viernes, 21 de enero de 2022

NO A LA GUERRA

En tiempos pasados, criticamos duramente la posición belicista adoptada por el 'Trio de las Azores" (Bush, Blair y Aznar) y fuimos capaces de movilizarnos en el país, en febrero y marzo de 2003, con una intensidad no recordada en mucho tiempo desde las manifestaciones masivas contra la entrada de España en la OTAN  a lo largo de 1985.


                                                          Avión de combate C-15. Ejército del Aire español

Entonces creíamos que el belicismo era un patrimonio exclusivo de la derecha. Pero hete aquí que una ministra del Gobierno progresista del Reino de España, la titular de Defensa Margarita Robles, se descuelga diciendo que va a enviar cazas a Bulgaria, país fronterizo con Ucrania, mientras que la fragata 'Blas de Lezo' se unirá a la flotilla  de la OTAN en el Mar Negro. Eso no hace sino reforzar la presencia de las tropas españolas desplegadas en países fronterizos con Rusia, lo que incrementará la escalada de la tensión.

Esta ministra ¿socialista? se desmarca, así, de la línea negociadora que defienden algunos países con peso en la UE y se alinea claramente con las tesis belicistas de una OTAN liderada por EEUU, país que, escarmentado en sus 'aventuras' en Iraq y Afganistán, intenta resarcirse alimentando la tensión con Rusia.

Margarita Robles, ubicada como otras y otros ministros en el ala más conservadora del Gobierno de coalición, no puede, por tanto, seguir un día más ostentando la cartera de Defensa. En ese sentido, a los socios de Gobierno del PSOE, comenzando por Unidas Podemos (UP), compete exigir su destitución. Si ello no ocurriera, comprometería muy seriamente la continuidad de UP en el Gobierno. 

Porque UP ha de retomar, en estas circunstancias, el eslogan NO A LA GUERRA.

miércoles, 19 de enero de 2022

MACROGRANJAS, BULOS Y MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

 A primeros de mes, decidí celebrar el día de mi cumpleaños en la montaña, en la zona de la cortijada de Huebras (Albacete), junto a la Sierra de Las Cabras. Estamos hablando del entorno de la Sierra del Segura, tan bello como olvidado por las Administraciones. Como olvidada es la ganadería extensiva que, aun en franco declive, todavía es perceptible en llanos y quebradas en esas frías y despobladas tierras de interior. En efecto, la presencia de extensos rebaños de ovejas segureñas es una muestra de que todavía hay gentes que se niegan a abandonar definitivamente el modo de vida de antaño. La ganadería extensiva, que aún se practica en tierras de interior de nuestra Región, y en tantas y tantas zonas de España, preserva y regenera nuestros montes, nos provee de carne y derivados lácteos de gran calidad y, a su modo, contribuye en parte a fijar población.

                                      Macrogranja de CEFUSA en Castilléjar (Granada). (Foto de Greenpeace)

EL CAPITALISMO IRRUMPE EN EL CAMPO. En contraste, amplias zonas del país y de nuestra Región están viéndose inundadas por macrogranjas de ganadería intensiva, sobre todo de porcino, que, ante todo, buscan la rentabilidad capitalista. Las hay en zonas altas de Lorca, en el Valle del Guadalentín, en el Campo de Cartagena y Mar Menor, en el Noroeste…En el Altiplano la lucha vecinal está impidiendo la instalación de una de estas granjas contaminantes en el entorno del Monte Arabí, de Yecla. Resistencia ejemplar, como la que se percibe en otras zonas de la Región.

En un artículo anterior, hice notar que el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) y vecinas y vecinos de Caravaca ven también con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales que estas instalaciones producen. Recientemente, CDN ha dado a conocer los anuncios en el BORM de los proyectos y ampliaciones de explotaciones porcinas que durante el año 2021 se han tramitado en el ayuntamiento de Caravaca en distintos parajes: Cañada del Charco, Loma de Banderas, Las Oicas, El Moral, la Carrasca… es decir, un total de 6.000 cerdos y casi 8.000 lechones más en un año, sin contar con las ampliaciones previstas en otros proyectos, utilizando un subterfugio legal: ante la necesidad de contar con una evaluación de impacto ambiental cuando esas granjas llegan a las 2.000 unidades porcinas, la mayoría de ellas sólo declara 1.999.

Según denuncia Greenpeace, la ganadería industrial está devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia de este negocio. Su modelo de producción se basa en alimentar a los animales lo más rápidamente posible, bajo cualquier condición, que no excluye por tanto el maltrato, y en maximizar los beneficios. El número de vacas de estas instalaciones se ha duplicado y el de cerdos quintuplicado desde los años 60 del pasado siglo.

En manos de capitales extranjeros, pero también de grupos empresariales españoles conocidos, en los que no faltan referencias a la nobleza (Casa de Alba, Duque del Infantado…), perceptores, además, de fondos comunitarios a través de la PAC, estas empresas siguen expandiéndose: la que en el Valle de Odieta está detrás de la explotación de 5.000 vacas en Caparroso (Navarra) ha proyectado una aún mayor en Noviercas (Soria) para ¡23.520! animales, lo que la convertiría en la mayor macrogranja de Europa.

Las consecuencias, dice Greenpeace, serían terribles: gran consumo y contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo de alimento para ganado, daños a la salud y abusos a los animales. Además, son una falsa solución contra el despoblamiento rural.

ESPAÑA INCUMPLE LA LEGALIDAD MEDIOAMBIENTAL. Los datos demuestran que las macrogranjas han llevado a España fuera de la legalidad ambiental. En nuestro país, 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino son las responsables de que 99 millones de kilogramos de metano sean liberados al aire en 2020. La concentración de gran cantidad de cerdos en zonas concretas (nuestra Región de Murcia está a la cabeza) está generando problemas con los desechos orgánicos, razón por la que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo, por incumplimiento de la ley debido a la insuficiente respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos.

El ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de 1.000 puntos en 199 masas de agua afectadas o en riesgo: 40 de cada cien acuíferos están dañados. Y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas (el mismo que desautorizó a su colega de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones del pasado 26 de diciembre en The Guardian), en un real decreto de febrero de 2020 admitía que la carne de porcino puede tener un significativo impacto ambiental, especialmente en la producción de nitratos y en la emisión de amoniaco a la atmósfera. Por su parte, el ministerio de Teresa Ribera, otra que se ha sumado a la desautorización de Garzón, calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente, especialmente en el agua. Consecuencias medioambientales, sin duda avaladas por la Ciencia.

Además, según los Datos Globales de la Universidad de Oxford (Our World in Data), sólo el 23% de la tierra cultivable en el planeta se destina para el consumo humano; el 77% restante es para pastos o para piensos de animales de granja. Para obtener un kilo de pollo se necesitan 3,3 kilos de alimentos; para uno de cerdo, 6,4 kilos, y para uno de vacuno, 25 kilos, con sus secuelas de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A título de ejemplo, en la producción porcina se emiten 12,31 kilos por cada kilo de comida; en la ovina, 39,72 kilos, y en la bovina, 99,48 kilos.

Por ello, insiste el informe, existen alternativas que reducen el impacto ambiental de la producción de carne, esto es, la ganadería sostenible y extensiva, sin olvidar la ingesta de proteínas vegetales, pues la mayoría de emisiones de CO2 de los productos de origen vegetal son de 10 a 50 veces menores que en los de origen animal.

El debate sobre las macrogranjas no es exclusivo de nuestro país. El 20% de los franceses se muestra contrario a la ganadería industrial; en Alemania, Los Verdes, cuando negociaban una coalición de Gobierno en 2017 con democristianos y liberales, exigieron que el acuerdo incluyera una disposición para cerrar este tipo de instalaciones en un plazo de 20 años, aunque ahora piden, al menos, acabar con los ‘precios basura’ de la carne; en Italia, muchos ayuntamientos luchan contra estas instalaciones de ganadería intensiva, y en el Reino Unido hay campañas en esta misma dirección…

BULOS Y LAPIDACIÓN MEDIÁTICA DE UNIDAS PODEMOS. Pero en nuestro país se han instalado la mentira y la hipocresía como armas políticas. Hipocresía en la medida que no se entiende cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar una moratoria (aunque parcial) para este tipo de instalaciones al tiempo que su presidente, García Page, cargó sus armas contra Garzón. Lo mismo puede decirse del Gobierno de Castilla y León. Lamentable la ‘actuación’ del presidente del Gobierno de España. Su reacción ante las declaraciones de Alberto Garzón, pese a que en 2019 el propio Pedro Sánchez cuestionaba este tipo de explotaciones de ganadería intensiva, hay que entenderlo, sin duda, en clave electoral, así como la de algunas ministras y ministros de su Gabinete. Comportamientos incalificables, aunque bien es cierto que, ante la evidencia de que todo ha sido un burdo bulo, parece que el PSOE ha tenido que recular.

En el fondo, hemos asistido a un intento de lapidación mediática y política más, tras el de Pablo Iglesias y el del diputado canario Alberto Rodríguez, contra Unidas Podemos. La mayor parte de la prensa, la misma que debiera garantizar una información libre, veraz y transparente, se ha prestado al ‘juego’. Hace unos días, Antonio Maestre afirmaba que el periodismo ha dejado de ser útil a la democracia para convertirse en su mayor lastre, al quedar subyugado a los intereses de cualquier jerarca con mucho dinero y poca moral. 

jueves, 9 de diciembre de 2021

EN EL 43 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN, ¿REFORMA O RUPTURA?

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/12/07/reforma-o-ruptura-60384165.html



Cuando se cumplen 43 años del referéndum que aprobó la Constitución española de 1978 (CE78), voy a comentar sucintamente tres aspectos, entre otros muchos, en los que renquea: la forma de Estado, el tema del laicismo y la articulación territorial.

Hay que recordar que nuestra Carta Magna es la segunda de más larga duración de nuestra Historia, tras la de 1876, que estuvo en vigor hasta 1923. Ambos textos tienen en común, además, que suponen la Restauración de la monarquía borbónica, y no precisamente de una manera pacífica y consensuada: mientras que la llegada al trono de Alfonso XII vino precedida del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, que supuso el final del Sexenio Democrático y de la I República española, no hay que olvidar que Juan Carlos I fue designado su sucesor por el dictador Franco en 1969, en virtud de la franquista Ley de Sucesión de 1947. 

 Parece claro, pues, pese a la aprobación del texto constitucional por una amplia mayoría de la población, que la monarquía española carece de legitimidad de origen, pues la CE78 la refrendó sin consulta alguna sobre la forma de Estado. (Es conocido el vídeo en el que Adolfo Suárez admitía que, en plena fase de discusión del texto constitucional, en todas las encuestas la monarquía salía perdiendo). 43 años después, muchas voces se alzan exigiendo una revisión a fondo, o incluso una nueva redacción, del texto constitucional, y en concreto del Título II en sus artículos 56, 57 y 58 que se refieren a la monarquía, pues esta institución, y sobre todo después de los escándalos protagonizados por el rey emérito ‘campechano’, está siendo puesta en cuestión por amplios sectores sociales, aunque ese sea un dato que se oculta frecuentemente en los sondeos de opinión al uso.

Cuando bastantes analistas coinciden en señalar, pues, que, tras la abdicación de Juan Carlos I (el Senado incurrió en una irregularidad insólita para aprobar de urgencia el proyecto de ley orgánica de abdicación del rey redactado por el Gobierno, convocando un pleno para votarla en lectura única, cuando ni siquiera había recibido el texto del Congreso), se abrió un evidente proceso de crisis de lo que se ha venido denominando el Régimen del 78, la monarquía borbónica y el poder judicial han cerrado filas.

Hace unos días, en Barcelona, Felipe VI y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presidieron el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. En dicho acto, pese a la que está cayendo, el rey, el mismo que saltándose su obligada neutralidad como jefe de Estado arremetiera violentamente contra una parte de la sociedad catalana el día 3 de octubre de 2017, calificó a la sociedad española de ‘plenamente democrática’(?).

Por su parte, Carlos Lesmes aseguró que la presencia del monarca en un acto tan relevante tenía una fuerte carga simbólica y un profundo significado constitucional. Curiosa apelación al orden constitucional: olvidó, por un momento, que sus funciones como presidente del órgano de gobierno del poder judicial en España caducaron el 4 de diciembre de 2018. Incumplimiento flagrante, pues, de la Constitución por parte de quien está llamado a cumplirla ejemplarmente. La complicidad expresa del Partido Popular, que erigiéndose las más de las veces en adalid del cumplimiento de la CE78 se niega a renovar ese órgano de los jueces, es un elemento más que revela la escasa calidad democrática en que vivimos.

Hay otras cuestiones que rechinan en la CE78, como el no blindaje de derechos sociales (vivienda, Educación, Sanidad, pensiones…), reiteradamente incumplidos, pero me voy a referir sucintamente a un asunto que evidencia la estrecha conexión aún existente entre la Iglesia y el Estado, y que se plasmó en el texto constitucional: me refiero al ambiguo artículo 16, relativo a la libertad ideológica y religiosa, pero que en su apartado 3 se refiere a las relaciones estrechas de cooperación con la Iglesia católica (en primer lugar) y con otras confesiones. Lo estipulado en ese artículo arranca claramente de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979, preconstitucionales en la medida en que fueron negociados antes de la promulgación de la Constitución el 29 de diciembre de 1978.

Con la excepción del periodo de la II República, siempre se mantuvo en nuestra tradición constitucional y, sobre todo en la dictadura franquista, un predominio confesional católico, en el que el poder de la Iglesia quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza; la presencia de la religión en las aulas, en los Concordatos de 1851 y 1953, y que se mantiene con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979; la dotación del impuesto de culto y clero, que con distinta denominación también existe hoy; y la exención tributaria. Si a ello le sumamos las inmatriculaciones, que han incrementado su patrimonio, puede colegirse que la posición de privilegio de la institución eclesiástica permanece inalterable en pleno siglo XXI y eso es un elemento anacrónico más en nuestro orden constitucional.

Otro de los problemas a los que la CE78 no ha sido capaz de dar solución, pese a la implantación de las autonomías, es al de la articulación territorial del Estado. Las autonomías coexisten con una indisimulada tentación centralista heredada de los Decretos de la Nueva Planta, de Felipe V, tras el fin de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, y que pusieron fin al Estado confederal de los Austrias. Centralismo que fue reforzado durante el reinado de Isabel II, con la decisión de diseñar una red radial de carreteras y ferrocarriles que confluyeran en Madrid.

Cuando se redactaba la actual Constitución, por el llamado ‘café para todos’, por el que las antiguas regiones y provincias herederas de la división provincial de Javier de Burgos, en 1833, podían acceder a la autonomía, se tuvo una especial consideración para las llamadas ‘regiones históricas’ (Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía), que la obtuvieron por el artículo 151, mientras que las restantes lo hicieron por el artículo 143.

Pese a ello, la CE78 no ha logrado superar los conflictos de competencias con el Estado, y ello porque, en opinión de Xabier Domènech (Un haz de naciones. Edit. Península), en el conflicto autonómico aflora la negativa por parte del Estado a la cesión de soberanía; en lo que él denomina ‘españolismo’ se ha impuesto la línea de pensamiento de Ortega y Gasset que, como es sabido, negaba cualquier realidad alternativa a la española. Y ello pese a que ponentes como Peces Barba (PSOE) admitieron que la existencia de España como nación no excluía la existencia de naciones en el interior de aquélla.

La difícil salida a estos conflictos territoriales tiene su escollo en la propia CE78, cuyo artículo 2 resalta la ‘indisoluble unidad de la Nación española’, a cuyo cumplimiento se presta el Ejército (artículo 8), como garante de esa unidad. Por eso, y por las dificultades que la CE78 plantea para su reforma en su Título X, lo que la convierte en una Constitución bastante rígida, a la izquierda y otras fuerzas progresistas compete protagonizar un periodo de acumulación de fuerzas para encarar un proceso neoconstituyente que dé luz a un renovado texto constitucional que aborde incluso la forma de Estado y la articulación territorial del mismo en clave federal-confederal.

Porque creo que hoy, pese a los ‘vientos de guerra’ que soplan desde las filas de la derecha y la extrema derecha, habría que plantearse, como en los albores de la Transición, el dilema reforma o ruptura. 

martes, 23 de noviembre de 2021

ES POSIBLE OTRA REGIÓN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/11/23/posible-region-59834745.html


Dados a conocer por LA OPINIÓN, acaban de publicarse hace unos días los datos de la encuesta de mediados de este mes del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP). Y aunque el titular de la noticia daba a entender que la crisis del Mar Menor le había pasado cierta factura al partido que lleva eternizándose en el poder regional durante 26 años, la realidad es que, si se convocaran hoy elecciones autonómicas, el PP, con 20 escaños, quedaría a tres de la mayoría absoluta. Y comoquiera que Vox supera los 4 escaños de las elecciones de 2019, sus 6 actas posibles, junto a las 20 del PP, garantizarían un Gobierno de derecha y extrema derecha en la Región, pues la suma de PSOE (14), Unidas Podemos (3) y eventualmente, cosa poco probable, los 2 diputados posibles de Cs no constituye una amenaza a las políticas de derecha incrustadas demasiados años en la Región.

¿DESGASTE DEL PP? A la vista de los datos expuestos, parece que no. Cuando algunas encuestas en el ámbito estatal parecen garantizar, pese a los obstáculos en el camino (injerencia de la judicatura en el Ejecutivo, huelga de la patronal del transporte secundada por los agricultores y posiblemente por la pesca de arrastre, pulso de las eléctricas…) la pervivencia de un Gobierno progresista, Murcia es la excepción y parece consolidarse como la nueva reserva espiritual y conservadora de la nación. Ante esa evidencia, frecuentemente se oye decir que quizá tengamos lo que nos merecemos. ¿Es esto así? Veamos.

Desde luego, causa extrañeza constatar que la multitud de proyectos megalómanos que han venido anunciándose, y que han venido seguidos de sonados fracasos o de gravosas inversiones para las arcas regionales (Contempolis, Cabo Cope, la Paramount, Aeropuerto de Corvera, Desaladora de Escombreras…), no hayan pasado factura electoral al PP. Por poner un ejemplo, el coste de explotación anual de la planta del Valle de Escombreras supone un desembolso de 21 millones de euros, habiéndose pagado más de 240 millones desde 2009. Ello no reviste para su mentor, Ramón Luis Valcárcel (exculpado por el juzgado de instrucción número 1 de Murcia), mayor importancia, pues los 600 millones de euros a amortizar en 25 años le parecen una suma 'insignificante'.

Si hacemos alusión a la grave problemática del Mar Menor, ex extraño que los 400.000 habitantes de la zona del Campo de Cartagena y de esas comarcas ribereñas y, por extensión, del resto de la Región no penalicen electoralmente a quienes son responsables directos del ecocidio de la albufera, además de que muchos votantes de los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro…  apoyaron claramente la opción ultraderechista de VOX.

Con datos del CES referidos a 2020 conocemos que la Región de Murcia se encuentra por debajo de la media nacional en prácticamente todos los indicadores de los servicios sociales. En esperanza de vida, es la quinta más baja de España; la pensión de jubilación media es también la tercera más baja; la Sanidad regional renquea en todos sus parámetros, y concretamente, en lo que respecta a los consultorios y centros de salud, habría que pasar de los 85 actuales a 500, según el CES.

En Educación, en una Región donde un 85% de los ciudadanos se declara católico, con una fuerte presencia de los grupos más conservadores de la Iglesia, como el Opus Dei y los kikos (los seguidores del Camino Neocatecumenal), la enseñanza religiosa acapara una parte considerable del gasto educativo. Bajo el señuelo de la libertad de elegir de las familias, se han trasvasado fondos a la Educación privada, con un deterioro evidente de la educación pública, que cuenta con plantillas mermadas y una disminución de presupuesto que no da ni para la calefacción. Sumemos a ello que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de enero de este año, la tasa de abandono escolar temprano es del 18,7%, sólo superada por Baleares, Andalucía, Melilla y Ceuta, mientras que desde la Administración se subvencionan y alientan las casas del juego y apuestas que están envenenando a nuestra juventud.

 Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de 2020, referida a 2019, el ingreso medio por persona en la Región es el segundo más bajo, tras Extremadura; el riesgo de pobreza atenaza al 25% de la población, mientras que el 45,3% no puede permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año, y el 11,2% tiene serias dificultades para llegar a final de mes.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTA SITUACIÓN? Las causas del amplio apoyo electoral al PP y a VOX pueden rastrearse con un elemental análisis sociológico.

 En Murcia vivimos, aún hoy, una prolongación del sistema caciquil del siglo XIX, que documentara magistralmente la catedrática, tristemente fallecida, María Teresa Pérez Picazo. Caciquismo tradicional que ha venido siendo reforzado por el ciclo político del PP, que ha logrado entrelazar una tupida red clientelar que tiene presencia en todo el tejido asociativo: AMPAS, cofradías pasionales, peñas huertanas, sardineros… Sumemos a ello que los ‘comisionistas’ medran a sus anchas en todas las esferas de la Administración y en toda la actividad productiva, lo que ha llevado a que existan auditorios sin terminar, desaladoras que no desalan, aeropuertos sin aviones y una deuda regional a niveles astronómicos. Todo ello en un contexto de un alto índice de temporalidad y de una economía sumergida que supone el 25% del PIB regional.

La larga hegemonía del PP ha consolidado una sociedad anestesiada, propiciada por un sistema que no potencia una educación crítica y de calidad. Está claro que no interesa que la sociedad murciana despierte. La anestesia ha sido inducida y nada va a cambiar mientras tengamos incrustada en el cuerpo social esta derecha cavernícola, rancia y caduca.

EMPERO, OTRA MURCIA ES POSIBLE. Pese al negro panorama descrito, en la Región hay ‘brotes verdes’. Otra Murcia, desde luego, es (y ha sido) posible.

Tenemos que enorgullecernos y rendir tributo a esas mujeres murcianas que, ausentes sus maridos, primero en el frente de guerra y luego en la dura posguerra y/o en la emigración, sacaron adelante, con esfuerzo impagable, a quienes hoy vivimos bien gracias a su sacrificio. Tenemos que enorgullecernos también de que, en el ámbito de la Cultura, destaquen escritores, cineastas, pintores (omito dar nombres para no olvidar a ninguno) que realzan el nombre de nuestra tierra allende de nuestras fronteras regionales, sin olvidar el esfuerzo de quienes suplen con su entusiasmo la notable carencia de actividades culturales de base, entendida la Cultura por los dirigentes como una actividad elitista y secundaria.

Tenemos que enorgullecernos de que, pese a tantas inercias conservadoras, se manifieste un todavía minoritario pero ruidoso movimiento reivindicativo social, del que son una muestra las Mareas Blanca (Sanidad) y Verde (Educación), las Marchas por la Dignidad, el potente movimiento feminista, los Yayoflautas, las Plataformas ciudadanas (En Defensa de las Pensiones, Pro Soterramiento, En defensa del ferrocarril, SOS Menor, Salvemos el Arabí…), las asociaciones de Memoria Histórica…

Este empuje del movimiento cultural, asociativo y reivindicativo demuestra que la Región ‘está viva’. La siempre dura y compleja ‘batalla’ por la hegemonía en el campo de las ideas (progresistas) está servida, sólo es cuestión de tiempo que cristalice.

Ojalá que la posible eclosión, también en la Región, de ese Frente Amplio de izquierdas que se viene anunciando, permita que a medio plazo asistamos a un ilusionante cambio en esta tierra duramente lastrada y castigada por el conservadurismo de viejo cuño.


jueves, 11 de noviembre de 2021

ISRAEL YA NO RESPETA NI LAS TUMBAS

 Israel ya no respeta ni las tumbas - La Opinión de Murcia (laopiniondemurcia.es)

El pasado 2 de noviembre se conmemoró el 104 aniversario de la Declaración Balfour, una
carta de 1917 del Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur James
Balfour, a Walter Rothschild, segundo barón Rothschild, líder de la comunidad judía
británica, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. En dicha
carta, el gobierno británico se comprometía a apoyar el establecimiento de un hogar
nacional para el pueblo judío en Palestina. La Declaración fue el fruto de varios meses de
negociaciones ente el gobierno británico de Lloyd George y los sionistas, un poderoso
lobby de presión que residía en Gran Bretaña dirigido por Chaim Weizmann, un
científico que rindió importantes servicios a los esfuerzos bélicos británicos durante la
Primera Guerra Mundial.


Se sentó el precedente para que, treinta y un año después, cuando el último de los soldados
británicos abandonó Palestina el 14 de mayo de 1948 y los judíos, liderados por Ben-Gurion,
declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, los palestinos fueran un pueblo
desposeído y oprimido, con una inmensa mayoría viviendo en campos de refugiados
repartidos por todo Oriente Próximo, o bien bajo la ocupación o como ciudadanos de
segunda privados de derechos humanos en el interior de Israel.


A partir de 1948, como es sabido, el nuevo Estado, estuvo en guerra con sus vecinos. En la
de los Seis Días (1967), Israel se anexionó los Altos del Golán sirios, Cisjordania, la Franja
de Gaza y la península del Sinaí, mientras que en la del Yom Kippur, iniciada el 6 de octubre
de 1973, Egipto y Siria lanzan ataques aislados en territorio israelí para recuperar
respectivamente la península del Sinaí y los Altos del Golán. Por los Acuerdos de Camp David, en Maryland, en las afueras de Washington D.C., en marzo de 1979, Israel y Egipto firmaron la paz. Ambos países se comprometieron a reconocerse mutuamente como Estados soberanos y se ponía fin al estado de guerra que comenzó en 1948.


Hoy, el Estado hebreo, amparado por Estados Unidos que lo considera uno de sus ‘Estados
gendarmes’ en la región, se ha dotado de uno de los mayores y potentes ejércitos del mundo
y mantiene una voluntad constante de, a imitación de los militarismos japonés y alemán en
la II Guerra Mundial, ampliar su espacio vital. La víctima: el pueblo palestino.


EXPANSIÓN TERRITORIAL SIONISTA Y REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS.
Según datos que he recogido del portal Palestina Libre, las excavadoras nunca dejan de
funcionar en la Cisjordania ocupada. Pese a la tibia oposición del Departamento de Estado
de EEUU (al menos, la Administración norteamericana actual muestra una actitud distinta
a la de Donald Trump), Israel no detiene su expansión. El primer ministro israelí,
Nafatalí Bennet, sigue adelante con sus planes para construir más de 3.000 viviendas en Cisjordania, imposibilitando, cada vez más, los sueños de la creación de un Estado palestino. Y ello pese a que el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recriminó al ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, la política de asentamientos. Política que va en paralelo a las demoliciones de hogares palestinos. La ONU calcula que éstas han aumentado un 21% en 2021.


El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abas, condenó la
aprobación por parte de Israel de la construcción de esas nuevas viviendas en la Cisjordania
ocupada. Para Abas, la medida "empuja las cosas hacia un estado de inestabilidad y tensión”
y dificulta la solución de los dos Estados. Exigió, por tanto, una respuesta contundente de la
comunidad internacional.


Añadamos a ello la permanente asfixia de la población palestina, obligada a pasar por
humillantes check points para el acceso laboral a zonas de Israel; con dificultades para la
asistencia sanitaria en Jerusalén y otras ciudades; soportando apedreamientos y
linchamientos de niñas y niños palestinos por parte de colonos israelíes; el humillante muro
de separación entre Israel y los territorios ocupados; con infraestructuras de
comunicaciones también humillantes en Cisjordania en comparación con las que disfrutan
los colonos en sus asentamientos, etc.


En ese contexto, las fuerzas militares de ocupación continúan con las persecuciones y
ataques a los periodistas como parte de su política sistemática de suprimir la libertad de
opinión y expresión y para encubrir sus crímenes y la vulneración de los Derechos
Humanos. La agencia oficial Wafa informó que en octubre se han producido al menos dos ataques a
instituciones o equipos de prensa palestinos. En ese mes, las fuerzas de seguridad
cometieron al menos 19 violaciones sobre periodistas palestinos, que incluyeron arrestos y
ataques físicos. Balas de goma, pero también de combate, son usadas habitualmente en la
represión de las manifestaciones, y los periodistas no están libres de ser alcanzados por
ellas.


ISRAEL CALIFICA DE TERRORISMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS
PALESTINOS.
Hace unos días, Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, se atrevió a
calificar de terroristas a seis importantes grupos de palestinos defensores de los derechos
humanos. Una víctima de tal política dictatorial es la cooperante española Juana Ruiz,
encarcelada, pese a las gestiones diplomáticas españolas, en una prisión del norte de Israel,
acusada de conexiones con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP). Además de
ser una acusación inconsistente y sin fundamento, hay que recordar que hoy, el FPLP, al
contrario de otras organizaciones como Hamás o Hizbullah, propugna la creación de un
Estado palestino laico y democrático. Entre las asociaciones acusadas, una gran parte de ellas financiadas desde Europa, se encuentran las que ayudan a agricultores y promueven derechos de las mujeres y valores democráticos, así como otras que documentan violaciones de los derechos de prisioneros yniños. Por eso hay que acallarlas.

Pero es que, además, cuando Benny Gantz califica tan alegremente de terroristas a esos
colectivos, olvida conscientemente el origen terrorista de su propio país. El laureado
ministro Menajem Begin, el que llegara a ser Premio Nobel de la Paz, como líder del
grupo terrorista Irgun fue el que ordenó el atentado, el 22 de julio de 1946 (antes, pues, de
la constitución del Estado de Israel), contra el Hotel King David de Jerusalén, sede de la
Comandancia militar del Mando británico en Palestina, con el resultado de 92 muertos
(incluido un terrorista), 18 de los cuales eran judíos.


El propio ministro Gantz puede calificarse de criminal de guerra. Estuvo a la cabeza del
Ejército israelí en 2014, cuando arrasó partes de Gaza, matando al menos a 1.450 civiles,
incluidos unos 500 niños, jactándose más tarde de haber devuelto a Gaza “a la Edad de
Piedra”. El ministro y su Gobierno hacen afirmaciones extravagantes sobre vínculos con
grupos terroristas que nadie está en condiciones de verificar. Además, ellos, y solo ellos,
vienen demostrando al mundo civilizado que el sionismo que viene ‘reinando’ en el país es
lo más alejado de la empatía y la piedad con sus semejantes.


Según un artículo de TelesurTV.net, a pocos metros de los muros orientales del complejo de
la Mezquita Al-Aqsa se encuentra el centenario cementerio Al-Yousufiya. Hace unas
semanas, trabajadores del municipio israelí de Jerusalén y la Autoridad de Parques y
Naturaleza de Israel expusieron restos humanos durante las excavaciones, lo que causó
indignación y provocó protestas y oraciones en el sitio. En forma de presión, los palestinos
aumentaron su presencia alrededor del cementerio y se enfrentaron a las fuerzas israelíes,
que respondieron con gases lacrimógenos, granadas de choque, palizas físicas, detenciones
y prohibiciones temporales de visitantes al cementerio.


Les sugiero que busquen en la Red, en Palestina Libre, el enlace en el que una madre
palestina trata desesperadamente de salvar de las ‘garras’ del bulldozer la tumba de su hijo,
pues el terreno que ocupa el cementerio va destinado, cómo no, a nuevos asentamientos de
colonos.


Ante imágenes como esa, es difícil no indignarse y emocionarse. Difícil no
sentir empatía con el noble pueblo palestino.

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

martes, 26 de octubre de 2021

ES LA HORA DEL TREN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/26/hora-tren-58811420.html

 

 El desprecio al servicio de cercanías y de trenes convencionales es patente estos días en la Región de Murcia, que va camino de convertirse en un desierto ferroviario dependiente de Valencia.

 13.501 fotos e imágenes de Tren Antiguo - Getty Images

 A comienzos del siglo XIX, la velocidad de transmisión de las noticias sobre las victorias napoleónicas en Europa era idéntica a la empleada por los correos del emperador Alejandro Magno, más de 2000 años atrás, para dar a conocer sus hazañas de conquista. En ese inicial siglo XIX, la actividad comercial terrestre y marítima tampoco terminaba de despegar, debido al uso de la tracción animal y la navegación a vela en el transporte de mercancías continental e intercontinental.

El descubrimiento de la máquina de vapor vino a suponer una revolución en los transportes. Y, en concreto, el tren amplió el horizonte geográfico y facilitó el intercambio cultural y de mercancías. Hoy, casi dos siglos después, vuelve a constituirse en el elemento central de la transición energética aplicada a los transportes. No en balde, la Unión Europea (UE) ha declarado el 2021 como el Año Europeo del Tren.

En España prima el transporte por carretera. Pero nuestro país está aún muy lejos de privilegiar ese medio de transporte, pues ha habido una decidida política de potenciar el transporte por carretera. Y ello pese al enorme peso de la fiscalidad aplicada a los carburantes, que se sitúa en el 52% del coste de éstos. Por destacar un dato, el tramo estatal del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) supone un ingreso de 400,69 euros por cada mil litros de gasolina, y de 307 por cada mil litros de diésel. En 2020, los impuestos aplicados a la gasolina y el gasóleo, a la compra de vehículos nuevos y el IVA reportaron al Estado unos ingresos de casi 31.000 millones de euros. Ahora está en estudio aplicar nuevos incrementos de impuestos a los combustibles e implantar peajes a las autovías, a razón de un céntimo de euro/km (un viaje de Murcia a Madrid costaría 4 euros), con la intención de financiar la conservación de estas infraestructuras y alejar tráfico de la carretera y derivarlo al ferrocarril. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se destinan 1.371 millones de euros para conservación de la red viaria, pero nada para nuevas construcciones.

Ante estas actuaciones previstas, no será extraño que, de nuevo, se intensifiquen las presiones que han venido ejerciendo sobre el Estado las poderosas patronales del transporte y la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Ello ha conducido a que, al tiempo que ‘disfrutamos’ de una de las mayores redes de autopistas y autovías de Europa, asistamos al languidecimiento del ferrocarril convencional, a la gradual irrelevancia de las cercanías, como luego veremos. y a la potenciación del AVE, tren elitista donde los haya.

A la cola de Europa en transporte ferroviario de mercancías. En España, sólo un 4% de las mercancías circulan sobre vías, pues los camiones controlan el 75% del mercado, consumiendo una cuarta parte de energía del total de la UE y generando hasta 3,5 veces más de emisiones contaminantes que el tren por tonelada y kilómetro. La propia presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) admitió que el proceso de liberalización del transporte iniciado años atrás fue un fracaso. La situación actual en España contrasta con los objetivos de la UE para 2030 de transferir al ferrocarril y a la navegación fluvial el 30% de las mercancías por carretera para distancias superiores a 300 kilómetros, y un 50% para 2050.

El objetivo, como es sabido, es mejorar la interconectividad de los Estados, con los corredores ferroviarios atlántico y mediterráneo, pese a la citada resistencia de las patronales del transporte por carretera, como Astic, que no ve rentable el transporte de mercancías en tren para trayectos inferiores a 1.000 kilómetros. A su vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace notar que los problemas actuales son de infraestructura (el ancho de vía español) y la menor longitud de los convoyes, por lo que la tarea inmediata es convertir las líneas al ancho internacional (1,435 metros frente a 1,668 metros), bien, construyendo nuevas líneas, bien, adaptando las existentes.

Potenciación del tren convencional y de las Cercanías. La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, que en días pasados, junto con Alianza por el Clima y Rebelión por el Clima, convocó concentraciones en toda España en defensa del ferrocarril, ha efectuado una propuesta al Ministerio de Transporte, en el marco de las negociaciones con la Comisión Europea sobre líneas ferroviarias, en la que aboga por la vertebración del país, superando los corredores pensados para las mercancías, con una red ferroviaria mallada, tupida, extensa y accesible, con servicios asequibles a toda la población, formada por líneas de doble vía, electrificadas, con tráfico mixto de personas y mercancías, velocidades medias de 165 km/hora, estaciones en el centro de las ciudades y en las cabeceras de comarca del mundo rural, con intercambiadores modales en las aglomeraciones urbanas, plataformas intermodales en puertos, etc. Reclama, además, más trenes de cercanías, regionales, de grandes distancias y nocturnos, estos últimos según la propuesta de los Verdes alemanes a la Comisión Europea.

Según dicha Coordinadora, las actuaciones a efectuar en estos momentos de concepción, diseño y planificación de la Red Básica Ferroviaria Transeuropea, y por tanto también española, pasan por el aprovechamiento de las líneas existentes de carácter radial, siendo factibles, al mismo tiempo, los trenes regionales y los de cercanías en aglomeraciones urbanas con más de 200.000 personas. También deben considerarse las líneas transversales existentes, como la de Cantabria y País Vasco al País Valenciano y la Región de Murcia, vía Miranda de Ebro, Zaragoza y Teruel; así como los trazados existentes, ahora cerrados al tráfico, del tipo de la línea Madrid-País Vasco y frontera francesa, vía Aranda de Duero; la conexión de Andalucía con el resto del Corredor Mediterráneo vía Guadix-Baza-Almanzora-Lorca; a la vez que la concepción, diseño y planificación de nuevas líneas como la litoral mediterránea desde Gandía a Denia, Benidorm, Alicante, Torrevieja y Cartagena.

En relación con las cercanías, según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, el 90% de los viajeros/as de Renfe (más de 1,5 millones en 2019) utiliza este servicio, a los que hay que sumar los servicios autonómicos de País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. Las cercanías son las hermanitas pobres de la red: las inversiones estatales en el periodo 1990-2018 fueron de 3.680 millones de euros, mientras que al AVE se destinaron 55.888 millones de euros. Es decir, se dedicó el 94% de la inversión a trenes utilizados por el 10% de las personas y sólo un 6% de dinero público se invirtió en trenes que utiliza más del 90% de la población. Según la AIReF, está claro que no se han aplicado criterios de movilidad sostenible.

Y en la Región de Murcia. El desprecio a este servicio de cercanías y de trenes convencionales es patente estos días en la Región de Murcia, que va camino de convertirse en un desierto ferroviario dependiente de Valencia. Por ello, a la Administración central y al inoperante gobierno regional hay que exigirles la recuperación de la conexión ferroviaria con Andalucía, que nunca debió perderse, y la potenciación de la línea férrea Chinchilla-Cartagena, con vías desdobladas y electrificadas.

Además, una forma de vertebrar de manera sostenible el territorio, evitar la despoblación y superar el drama de la siniestralidad en carretera sería (al contrario de lo que se está haciendo) apostar por las cercanías: Murcia-Cartagena; Murcia-Lorca-Águilas; pero también, por qué no, la conexión con el Altiplano con una posible línea Murcia-Santomera-Fortuna-Abanilla-Jumilla-Yecla. Habría que considerar también la prolongación del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos-La Manga.

Vista la emergencia climática, creo que es la hora del tren, sin duda el medio de transporte del futuro.


miércoles, 13 de octubre de 2021

EL VERTEDERO DE VALENTÍN, EN CEHEGÍN, UN DESPROPÓSITO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/12/vertedero-valentin-cehegin-desproposito-58266033.html?fbclid=IwAR3sMc6dAKNeW2Iyv5MVG0FjMkKhBCE23AEjOX-it4VdS1PvbAuAq7RWIRs


¿Puede considerarse de interés público la existencia de un vertedero situado junto a las pedanías de Valentín, Canara, la Pilá, Campillo de los Jiménez, a mil metros del embalse del Argos, junto a cultivos ecológicos, un hotel y un restaurante, y muy cercano a los acuíferos del Sinclinal de Calasparra? Para el ayuntamiento de Cehegín esa consideración tiene la planta de tratamiento de residuos que, desde noviembre de 2018, se ubica en la Sierra de la Puerta, muy cerca de la carretera que une Caravaca con Calasparra. 



Destinada inicialmente a tratamiento de residuos no peligrosos (RNP), contaba ya, desde primeros de 2012, con una declaración de impacto ambiental redactada por una empresa de Valencia. Según consta en dicha declaración, serían tratados los residuos inertes y no peligrosos de la industria de la construcción y ‘otras industrias’ procedentes de los Ayuntamientos y términos municipales de Cehegín, Calasparra, Caravaca, Moratalla y Bullas. Equidistante de Calasparra y Cehegín, a ocho kilómetros, de Caravaca al sur, a once kilómetros, y de Moratalla al oeste, a doce kilómetros, en el informe se obvia la existencia de otras zonas pobladas más próximas, como se ha dicho arriba.

Thank you for watching

LA HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO. El gobierno local del PP, liderado por José Soria, informó favorablemente en noviembre de 2011 sobre el expediente de la empresa, 3RS Gestión MA Sostenible, SL, que fue remitido a la Administración regional, organismo competente para aprobar dicha instalación. En septiembre de 2012, la dirección general de Territorio y Vivienda autorizó la instalación de dicha planta en suelo no urbanizable, por considerarlo de ‘interés público’. Tras el preceptivo periodo de alegaciones, el ayuntamiento de Cehegín dio su conformidad a la instalación de la planta y, en febrero de 2013, la dirección general de Medio Ambiente emitió la autorización ambiental integrada para el proyecto. 

Pasados tres años, en 2016, la empresa volvió a solicitar a la Administración regional autorización para verter residuos sólidos urbanos (RSU), algo que comunicó al ayuntamiento de Cehegín, cuya junta de gobierno, en esta ocasión, acordó el 18 de abril que las autorizaciones con las que contaba esta actividad no permitían los nuevos vertidos.

Pero las pretensiones de la empresa se vieron satisfechas. Con fecha 5 de diciembre de ese año (2016), la dirección general de Calidad Ambiental, de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, había hecho público en el BORM el procedimiento de modificación sustancial de lo que en principio estaba previsto que fuera una planta de reciclaje de materiales inertes de la construcción, que se convertiría así en un vertedero de basuras de grandes dimensiones. La empresa encargada del proyecto aceleró los trabajos de movimiento de tierras. Los ayuntamientos de Cehegín y Calasparra, en reunión convocada a mediados de ese mes de diciembre con el fin de fijar las líneas de acción, y a la que acudían representantes de las pedanías más directamente afectadas, así como de diferentes partidos políticos, explicaban que harían todo lo posible para evitarlo. 

En esas fechas, Francisco González, de la Asociación de Vecinos de Canara, ya hacía notar que la inicial declaración de impacto ambiental se la habían saltado ‘a la torera’ y reiteraba la denuncia de la proximidad de la planta de residuos a núcleos como Canara, a dos kilómetros; Valentín, a 2,5 kilómetros; el embalse del Argos, a unos escasos quinientos metros, etc.

En enero de 2017, el ayuntamiento de Cehegín dio a conocer que se estaban desarrollando diversas iniciativas encaminadas a tratar de rechazar la petición de ampliación del vertedero, tal y como apareció publicado en el BORM del pasado diciembre, con la presentación el 29 de ese mes de unas alegaciones ante la Comunidad Autónoma, así como un recurso de revisión de oficio y extraordinario de revisión. A juicio de Juan Felipe Pérez, de la Asociación de Vecinos de Valentín, dicha actuación, así como la presencia de la corporación municipal ceheginera en la manifestación vecinal convocada, era mero ‘postureo’. 

COMIENZA LA MOVILIZACIÓN VECINAL. En enero de 2017, los colectivos vecinales de las pedanías de Valentín, Canara y El Campillo de los Jiménez, entre otras, convocaron una manifestación contra ese vertedero de RSU junto al embalse del Argos. La marcha transcurrió desde el pantano hasta la zona donde se ubicaría esa instalación en la Sierra de la Puerta y se sumaron los ayuntamientos de Calasparra y Cehegín. Según informaciones de la prensa, el diputado regional del PP por el Noroeste, José Soria, exalcalde de Cehegín, había afirmado en días anteriores que la directora general de Ordenación del Territorio, Nuria Fuentes, le había trasmitido que la autorización de ampliación del vertedero iba a ser revocada. Sin embargo, el vecindario afectado recelaba de ese anuncio, como después pudo constatarse. 

La protesta contó con el apoyo explícito de Izquierda Unida-Verdes, Podemos y Ciudadanos, que lo manifestaron en sendos comunicados. El 23 de febrero de 2017, día en que los vecinos y vecinas se concentraron ante la Asamblea Regional, todos los grupos del Parlamento murciano votaron a favor de una propuesta para evitar esa instalación de reciclaje de RSU. Meses después, nada había cambiado. El líder vecinal Juan Felipe Pérez afirma: «Cuando íbamos al Ayuntamiento de Cehegín, nos lo negaban todo; decían que la planta trataría residuos inertes y no peligrosos». Pero, según él, «en esa coletilla de residuos no peligrosos se engloban más de cien sustancias».

Por eso, el vecindario persistía en su lucha. En 2018 interpusieron denuncia, a través del juzgado número 2 de Caravaca, que en estos momentos se encuentra en la Audiencia Provincial. La peligrosidad de la instalación quedó demostrada con el incendio que afectó al vertedero en agosto de 2019.  

SITUACIÓN ACTUAL. Juan Felipe Pérez nos informa de que se ha procedido a construir el segundo vaso del vertedero, cuya capacidad total prevista es de 1,3 millones de toneladas de residuos y que entran camiones herméticos cuyo contenido se desconoce. Lamenta el silencio de la Confederación Hidrográfica del Segura y de las organizaciones ecologistas, así como el cansancio del vecindario afectado por la inacción de las autoridades municipales y regionales. Por último, advierte del evidente peligro de que, tras unas lluvias torrenciales, los lixiviados pudieran llegar al pantano del Argos. Ángeles Trujillo, vecina de Calasparra, piensa que está pendiente el debate sobre nuestro modo de vida y consumo y, en consecuencia, sobre cómo tratar los RSU que generamos. Las normativas medioambientales, afirma, se han contemplado ‘de refilón’, en una zona de alto valor estratégico, por la proximidad del embalse. Considera que había intereses políticos que esperaban que lo del vertedero podía ser un ‘maná’, y denuncia que las personas de la zona se han sentido engañadas por los alcaldes de los dos municipios. Así mismo, desconfía del seguimiento e inspección que se le esté realizando a esa instalación. Por su parte, el ceheginero Santos López Giménez, en entrevista radiofónica del pasado septiembre, calificó de «una insultante afrenta» la presencia de las autoridades de los municipios afectados en la manifestación de enero de 2017, a su juicio, un «contumaz regodeo en la concupiscencia», un ‘lavado de cara’, como la asistencia de aquéllas a la manifestación habida frente a la Asamblea Regional. «Es imposible que los miembros de PSOE y PP no estuvieran al tanto de los permisos que obraban en poder de la empresa que gestiona ese perverso vertedero», enfatiza. A este vecino, que también denuncia la existencia, hace casi ya treinta años, del vertedero de las pedanías cehegineras de El Escobar y El Ribazo, le preocupa la contaminación de acuíferos y la amenaza permanente sobre el medio natural de este tipo de instalaciones. 

miércoles, 6 de octubre de 2021

ESTOS SUPUESTOS 'CONSTITUCIONALISTAS' DESPRECIAN LA CONSTITUCIÓN. Y, LO QUE ES PEOR, A LA GENTE NECESITADA.



Todo ha sido salir a la luz el acuerdo del Gobierno de dar vía libre a la Ley de Vivienda, que establece, sobre todo, medidas para facilitar el alquiler interviniendo en ese mercado, en especial respecto de los tenedores de más de diez viviendas, para que, una vez más, la derecha cavernícola y reaccionaria estalle contra esa medida social: Martínez Almeida, Ayuso, López Miras...anuncian que harán todo lo posible por boicotear ese texto legal en sus respectivos territorios, amparándose en que las competencias de vivienda están en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.

Esos supuestos 'constitucionalistas' ignoran conscientemente el texto constitucional, en sus artículos 47, que alude al derecho a una vivienda digna, y 128, que subordina toda la riqueza del país al interés general.

Alegan, de manera absurda, que lo que hay que hacer es liberalizar suelo para poder construir vivienda pública. Olvidan, o pretenden ignorar, el efecto que tuvo la ley del suelo de Aznar, que favoreció la especulación sin freno y condujo a la burbuja inmobiliaria. Sin olvidar la venta de viviendas sociales a fondos buitre durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, anulada recientemente por sentencia judicial.

A estos supuestos liberales de tres al cuarto se les ve el plumero. Obsesionados con la caída del Gobierno de coalición, se apropian del patriotismo y de la rojigualda, pero, en el fondo, sólo defienden los intereses de los de siempre e ignoran a la gente necesitada.

Hay que frenarlos en las urnas. Y en la calle.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

VIVIR EN ZONAS DE RIESGO SÍSMICO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/29/vivir-zonas-riesgo-sismico-57802425.html


La erupción del volcán de la isla de La Palma ha motivado, como no podía de otra manera, un debate en redes sociales. Uno de los argumentos recurrentes, propalados, como tantas cosas que circulan por las redes, sin la debida reflexión y sin conocimiento de causa, es el de criminalizar a la población por 'atreverse' a construir sus casas en zona volcánica. 

No soy experto en el tema, pero sí me precio de haber leído lo suficiente para saber que el ser humano lleva poblando zonas de riesgo desde el origen de los tiempos. Sin ir más lejos, muchos arqueólogos atribuyen la gradual desaparición de la rica civilización minoica de la isla de Creta, pronto asimilada a la cultura micénica del continente, a la erupción del volcán sumamente destructivo que, hacia el 1.614 a.n.e., destruyó parcialmente la isla de Santorini.

En nuestros días, si cuestionáramos la conveniencia de vivir en zonas de riesgo, tendríamos que propugnar la desaparición física de ciudades densamente pobladas como Tokio, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santiago de Chile y otras, situadas, como es sabido, en el llamado 'cinturón de fuego' del Pacífico y que están en serio peligro de ser devastadas por terremotos destructivos. 

EL MEDITERRÁNEO. En nuestro país, además de en las Canarias, cuyo origen volcánico es indudable, hay muchas más zonas de riesgo, que se localizan en la fachada mediterránea, desde Andalucía (sobre todo en su sector oriental: Málaga, Granada y Almería) hasta Cataluña (Girona). Ubicadas en donde colisionan las placas tectónicas euroasiática y africana, las fracturas en la corteza terrestre originaron terremotos y volcanes en la época del Cuaternario. En nuestra Región, según nos recordaba un artículo de LA OPINIÓN del pasado día 21, hay muestras inactivas del vulcanismo de esa época en las islas del Mar Menor y proximidades: Cabezo Rajao (La Unión), Cabezo Ventura (Cartagena), monte Carmolí (Los Urrutias), y en otras zonas: Barqueros, Calasparra, Zeneta, Jumilla, Moratalla, etc.

En la comarca de la Garrotxa (Girona) se localizan no menos de 40 volcanes, 'dormidos' pero no inactivos, a juicio del vulcanólogo Joan Martí, director del centro de Geociencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el cual afirma que “…. volverán a entrar en erupción, pero lo más probable es que nosotros no lo veamos”.

Por su parte, Isabel Víctores, en artículo publicado en el portal Tierra y Tecnología, coincide con Joan Martí en el sentido de que el vulcanismo de esa zona está inactivo, pero de ninguna manera extinguido. "Podríamos decir que una reactivación en la zona volcánica supondría la destrucción de los alrededores”.  Además, afirma que, “al tratarse de un lugar con gran importancia, se ha continuado ampliando las zonas de residencia, y las pérdidas serían aún mayores”.

ALGUNOS EJEMPLOS DE SISMOLOGÍA RECIENTE. Sabemos que la actividad sísmica intensa precede en algunos casos, como en el caso de Canarias, a la erupción de un volcán. Afortunadamente el magma en nuestro territorio surestino duerme hoy bajo la corteza, pero los seísmos han sido frecuentes. Por citar unos pocos:

25-XII-1884. Granada. Se registró un terremoto de una magnitud 6,2/6,5 grados en la escala de Richter, causando entre 1.050 y 1.200 víctimas. Se repitieron seísmos de notable intensidad en 1911, 1956 (magnitud 8 Richter) y 2005.

14-2-1999. Mula. A las 14,45, un terremoto de 5,2 grados Richter produjo cuantiosos daños materiales en la población y fue percibido en las provincias vecinas e incluso en algunas zonas de Madrid. Seis años después, el 29 de mayo de 2005 se registró otro seísmo, aunque de menor intensidad. 

11-5-2011. Lorca. Terremoto de triste recuerdo, pues ocasionó nueve víctimas mortales e innumerables daños en edificios. Con epicentro en la falla de Alhama de Murcia, ese seísmo registró una intensidad de 5,1 grados Richter.

VOLVIENDO A CANARIAS. Empezaba este artículo con ciertas voces responsabilizando de lo ocurrido en la isla de La Palma a sus habitantes, por haberse 'atrevido' a construir y vivir junto a un volcán. Parece claro que la responsabilidad cabe atribuirla a quienes diseñaron las normas urbanísticas que hicieron posible la construcción en la zona suroccidental de la isla, la más próxima a volcanes que ya se mostraron activos (Teneguía) y al que hoy ocupa la actualidad.

     Conocido el origen volcánico de Madeira, Las Azores y Canarias, es indudable que sus habitantes han aprendido a convivir con el riesgo. Lo ocurrido en la isla de La Palma era previsible. Los expertos en vulcanología sabían que, tras las erupciones de 1949 y 1971 (lo cual demuestra que éstas tienen un ciclo relativamente corto), algo así podía suceder.  Lo cual refuerza la necesidad de que se adopten severas medidas antisísmicas en la construcción de edificios, se calcule el riesgo potencial de ciertas zonas volcánicas, como la parte suroccidental de la isla (la baja densidad de población de La Palma no justifica pensar en repoblar ese lugar de alto riesgo) y lo que me parece fundamental: planes educativos y de autoprotección de la población que minimicen, en parte, el trauma psicológico que estas catástrofes llevan consigo. 

    Y EN LA REGIÓN DE MURCIA. Libres hoy de la amenaza volcánica, si somos conscientes de que habitamos un territorio con alto riesgo sísmico, podremos concluir que, ante todo, habría que estar preparados para remediar los graves efectos que estos seísmos tendrían sobre zonas densamente pobladas, como es el caso de la ciudad de Murcia.

    La Región ha legislado sobre normas sismorresistentes en la construcción de edificios. También se ha dotado de un Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del 2/12/2015.  Normativa –y creo no equivocarme mucho- que es desconocida por gran parte de la población. Item más. Un medio regional dio a conocer, el pasado mes de agosto, un estudio publicado por la Universidad de Alicante. En su artículo ‘Risk-targeted hazard maps for Spain’, los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J. Galiana y Noelia Agea, del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM), han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado de España, un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica. El artículo cita literalmente que “…el estudio calcula dicha probabilidad cruzando los valores del parámetro conocido como 'aceleración de diseño', asociado a la máxima magnitud del movimiento del terreno sobre el cual se diseña una estructura, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, y la curva de peligrosidad sísmica de cada zona. A partir de esa información, y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, y tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica del país –Murcia, Almería, Granada, Alicante, Valencia y Málaga–, los investigadores concluyeron que la 'aceleración de diseño' debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso de sus construcciones. El mayor aumento tendría que realizarse en Murcia, concluye el informe, seguida de Alicante. Mientras que la que necesita menos cambios es Málaga”.

Lo ocurrido en La Palma nos obliga a tener muy en cuenta la necesidad de permanecer vigilantes ante las señales que nos manda el interior del planeta. Porque, en el fondo, la Tierra es un organismo vivo.

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur