcia, concluye el informe, seguida de Alicante. Mientras que la que necesita menos cambios es Málaga”.

Lo ocurrido en La Palma nos obliga a tener muy en cuenta la necesidad de permanecer vigilantes ante las señales que nos manda el interior del planeta. Porque, en el fondo, la Tierra es un organismo vivo.

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur


miércoles, 15 de septiembre de 2021

EL CAMPO DE CARTAGENA SE MUDA AL NOROESTE

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/15/campo-cartagena-muda-noroeste-57296542.html



La llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura a la Región de Murcia supuso el crecimiento exponencial de los regadíos, con la puesta en práctica de una agricultura intensiva que ha tenido, como es sabido, un impacto negativo y dramático en el Campo de Cartagena y en la albufera litoral del Mar Menor. 

A los defensores a ultranza de esa infraestructura hay que recordarles que el Trasvase puede tener los días contados, no sólo por las diferencias políticas entre las cuencas cedente y receptora, sino por la propia climatología. Según datos de la web www.embalses.net, con fecha 31-08-2021 el agua almacenada en la Cuenca del Tajo suponía el 41,63% de su capacidad total, cuando en la misma semana, en la media de diez años, era del 50,98%. Y los pantanos cedentes, Entrepeñas y Buendía, estaban al 21% y al 32,7%, respectivamente. El agua es cada vez más escasa. Pero ello no es obstáculo alguno para la voracidad de las multinacionales agroexportadoras que han destrozado el Campo de Cartagena; el negocio ha de seguir. Por ello, se están trasladando al Noroeste murciano, ‘pinchando’ en el acuífero tradicional.

     Roturación de un campo para cultivos intensivos en la Cañada de Tarragoya (Caravaca de la Cruz)

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CLAMAN CONTRA EL INCREMENTO DE REGADÍOS Y LA GANADERÍA INDUSTRIAL. «El avance imparable de las transformaciones a nuevos regadíos intensivos hortofrutícolas y de la ganadería intensiva e industrial son dos sectores que de modo implacable están acabando con nuestro medio rural, contaminando y sobreexplotando los acuíferos, el suelo y el aire». Esta contundente y nítida denuncia ya era difundida por el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) en junio de 2020, cuyo portavoz, Alfonso Sánchez, afirma que esta comarca lleva el mismo camino que otras zonas de la Región.

Más de 3.000 hectáreas (Ha) se han ido transformando a regadío intensivo en el Noroeste murciano, de modo irregular o ilegal, con la total pasividad o permisividad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, afectando seriamente a las fuentes y manantiales tradicionales. En 2018 ya cursaron una denuncia ante la Fiscalía, pero sin ningún resultado: aquélla se limitó a recabar informes de la CHS y del guarda mayor de la Vega Alta. Según el portavoz del CDN, sólo en la zona de Caravaca de la Cruz, y en el periodo 2014-2018, la CHS abrió 71 expedientes sancionadores con relación a 332 ha transformadas ilegalmente en regadío. Pero, con fecha 31 de agosto de 2020, ningún expediente estaba resuelto ni, por supuesto, se había procedido a la suspensión de esos regadíos ilegales. Según Alfonso Sánchez, la Fiscalía sólo detecta ‘irregularidades administrativas’. Para constatar la veracidad de esta denuncia, sólo hay que darse una vuelta por parajes próximos a zonas protegidas como las fincas Las Oicas, Derramadores, Roblecillo (Archivel), la Venta Cavila, la Cañada de Tarragoya, entre el nacimiento del Quípar y la Almudema, y muchos otros lugares, otrora de secano, para constatar la existencia de extensas zonas roturadas y/o cultivadas con hortalizas, con varias cosechas al año. 

PREOCUPANTE CONTAMINACIÓN POR NITRATOS. Este imparable incremento del perímetro regable, con la transformación incluso de los regadíos tradicionales a regadíos intensivos ha supuesto, como en el Campo de Cartagena, una modificación al alza de los niveles de nitratos en el subsuelo y en la masa de agua subterránea (MAS), además de una visible disminución del caudal de las fuentes y manantiales tradicionales, como ha podido detectarse en las Fuentes del Marqués (Caravaca de la Cruz) y en Las Tosquillas (Barranda). 

Alfonso Sánchez nos informa de que, con fecha de agosto de este año, y con mediciones realizadas por sus propios medios en el río Argos y en dos acequias que dependen del mismo, así como en la represa de Benablón, se han observado concentraciones de nitratos que superan el valor límite de calidad de 50 miligramos/litro de agua (50 mg/l). Tomando como datos comparativos los aportados por la CHS en octubre de 2015, respecto de los de agosto de este año, se ve que hay claramente siete fuentes afectadas, así como los cauces de los ríos Quípar y Argos, sobre todo desde el Estrecho de la Encarnación, en el primer caso, y desde la represa de Benablón, en el segundo. 

Llama la atención sobre la situación de la MAS de Caravaca, sobre todo destacando el grave estado del Acuífero de Sima (comprende aproximadamente el área de Cavila, Benablón, la Encarnación, Pinilla, hasta por encima de la Almudema, incluyendo una parte de Cañada de Tarragoya), tanto en calidad (nitratos por encima de 50mg/l), como en cantidad (agónicos caudales de sus fuentes), situación detectable entre otras, en Fuente Guarinos (Barranda), en la Fuente de Navares y la Fuente del Piojo de Benablón, en la que alerta de que debería hacerse un análisis completo de esta fuente, pues se ha observado que mucha gente bebe o se ha llevado agua de ella. 

Muy preocupante, sin duda, es la situación de la MAS del Río Quípar. Con datos de la CHS, en 2018, la fuente del Cabezo del Madroñal, en el Bajo Quípar, registraba 295 mg/l en 2018, pasando a 190 mg/l en agosto de 2021, con mediciones de Greenpeace; y la Fuente del Pozo Aristero, en esa misma zona del río, superaba los 159 mg/l en 2019. 

La contaminación de acuíferos ha determinado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica haya venido incrementando el número de análisis de la MAS en la Cuenca del Segura: 3.021 (2017), 21.960 (2018) y 48.432 (2.019).

LAS GRANJAS DE PORCINO, OTRA AGRESIÓN MEDIOAMBIENTAL. Por si la situación de la proliferación de regadíos ilegales no fuera suficiente, el CDN y vecinos y vecinas de Caravaca ven con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales (malos olores, gran consumo de agua, contaminación de acuíferos por nitratos, etc.) que estas instalaciones producen.

Según la información disponible, el debate se inició cuando se conoció entre los vecinos de Archivel un proyecto consistente en la ampliación, en La Oicas de Arriba, de una granja de 9.000 a 15.000 plazas de lechones, y en El Hornico, otra de casi 2.000 cabezas de ganado. El primero está en fase de estudio y el segundo en el de alegaciones, sin que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se haya pronunciado al respecto. 

Así mismo, el CDN tiene conocimiento de la tramitación ante el Ayuntamiento de Caravaca de solicitud de licencia para la explotación de 2.000 cabezas de ganado porcino de cebo en el paraje Loma de Banderas, cerca de La Mata (Caravaca de la Cruz).

Pedro Costa Morata, presidente del CDN, afirma que «puesto que la cepa H1N1 de la gripe porcina anda suelta por el mundo desde 2009, el Ayuntamiento deberá exigir a los productores de cerdos una póliza de seguro que cubra los daños epidémicos que puedan tener lugar». Por su parte, José L. Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes, afirma que la clave de esta proliferación de granjas está en el incremento exponencial de la exportación de carne porcina sobre todo a China. La Región de Murcia, con dos millones de cabezas y 1.500 explotaciones ganaderas, destina un 40% de su producción a la exportación.

Este modelo se está trasladando a otras zonas del Sureste. En este sentido, Francisco Martínez, caravaqueño vecino de Bugéjar (Altiplano granadino), viene denunciando el daño al ecosistema de ese núcleo de población tras la instalación de una macrogranja de cerdos de una conocida firma cárnica murciana, lo que se ha traducido en que la fuente de ese lugar se haya secado. 

Como puede verse, el insostenible modelo agrícola-ganadero del Campo de Cartagena se está trasladando hacia el Noroeste de la Región y otras comarcas del Sureste. 

domingo, 18 de julio de 2021

A 85 AÑOS DE AQUELLA SUBLEVACIÓN FASCISTA

 A 85 años de aquella sublevación fascista (latalaya.org)

 

 

A 85 años de aquella sublevación fascista Featured

A 85 años de aquella sublevación fascista

Diego Jiménez.-  Se cumplen hoy 85 años de la sublevación militar y civil contra el Gobierno de la II República. Ese golpe, perfectamente orquestado por la reacción monárquica, los falangistas y los militares africanistas, contó con el apoyo de los terratenientes y de la banca, con especial referencia al financiero contrabandista Juan March, así como con la 'comprensión' de la Iglesia, que pronto calificaría a la guerra sobrevenida como 'Cruzada de liberación'.

La sublevación comenzó a organizarse en Roma desde el mismo día de la proclamación de la II República, según nos documenta Ángel Viñas en '¿Quién quiso la Guerra Civil'?, y tomó carta de naturaleza con los acuerdos de los golpistas con la Italia de Mussolini, ya en 1934, con la idea de acelerar el golpe de Estado si la izquierda llegaba al poder en España, como así ocurrió en febrero de 1936. Posteriormente, también la ayuda alemana fue decisiva para el desenlace de la que debemos a empezar a denominar Guerra de España.

No hay que olvidar aquellos hechos del pasado. Porque hoy, a 85 años de aquellos aciagos y dramáticos acontecimientos, la derecha extrema y la extrema derecha, con la complicidad de la judicatura, desean claramente, aun sin el recurso a las armas, desnaturalizar la democracia caminando indisimuladamente hacia un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo que, como en el 36, está intentando, aun con cierta tibieza provocada por la presión de las derechas y los poderes fácticos, modernizar el país.

No podemos consentirlo. Hemos de reaccionar como sociedad civil.

LA XENOFOBIA Y EL RACISMO MATAN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/07/13/xenofobia-racismo-matan-54961189.html


         Derrotado el fascismo por las armas en 1945, creo que las sociedades occidentales no han valorado en su justa medida la peligrosa irrupción de la extrema derecha, de nuevo con alardes fascistas. Dicho esto, hay que considerar que el auge de los extremismos de derecha es un fenómeno global: tiene que ver con la crisis sistémica del capitalismo (económica, política, social, medioambiental y, ahora también, sanitaria), crisis que se manifiesta por procesos de superproducción y acumulación nunca antes conocidos, paralelos al abandono de la economía productiva en favor de la economía financiera. 

    A mayor abundamiento, las tremendas agresiones medioambientales que genera el modo capitalista de producción y consumo, las mayores desde el inicio de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, se traducen en el incremento de las oleadas migratorias desde el sur empobrecido al norte desarrollado, fenómeno que refuerza los sentimientos ‘identitarios’ de poblaciones que ven amenazados su estatus y modo de vida por esos flujos migratorios. En ese contexto, ciertos sectores del capitalismo, y con ellos sus voceros de la derecha y de la extrema derecha, no tienen empacho alguno en enfrentar a los desheredados del planeta, que buscan en Occidente una vida mejor, con los pobres de aquí, a los que las sucesivas crisis y ahora la pandemia han empobrecido aún más. Desde la crisis del capitalismo de 2008, estamos asistiendo a un trasvase de las rentas del trabajo hacia las del capital y a un aumento del desempleo, de los trabajos precarios y de la marginación social. El neoliberalismo capitalista, destructor de los antaño vínculos solidarios sociales en muchos países, ha propiciado, paralelamente, un brutal incremento de la concentración de la riqueza. Ante ese panorama, en muchos casos, asistimos a tibias respuestas desde la izquierda.

    En lo que toca a nuestro país, a nadie se le escapa el hecho de que hoy se registra una indisimulada pugna entre la derecha extrema (Casado y Ayuso) y la extrema derecha (Abascal, Rocío Monasterio, Ortega Smith) por capitalizar ese amplio espacio reaccionario que goza de buena salud, pues el franquismo, ‘algo más que sociológico’, pervive, en buena medida, con la complicidad de la judicatura. Hace unos días, nos enteramos de que el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ‘advirtió’ al Gobierno, que está a punto de tramitar en las Cortes la nueva Ley de Memoria Democrática, que no puede ilegalizar fundaciones franquistas siempre y cuando (¡pásmense!) con sus actividades no ataquen la dignidad y memoria de las víctimas del franquismo.

     La derecha extrema y la extrema derecha, incrustadas no sólo en la judicatura, sino también en otros ámbitos como el Ejército, ciertos medios de comunicación, la Iglesia, etc., han crecido en un contexto de cierta desidia de la sociedad española por atajar su crecimiento. Como advertí en mi artículo de LA OPINIÓN de 22/12/2018, como el huevo de la serpiente, la amenaza fascista siempre la hemos tenido ahí, aunque no le hiciéramos caso. Estaba presente con las políticas de Arias Navarro, en la matanza de Atocha, con los Guerrilleros de Cristo Rey, con el notario llamado Blas Piñar Fraga hizo lo imposible por absorberlos; con José María Aznar, el PP continuó albergando en su seno a cualquier desaprensivo que pululara por ahí con veleidades fascistas. Así, y pese a que hubo incluso un tiempo en el llegamos a jactarnos de que España estaba libre de la ultraderecha que tenía presencia en las instituciones democráticas europeas, el huevo de la serpiente hibernaba entre nosotros en instituciones como la Iglesia, la judicatura y el Ejército. 

    Tras la crisis económica del 2008, la sentencia del Tribunal Constitucional modificando el Estatuto de Catalunya en 2010 y la victoria de Rajoy en 2011, hubo alguien que creía que el PP era lo que luego denominó la ‘derechita cobarde’. Emerge un vasco, Santiago Abascal, amamantado por Esperanza Aguirre. Funda un partido a la derecha del PP. El resto es ya conocido. Enfervorizados hooligans, ilusionados por los cantos de sirena propalados al ondear de la bandera española en plazas y balcones, y seguidores, a ciegas, de los discursos de odio, xenofobia y racismo, se hicieron notar. Y como ocurrió en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, pronto comprobamos que mucha gente empezó a votar a ese engendro neofascista en Ayuntamientos y autonomías, hasta el extremo de lograr 52 diputados en las elecciones de 10N de 2019. Pero pocos quisieron intuir que los discursos xenófobos, racistas y de odio, más pronto que tarde producirían sus efectos.

    Los ataques racistas y de odio que se están produciendo en la Región de Murcia en los últimos meses deberían haber despertado la alarma en el conjunto de la sociedad murciana, cuyo sector más concienciado sí respondió recientemente con la convocatoria de sendas concentraciones de protesta en Murcia y Cartagena. Empero, ni que decir tiene que es vergonzoso el silencio institucional ante hechos tan graves como los conocidos atentados a sedes de partidos de izquierda y, sobre todo, a personas; las víctimas de la violencia y odio que hemos ido conociendo golpean nuestras conciencias: Momoun Koutaibi en coma desde el 5 de junio por un golpe con una barra de hierro; el también marroquí Younes Bilal, asesinado el 13 de junio en Mazarrón por un exmilitar retirado al grito de «moro de mierda»; Lili, una mujer ecuatoriana, apuñalada por una mujer española en la cola de Cáritas en Cartagena tras reprocharle que los ‘sudacas’ vinieran a quedarse con su comida. 

        En nuestra Región, el huevo de la serpiente ha ido engordando durante años en una sociedad en la que PP y Cs, pactando con la ultraderecha, han contribuido a reforzarla y darle carta de naturaleza. Socialmente, además, se detecta una debilidad del auténtico sentimiento regional murciano, sustituido por una tenue identidad en torno al tema del agua (nacionalismo hidráulico, el ‘agua para tosos’), la fuerte presencia de un ‘nacionalismo españolista’ y una indisimulada catalanofobia. Sumemos a ello unas muy arraigadas adhesiones históricas a redes clientelares, forjadas en torno a la ‘política del ladrillo’, y las estructurales caciquiles, tan bien estudiadas por la tristemente desaparecida profesora María Teresa Pérez Picazo, quien demostró que esas redes caciquiles decimonónicas perduraban todavía en Murcia tras la Guerra Civil, calificando a la murciana como una sociedad con débil conciencia de clase en sus estratos inferiores y unas élites fuertes e indiscutidas, en un territorio con fuertes tradiciones católicas. El PP, hasta hace muy poco hegemónico en la derecha, ha sabido controlar además prácticamente todo el tejido asociativo (cofradías pasionales, peñas huertanas, AMPAS, agrupaciones sardineras, etc.), importante nicho de votos. Pero en los últimos años la situación ha dado un giro a favor de la ultraderecha. Si en las elecciones generales de 2016 Vox consiguió en la Región sólo 2.062 votos y el 0,29% de los sufragios, en las de 2019 obtuvo ya tres escaños, superando en votos y porcentaje al PP: 27,99 % frente al 26,51 % de este último, respectivamente. Y para quienes discrepan de que los mensajes xenófobos, racistas y de odio estén detrás de ese apoyo electoral, un dato: Vox fue la formación política más votada, con porcentajes que se aproximan o superan el 30%, en municipios con fuerte presencia de trabajadores inmigrantes como Torre Pacheco, San Javier, Cartagena, Totana y Lorca. Esta situación exige de quienes nos sentimos demócratas una reflexión. Porque se ha pasado de las palabras a los hechos. Y esto no lo puede tolerar una sociedad que se dice democrática, avanzada, solidaria y civilizada. Se ha comprobado que la xenofobia y el racismo matan.


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martes, 29 de junio de 2021

EL PUEBLO SAHARAUI, ENTRE LA GEOESTRATEGIA Y EL ANSIA DE LIBERTAD

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/29/pueblo-saharaui-geoestrategia-ansia-libertad-54435314.html

Desde mi picoesquina

Diego Jiménez García. 29-06-2021 /Murcia 


     El muro que divide el Sahara Occidental tiene más de 2.700 km de largo
 

Conocí a Aminetu Haidar en noviembre de 2013, con ocasión de unas Jornadas sobre el Sahara organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la UMU y la delegación saharaui en nuestra Región. De hablar pausado, suave timbre de voz y de apariencia frágil, esta activista y pacifista saharaui, al poco de empezar a hablar, fue capaz, con su elocuencia, de empatizar con el auditorio para transmitirle la injusta situación en la que vive su pueblo. Denunciaba que la ocupación marroquí del Sahara suponía un calvario para la población, con bombardeos, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, etc. Esta mujer, que pasó cuatro años aislada del exterior, los ojos vendados y torturada con frecuencia, nos advertía de la dura situación que soportaron durante el reinado de Hassan II, admitiendo que la situación tampoco era mejor con el nuevo monarca, Mohamed VI.

Hace unos días, en entrevista para un diario nacional, denunciaba que la nueva confrontación Marruecos-Frente Polisario ha provocado en la zona ocupada una fuerte represión, dirigida sobre todo contra las mujeres saharauis. Esta luchadora incansable sigue la situación con inquietud desde Gran Canaria, donde se halla bajo tratamiento médico para combatir las secuelas físicas de su larga lucha. Tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital por un problema renal. «El Polisario se encontraba al límite, los jóvenes de los territorios ocupados ya no creían en la resistencia pacífica (…) y la comunidad internacional no ha hecho nada, sobre todo Naciones Unidas», nos dice. «La Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), es un testigo con los ojos vendados. Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales. Ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante Naciones Unidas», recalca.

A finales de noviembre de 1975, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, las principales ciudades del Sahara Occidental ya estaban controladas por las fuerzas de ocupación marroquíes. La Marcha Verde avanzó sin problemas con la pasividad cómplice del Estado español, la potencia colonial ocupante desde 1884. Una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató años después: «Por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, se cometían asesinatos en masa; muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos!».

El millonario, corrupto y sátrapa monarca marroquí, al que Juan Carlos I definió como un hermano en su funeral, apostó por borrar del mapa a la población saharaui como vía para terminar con la previsible resistencia a la ocupación. Esto incluía no sólo a los combatientes del Polisario, sino también a las mujeres, ancianos y niños de los campamentos.

Hay que recordar que entre los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976 el bombardeo de la aviación marroquí del campamento de Um Draiga con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas que producen gravísimas quemaduras en la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos, produjo entre 2.000 y 3.000 muertos, la mayoría niños, mujeres y ancianos.

Durante meses el Frente Polisario y la Media Luna Argelina ayudaron a trasladar a decenas de miles de personas hacia una región segura. Empero, la población saharaui quedó dividida en dos, entre las personas que pudieron huir a territorio argelino y las que se quedaron en los territorios ocupados. Quienes optaron por poblar los campos de refugiados de Tinduf continúan hoy allí, con enormes dificultades; quienes permanecieron en el Sahara ocupado sufren, como sus hermanos del Rif, una brutal represión, con torturas, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, con cientos de presos políticos de los que apenas nada se sabe. Uno de los principales centros de detención y tortura, la Cárcel Negra de El Aaiún, mantiene a decenas de ellos privados de libertad y sometidos a torturas y malos tratos de una forma sistemática.

La posición que ocupa Marruecos como ‘Estado gendarme’ encargado por la Unión Europea no sólo de la contención de los flujos migratorios hacia el continente, sino también del control del terrorismo yihadista, explica muchas cosas: desde el establecimiento de tratados preferenciales para la exportación de las hortalizas marroquíes hacia Europa y los ventajosos acuerdos pesqueros, hasta el ‘mirar hacia otro lado’ ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de la monarquía alauita. Pese a que las recientes tensiones diplomáticas entre el Estado español y Marruecos, derivadas de la crisis de los refugiados de Ceuta, pudieran parecer otra cosa, lo cierto es que la colaboración entre las policías de los dos países es un hecho, lo que explicaría que el Gobierno español no haya adoptado medida alguna para lograr la extradición de los 11 altos cargos militares marroquíes, que desde 2015, están procesados por el juez Ruz de la Audiencia Nacional por delito de genocidio por algunos de los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992.

El reino alauita aspira a consolidar el ‘Gran Marruecos’, con la anexión (además de las ciudades de Ceuta y Melilla) del territorio del Sahara, cuya ‘marroquinidad’ fue reconocida hace unos meses por Donald Trump, sin que Joe Biden haya rectificado. Con respecto a la que fue la provincia número 53 de España, hay que recordar que cuando se inició el proceso de ocupación colonial en el siglo XIX el Sahara no tenía vínculos ni con Marruecos ni con Mauritania, y que, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid, a España sigue correspondiendo la administración de ese territorio.

A día de hoy, Marruecos no ha respetado la Resolución 1514 de la ONU, de 1960, que está en el origen de la declaración de independencia de los países colonizados, ha venido torpedeando, por lo tanto, la Resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación del Sahara, y sigue violando, además, las estipulaciones contenidas en el IV Convenio de Ginebra, de 1949, que regula las condiciones de ocupación militar.

Las relaciones diplomáticas del Reino de España con el de Marruecos vienen desarrollándose con una cierta ambigüedad. Pese al reconocimiento español del derecho de autodeterminación de su antigua provincia africana, no es menos cierto que hay un cierto temor a tensar la cuerda demasiado; desde Exteriores se considera que Marruecos goza de especial protección por parte de dos potencias, Francia (se dice que la política exterior alauita se diseña en el Elíseo) y, sobre todo, EE UU.

Marruecos forma parte del eje Canarias-Estrecho-Baleares, que la OTAN considera prioritario reforzar. No en balde, hace unos días tuvieron lugar unas maniobras militares, la operación ‘León Africano 2021’, desarrolladas en el Sahara occidental (el hecho de que se desarrollaran ahí refuerza por parte de EE UU la ‘marroquinidad’ de ese territorio) y en las que, por motivos evidentes, no participó España. El objetivo: aunar la colaboración EE UU-Marruecos frente a las amenazas comunes y contribuir a la modernización de su industria militar y de defensa. Hay que tener en cuenta que, además, la presencia norteamericana en la zona facilita el tránsito de los superpetroleros que navegan a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza, sin olvidar la supervisión de la red de conductos de gas que atraviesa el Sahara y el Sahel.

En medio de este juego cruzado de intereses, nuestro pueblo hermano saharaui espera de las potencias democráticas el apoyo necesario para ejercer su derecho a la autodeterminación. Porque, hoy por hoy, su ansia de libertad choca, como hemos visto, con el muro de la geoestrategia.

martes, 15 de junio de 2021

NO A JUAN DE LA CIERVA. POR DEMOCRACIA, NO POR IDEOLOGÍA

 Desde mi picoesquina

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/15/juan-cierva-democracia-ideologia-53059796.html


Arrecian estos días las críticas e incluso las demandas judiciales al Gobierno central por la decisión adoptada por Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes, de retirar la denominación ‘Juan de la Cierva’, conocido ingeniero e inventor murciano, pero también conspirador contra la II República, al aeropuerto de Corvera. A este respecto, hay que decir que lo que ocurre en España es impensable en Europa. Por poner un ejemplo, en Alemania no sería posible que el aeropuerto más importante del país, el de Frankfurt, llevara el nombre de un conocido aviador nazi, Hans-Ulrich Rudel, fundador de una organización de ayuda a muchos compatriotas nazis para escapar a América Latina, y que fue asesor en aquel continente de Juan Domingo Perón, y de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner.

Sin embargo, en una Región como la nuestra, en la que la derecha y extrema derecha son herederas de aquellos cacicatos permanentes de la Restauración, en los que destacó Juan de la Cierva Peñafiel, padre del inventor, varias veces ministro de Alfonso XIII y miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Primo de Rivera, una propuesta legal, pero opuesta a los intereses de los vástagos familiares del célebre ingeniero e inventor, ha despertado las iras de esos familiares y clanes afines, deseosos de preservar su buen nombre con operaciones de lavado de imagen perfectamente orquestadas, para lo que vienen contando con la complicidad mediática e incluso con tertulianos, bastante desinformados, en algunas emisoras de radio. Se ha desatado la tormenta. Y el PP regional y nacional no ha dudado ni un momento en sacar sus garras contra el Gobierno (cualquier pretexto es bueno para propiciar su caída), calificando esta cruzada ‘anticiervista’ de asunto ideológico y de intento de detener la Historia.

Una primera consideración: se omite en este asunto la participación activa de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) en contra de esa denominación para el aeropuerto pues, tan pronto como tuvo noticia de la propuesta aprobada en la Asamblea Regional y en el Congreso (con la sorpresiva abstención, entonces, del PSOE), cursó distintos escritos a instancias varias, desplazó una comisión a Madrid y, en entrevista a primeros de febrero de 2019 con Fernando Martínez, director general de Memoria Democrática, arrancó el compromiso de éste de estudiar el asunto y trasladarlo al Ministerio de Transportes.

Dicho esto, y para ir aclarando más cosas, quiero recordar una cuestión legal: en un país democrático, las leyes están para cumplirlas. En ese sentido, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15.1 dice literalmente: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Como ven, se habla de sublevación militar. Está claro, como ahora veremos, que De la Cierva tuvo una cooperación destacada en esa sublevación. Y aunque, en entrevista publicada hace unos días en este diario, Roberto Villa García, profesor de la URJC, distinguía entre conspiración y sublevación, parece evidente que conspirar contra la República con el grado de implicación con que lo hizo el inventor murciano ayudó, y mucho, a que la sublevación, en un principio fallida, derivara en la cruel Guerra de España. 

Villa García dice que De la Cierva no era un fascista, sino un monárquico. Ignora, o pretende ignorar, el hecho contrastado de la proximidad ideológica de los monárquicos españoles, entonces integrados en el partido Renovación Española, de Calvo Sotelo, con el fascismo, sin olvidar que las Juventudes de Acción Popular (JAP), los ‘camisas verdes’ de la CEDA de Gil Robles, no escondían sus simpatías también por el Duce.

Como dije en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 3-XI-2020 (Juan de la Cierva no es nombre para el aeropuerto), Ángel Viñas tiene documentados en su libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? los estrechos contactos, desde el primer día de andadura de la II República, de monárquicos españoles acerca del dictador italiano y en esa trama, formando parte activa del mundillo cerrado de los clubs londinenses en los que muy pronto comenzó a conspirarse contra la República, encontramos al inventor murciano, junto a probados monárquicos como el duque de Alba, Luis A. Bolín, corresponsal en Londres del periódico monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, etc.

Es suficientemente conocida la participación de Juan de la Cierva en el alquiler del avión Havilland Dragon Rapide. Pero hay más. Viñas tiene documentada en su obra La soledad de la República la visita del ingeniero español desde Londres a Roma, a instancias del propio rey Alfonso XIII. Junto a Luis A. Bolín y el marqués de Viana, De la Cierva logró del Duce, con el dinero del contrabandista y financiero Juan March, unos cuantos aviones civiles, necesarios para el triunfo de la sublevación. Meses después, aviones Savoia italianos, no lo olvidemos, volando a más de 5.000 metros de altura para salvar la artillería costera, dejarían su carga mortífera sobre Cartagena.   

En agosto de 1936, Juan de la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico, por encargo del general Mola, según nos recuerda Paul Preston en Un pueblo traicionado. Y en septiembre de 1936 realizó un viaje a Berlín, también por encargo de ese general, para comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.

Ítem más. El investigador cartagenero Juan Eladio Palmis extrae de las Memorias escritas y publicadas por el que fuera diplomático español republicano Francisco Serrat y Bonastre, que durante la sublevación se pasó al bando fascista llegando a ser ministro de Exteriores de Franco, el hecho de que las ciudades españolas de Burgos y Salamanca bullían en los días posteriores al golpe de Estado con la presencia de destacados falangistas y carlistas, junto a Juan March, Juan Ventosa y Juan de la Cierva. Juan Ventosa, varias veces ministro de Hacienda y ministro de Abastos con el rey Alfonso XIII, fijó su residencia en Burgos en aquellos años y logró ser un suministrador de dinero para financiar y mantener económicamente el golpe de Estado.

Estas situaciones están contrastadas documentalmente. Pero la derecha, que, crecida en los últimos años, ha reavivado un negacionismo histórico amparado en una supuesta equidistancia en la responsabilidad de los dos ‘bandos’ (aquí sólo hubo un bando, el sublevado) en la Guerra de España, cuando no en una culpabilidad directa de una República que ‘viraba hacia el marxismo’, acusa de subjetividad a Ángel Viñas, por ser republicano y próximo al PSOE, y, por lo visto, al exigir otra versión de los hechos, sólo está dispuesta a prestar credibilidad a los escritos ‘neutrales’ de pseudohistoriadores como Pío Moa o César Vidal, el amigo íntimo de Federico Jiménez Losantos, que, como es sabido, desde las ondas de la radio no cesa en su empeño de reavivar una nueva cruzada contra la izquierda de este país.

La democracia en España está en serio retroceso. Estamos asistiendo, peligrosamente, a una banalización de lo que supuso la dictadura franquista y a una normalización de la presencia de los discursos de la extrema derecha en las instituciones. Por eso, frenar iniciativas como la de premiar con el nombre de un aeropuerto a quien conspiró contra el régimen legal de la II República no obedece a una cuestión ideológica. Es por una pura cuestión democrática.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur