LAICIDAD Y SUPRESIÓN DE LA TAUROMAQUIA, ASIGNATURAS PENDIENTES DEL GOBIERNO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/05/09/dos-asignaturas-pendientes-gobierno-87073043.html

Ilustración de Enrique Carmona

 Son indudables los avances sociales y políticos de este Gobierno de coalición. También es evidente la situación de acoso y derribo, acrecentada en estas fechas preelectorales, a que viene siendo sometido desde hace años por una oposición de derechas ávida de recuperar el poder. Por ello, confieso que me cuesta mostrarme crítico con asuntos siempre pendientes.

Empero, hoy voy a abordar sucintamente dos de ellos: el de las relaciones del Estado con las religiones y el siempre pendiente debate sobre la tauromaquia.

PRIVILEGIOS FISCALES A CONFESIONES RELIGIOSAS. El Gobierno anunció, en días pasados, que extiende los privilegios fiscales a budistas, ortodoxos, mormones y Testigos de Jehová, en el contexto de la reforma de la Ley de Mecenazgo. Dichos privilegios, consistentes básicamente en la exención del IBI para lugares de culto, suponen, según la asociación Europa Laica, un paso atrás en la laicidad del Estado español, pues los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos.

La medida se enmarca en los Acuerdos (pre)constitucionales del Estado con la Santa Sede, de enero de 1979 -pues se firmaron tres días después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978-, ratificados por el ambiguo artículo 16.3 de la misma, que reza así: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Parece claro que, desde el punto de vista jurídico, hay una dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede, pues los Acuerdos de 1979 están ahormando la soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los privilegios fiscales y la presencia confesional en la enseñanza.

Hoy, en el camino hacia la laicidad, que no aconfesionalidad como constitucionalmente tenemos en España, se debería tomar el ejemplo de la II República española, en donde esa laicidad del Estado fue plena y las confesiones religiosas fueron consideradas asociaciones privadas de creyentes, aunque el Estado garantizaba la libertad de conciencia y de cultos.

Europa Laica califica de ‘cortina de humo’ el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica para que ésta empiece a pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. En concreto, tras ese acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, la Iglesia ha renunciado a las exenciones impositivas sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las contribuciones especiales contempladas en el Concordato de la Santa Sede de 1979. En realidad, más que renuncia eclesial, hay que considerar ese acuerdo como una simple aplicación legal impuesta por Bruselas. Acuerdo que, en realidad, viene a ocultar las cuestiones más candentes a resolver en las relaciones Iglesia-Estado, como el de las inmatriculaciones en manos de la Iglesia, favorecidas por la hipotecaria ley franquista de 1947, y la exención del pago del IBI.

Según Europa Laica, la Iglesia católica recibió del Estado en 2020 la cantidad de 12.000 millones de euros, y a través del IRPF recaudó 320 millones en el ejercicio fiscal de 2021. Creo firmemente que hemos de avanzar claramente hacia la plena laicidad del Estado español. En el país vecino, Francia, la separación entre el Estado y las religiones es real. El Estado es neutro desde un punto de vista religioso, pero, a la vez, se garantiza la libertad de conciencia y de cultos desde mucho tiempo atrás, en virtud de la ley de diciembre de 1905.

A VUELTAS CON LA TAUROMAQUIA. El siempre inacabado debate sobre la celebración de festejos taurinos en España -englobados en el término omnicompresivo tauromaquia- sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad de los toros y novillos, tan sintientes como otros animales, tuvo el otro día un motivo más para reactivarse: por las redes sociales pudimos ver cómo en los festejos de un pueblo valenciano un novillo se precipitaba al río, desde una altura de 15 metros, fracturándose las patas, por lo que hubo de ser sacrificado.

Tras la pandemia, y según la publicación Libremercado, la temporada de 2022 se saldó con un 14% más de festejos respecto de 2019, con un total de 436 corridas de toros y otros centenares de actos más, como novilladas con y sin picadores, rejoneo, becerradas…

Ello no implica, sin embargo, que la tauromaquia goce de buena salud. La Vanguardia nos aportaba, hace unos días, el dato de que el 84% de la juventud entre los 16 y 24 años está “poco” o “nada” orgullosa de vivir en un país con festejos taurinos, significando que el 60% de la población general se opone a la tauromaquia en sus distintas manifestaciones, aunque el barómetro de La Sexta rebajaba esa cantidad al 48,7%.

Hay que saber que, pese a sus crecientes detractores, entre los que me incluyo, la tauromaquia está declarada bien cultural a proteger, por sendas leyes: la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula esta actividad como patrimonio cultural, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, ambas firmadas por M. Rajoy, lo que demuestra, a la vez, la querencia de la derecha por el mundo del toro y la patrimonialización por su parte de dicha actividad, erigida en una idealización simbólica de ‘lo español’ y en cuya aventura ha encontrado un indeseable aliado, VOX.

Ignoro si el actual Gobierno de coalición sintonizará con el contenido de las leyes citadas, pero, como curiosidad, he aquí la ‘guinda’ con que nos obsequia el preámbulo de la ley 18/2013: “La tauromaquia es una manifestación artística […] en la que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta…”

Si de fuerza bruta animal hablamos, midamos la que exhibe el ser humano en ‘festejos’ como el ‘bou embolat’, el tirar a una cabra desde un campanario, alancear a un toro hasta su muerte en Tordesillas o arrancar de cuajo el cuello a unos gansos en Euskadi… ‘festejos’ afortunadamente modificados o suprimidos pero que, mientras se han celebrado,  demuestran el grado de ‘civilización’ de nuestro país.

Añade el preámbulo: “Existe un consenso en la aceptación mayoritara del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del Patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España”. Los porcentajes citados arriba en contra de la ‘fiesta’ parecen desmontar ese optimismo del legislador.

Para terminar, un tema no menor es el de la tragedia asociada a dichos festejos. En 2022 un total de 23 personas perdieron la vida en los festejos taurinos celebrados en toda la geografía española. La Comunidad valenciana, con 9 muertes, fue la más afectada, hasta el extremo de que algunas aseguradoras han retirado su cobertura de los ‘bous al carrer’ al menos en 18 municipios, algunos de los cuales han cancelado los festivales taurinos. Uno de ellos es Tavernes de la Valldigna, que considera la medida como parte de su defensa de los derechos de los animales.

El Gobierno progresista actual y el que esté por venir seguirá teniendo en este tema una ‘patata caliente’, pues estoy plenamente convencido de que no se puede considerar civilizado a un país que, pese a haber legislado en contra del maltrato animal, hace oídos sordos, por presiones y evidentes motivos económicos, a la necesidad de prescindir del absurdo sufrimiento y muerte de un noble animal como el toro.

 

Diego Jiménez García   @didacMur      

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

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Desde mi picoesquina

 

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

 

Afirmaba hace unos días en su columna mi amigo José Haro, también colaborador de La Opinión, que para que Sumar, el proyecto que impulsa Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, echara raíces habría tenido que estar presente en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y no le faltaba razón.

Voy a centrar mi columna de hoy en aportar unos breves apuntes sobre una de las instituciones más próximas a la ciudadanía, el municipio, con una visión mínimamente retrospectiva para calibrar su importancia en la vida política del país.

HITOS DEL MUNICIPALISMO DECIMONÓNICO. En 1808, con el secuestro por Napoleón de la familia real española en Bayona, y ante el vacío del poder central, surgen las Juntas (locales, provinciales y la Junta Suprema Central) que, además, controlaron y canalizaron las revueltas populares, preservando el orden social vigente. A partir de 1808, cualquier revolución triunfante o derrotada se iniciaba con levantamientos locales y provinciales. Así sucedió en 1820, inaugurando el Trienio liberal, pero ese fenómeno juntero se repetiría también a lo largo del siglo XIX en 1835-36, 1840, 1843, 1854-56 y 1868.

De 1835 a 1868, pues, según la autorizada opinión de Walter L. Bernecker (Universidad de Berna), asistimos a una etapa de luchas populares, protagonizadas también por la clase media y pequeña burguesía, ligadas al liberalismo democrático, al socialismo utópico y al federalismo.

De especial interés es el bienio progresista (1854-56), durante el cual el malestar social de las capas menos favorecidas nutrió las barricadas en un improvisado proceso de participación popular: las juntas se constituían en autoridades que cubrían el vacío del poder local. Existía un paralelismo entre esas juntas y la Milicia Nacional; ambas fueron instrumentalizadas por la burguesía, por lo que fueron dejadas de lado cuando su carácter tendencialmente democrático iba más allá de lo que esa burguesía estaba dispuesta a asumir.

Tras la caída de Isabel II (Revolución La Gloriosa, septiembre de 1868), los nuevos poderes locales (y también provinciales) asumieron la fórmula popular de juntas revolucionarias, con un programa basado en el sufragio universal, la libertad de enseñanza, de cultos y de industria, abolición de la pena de muerte y de las quintas…. Es el mismo programa que defenderían los federalistas intransigentes durante la Revolución cantonal de Cartagena (julio 1873-enero de 1874). Pero en ese año 1868, volvía a repetirse el fenómeno conocido: las juntas provinciales hubieron de someterse al general Prim.

Hay que insistir en que, desde los inicios del siglo XIX y hasta el final de la Primera República en diciembre de 1874, progresistas, demócratas y republicanos federalistas unieron sus propios proyectos a las libertadas urbanas de origen medieval en Castilla, en clara oposición al centralismo de los moderados: “El árbol genealógico de la apuesta municipalista comienza con el primer juntismo, en 1808, e incluye el Federalismo de la I República y el municipio libre del movimiento anarquista”, en opinión de Pamela Radcliff, Universidad de California. Para los progresistas, los demócratas y los republicanos, los municipios eran la base de la libertad y la participación: sobre esos poderes locales debería construirse el Estado-Nación.

Pi i Margall, segundo presidente de la efímera I República y que había bebido en las fuentes de Proudhon, concibió un orden político de municipalidades autónomas unidas mediante pactos federales; lo local era uno de los elementos sobre lo que construir (si bien, desde arriba) la Federación, con una amplia base social formada por las clases urbanas, pequeña y mediana burguesía y los jornaleros. Para este brillante político (según Xabier Domènech, Un haz de Naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España), la forma de llegar a la República pasaba por la consolidación del proceso revolucionario juntista.

Más a su izquierda, los republicanos federales intransigentes, que nutrieron las revoluciones cantonales (como la de Cartagena antes citada), defendían que la República debía ser construida desde la base, mediante un comunalismo municipalista.

El colapso de esa I República inauguró un periodo en el que las ideas municipalistas quedaron desplazadas, pues el turbulento periodo del Sexenio condujo, por el ‘miedo escénico’ de las clases dirigentes, al estatalismo centralizador de los liberales de la Restauración.

SIGLOS XX Y XXI. En plena I Guerra Mundial, conflicto en el que España se declaró neutral, surgen en 1917 las Juntas Militares de Defensa, que nada tenían que ver con el juntismo civil anterior, situándose por encima del mismo, sin duda debido al peso histórico de los militares. De hecho, la decisión del Gobierno de declarar facciosa a la Asamblea de Parlamentarios llevó a esas Junta Militares a la salvación del orden oligárquico que denostaban inicialmente.

Por lo que se refiere al periodo de la II República, y en opinión de Pamela Radcliff,  “aunque la Constitución de 1931 reconocía el estatus autónomo de los municipios (así como el de las regiones) la formulación de una ley de gobierno local no se incluyó en la ambiciosa lista de prioridades de los republicanos de izquierdas y socialistas del primer bienio […] Los principales portadores del estandarte de la defensa de las libertades locales democráticas durante este periodo fueron los anarquistas […] Si bien no todos los anarquistas incorporaron el gobierno municipal en sus programas, sí atribuyeron un lugar privilegiado a la organización y las estructuras políticas autónomas de base local como fuente de libertad y participación popular”.

El largo paréntesis de la dictadura franquista, con alcaldes elegidos a capricho de los jerarcas del régimen, supuso, como es sabido, una postergación de la larga tradición democrática del municipalismo del país. En cualquier caso, en los últimos años de la década de los setenta del pasado siglo, el potente movimiento ciudadano vecinal se constituía en una poderosa herramienta que incluía las ideas municipalistas clásicas de autonomía local y participación ciudadana directa, desde la que iniciar la democratización del resto de instituciones del Estado. El objetivo de ese movimiento vecinal era la transformación de los barrios en beneficio de intereses colectivos, propugnando la municipalización de servicios, la planificación urbana (participando en la génesis de los Planes de Ordenación –PGOU-), el derecho social a la vivienda, espacios verdes, el transporte colectivo… Movimiento vecinal nutrido, como es sabido, por el esfuerzo de militantes de organizaciones de izquierda, con notable influencia del PCE en pugna, las más de las veces, con ORT y otras organizaciones de izquierda por protagonizar, dinamizar y, en ocasiones, dirigir ese movimiento vecinal, situaciones que vivió en persona quien estas líneas les escribe.

Por último, no podemos obviar la experiencia de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’. Según nos recordaba hace unas fechas El País, las marcas locales asociadas a Podemos llegaron a gobernar en 2015 en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela y Cádiz, pero las divisiones internas y problemas de gestión hicieron que casi todo ese poder municipal se fuera diluyendo, durando tan sólo una legislatura. Y es que, aunque el artículo 140 de nuestra Constitución otorga a los municipios una autonomía y descentralización respecto de los poderes autonómicos y estatales, el problema de los municipios sigue siendo, en muchos casos, el de la asunción de competencias impropias y la infrafinanciación: los ayuntamientos absorben sólo el 15% del gasto público, cuando el Estado autonómico recibe el 35% y el Estado Central, el 50%.

En ese contexto, y según decíamos al inicio del artículo, la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir con su proyecto Sumar a las elecciones municipales y autonómicas puede ser otro factor que dificulte el fortalecimiento y crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE en los municipios.

Hay que revitalizar el municipalismo, pues una potente democracia local vigoriza, sin duda, la democracia en todas sus esferas.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

 

LA DERECHA NO CREE EN LA DEMOCRACIA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/01/17/derecha-cree-democracia-81267952.html

 

(Ilustración de El Roto)

La intentona golpista de hace unos días en Brasil, dos años después del asalto al Capitolio por las ‘huestes trumpistas’, es una señal inequívoca de que a la derecha se le atraganta la democracia, como quedó sobradamente demostrado con la conspiración y golpe de Estado contra la Segunda República española en julio de 1936.

Particularmente en Latinoamérica, hay una línea de continuidad histórica de golpes de Estado de las derechas cuando éstas han visto peligrar sus intereses de clase. Por citar sólo unos ejemplos conocidos, las dictaduras del general Barrientos (1964) y Hugo Banzer (1971) en Bolivia, precedieron, como es sabido, a la del general Pinochet (1973) en Chile, que, también como es sabido, gozó de la ‘comprensión’ de la Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei, hasta el año 1975, si bien es cierto que éste se mostró luego opositor al Gobierno de Pinochet. Recordemos que Frei fue presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1964 y la misma fecha de 1970, en la que la presidencia pasó a Salvador Allende. Sin olvidar la dictadura argentina y por citar acontecimientos más recientes, la intentona golpista contra Hugo Chávez en 2002 y, en Brasil, la destitución de Dilma Roussef y la falsa acusación contra Lula demuestran cómo se las gastan las derechas.

Las dictaduras latinoamericanas fueron el ‘laboratorio’ en que experimentar las recetas neoliberales de los ‘Chicago boys’, los discípulos de Milton Friedman. Esas mismas recetas fueron luego puestas en práctica por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo que suponía un cuestionamiento del Estado del Bienestar implantado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir: desaparecido el peligro comunista tras la caída del Muro de Berlín, las derechas, con la lamentable complicidad de la socialdemocracia europea, se aprestaron a políticas de recortes de derechos sociales y de la propia esencia de la democracia. Ya no era preciso recurrir a sanguinarias e impopulares dictaduras; se pusieron en marcha nuevos métodos.Aun así, el peligro de involución democrática sigue presente, porque, en mi opinión, está incrustado en el ADN de las derechas. Como botón de muestra, los pasados días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar en México la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) contra la expansión del socialismo. A ese encuentro acudieron Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; el anticomunista polaco Lech Walesa; Steve Banon, exasesor de Trump; Bolsonaro…y, por supuesto, Santiago Abascal.

Preocupados por la expansión del socialismo en Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil… todos apostaron por el derrocamiento y eliminación de los Gobiernos progresistas, Nótese que, para legitimar sus intentonas desestabilizadoras, los reunidos en México se atreven a calificar de socialistas a Gobiernos que, en muchos casos, no pasan de aplicar tibias medidas sociales contra las crisis cíclicas que soportan sus países.

ECOS DE ESA MAREA CONSERVADORA EN NUESTRO PAÍS. Preocupados también por esa marea trumpista, fuertemente populista y contrarreformista que se extiende por el planeta, y que sin necesitar la presencia del brazo armado militar está recurriendo a la movilización de las masas para ocupar las instituciones de poder, en nuestro país los grupos del Congreso apelan a la responsabilidad del PP para evitar un eventual asalto a las instituciones democráticas, como ha ocurrido en Washington y en Brasilia.

Recordemos que la ‘condena’ de Feijóo de los sucesos de Brasil fue muy tibia. Si en España viene negando la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, algo similar debe pensar de Lula, pues no salió en bloque a defender tampoco la legitimidad de su Gobierno. Es más, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, manipulando una vez más, se atrevió a decir que, tras la reforma del delito de sedición, los sucesos de Brasilia no pasarían aquí de ser considerados ‘desórdenes públicos’.

Las derechas en España han venido dirigiendo, desde hace meses, sus ataques al Gobierno por la vía de la deslegitimación. Recordemos que Feijóo se atrevió a calificar a Pedro Sánchez como el presidente más ‘autoritario’ de la democracia. Isabel Díaz Ayuso, que considera a Sánchez un ‘tirano’, cree que España se encamina hacia una dictadura. Y Santiago Abascal, sin duda reforzado por las conclusiones de la reunión de México antes citada, se muestra dispuesto a asaltar las instituciones y a triturarlo todo. Incluso se atreve a acusar a Sánchez de perpetrar un golpe a la Constitución.

A partir de lo arriba expuesto, parece claro que las derechas de nuestro país vienen utilizando a sus peones de brega en las instituciones estatales y su poder económico, del que son sus portavoces, para erosionar las instituciones, desgastar al Gobierno y, a corto plazo, llegar al poder. Para ello cuentan con poderosos resortes mediáticos; periódicos, radios y televisiones que han normalizado la mentira con las fake news (falsas noticias) como instrumentos privilegiados de la acción política y con el lawfare (guerra jurídica). Actividades que cuentan con una sociedad anestesiada, acrítica y presa de un discurso ‘cultural’, sobre todo televisivo, en que prima lo chabacano y vulgar.

Parece claro que acontecimientos como el 15M, la eclosión de Podemos y el auge del independentismo en Cataluña provocaron, además del reforzamiento de un sentimiento españolista por parte de las derechas, apropiándose de simbología patria como como la bandera, la apelación a lo que históricamente ha sido una de sus señas de identidad: la defensa del orden. Por encima incluso, como es claramente perceptible, de los resultados de las urnas.

Además de lo expuesto, si hay una institución que aparece como un elemento de cohesión ideológica para las derechas esa es sin duda la monarquía. La función reservada al monarca como el garante de la unidad de España, en contra de las pulsiones autonomistas y republicanas de algunas nacionalidades del país, el hecho de que la Corona ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas y los evidentes lazos familiares e históricos de esa institución con las clases conservadoras del país me llevan a pensar que, en un momento dado (precedentes históricos los hay, recordemos el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera), la monarquía podría avalar un cierto golpismo institucional.

El problema para la izquierda, amén de sus difíciles relaciones para conformar un bloque político alternativo y unido, es que se muestra incapaz de conformar un discurso cultural capaz de superar la hegemonía que, en ese campo, ostenta la derecha.

Es evidente que hay un peligro de avance, si no del fascismo, sí del populismo derechista en nuestro país. Por ello esas tendencias retrógradas hay que combatirlas, además de por vía penal, con actuaciones políticas que favorezcan a las mayorías y con unas herramientas ideológicas y culturales que contrarresten esa hegemonía de las derechas. Hay que defender las conquistas democráticas. Porque he llegado a la conclusión que la derecha no cree en la democracia.