lunes, 13 de junio de 2022

PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA

 


jueves, 26 de mayo de 2022

NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIAN DEL SIGLO XXI

 Desde mi picoesquina



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/05/26/pacto-san-sebastian-siglo-xxi-66545346.html?fbclid=IwAR3rnJfeZrSbxJVcTb754OSkt6wDT5tWfNoCswkkvryWauJP_4uDBDYIoLk 

Un nuevo Pacto de San Sebastián del siglo XXI


Cuando lean estas líneas, se habrá producido el regreso a su exilio catarí del emérito, tras su fugaz paso por España, una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. En mi artículo de LA OPINIÓN de hace unos días, tras rastrear sintéticamente la trayectoria de la monarquía de los Borbones en España demostrando que la corrupción estructural ha jalonado dicha trayectoria, daba cuenta de la celebración, el sábado 14, en todo el Estado de una consulta popular para que -cosa que no pudo darse durante la Transición- el pueblo pudiera pronunciarse sobre sus preferencias monárquicas o republicanas como forma de Estado.

La consulta, no vinculante, no respondió del todo a las expectativas de sus organizadores. No obstante, el apoyo a la República en la Región fue del 91%, mientras que en el resto del Estado fue del 93%. Y para quienes minusvaloran esa consulta, por minoritaria y sin garantías censales, hay que decir que quien quiso votar libremente pudo hacerlo, como lo demuestran los votos monárquicos emitidos en las mesas.

Y es que parece claro que, pese al lavado de imagen de los partidos dinásticos (PP y PSOE) con la aprobación de un real decreto sobre la institución, los escándalos protagonizados por Juan Carlos I hacen que la monarquía viva sus horas más bajas desde su (segunda) restauración en 1975.

LA MONARQUÍA ADOLECE DE LEGITIMIDAD DE ORIGEN. Según el constitucionalista Javier Pérez Royo, el principio monárquico ha venido apropiándose históricamente del edificio constitucional español desde el siglo XIX; todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la monarquía española, lo que condujo a una plena identificación monarquía-Estado, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a su juicio, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en las elecciones municipales del 12 abril de 1931 para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República.

La monarquía española, además, está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Tras la muerte del dictador Franco, la segunda restauración monárquica española de noviembre de 1975 -con precedentes en dos textos franquistas, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, y posterior designación por el dictador del entonces príncipe Juan Carlos como su 'sucesor a título de Rey', en 1969- sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).

La operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinada a la operación de asegurar el éxito de esa restauración de la monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que añade una tremenda dificultad y complejidad a la reforma del Título II, el relativo a la Corona.

Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, secretario primero del Congreso y profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, afirma en su libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal,2021) que la historia de la monarquía en España ha estado marcada por pelotazos, traiciones y deslealtades. Y aunque se detecta una estrategia de las fuerzas de la derecha y del PSOE en dar prioridad a la supervivencia de la monarquía sobre la democracia, según este analista ello no supone que esté agotada la vía republicana, pese a la evidente desconexión de las distintas pulsiones existentes en el conjunto del territorio. Opina, además, que es importante que, como en 1931 (con políticos procedentes del campo católico y monárquico, como Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura), vaya apareciendo un republicanismo democrático, moderado e incluso conservador que entienda que la monarquía es un obstáculo para la modernización social y económica del país, tomando partido como en su día lo hiciera José Ortega y Gasset, un intelectual elitista y demófobo, pero que llegó a propugnar su Delenda este monarchia (hay que acabar con la monarquía).

Para Pisarello, la emergencia de VOX no es casual. Cuando con el Caso Nóos se acaba la omertá y comienza el declive de la institución, es cuando la extrema derecha irrumpe en la escena política española para ofrecerle a la monarquía una salida política similar a la protagonizada en su día por Primo de Rivera en septiembre de 1923.

ES NECESARIO UN NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SIGLO XXI. Recordemos que, ante la descomposición y corrupción de la monarquía de Alfonso XIII, el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) supuso una agenda común de las fuerzas sociales y republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura primorriverista, un régimen elitista, desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales.

Coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República el pasado abril de 2021, varios colectivos y medios alternativos emitieron un comunicado, con el título que encabeza este artículo. Entre otras cuestiones de fondo, en el mismo se dice que “…el fraude fiscal de la monarquía [hoy sospechosa y sorpresivamente archivado por la Fiscalía Anticorrupción] y la fuga del rey emérito exponen a un nivel profundo la debilidad del régimen […] los fraudes de la misma jefatura del Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía” por lo que se requiere una alianza de fuerzas políticas que sea la expresión de una fuerza popular que recoja “todos los deseos de pleno autogobierno y autodeterminación, desde las naciones periféricas hasta la España vaciada”.

El comunicado reclama un New Deal pensado como “una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico” y reconoce como otros problemas incrustados en el actual sistema el centralismo, la judicialización de la política y el autoritarismo del Estado, problemas que habría que superar con ese pacto democrático que “modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social, con una formulación confederal y democrática”.

Ese comunicado incide en aspectos como la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y una política social de alquileres, sin desdeñar la recaudación fiscal basada en la tributación de las grandes fortunas para acabar con el fraude fiscal. Los firmantes recuerdan que según Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal supone un robo de un total de 92.000 millones al erario público y 31.800 millones para la Seguridad Social.

Por ello, aclaran que “una política republicana consiste en construir un bloque político y social para hacer pagar a las grandes ‘familias’ del fraude fiscal, desde la monarquía hasta el IBEX 35, porque –enfatizan- ningún individuo puede estar por encima de otros”. Concluyen con que “un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieren una ruptura del régimen en un sentido republicano y popular”. A lo que yo añadiría los necesarios avances en una auténtica laicidad, con la siempre pendiente separación Iglesia-Estado, previa denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979.  

Para concluir, considero que el desgaste de la monarquía y la abierta eclosión de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus no es sino una más de sus manifestaciones, deben impulsar un consistente núcleo social y político prorrepublicano. ¿Podría suponer el paso dado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al registrar la marca ‘Sumar’ el inicio de esa lenta pero posible salida en clave republicana al panorama político actual?

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

jueves, 28 de abril de 2022

60 AÑOS DEL ABSURDO Y CRIMINAL EMBARGO A CUBA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/04/27/60-anos-absurdo-criminal-embargo-65435556.html

 

                                                     (Foto: La Opinión de Murcia)

 Desde mi picoesquina, La Opinión de Murcia, 27-04-2022

Los pasados días 1, 2 y 3 de este mes, en varios países europeos y a través de las redes sociales, con los hashtag #CubaVamosconTodo y #CubaPonleCorazón, se desarrolló una ‘ciberacción’ por el levantamiento del absurdo y criminal embargo estadounidense a la isla, cuando se cumplen 60 años de éste.

Anteriormente, y según una información de TeleSURtv.net, a finales de febrero, cubanoamericanos y estadounidenses reclamaron también el fin del bloqueo comercial y financiero de la Casa Blanca a Cuba, con una caravana de coches por las calles de Miami, en Florida. Los participantes exigieron que sean levantadas las más de 240 medidas restrictivas unilaterales contra Cuba que instrumentó Donald Trump (2017-2021), incluso en medio de la pandemia de la Covid 19, y que mantiene el actual mandatario Joe Biden. 

Exigieron, así mismo, la reapertura de los servicios consulares de la embajada de EE UU en La Habana, así como el servicio de envío de remesas y el levantamiento de prohibiciones de viaje de estadounidenses que deseen visitar la isla.

Para que conozcamos el alcance de ese embargo, relaciono aquí, según Amnistía Internacional, el entramado jurídico estadounidense que lo sostiene: Ley de Cooperación Internacional, de 1961; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963; Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, también conocida como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, y Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

LA POSICIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). La última resolución de condena de la ONU, de finales de junio de 2021, fue apoyada por 184 países, contó con el voto negativo de EE UU y su estado lacayo, Israel, y con la abstención de Colombia, Brasil y Ucrania (así agradece este último país la humanitaria acogida por parte de Cuba de 40.000 niñas y niños víctimas en su día del desastre nuclear de Chernobil). Con su abstención, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión de noviembre de 2019.

La resolución que pide el fin del bloqueo se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992, cuando el órgano de debate empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de la Covid 19. 

Según datos de la propia web de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno E. Rodríguez Parrilla, afirmó en el debate que precedió a la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que, según la Convención de Ginebra de 1948, «constituye un acto de genocidio», añadiendo, no sin razón, que se trata de «una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño ya afectado en este periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia y que nos ha privado de ingresos indispensables, como los derivados del turismo». Precisó, además, que, de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares.

El mandatario reclamó que cese la persecución y dio cuenta en ese debate de un Memorando del Departamento de Estado norteamericano de una fecha tan lejana como la del 6 de abril de 1960 en la que, un año después del triunfo de la Revolución, ya se hacía un llamamiento a poner en práctica todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrocar al Gobierno. De hecho, antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. (Ignoramos si tales pretensiones las exige EE UU, por ejemplo, a Israel o a sus aliados sátrapas saudíes).

Pese a las dificultades económicas de la isla agravadas por la crisis de la Covid 19, los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. En información recogida por Radio Habana, en junio de 2021 la Unión Europea (UE) advirtió que el bloqueo impuesto por EE UU a Cuba tiene un impacto negativo en sus intereses y reiteró su rechazo a la extraterritorialidad de dicha política, pues dichas medidas violan las reglas aceptadas por los países para desarrollar el comercio internacional, sobre todo con la aplicación de la Ley Torricelli, de 1992, según la cual se prohíbe el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países, e impide a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, ‘tocar’ puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano. 

Por su parte, la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, de 1996, afecta de lleno a los intereses comerciales de empresas o personas naturales de Europa, por lo que el Consejo de Ministros europeo de 1996 adoptó regulaciones para soslayar los efectos más perniciosos de esa ley, que incide de lleno, y negativamente, sobre todo en el pueblo cubano. La UE ha venido defendiendo su Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba, que se aplica de manera provisional desde el 1 de noviembre de 2017 y que EE UU trata de invalidar. 

PRESIÓN DE LAS DERECHAS Y NECESARIA RESPUESTA SOLIDARIA. Por si la presión norteamericana no fuera suficiente, y según José Manzaneda en un artículo reciente, las derechas y ultraderechas europeas, con el objetivo de destruir ese acuerdo de colaboración, son en el viejo continente la punta de lanza de la estrategia global contra Cuba del Departamento de Estado de EEUU y la Mafia cubanoamericana asentada en el Estado de Florida. Su objetivo es regresar a la política marcada por la llamada Posición Común de la UE hacia Cuba, un pacto de facto entre el expresidente español José María Aznar y la Casa Blanca que, desde 1996 y durante 20 años, fue instrumento de presión y sanciones contra La Habana, complementario al bloqueo de EEUU. 

En esta estrategia se inserta la reciente ola de acciones de presión política, mediática y económica contra Cuba a cargo de organizaciones políticas, como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y de asociaciones y fundaciones anticastristas asentadas en el Estado español y financiadas y dirigidas desde EE UU.

La combinación de las 243 últimas sanciones económicas arriba citadas, aprobadas por Trump y aplicadas también obviando sus promesas electorales por Joe Biden, ha ocasionado el cierre de empresas, la persecución del transporte de petróleo a la isla, la casi total pulverización de los ingresos por turismo, debido a la pandemia, y una inflación disparada. La situación me recuerda a la del ‘periodo especial’ de 1992, que me relataran en mi viaje a La Habana en 2008 la pareja de intelectuales Adys Capull y Froilán González, época en la que, según me contaron, llegó a faltar lo mínimo para la higiene personal e íntima de la gente.  

Vista la situación auspiciada por los enemigos de la Revolución, no son de extrañar las protestas del pasado julio de 2021, un fenómeno desconocido en las seis décadas de desarrollo de ese proceso revolucionario y que reverdeció, como nunca antes, las esperanzas de quienes trabajan sin descanso en la derrota de esa Revolución.

Por ello, el noble y culto pueblo cubano, que desde 1959 lleva intentando consolidar el avance hacia el socialismo, con indudables logros en los campos educativo y sanitario y proyectando solidaridad hacia los países pobres de todo el globo, merece nuestro apoyo y el de los países e instituciones democráticas de todo el planeta.

miércoles, 13 de abril de 2022

LA GUERRA ES INHERENTE AL SISTEMA CAPITALISTA

 

DESDE MI PICOESQUINA. La Opinión de Murcia,  14/04/2022
 
LA GUERRA ES INHERENTE AL SISTEMA CAPITALISTA
 
"He dedicado dos artículos en LA OPINIÓN a hablar de la guerra que se libra en Ucrania: Ucrania.¿Centro de la nueva Guerra Fría? (1-2-22) y Ucrania: la geoestrategia contra la razón (15/3/22). Pero los acontecimientos de ese dramático conflicto se suceden vertiginosamente. También la fuerte polarización que esa guerra ha generado sobre todo en el ámbito de la izquierda. Por ello vuelvo a incidir en el tema.
 
 La guerra es inherente al sistema capitalista
 
Han pasado los tiempos de la unanimidad que despertara en su día la oposición izquierdista a la guerra de Irak. Por el contrario, hoy la fractura que se ha producido no sólo en el seno del Gobierno de coalición sino dentro de las filas de la izquierda del PSOE es un hecho. Las redes sociales hierven.
 
Y las diatribas entre quienes critican sin ambages la invasión rusa de Ucrania, criminalizando a Putin, y quienes, sin justificar tal agresión, intentan aportar un mínimo de racionalidad al conflicto, son también evidentes. Como si la manipulación informativa de los dos actores en conflicto no existiera para, al menos, poner en duda las noticias que nos ofrecen.
 
Para algunos analistas, la guerra de Ucrania ha creado una masa crítica de opiniones casi imposible de digerir y convertido esas opiniones en una mercancía abundante que, convenientemente dirigida, ha ido llenando los bolsillos de los gigantes tecnológicos de la comunicación. Porque un hecho social tan complejo, la guerra actual entre dos Estados civilizados de la vieja Europa (para nada vemos las similitudes con el bombardeo de Guernica de 1937 que expusiera ante el Parlamento español el presidente ucranio Zelenski, cosa que se ha encargado de aclarar Ángel Viñas), se ha ido convirtiendo, por efecto de la guerra mediática y propagandística, en una toma de posiciones y de ‘bandos’ tan artificial como absurda. Artificial porque, además de los efectos visibles de este ominoso conflicto, hay otros elementos que subyacen al mismo más difíciles de detectar. Me propongo, sintéticamente, aportar otros elementos de análisis.
 
DESTRUIR PARA RECONSTRUIR. EL NEGOCIO DE LA GUERRA. Hay un hecho evidente: en todas las guerras, la parte más afectada es la población civil. Desde que el mundo es mundo, sus inductores y los altos mandos militares observan la sangría humana que toda guerra lleva consigo desde sus atalayas privilegiadas, a salvo de los efectos mortíferos del armamento en juego y de las vicisitudes del campo de batalla.
 
Y uno de los principales efectos de esta guerra, las sanciones, no está afectando a Rusia (ha fortalecido sus relaciones comerciales con países emergentes asiáticos como la India, también Pakistán y sobre todo con China, y ha logrado estabilizar la cotización del rublo), sino a la rica, y ahora más dependiente, Europa.
 
Sabemos que EE UU va a incrementar un 68%, respecto de 2021, el envío de gas (por supuesto, más caro) a la UE, para rebajar la dependencia energética de Rusia. El acuerdo UE-Biden se enmarca en el compromiso europeo de reducir en dos tercios esa dependencia, esto es, pasar, antes de que acabe el año, de esos 155.000 millones de metros cúbicos a 50.000 millones, cantidad que, como se ve, aún queda muy lejos de poder compensar las importaciones rusas.
 
Ante este panorama, la conclusión es evidente: EE UU, inductor de la actual guerra, que como las dos anteriores guerras mundiales se desarrolla lejos de su territorio, se va a beneficiar claramente de la misma, y, en contrapartida, asistiremos al empobrecimiento de las capas populares del resto de Europa.
Pero es que, además, a la potencia norteamericana no le ha venido importando contribuir, directa o indirectamente, a destruir con sus guerras de agresión las infraestructuras básicas de un país, sino todo lo contrario, pues el negocio de la reconstrucción (como el de los contratistas yanquis que se llenaron los bolsillos en Irak), en manos de empresas privadas, es muy lucrativo
.
Otro de los sectores más beneficiados por la guerra, es, por motivos obvios, lo que ha venido denominándose el complejo militar-industrial. Pese a su sonoro fracaso, el terrible coste humano, político y de seguridad de los veinte años de intervención yanqui en Afganistán no ha sido tan desastroso para ese complejo militar-industrial. Desglosando los costes, parte del gasto de la Administración norteamericana en ese país arroja las siguientes cantidades: 800.000 millones de dólares se destinaron a operaciones de contrainsurgencia; 85.000 millones, a entrenar y equipar al Ejército afgano (ya vemos para lo que han servido, en la medida en que éste desertó visiblemente ante el avance talibán); y sólo 4.000 millones a ayuda humanitaria.
 
Esto es, el coste de la guerra es gravoso para el contribuyente norteamericano pero un negocio redondo para los inversores en empresas de armamento. Aporto algunos datos de algunas de esas empresas de armamento americanas que se han hecho de oro en Afganistán: Lockheed Martin ha obtenido un beneficio total, desde 2001, del 1.235,60%; Northrop Grumman, un 1.196,14%; Boeing, 974,97%, y General Dynamics, 625,37%. Se calcula que una persona que hubiera invertido 10.000 dólares en 2001 en cualquiera de las cinco principales empresas militares de EE UU habrá multiplicado por diez su inversión en estos últimos 20 años.
 
A su vez, EE UU/OTAN viene exigiendo a sus ‘socios’ el incremento del gasto militar. Pese a la crisis, éstos respondieron afirmativamente en 2020, antes de que estallara la actual crisis. Y en estos momentos, se les exige que eleven ese gasto al menos al 2% del PIB (España, que está por debajo de ese porcentaje, se dispone a ‘obedecer’ el mandato de la OTAN).
 
EL CAPITALISMO NECESITA LA GUERRA. Hechas las consideraciones que anteceden, creo que hay un hecho incontestable: el sistema capitalista, representando hegemónicamente en Occidente por la OTAN y EE UU, necesita la guerra para su reproducción.
 
Si nos atenemos al siempre científico pero denostado método de análisis marxista, entenderemos que la guerra que hoy se libra en Ucrania no difiere mucho de las que se dan en otras zonas más subdesarrolladas del globo, como Siria, Yemen, Libia, Somalia, Mali, el Sahel… Guerras que no son sino una necesaria adecuación del modo de producción capitalista a escenarios de crisis de larga duración. Aunque parezca un disparate mi afirmación, es cierto que el capitalismo necesita destruir fuerzas productivas y tecnología (¿qué fueron, si no, las dos guerras mundiales?) e incluso (y esto sí que es sangrante) fuerza humana de trabajo, como condición para reiniciar un nuevo ciclo de acumulación de capital mediante la actualización de la ciencia y la tecnología y el nuevo impulso al consumo de masas. ¿Les suena el Plan Marshall?
 
El activista y escritor uruguayo Raúl Zibechi, en un artículo del pasado noviembre de 2021 en La Jornada, pone en duda los supuestos límites del sistema capitalista y le otorga a este modo de producción una tremenda capacidad de supervivencia. Alega que ni siquiera las revoluciones han podido erradicar este sistema ya que, una vez tras otra, en el seno de las sociedades prerrevolucionarias se expanden relaciones sociales capitalistas y, desde dentro del Estado, surge la clase burguesa encargada de hacerlas prosperar.
 
No pocos pensadores, sin embargo, a la vista del rápido avance del cambio climático y de la desaparición de especies vegetales y animales (se calcula que de estos últimos hay unos 7,7 millones y que el 20% está en peligro de extinción), de lo que da cuenta National Geographic, sostienen que el sistema capitalista sí tiene límites ambientales, muy particularmente la vida en el planeta y, sobre todo, la mitad pobre y humillada de su población.
 
Está claro que las ominosas guerras que padecemos contribuyen a ello. Teniendo siempre presente la amenaza de un conflicto nuclear que, una vez iniciado, no tiene vuelta atrás. Y con la guerra de Ucrania ese supuesto está planeando, amenazador, sobre nosotros.
 
La sociedad civil planetaria ha de movilizarse para cambiar drásticamente este escenario.

 

jueves, 31 de marzo de 2022

DOBLE TRAICIÓN AL PUEBLO SAHARAUI

 Diego Jiménez García, LA OPINIÓN de Murcia, 31/03/2022


 

(Foto: La Opinión de Murcia)

En efecto. De nueva traición hay que calificar el viraje dado por Pedro Sánchez, que sin consultar su decisión con su propio Gobierno (excepto, al parecer, con su ministro de Exteriores) y, por supuesto, con el Parlamento español (es notoria la oposición en bloque de todo el arco parlamentario) decidió, en días pasados, en carta remitida a Mohamed VI, asumir la posición del año 2007 del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental, lo que, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas (ONU), supone la negativa a celebrar un referéndum de autodeterminación en la que fue antigua provincia española hasta 1976 y, por consiguiente, el mantenimiento de la ilegal soberanía marroquí sobre el territorio. 

 Recordemos que el Sahara Occidental, de casi 270.000 kilómetros cuadrados, fue colonizado por España en 1884, cuando en la Conferencia de Berlín las potencias europeas se repartieron África. Cincuenta años después, España lo integraría como la provincia número 53, hasta que en 1965 la ONU exigió su descolonización. Tras la Marcha Verde de finales de 1975 y los vergonzosos Acuerdos de Madrid, con un Franco agonizante, España cedió el Sahara Español a Marruecos y Mauritania, que poco después renunció a su parte.

 Son conocidas las presiones de la CIA norteamericana en la entrevista de Juan Carlos I, entonces jefe de Estado accidental por la enfermedad terminal del dictador, con Vernon A. Walters, director adjunto de esa central de Inteligencia. En pleno escenario de Guerra Fría, EE UU no deseaba mantener un foco de tensión en la zona, acrecentado por el alineamiento de la vecina Argelia con la URSS. Por lo que, en dicho encuentro, al parecer Walters le garantizó a Juan Carlos su apoyo para el acceso al trono a cambio de la cesión a Marruecos del Sahara Español. Desde ese momento, la monarquía alauita siguió considerando como propio ese territorio y mantuvo una guerra con el Frente Polisario, que proclamó el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y exigía la independencia. 

Dicha guerra duró hasta 1991. En abril de ese año, la resolución 690 de la ONU reconoció el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, con un periodo transitorio en el que tendría que elegir entre su independencia o la integración en Marruecos, considerando al Sahara uno de los 17 territorios que está pendiente de descolonización y a España potencia administradora. Para la realización de la consulta, se tendría en cuenta el censo realizado por España en 1974. En 1999, la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) determinó que unas 86.000 personas tenían derecho al voto. Sin embargo, Marruecos, que había inflado ese censo con personas del propio país, alegó que habría que incluir unos 240.000 votantes más. La realidad es que, como es sabido, ese referéndum nunca se ha celebrado ni tiene visos de que se vaya a celebrar.

 Hoy, la población saharaui ha pasado a ser minoritaria en la zona, mientras miles de refugiados viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia. En 2007 Marruecos presentó ante la ONU un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, en el que se le niega cualquier posibilidad de independencia. El mismo plan que, como decíamos arriba, ha sido apoyado por Pedro Sánchez. Al parecer, Marruecos cedería competencias ejecutivas, legislativas, económicas, de infraestructuras y otras, pero se reservaría materias claves como la Defensa, las relaciones exteriores o la religión, supervisada, por supuesto, por Mohamed VI. Hasta aquí, una relación sucinta de los hechos. Además, en el paso dado por Pedro Sánchez, que cada día que pasa se muestra más pusilánime ante la emersión de problemáticas varias en su acción de Gobierno, hay que tener en cuenta otras consideraciones. 

 LA POBLACIÓN SAHARAUI SIGUE RECLAMANDO LIBERTAD. El presidente del Gobierno, influido sin duda por la incesante presión marroquí, y de la que las protestas de la diplomacia alauita por la asistencia sanitaria prestada en España a Brahim Gali, secretario general del Frante Polisario, son sólo una muestra, avala su apoyo al plan marroquí en la razón de Estado. Pero ignora el presidente la odiosa represión que ejerce Marruecos, tanto en la región del Rif, como en el Sahara. Aminetu Haidar, una activista saharaui perseguida por el sátrapa marroquí, denunció en su día que la comunidad internacional y la ONU no habían hecho nada y que la Minurso es «un testigo internacional con los ojos vendados». Añadiendo, además: «Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales; ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante la ONU». En los territorios del Sahara Occidental se han venido cometiendo por parte del Ejército ocupante detenciones arbitrarias, asesinatos en masa, simplemente porque sus habitantes no repitieran en su día ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos! (el mismo al que Juan Carlos I definió como un hermano), bombardeos con bombas de napalm…c omo relató unos años después de la Marcha Verde una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos. 

EL PUEBLO SAHARUI, VÍCTIMA DE LA GEOPOLÍTICA. Antes de exponer unas conclusiones finales, tenemos que recordar que el pueblo saharaui hablaba nuestro idioma y tenía nuestra nacionalidad, por lo que el sentimiento de abandono durante estos años no ha desaparecido. 

Unas consideraciones:

 1. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, solicitada por la Asamblea General de la ONU de octubre de 1975, negaba a Marruecos vínculo de soberanía territorial del Sahara, por lo que dicha ocupación es ilegal. 

 2. El Frente Polisario afirma que la situación legal del Estado saharaui es auténtica, y que fue ratificada por la integración de la RASD en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984. 

3. Es notorio que la posible existencia inicial de un nuevo Estado en el Norte de África, en momentos álgidos de la Guerra Fría, había que evitarla, por los contactos entre el Frente Polisario con Argelia y la URSS. Hoy, 47 años después, las ambiciones y conveniencias magrebíes, estadounidenses y europeas en esa región del Sur del Mediterráneo están dificultando esa pretensión.

 4. Los mayores valedores del sátrapa marroquí siguen siendo la UE, particularmente Francia, que no abandona su presencia en los antiguos territorios de su influencia, El Reino Unido y últimamente, Alemania. Por su parte, EE UU, amén de sus intereses comerciales en la zona, pretende consolidar a Marruecos como un bastión más de la seguridad preventiva en el eje estratégico Canarias-Estrecho-Baleares, ante la emergencia del fundamentalismo islámico, 

 5. No hay que olvidar tampoco la presencia de un ‘actor’ rival de Marruecos, Argelia, que mantiene unas relaciones privilegiadas con China, inversora neta en el país, como en el resto de África. En mayo de 1996, el entonces presidente chino, Jiang Zemin, visitó el continente. Desde ese momento y hasta 2017, el comercio chino con los países africanos se incrementó más de 200 veces, sus inversiones se elevaron a 100.000 millones de dólares y alrededor de 3.100 empresas del gigante asiático se han instalado en el continente. 

 6. En cuanto a España, antigua metrópoli, es notorio que su diplomacia ha sido superada por la marroquí, que mantiene intactas sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla (desconocemos si la ‘rajada’ de Pedro Sánchez habrá garantizado su estatus) y los territorios de soberanía españoles: Peñón de Vélez de la Gomera, islas de Alhucemas y Chafarinas, islote de Perejil, e incluso las Canarias. España, además, debe mantener buenas relaciones políticas con Francia y EE UU al tiempo que debe cuidar su relación con Argelia, por nuestra dependencia energética de ese país, que en cualquier momento podría cerrarnos el ‘grifo del gas, aunque no parece un escenario probable. 

 7. Se dice que con el Acuerdo con Marruecos hemos ganado en tranquilidad, pero a cambio de perder peso geopolítico. Ganamos también el ser partícipes de futuros negocios energéticos y que Marruecos frene con más ahínco (cosa que está por ver y cuáles serán los nuevos chantajes) a los emigrantes subsaharianos. 

Todas estas consideraciones geopolíticas refuerzan mi convicción de que la palabra ‘traición’ respecto de nuestro pueblo hermano saharaui no es exagerada. De nuevo, y una vez más, la CIA y también la OTAN han dictado sus designios.

martes, 15 de febrero de 2022

UNA INMATRICULACIÓN CON DOLO: EL CASO DE LA PALMA, CARTAGENA

 

Cementerio de Santa Florentina. La Palma, Cartagena (foto LA OPINIÓN)

En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.

En síntesis, el asunto es el siguiente. En 1998 José María Aznar reformó la ley hipotecaria, lo que daba potestad a la Iglesia Católica (y sólo a ella) para inmatricular lugares de culto y otras propiedades (pisos, garajes, parcelas, naves, etc.). Esa reforma, una ampliación de la ley franquista de 1946, equiparaba al obispo a un fedatario público, por lo que sólo su opinión bastaba para atribuirse la propiedad de esos bienes. Desde entonces, según datos que he recabado de la plataforma estatal Recuperando, y sin contar las ‘apropiaciones’ anteriores desde el fin de la Guerra Civil, sólo en el periodo 1998-2015 serían casi 35.000. Destacan monumentos que son patrimonio de la Humanidad, como la mezquita de Córdoba, pero también casas parroquiales, ermitas, cementerios, parcelas, parques… hasta 2015, año en que se cambió la ley hipotecaria, lo que impidió que los obispos pudieran seguir realizando nuevos registros.

Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.

La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.

En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.

En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.

En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.

Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.

El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.

Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.

El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.  

martes, 1 de febrero de 2022

UCRANIA. ¿CENTRO DE LA NUEVA GUERRA FRÍA?

 Mapa de Ucrania

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/02/01/ucrania-centro-nueva-guerra-fria-62159699.html

 Diego Jiménez/ Murcia (01/02/2022). La actual crisis entre Rusia, Ucrania y Occidente es un episodio más de la indisimulada pugna por la hegemonía mundial. Al tradicional enfrentamiento entre EE UU y la URSS, que se expresaba a través de sus dos grandes alianzas, Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia, estamos asistiendo estos días al inicio del intento de consolidación de nuevas áreas de influencia en un mundo multipolar, en el que la OTAN, debilitada por sus estrepitosos fracasos en Irak, Libia, Siria, Afganistán… se enfrenta a nuevos actores emergentes. En las actuales circunstancias, Rusia, que, en contra de lo que se ha venido propalando interesadamente, no tiene intención de invadir Ucrania, pero que, al mismo tiempo, no está dispuesta a consentir más ampliaciones de la OTAN cerca de sus fronteras, cuenta con aliados estratégicos como China, India e Irán (cuyo PIB en 2020 es de 731.000 millones de dólares, la 18ª economía mundial), es decir los países más grandes y poblados y de las mayores economías de Asia. Sumemos a ellos países como Mongolia, Vietnam, Siria… Visto lo cual, podemos preguntarnos: ¿De verdad va a ir la Unión Europea (UE) y la OTAN contra ellos?  

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO. Es cierto, sin embargo, que Vladimir Putin lleva años exhibiendo su músculo militar en la región, con unas repúblicas que, tras la desintegración de la URSS, siguen en su órbita, con mandatarios prorrusos. Tal era el caso de Ucrania. Pero la revolución de 2014 forzó la salida del presidente (prorruso) Viktor Yakunovich, que, por presiones de Rusia, había suspendido un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como es sabido, a partir de ese momento, Putin aprovechó la inestabilidad política para invadir la península de Crimea, al sur de Ucrania, y apoyar la insurgencia de separatistas rusos en la región del Donbás (en esa guerra ha habido 13.000 víctimas mortales, entre ellas más de 3.000 civiles). Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: recordemos que fue precisamente Occidente el que desestabilizó a Ucrania para derrocar al Gobierno del citado Yakunovich. 

Desde la implosión de la URSS y la desintegración del Pacto de Varsovia, está claro que hay una decidida voluntad de ampliar la UE y la OTAN hacia el Este. En ese contexto, el deseo de Ucrania de ingresar en la OTAN ha soliviantado más los ánimos del Kremlin, que ya en su día digirió muy mal esa ampliación hacia las repúblicas bálticas. Putin exige, pues, a la OTAN que detenga su expansión. Las reuniones entre Washington y Moscú celebradas el 11 y 12 de enero en Ginebra (Suiza) concluyeron sin avances. Y así sigue la situación, cuando redacto estas líneas.

¿UNA NUEVA GUERRA FRÍA? Parece claro que, tras el ‘postureo’ de las grandes potencias y su juego aparente entre la diplomacia y la apelación a la guerra (el negocio de la venta de armas es mucho negocio, y las armas se fabrican para ser usadas), podríamos estar asistiendo a una reactualización de la guerra fría, iniciada por Donald Trump y proseguida por Joe Biden, con dos objetivos claros, China y Rusia, y dos frentes, Taiwán y Ucrania. En opinión de Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, parece imprudente, sin embargo, que una potencia en declive como EE UU se involucre en una confrontación en dos frentes, pues, a diferencia de años anteriores, China es una gran potencia comercial, pero también militar, sin olvidar que es acreedora neta de la deuda pública estadounidense. 

La lógica nos dice, sin embargo, que a la UE le interesaría tener a Rusia como aliada y no como enemiga, más que nada para preservar sus necesidades energéticas y sus exportaciones al gigante euroasiático. Empero, muchos analistas nos advierten de que las multinacionales yanquis empujan para vender sus reservas de gas y el petróleo (ya hay barcos metaneros cruzando el Atlántico), desplazando a los combustibles rusos.

En opinión del sociólogo portugués, es particularmente preocupante que los neocons, los políticos y estrategas neoconservadores que dominan la política exterior yanqui, intensifiquen las hostilidades con Rusia y, al mismo tiempo, insten a EE UU a prepararse para una guerra con China al final de esta década, una ‘guerra caliente’ con los medios de la inteligencia artificial. De repente, China, que hasta ahora era un socio comercial fiable, pasa a ser una dictadura, e igual se piensa de Rusia. Por ello hay que integrar a Ucrania en la OTAN, como un bastión estadounidense en la frontera rusa. O sea: el conflicto EE UU-China se dirime en estos momentos en territorio europeo.

Según De Sousa, la revolución naranja o, más bien, el golpe del 22 de febrero de 2014, fuertemente apoyado por Estados Unidos, fue el pretexto para acelerar la estrategia occidental. En 2014 y 2015 se firmaron los protocolos de Minsk con la intermediación de Rusia, Francia y Alemania, por los que, de conformidad con la legislación ucraniana, se estableció un sistema de autogobierno para la región que cubre áreas de los distritos de Donetsk y Luhansk. Esos protocolos han venido siendo incumplidos. Y en estos momentos la concentración de tropas rusas en Bielorrusia y en la frontera ucraniana (se habla de unos cien mil efectivos) ayuda poco a la distensión.  

Hasta ahora, la propuesta de la diplomacia rusa, de la que apenas se habla, pero que está estos días encima de la Mesa de Normandía, en los contactos habidos con Alemania y Francia (países europeos que, hasta ahora, se desmarcan de la política belicista que alienta la OTAN) y la misma Ucrania, es el establecimiento de un tratado de seguridad basado en el desarme y la desnuclearización, en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía de los Estados. 

LA POSICIÓN DE EUROPA. Coincido con el sociólogo Manuel Monereo en que hoy la UE, que en los momentos en que redacto estas líneas no tiene una posición común ante el conflicto, está obligada a definirse ante la evidente emergencia de un mundo multipolar, a la vista de que EE UU está anclado aún en la defensa de un mundo unipolar bajo su hegemonía. Si se desatara la guerra, Europa puede poner las muertes en una guerra en la que nada tiene que ganar y sí mucho que perder. La guerra es el mal absoluto. Lo que debería hacer realmente Europa es, junto a Naciones Unidas, tomar iniciativas veraces para una salida diplomática a la crisis que reconozca los intereses comunes que tiene con Rusia y promover un gran acuerdo económico, político y militar en el marco del cual se debe resolver el conflicto ucraniano.

Por eso resulta patética y ridícula la euforia mostrada por la titular de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, rápidamente ‘matizada’ por el propio presidente del Gobierno, tras el envío de algunos cazas a Bulgaria y la fragata Blas de Lezo y otros barcos (aportación, en todo caso, insignificante pues España se sitúa en el 19º lugar mundial en gasto de Defensa, en porcentaje similar al PIB destinado a I+D, 1,4%) lo que añadía un componente belicista a lo que debería ser la vía diplomática. Sin embargo, no es la aportación cuantitativa lo más determinante, sino la voluntad belicista opuesta a la vía diplomática lo que ha venido siendo cuestionada desde una oposición de izquierdas que vuelve a reverdecer viejos eslóganes del No a la Guerra y OTAN no, Bases fuera.  

Una contribución española a la paz exigiría, pues, la retirada del contingente militar situado junto a las fronteras de Rusia. Nuestro Ejército, que constitucionalmente tiene atribuida la defensa de la integridad del territorio español, no ‘pinta’ nada en zonas de conflicto a 3.000 kilómetros de nuestro país.


 

 

 

 

viernes, 21 de enero de 2022

NO A LA GUERRA

En tiempos pasados, criticamos duramente la posición belicista adoptada por el 'Trio de las Azores" (Bush, Blair y Aznar) y fuimos capaces de movilizarnos en el país, en febrero y marzo de 2003, con una intensidad no recordada en mucho tiempo desde las manifestaciones masivas contra la entrada de España en la OTAN  a lo largo de 1985.


                                                          Avión de combate C-15. Ejército del Aire español

Entonces creíamos que el belicismo era un patrimonio exclusivo de la derecha. Pero hete aquí que una ministra del Gobierno progresista del Reino de España, la titular de Defensa Margarita Robles, se descuelga diciendo que va a enviar cazas a Bulgaria, país fronterizo con Ucrania, mientras que la fragata 'Blas de Lezo' se unirá a la flotilla  de la OTAN en el Mar Negro. Eso no hace sino reforzar la presencia de las tropas españolas desplegadas en países fronterizos con Rusia, lo que incrementará la escalada de la tensión.

Esta ministra ¿socialista? se desmarca, así, de la línea negociadora que defienden algunos países con peso en la UE y se alinea claramente con las tesis belicistas de una OTAN liderada por EEUU, país que, escarmentado en sus 'aventuras' en Iraq y Afganistán, intenta resarcirse alimentando la tensión con Rusia.

Margarita Robles, ubicada como otras y otros ministros en el ala más conservadora del Gobierno de coalición, no puede, por tanto, seguir un día más ostentando la cartera de Defensa. En ese sentido, a los socios de Gobierno del PSOE, comenzando por Unidas Podemos (UP), compete exigir su destitución. Si ello no ocurriera, comprometería muy seriamente la continuidad de UP en el Gobierno. 

Porque UP ha de retomar, en estas circunstancias, el eslogan NO A LA GUERRA.