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| (Fotografía:Revista Seguridad 360) |
El verano de 2022 será recordado en España como una auténtica pesadilla: a la irrupción repetida del polvo sahariano, la calima (el desierto ya está aquí, ha venido para quedarse), hay que añadir las persistentes olas de calor con temperaturas inusualmente elevadas, lo que ha provocado el lamentable incremento de muertes por esas altas temperaturas y la reiteración de los incendios forestales. A la hora de redactar estas líneas, el fuego ha devorado en nuestro país cerca de 200.000 hectáreas, casi un tercio de la superficie quemada en toda Europa, y todo hace indicar que la prolongación temporal del verano meteorológico puede incrementar ese horrible dato.
Para valorar la gravedad de lo que suponen esos incendios, hay que tener en cuenta que el monte supone en nuestro país el 56% de la superficie nacional (España es, después de Suiza, el país más montañoso de Europa) y somos el segundo país en extensión forestal, tras Suecia.
El cambio climático ha agravado, sin duda, la zozobra que año tras año han de soportar los habitantes cercanos a esas áreas quemadas, pero hay un dato a tener en cuenta: el abandono de la silvicultura y el despoblamiento rural van parejos a la conversión de amplias zonas de monte en espacios residenciales -separados en muchos casos de los núcleos de población tradicionales-, cuyos ocupantes desconocen el valor que, tradicionalmente, el mundo rural había concedido a esos espacios.
AUSENCIA DE CULTURA FORESTAL
Históricamente, en el gradual abandono de la utilidad del monte –del que la actual despoblación rural es una de sus manifestaciones- tuvo mucho que ver el proceso desamortizador, que, iniciado por Manuel Godoy en 1798, continuó con el de las Cortes de Cádiz y los políticos Mendizábal y Pascual Madoz, y se cerró con en pleno siglo XX (1924).
Básicamente, las desamortizaciones acometidas por el Estado liberal consistieron en poner en el mercado, y previa subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se habían podido enajenar, en poder de las llamadas ‘manos muertas’, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas, pero también los baldíos y tierras comunales de los municipios, que servían de complemento a la precaria economía campesina. Con ello, el Estado, además de la amortización de los títulos de la Deuda, pretendía la creación de una clase media de labradores propietarios que incrementaran la recaudación fiscal.
Tras ese proceso de desposesión de las tierras comunales de sus habituales usufructuarios, que aprovechaban los recursos forestales para dotarse de leña y carboneo, con lo que procedían al desbroce y clareo de los bosques, y al pastoreo, se pasó a la propiedad privada de los montes. Se estima en cuatro millones el número actual de propietarios, no todos motivados en mantener alejado el fuego de sus predios. Tanto es así, que en nuestro país 94 de cada cien incendios son provocados; el resto es debido a los rayos como causa principal.
Según el ingeniero forestal Carlos del Álamo Jiménez, el bosque español crece 46 millones de metros cúbicos al año, de los que sólo se aprovechan 19 millones. Los matorrales para leña, muy explotados en siglos anteriores en terrenos vecinales y comunales, como hemos visto arriba, proporcionan unos 60 millones de toneladas anuales, de las que sólo se aprovecha la mitad. Dato preocupante si tenemos en cuenta que la prevención de incendios por el aprovechamiento de la biomasa forestal puede crear 300 empleos directos por cada millón de metros cúbicos. En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes propone al Gobierno que se grave la biomasa de origen forestal con un 10% del IVA, sobre el 21% actual.
En la España despoblada, el aprovechamiento de esa biomasa forestal, pues, es una posibilidad real de regenerar economías locales, prevenir incendios y luchar contra el cambio climático, según Del Álamo Jiménez, quien enfatiza, además, que unos propietarios de montes españoles, motivados e incentivados, supondrían una enorme fuerza de lucha preventiva contra los incendios forestales. Y hay zonas de España donde eso está ocurriendo: la ejemplar explotación forestal de las localidades del norte de Soria, como Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Covaleda…, es un ejemplo a seguir.
Sin embargo, los montes siguen ardiendo porque, con unos criterios de explotación típicamente capitalistas, el valor económico que sus propietarios obtienen de ellos es escaso y también escasa es la valoración social de los mismos. Para revertir esa tendencia, si queremos que, lejos de la explotación meramente comercial de los montes, los propietarios planten especies resistentes al fuego hay quien piensa que habría que incentivarlos: la rentabilidad social de esas especies resistentes al fuego debería ser, como mínimo, igual a la que proporcionan las más comerciales.
Otra forma de combatir el fuego es la recuperación y potenciación de la ganadería extensiva. Hay un ejemplo en Galicia: Pinzás, en la Comunidad de Montes de Tomiño. En ese concello, 52 vecinos comuneros han introducido 60 vacas vianesas para pacer el monte y mantener a raya los incendios.
Esa comunidad vecinal tiene 530 hectáreas dedicadas a la producción de madera, principalmente pino, y otras frondosas, como robles. En la zona había eucaliptos, árboles de rápido crecimiento y de alta rentabilidad, que han sido sustituidos por castaños.
EL NEGOCIO DEL FUEGO
Nadie duda de que los incendios forestales son una tremenda desgracia social. Todo son pérdidas: biomasa fotosintética (fijación de oxígeno y de CO2), nutrientes minerales, suelo, capacidad de retención hídrica en la lucha contra las avenidas, biodiversidad…No obstante, quienes permiten que ardan los montes tienen una visión antieconómica y cortoplacista de esos incendios.
En un comunicado reciente, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, integrada por entidades de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, nos advierte de que en el mismo momento del incendio y tras él aparecen una serie de yacimientos de empleo y de negocio proporcionales a la magnitud del desastre ambiental. La extinción por tierra representa empleo sacrificado y mal pagado, pero empleo al fin, para los brigadistas. A la vez reporta importantes ingresos a las grandes empresas forestales que moverán maquinaria pesada para atajar las llamas.
Los propietarios de ganado, una vez conseguida la anulación de los acotamientos de zonas quemadas, podrán soltar sus vacas y yeguas en las laderas recién quemadas para aprovechar las primeras hierbas que salgan tras el fuego (…) Las empresas madereras retirarán, a precio de saldo, la madera quemada para evitar males mayores como las plagas forestales y con ella obtendrán beneficios económicos. Las grandes empresas del sector forestal pujarán por adjudicarse los futuros trabajos de restauración y de reforestación que las administraciones ofertarán a concurso público (…) Incluso un sector del colectivo cinegético, el más ignorante, disparará con agrado a corzos o a jabalíes en esas áreas despejadas”.
La extinción por aire supone un mínimo empleo público, pero una oportunidad de negocio para las compañías privadas de aeronaves. En este sentido, según nos informa Carmen Asenjo (LHU.NOTICIAS.ES), durante 20 años, un ´Grupo 6`, formado por múltiples empresas del sector de la aviación, funcionarios y diversos políticos, se ha encargado de controlar los contratos públicos de aeronaves para la extinción de incendios en España. Tras la investigación de la Audiencia Nacional y la nueva apertura de acusación por la Fiscalía Anticorrupción, se estudia si esas compañías impusieron altos precios a las autoridades en cuantía muy superior de las que deberían durante 20 años.
Un aspecto éste, el del negocio del fuego, que suele estar ausente de las informaciones puntuales de estos siniestros, acaparada la atención social sobre la inmediatez y gravedad de los mismos.
Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia
@didacMur
