martes, 15 de diciembre de 2020

PLAÑIDERAS DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/15/planideras-libertad-ensenanza/1171206.html

La aprobación el pasado día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, levantó, como era de esperar, un enorme revuelo por parte de la derecha. Inicio la redacción de estas líneas, además, cuando, en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, PP, Ciudadanos y Vox se han manifestado en el mismo sentido, apelando a los eternos mantras de siempre:  los ataques a la religión, el derecho de las familias a la elección de centro, la eliminación del castellano como lengua vehicular… Posición con la que tratan de ocultar el escaso valor que la derecha atribuye a la Educación, en concreto la Educación pública, como mecanismo compensador de desigualdades. Me voy a detener especialmente en el tan manido tema de los ataques a la Educación concertada y, dentro de ella, en el de la ‘demanda social’. Pero, antes, unos datos nos permitirán aclarar la situación.


El Ministerio de Educación y FP, en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo fue retrocediendo desde 2009 hasta 2014 hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. En esos años, es decir, con los gobiernos del PP, el gasto público en Educación descendió un 18%; sin embargo, las partidas destinadas a la financiación de los conciertos se incrementaron un 6%. (Y en la Región de Murcia, ¡un 24%!). En ese contexto, con el cambio de Gobierno la inversión educativa en los PGE de 2020 ha permitido superar -pero sólo en un 6%-  lo presupuestado en 2010.

No mejor panorama se observa en los presupuestos educativos de la CARM: el largo periodo de los gobiernos del PP en la Región ha determinado que el gasto educativo haya descendido un 4% del 2017 al 2020 (1.346 millones de euros frente a 1.298, respectivamente), mientras que el gasto por alumno ha disminuido igualmente en un 2,8% (Portal de la Transparencia de la Región de Murcia).

La Educación privada acoge en la Región de Murcia el 30% del alumnado de los niveles no universitarios, pero el presupuesto destinado a los centros concertados ha pasado de los 140 millones de euros en 2007 a los 260 millones actuales, es decir, un incremento del 85%, mientras que en la red pública ha sido sólo del 32%.

Un poco de Historia

En relación con los conciertos educativos, hay que recordar que, en el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González, el presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos. Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del baby boom de los años ’60 y ‘70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, pero que imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros (el artículo 27.6 de la Constitución de 1978 (CE78) lo hace posible, pero no dice que sea con dinero público, cosa que hoy sigue exigiendo la derecha); excluía, a su vez, la posibilidad de 'beneficio industrial' en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo (el pago de cuotas extraordinarias por las familias sigue siendo hoy una práctica común).

El manido tema de la libertad de enseñanza

Desde los inicios de la Transición, la derecha ha venido presentando batalla en el campo de la Educación, con un trasfondo ideológico que, en el fondo, esconde sus intenciones de seguir detentando privilegios en lo económico, apelando a lo que llaman la demanda social y a una interesada interpretación del artículo 27.1 de la CE78: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

La libertad de enseñanza, asociada, incluso, a la de la libertad de cátedra, la interpreta la derecha interesadamente con la libertad de creación y elección de centros docentes, desde luego con dinero público, como hemos visto, obviando también que el artículo 27.4 de CE78 dice claramente que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Además, hoy, en la Región se han concertado incluso niveles no obligatorios, en Bachillerato y FP, y se encubre con ‘aportaciones voluntarias’ por parte de las familias el cobro de cuotas a éstas por los titulares de muchos centros concertados, sobre todo de titularidad religiosa, que, además, en algunos casos segregan por sexos al alumnado.

Desmontando el mito de la demanda social

Un vídeo que circula por redes sociales asegura que la LOMLOE roba la patria potestad de los padres, ya que al eliminar la demanda social se reduce significativamente la capacidad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos. Este mantra de la demanda social ya es viejo: lo impulsó el Gobierno de Aznar en 2002, lo eliminó la  LOE (Ley Orgánica de Educación) de Zapatero en 2006 y fue reintroducido por la LOMCE del Gobierno de Rajoy en 2013; el proyecto de reforma del actual gobierno lo elimina.

Según los defensores de esa demanda social, mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarlos. Ello es equiparable al hecho de que, si todos los ciudadanos tuvieran el derecho de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar. 

La demanda social, además, ha sido un pretexto utilizado por los gobiernos de las comunidades autónomas para ceder suelo público de manera gratuita para centros privados de nueva creación promovidos por empresas a menudo sin trayectoria educativa. La LOMLOE, sin embargo, establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos, pues el principio de subsidiariedad de la Educación concertada se mantiene.

Plañideras de la libertad de Enseñanza

Pese a la nueva ley (LOMLOE), las derechas de este país, las más cerriles de nuestro entorno europeo y que ya han anunciado que van a mostrarse objetoras a aquélla, van a seguir haciendo de la Educación un abonado campo de batalla, actuando de plañideras de oscuros intereses empresariales. Recordemos que una plañidera (del latín plangere) era una mujer a la que se pagaba (y se le sigue pagando aún hoy, en ciertos países) una cantidad de dinero para que asista a un entierro (las derechas hablan del entierro de la educación privada) y llore en él. Su uso siempre ha ido encaminado a la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto en los deudos (en nuestro caso, las familias potencialmente votantes) para efectuar una catarsis del duelo y realzar la importancia social de un difunto. Pues eso.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur


miércoles, 2 de diciembre de 2020

Olvidado Pueblo saharaui

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/02/olvidado-pueblo-saharaui/1167647.html

Diego Jiménez/2-12-2020/Murcia

Tras 29 años de una paz sostenida entre alfileres, la tensión ha vuelto al Sáhara Occidental. El pasado día 21 varios activistas saharauis bloquearon una vía comercial en Guerguerat, un paso situado en zona desmilitarizada controlada por el Frente Polisario que conecta Mauritania con aquel territorio y con Marruecos. Los saharauis afirmaron que Rabat violó el acuerdo firmado con la ONU. Pasados unos días, Marruecos decidió enviar efectivos militares y se registró un intercambio de disparos entre ambos bandos.


LAS RAÍCES DEL CONFLICTO

Para aproximarnos, siquiera sucintamente, a las raíces del conflicto que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, hay que recordar que ya en 1961 la ONU creó el Comité Especial de Descolonización para impulsar el proceso de autodeterminación de los muchos territorios no autónomos que todavía quedaban en el mundo, categoría en la que entraba de lleno el Sáhara Occidental. A día de hoy, ocupado por Marruecos, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado colonia por el Comité de Descolonización de la ONU, y España tiene aún el estatus de potencia administradora.

En el siglo XIX, en plena fiebre del expansionismo colonial en Europa, España necesitaba ‘poner los pies’ en África a medida que perdía su influencia en América. Atraído por sus recursos naturales, nuestro país comenzó su penetración en el Sáhara Occidental tras la Conferencia de Berlín de 1885. La explotación pesquera fue uno de los primeros objetivos en este territorio. Tras un acuerdo de fronteras con Francia, en 1934 se inició la ocupación efectiva tras la firma de un sometimiento por parte de las tribus saharauis. El territorio llegó a tener el estatus de provincia española a partir de 1958. Se calcula que unos 20.000 españoles vivieron en el Sáhara.

El 14 de noviembre de 1975, con un Franco agonizante, España decide abandonar a su suerte a su colonia. Juan Carlos I, que ocupaba la jefatura de Estado interina, obsesionado con llegar a reinar, se alinea con el complot preparado por la CIA para la cesión del Sáhara a Marruecos, país con el que EE UU deseaba mantener una relación privilegiada, pues no sólo ocupaba (y ocupa) una zona de alto nivel geoestratégico (en el eje Canarias-Estrecho-Baleares), sino que la potencia americana quería controlar los ricos recursos minerales del territorio. Si a eso se suma la presión de la ONU para acabar con la colonización y la de los países vecinos del Sáhara (Marruecos y Mauritania) que reclamaban esa región, tras la Marcha Verde España firma con Marruecos y Mauritania, en la fecha arriba citada, el Acuerdo de Madrid, que preveía un referéndum de autodeterminación, y retira sus fuerzas militares del territorio.

Esos dos países se reparten el Sáhara, quedándose la mayor parte Marruecos. Tras ese acuerdo, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a sus vecinos. Mauritania, país que tiene estrechos lazos históricos y culturales con el pueblo saharaui, acabaría retirándose de la zona. La guerra se prolongó hasta 1991, cuando entró en vigor un alto el fuego. Fue entonces cuando la ONU aprobó una resolución que establecía el calendario del plan para el referéndum y la creación de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). La fecha se fijó para el 26 de enero de 1992. Nunca se cumplió. El problema era determinar los votantes, pues Marruecos exigía, para su celebración, la inclusión de ciudadanos marroquíes en el censo, petición rechazada por el Frente Polisario.

Al día de hoy, el 80% del territorio del Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, que sigue planteando una autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario no ceja en su empeño de celebrar ese referéndum de autodeterminación. En los campos de refugiados de Argelia hay hoy en día una población de unas 140.000 personas.

POSICIÓN DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

Los sucesivos Gobiernos españoles, con matices –incluidos los del PSOE-, han adoptado una posición de plegarse a los intereses marroquíes. A la izquierda del PSOE, sin embargo, siempre ha habido voces críticas. En una entrevista en Telemadrid, en noviembre de 2010, el fallecido Julio Anguita recordaba la vergonzosa claudicación de España ante Marruecos y su responsabilidad hacia el Sáhara como potencia colonizadora, acusaba a EEUU del impulso de la Marcha Verde, advertía de la penetración de los intereses franceses en la zona, en disputa con EEUU, y denunciaba que no menos de 200 millones de euros iban a parar a los bolsillos del monarca alauita.

Respecto al PSOE, el viraje de este partido en relación con el conflicto del Sáhara es notorio. El 14 de noviembre de 1976, justo un año después del Acuerdo de Madrid, Felipe González, entonces secretario general, viajó a los territorios liberados del Sáhara Occidental. Declaró que “para nosotros [PSOE] no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final […] convencidos de que el Frente Polisario es el guía recto y que vuestra República democrática e independiente se consolidará y podréis volver a vuestros hogares”. (rebelion.org, 18 noviembre de 2020).

Tras esas palabras, Felipe, que fue presidente del Gobierno durante 14 años, no volvió a mover un dedo por el Sáhara; antes bien, estrechó sus relaciones con la monarquía alauita (veraneó en un palacete de Tánger valorado en 2,5 millones de euros). El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tampoco hizo nada y se mantuvo poco firme con Marruecos ante la huelga de hambre de la activista Aminatu Haidar, detenida y expulsada de El Aiún en 2009.

Item más: en 2015, la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, impidió a Diego Valderas (IU) viajar a los campamentos saharauis, mientras que, en 2018, el ministro de exteriores, Josep Borrell, se negó a la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara. (Cuarto Poder, 17-11-2020).

Y EN LA ACTUALIDAD

El Gobierno actual, a preguntas del senador y responsable de Relaciones y Política Internacional de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, sobre la posición española respecto al Sáhara, contestó –cosa que no es cierta- que “España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas”.

Para desgracia de nuestro pueblo hermano saharaui, el PSOE, principal partido del Gobierno, va a continuar sin molestar a Mohamed VI. Tras el reciente viaje del ministro del Interior, Grande Marlaska, en visita a su homólogo marroquí para tratar la crisis migratoria de Canarias, es fácil intuir ciertas presiones (¿chantaje?) del titular de Interior marroquí para conseguir de España ciertas ventajas a cambio de una eventual contención de los flujos migratorios por Marruecos y el silencio español sobre las tropelías marroquíes en los territorios ocupados. Incluido en ese silencio la brutal represión (con detenciones arbitrarias, torturas, ocupación y destrucción de viviendas, etc.) que sigue ejerciéndose por las fuerzas de seguridad marroquíes sobre los activistas saharauis.

Esperemos que las presiones, desde la calle y desde otras instancias, sobre el Gobierno marroquí para el respeto de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos haga reaccionar al Gobierno español y pueda revertirse esta situación. Y quien mejor puede hacerlo desde dentro del Gobierno es Unidas Podemos. El olvidado pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano, espera ese gesto nuestro.  


viernes, 27 de noviembre de 2020

REFLEXIÓN DE URGENCIA A TENOR DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

. Con sus limitaciones, diferencias de criterio y, a veces, contradicciones, lo cierto es que el Gobierno parece haberle ganado el pulso a la derecha extrema y la extrema derecha: por fin se van a superar los PGE de Montoro y tendremos unas cuentas públicas más ajustadas a las demandas populares. Se ha consolidado el bloque progresista que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
Quedan retos pendientes: las previstas disposiciones antidesahucios; una política más decidida en los necesarios avances hacia la laicidad del Estado, con una denuncia o, al menos, renegociación de los Acuerdos de 1979 con el Vaticano; la derogación de la reforma laboral y de la Ley Mordaza; una posición más nítida en el apoyo, en el contencioso del Sáhara Occidental, a las legítimas aspiraciones de autodeterminación del Pueblo saharaui, lo que supone mirar menos hacia Marruecos... Pero no todo hay que fiarlo a las actuaciones del primer Gobierno de coalición tras la Segunda República. Es necesario ir acumulando fuerzas para consolidar un proceso neoconstituyente que avance hacia la superación del actual régimen monárquico con vistas a la llegada de un inevitable régimen republicano que permita articular unas relaciones de federalidad solidaria con todos los territorios del Estado. En ese camino, las fuerzas que se definen como socialistas y republicanas han de aunar esfuerzos con la izquierda periférica, nacionalista o no nacionalista. Parte del camino ya está recorrido. Es preciso reforzarlo.

martes, 17 de noviembre de 2020

FRENTE A LAS HEGEMONÍAS, MULTILATERALISMO COOPERATIVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/11/17/frente-hegemonias-multilateralismo-cooperatico/1163232.html Diego Jiménez García. Profesor de Historia A la hora de redactar estas líneas se mantiene la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria electoral de su contrincante, Joe Biden. Al margen de ese empecinamiento, no parece de recibo que uno de los países más desarrollados del mundo no sea capaz de hacer un recuento de votos de una manera eficaz y en un tiempo razonable. Una segunda apreciación: en contra de lo difundido mediáticamente, las elecciones las ha ganado el pueblo. Las luchas de las mujeres por la igualdad efectiva, las movilizaciones populares por la Sanidad y un salario mínimo y, sobre todo, el sólido movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros son importantes), extendido internacionalmente a partir de las muertes de los afroamericanos George Zimmerman y la más reciente de George Floyd, además del desgaste de Trump por la malísima gestión de la pandemia y la fuerte división social, están detrás de la victoria de un candidato demócrata, aupado en parte al poder por un sector de las élites perjudicadas por la globalización. Dicho esto, creo que no hay sensibles diferencias entre uno y otro candidato, como no las hubo entre Obama vs McCain, Bush vs Al Gore, Reagan vs Carter, Nixon vs Kennedy. El Partido Demócrata ha silenciado a Bernard (‘Bernie’) Sanders, representante del ala izquierdista, para que todo siga igual. Lucha por la hegemonía mundial. Por tanto, parece razonable colegir que el resultado electoral en EEUU no va a modificar un ápice la lucha por la hegemonía mundial que mantiene este país con las potencias emergentes. Unos cuantos datos nos ayudarán a entender la situación. En relación con Rusia, con la que D. Trump ha mantenido unos indisimulados ‘coqueteos’ diplomáticos, hay que decir que el PIB anual de ese inmenso país euroasiático, de 1,5 millardos de euros (un millardo equivale a 1.ooo millones), está muy lejos de los 19,1 de EEUU. Y en lo que se refiere al gasto en Defensa, los 55,2 millardos de Rusia quedan diez veces por debajo de los 552 de EEUU. (Datos de Expansión). China, país al que muchos analistas acusan de haber actualizado la Guerra Fría con EEUU, es un país que, a diferencia de Rusia, tiene un enorme potencial económico y mantiene una interconexión financiera con EEUU que no se dio en el caso ruso: recordemos que, a mediados de 2019, el gigante asiático era el mayor tenedor de deuda pública soberana estadounidense, con un total de 1,2 billones de dólares. Con una población de 1.397 millones de habitantes, por los 328 de EEUU, China le supera en crecimiento del PIB, pero está muy alejada en el PIB per cápita (10.261 dólares frente a los 65.280 de EEUU), aunque en el PIB global la diferencia a favor de EEUU es de ‘sólo’ 7 puntos. (Datos del Banco Mundial citados por El País). Pese a que los dos países firmaron un acuerdo para limar sus diferencias comerciales, la actual pandemia y la desconfianza mutua, por razones históricas e ideológicas, lo ha hecho saltar por los aires; por parte de China, por su deseo de potenciar la Ruta de la seda, y por la norteamericana por el peso de sus 75 años como superpotencia y por sus intereses estratégicos en el Mar de la China. En ese contexto, la lista de desencuentros, invectivas o represalias recíprocas ha sido lo habitual en estos meses, aunque una confrontación plena no es deseada por ninguna de las dos potencias. Parecidas diferencias se observan respecto del gasto militar: los 649 millardos de dólares invertidos por EEUU en 2019 son muy superiores a los 250 millardos de China, siendo la India (país que mantiene un pulso con China y Pakistán), con 67,6 millardos, el tercero. En ese año, según el Stockholm Internatinal Peach Research Institute (SIPRI), EEUU, China, India, Rusia y Arabia Saudí absorbían el 62% del gasto total mundial de armamento. Quizás sea en el apartado del intercambio comercial donde la disminución del peso relativo de EEUU es más evidente. En exportaciones, el volumen de ventas de China (16% del total mundial) y UE-27 (15%) supera al de EEUU (11%), según datos de Eurostat/Statistics relativos a 2018. Retos de EEUU en política exterior. Posición con respecto a España Cuando tome posesión de su cargo, Biden ha de revertir la tendencia hostil de muchos países hacia EEUU, cansados del mantra United States First (Estados Unidos, primero) de Trump. Ha de normalizar las relaciones políticas y comerciales con China, mientras que, en el caso de Irán, Biden ya ha adelantado que se muestra dispuesto a reconsiderar las sanciones a ese país si se aviene a renegociar el acuerdo nuclear; posición que, sin embargo, despierta recelos en Netanyahu, que aprovechó la política de confrontación de Trump para extender la ocupación de amplias franjas de la Cisjordania y estrechar relaciones con Emiratos Árabes y Bahrein. En relación con Corea del Norte, Biden ha cuestionado la política de apaciguamiento de Trump y desea intensificar el apoyo a Corea del Sur. El ascenso de Biden podría resultar incómodo para Boris Johnson que, tras el Brexit, contaba con reforzar el acuerdo bilateral del Reino Unido con EEUU. Y respecto a Rusia, Biden, que, recordemos, como vicepresidente impulsó las sanciones a ese país por la anexión de Crimea, es posible que propicie una prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I, por sus siglas en inglés). Casi seguro el retorno de EEUU al Acuerdo de París sobre el clima y a otros foros internacionales, sin embargo, es casi seguro también que la política exterior hacia Latinoamérica, continente que ha conocido la agradable noticia de la vuelta del MAS a Bolivia y el referéndum democrático en Chile, sufrirá pocos cambios: el hostigamiento a Venezuela y el embargo a Cuba presumiblemente van a continuar. A partir del 20 de enero, Biden podría empezar a abordar los asuntos pendientes con España, entre ellos la renovación del Convenio de Cooperación y Defensa, que data nada menos que de 1953, para la permanencia norteamericana en las Bases de Morón (2.200 militares y 500 civiles) y Rota, base del escudo antimisiles de la OTAN (2.850 militares y 400 civiles). Pendiente queda también abordar la situación de los fuertes aranceles norteamericanos a productos españoles como el vino, las naranjas, el queso y el aceite, conflicto comercial que fue el resultado de los subsidios de la Unión Europea (UE) al constructor del Airbus en detrimento de Boeing. Posición de Europa en este mundo multipolar La UE, que en el plano de la defensa ha empezado a diseñar, aunque tibiamente aún, una estrategia que la hace depender menos de EEUU y la OTAN, debería consolidar su condición de ‘actor’ independiente de EEUU en este mundo globalizado, con la ruptura de los lazos que ligan al Viejo Continente, en política exterior, con el devenir de los intereses estratégicos de ese país. La UE debe esforzarse por tejer nuevas alianzas tendentes a consolidar un sistema multilateral más democrático y cooperativo, favorecedor de la aspiración de los pueblos a unas relaciones basadas en la paz, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo sostenible.

lunes, 9 de noviembre de 2020

¿AEROPUERTO DE MURCIA-JUAN DE LA CIERVA? NO, GRACIAS

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/aeropuerto-murcia-juan-cierva-no-gracias_132_6395007.html La peculiar forma en que en nuestro país se condujo la transición de la dictadura a la democracia ha supuesto que una de las grandes sacrificadas haya sido la Memoria Democrática. El hecho de que el general Franco muriera en la cama, a diferencia de Hitler y Mussolini, derrotados por las armas, y pese a los notables movimientos de oposición a la dictadura que se dieron en nuestro país, ha determinado la pervivencia de lo que muchos analistas denominan un ‘franquismo sociológico’ que está lastrando la democracia. Y una de las manifestaciones más notorias es el afloramiento de un revisionismo histórico cada vez más pujante y la preocupante emersión de una extrema derecha de nuevo cuño que apela, tanto al pasado franquista, como a un populismo que cuestiona los cimientos de las democracias occidentales y, por extensión, de la española. Pero quizás sean la presencia de la simbología franquista en calles y plazas de nuestro país y la aparente normalidad con que se ha asumido, hasta ahora, por parte de los poderes del Estado, la existencia de fundaciones de origen franquista los elementos más preocupantes. Pese a la tibia Ley 52/2007 de Memoria Histórica, largamente incumplida con los gobiernos del PP, ese poso franquista impregna, consciente o inconscientemente, a muchas instituciones y relativiza la gravedad de aquel nefasto periodo histórico. Lo que ocurre en España es impensable en Europa. Por poner un ejemplo, en Alemania no sería posible que el aeropuerto más importante del país, el de Frankfurt, llevara el nombre de un conocido aviador nazi, Hans-Ulrich Rudel, fundador de una organización de ayuda a muchos compatriotas nazis para escapar a América Latina, y que fue asesor en aquel continente de Juan Domingo Perón, y de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner. Juan de la Cierva, propuesto para denominar al aeropuerto de Murcia Pero en nuestro país, que no ha roto definitivamente amarras con el franquismo, pueden darse situaciones inesperadas y desagradables para nuestra salud democrática. En nuestra Región de Murcia, sin duda una de las zonas más conservadoras de España, se han consolidado las pretensiones del sector más reaccionario. En días pasados, la prensa murciana confirmó la noticia, ya adelantada el pasado día 12 de abril de 2019, de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dio vía libre a que el aeropuerto de Corvera tenga el nombre del ingeniero murciano Juan de la Cierva, inventor del autogiro, pero también conspirador contra la República, saboteador en negocios de la misma y facilitador del golpe de Estado de 18 de julio de 1936. Y ello pese a la oposición de las asociaciones memorialistas y de destacadas personas del ámbito político regional. Si no se remedia, el nombre de ese personaje va a saludar a quienes lleguen al aeródromo murciano. Sorprendente decisión por cuanto el mismo ministro, en un homenaje a Miguel Hernández celebrado días pasados en Valencia, anunció que ese insigne vate oriolano va a dar nombre al aeropuerto de Elche-El Altet. Doble vara de medir del ministro, pues en la Región hay nombres mucho menos polémicos y suficientemente representativos de los ámbitos de la Ciencia y la Cultura que han sido ignorados (Carmen Conde, José Luis Castillo-Puche, Miguel Espinosa, José María Párraga, Ramón Gaya, Isaac Peral…) Esta polémica viene de atrás Hace ya tres años, el BORM número 24 de 2017 publicaba la moción 397 aprobada en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en sesión celebrada el 4 de julio, sobre denominación del aeropuerto de Corvera como 'Aeropuerto Internacional de Murcia-Juan de la Cierva Codorníu', por cinco votos a favor (PP y Cs) y cuatro en contra (PSOE y Podemos). Pero lo sorprendente es que la abstención del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados (cuando en Murcia había votado en contra) determinó que tal denominación saliera adelante, con los votos del PP, Ciudadanos y Foro de Asturias y el rechazo de Podemos y Compromís. Por ello, y como ya informamos en un anterior artículo, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) ya dejó constancia a primeros de 2019 en la Dirección General de Memoria Democrática, en visita a Madrid, de su negativa a la trayectoria que estaba llevando el trámite de esa denominación a esa infraestructura murciana tanto por el Gobierno regional del PP como por la familia de dicho ingeniero. El director general de Memoria Democrática confesó a la delegación murciana no estar al corriente de ese tema, y prometió informarse y terciar en el mismo. El asunto siguió suscitando una cierta polémica en los medios de comunicación regionales, lo que no fue un obstáculo para que la iniciativa siguiera adelante. La FAMH-RM en fecha 12-02-19, antes del acuerdo del Congreso, se puso en contacto con la dirección de AENA transmitiéndole la petición corporativa de todas las Asociaciones memorialistas de la Región de Murcia de que no se autorice [por AENA] la denominación 'Juan de la Cierva' para el Aeropuerto recientemente inaugurado en Corvera (Murcia), pues el hecho -históricamente verificado- de haber sido el inventor del autogiro como precursor del helicóptero, ha sido la razón fundamental en la que se han basado los organismos postulantes, "sin atender al juicio contradictorio que debería de haberse planteado sobre la idoneidad de dicha propuesta […] al ser cuestionables los valores de ejemplaridad y homenaje que se pretenden reconocer". El escrito continuaba aclarando que "nadie discute la genialidad del inventor, ni su importante contribución al progreso de la Aeronáutica, circunstancia que dejamos fuera del debate por tratarse de una realidad asentada en la historiografía de los avances tecnológicos del siglo XX, pero cuando se trata de relacionar el nombre de una persona, por relevantes que sean los méritos que se le atribuyen, ligándolo a una obra de titularidad pública, hay que entrar a considerar no sólo sus virtudes, sino también tener la certeza de que en su trayectoria vital no hay lugar para hechos censurables que lo descalifiquen como merecedor a esa distinción". FAMH-RM dirigió también sendos escritos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Fomento, pues la Federación quería recordar que la denominación propuesta para el aeropuerto de Corvera choca abiertamente con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 15.1 reza literalmente así: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. La historiografía desmiente a la familia del inventor Y en relación con la posición favorable a esa denominación por parte de la familia de Juan de la Cierva, alegando que su recomendación a los golpistas de alquilar un aparato De Havilland DH 89 Dragon Rapide la hizo desconociendo que iba a ser utilizado para transportar a Franco desde Las Palmas de Gran Canaria a Tetuán, desde donde dirigiría la sublevación militar contra el Gobierno de España, apartando toda idea de complicidad con tales preparativos, la moderna historiografía publicada sobre los planes de la rebelión militar asignan a Juan de la Cierva un papel de suma relevancia. El diplomático e historiador Ángel Viñas, quizás uno de los que más ha buceado en la trayectoria del ingeniero murciano, en artículos recientes, que resumen lo publicado en su libro Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración, destaca que la trama monárquica fue una parte importante del golpe de Estado contra la II República, y en esa trama Juan de la Cierva aparece como un personaje destacado. Afirma con rotundidad que De la Cierva, asentado en Londres, de familia de rancia raigambre monárquica, no se mantuvo al margen; formaba parte activa del mundillo más o menos cerrado de los clubes londinenses en los que, desde muy pronto, empezó a conspirarse contra la República. Uno de los tertulianos, Charles Petrie, historiador y ultracatólico, se pavoneaba de su flirteo con el fascismo. Otros tertulianos, como el duque de Alba, posterior embajador de España con Franco, se dejaban caer por esas citas. Pero en el tema del Dragon Rapide, el tertuliano fundamental fue Douglas Francis Jerrold, que participaba en esos encuentros junto a Luis A. Bolín (corresponsal en Londres de ABC), Juan Ignacio Luca de Tena, agregado de prensa de la embajada española en Londres, y Juan de la Cierva, personas todas con acceso ilimitado a diarios británicos de derechas como el Morning Post, el Daily Mail y el Daily Telegraph. Por entonces, la empresa que De la Cierva había fundado en Londres desarrollaba un programa de pruebas en cooperación con el Ministerio del Aire, lo que le puso en contacto con los militares británicos. Es suficientemente conocida la participación de Juan de la Cierva en el alquiler del avión Havilland Dragon Rapide. Pero hay más. Viñas recuerda la necesidad de material bélico que acuciaba a los rebeldes que, en dos columnas (la de Mola desde el Norte y la Franco desde el Sur), avanzaban hacia Madrid. Los sublevados necesitaban aviones, bombas, ametralladoras… En ese sentido, este historiador tiene documentada la visita del ingeniero español desde Londres a Roma, para visitar al Duce. El periodista Bolín fue informado de que, con fecha 21 de julio de 1936, el exmonarca Alfonso XIII había escrito a Mussolini para informarle de que, a instancias del propio Franco, Juan de la Cierva y él mismo, acompañados del marqués de Viana, se trasladarían a Roma para la compra de moderno material de aviación, para lo que contactaron con Ciano, yerno del dictador italiano y ministro de exteriores de Italia entre 1936 y 1939. De la Cierva pudo adquirir, en el plazo de tres semanas, unos diez aviones civiles con el dinero del banquero Juan March y del propio Alfonso XIII, según Viñas en La soledad de la República. En agosto de 1936, De la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico, por encargo del general Mola, con la aquiescencia de las autoridades de aquel país, bastante hostiles hacia la República al ver peligrar los intereses comerciales británicos en España, según nos recuerda Paul Preston, en Un pueblo traicionado. Así mismo, Viñas afirma que, fruto de sus contactos con la Alemania nazi, realizó un viaje a Berlín en septiembre de 1936 para, por encargo también del general Mola, comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán. Otros financiadores del golpe de Estado Según el escritor cartagenero Juan Eladio Palmis, en las Memorias escritas y publicadas por el que fuera diplomático español republicano Francisco Serrat y Bonastre, que durante la sublevación se pasó al bando fascista llegando a ser ministro de Exteriores de Franco, las ciudades españolas de Burgos y Salamanca bullían en los días posteriores al golpe de Estado con la presencia de personajes como Ramón Padilla, Sáncho Dávila y otros jefes de Falange; Rafael Olazábal y el conde de Rodezno, carlistas; Goicoechea y su acólito Yanguas; agentes auxiliares, políticos y otros personajes como Juan March, Juan Ventosa y Juan de la Cierva. El no tan conocido financiero Juan de Ventosa, varias veces ministro de Hacienda y ministro de Abastos con el rey Alfonso XIII, fijó su residencia en Burgos en aquellos años y, como era un experto en la repatriación de capitales, colaboró y logró ser un suministrador de dineros de primera magnitud para financiar y mantener económicamente el golpe de Estado. Además, Juan Eladio Palmis nos recuerda, al igual que Ángel Viñas, que en la capital británica residía desde los inicios del Gobierno republicano un grupo de aristócratas y monárquicos exiliados que organizaron una junta nacional que comenzó a conspirar desde el mismo día de iniciada la rebelión. Juan de la Cierva fue erigido jefe del grupo por sus contactos con los industriales de la aviación. El propio De la Cierva fue el encargado de las compras de armas que el emisario del gobierno republicano de Giral estaba negociando en Londres. Para que esa maniobra pudiera realizarse fue clave la traición a la República de su embajador Julio López Oliván. Utilizando las reservas que la agencia londinense del Banco de España tenía depositadas en el Westminster Bank, Oliván financió la compra de armas, pero para los rebeldes, con la aquiescencia cómplice del ministro de Relaciones Exteriores británico, Anthony Eden. Con estos precedentes, FAMH-RM no ha dejado de moverse Conocidos estos antecedentes históricos, FAMH-RM insiste en que, hoy, cuando se está tramitando un proyecto de ley de Memoria Democrática que supera, en ciertos aspectos, la tibieza de la ley anterior 52/2007, resulta paradójico que un ministro del Gobierno que impulsa ese proyecto de ley se apoye en la votación de febrero de 2019 del Congreso de los Diputados para perseverar en la ignominia de dar la denominación de un probado golpista contra la República al aeropuerto murciano, pues argüir que los méritos del ingeniero se basan en haber sido el inventor del autogiro, obviando su participación en ese golpe de Estado, supone una indignidad y falta de respeto a las víctimas del criminal régimen franquista. FAMH-RM, pese al silencio que, desde instancias oficiales, planea sobre tan desafortunada decisión, nunca ha cejado en su empeño de hacer todo lo posible por evitar este fiasco, dirigiéndose a la Dirección General de Memoria Democrática, cuyo titular actual, Diego Blázquez Marín, ratificó, sin embargo, la voluntad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la que depende dicha Dirección General, de trabajar por el cumplimiento de la Ley en lo relativo a la retirada de simbología de exaltación personal o colectiva de la guerra civil y de la dictadura. FAMH-RM espera que, por la memoria y dignidad de las víctimas de esa aciaga dictadura, el Gobierno rectifique. Diego Jiménez @didacMur

miércoles, 4 de noviembre de 2020

JUAN DE LA CIERVA NO ES NOMBRE PARA EL AEROPUERTO

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 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/11/04/juan-cierva-nombre-aeropuerto/1159641.html


Es conocida la destacada intervención del ingeniero murciano en el alquiler, con dinero del banquero Juan March y junto al periodista Bolín, del avión Havilland Dragon Rapide, que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán para ponerse al frente de las tropas africanistas. Pero hay más...

¿Se imaginan que, hoy, el aeropuerto internacional de Frankfurt llevara el nombre de Hans-Ulrich Rudel, piloto de caza nazi famoso por sus múltiples ‘hazañas’ y que, tras la guerra, fundó una organización de ayuda para los refugiados nazis que permitió a los fugitivos escapar a América Latina? Destacado traficante de armas, Rudel fue asesor de Juan Domingo Perón, en Argentina, y de los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Alfredo Stroessner, en Paraguay. Pues bien, lo que no es posible en Alemania, país que aún trata de desembarazarse del trauma del nazismo y donde está prohibida legalmente la apología de ese criminal régimen, sigue siendo posible en España.

Hace unos días supimos por LA OPINIÓN que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, daba el visto bueno, algo que ya había adelantado el pasado 12 de abril, a que el aeropuerto de Corvera tenga el nombre del ingeniero murciano Juan de la Cierva, conspirador contra la República y facilitador del golpe de Estado de 18 de julio de 1936. A pesar de la oposición de entidades memorialistas de la Región y de algunos partidos políticos, si no se remedia, puede darse la desagradable situación de que el nombre de ese personaje salude a los escasos turistas que toman tierra en el aeródromo murciano. En contraposición, el mismo ministro anunció, en el acto de homenaje a Miguel Hernández celebrado hace unos días en Valencia, que el aeropuerto de Elche-El Altet llevará en adelante el nombre de tan insigne poeta. Doble vara de medir del ministro, pues podría haberse buscado una denominación no tan cargada de polémica; personajes relevantes, de ambos sexos, los hay en la Región.

Argüir que los méritos del ingeniero se basan en el hecho de haber sido el inventor del autogiro, obviando, como ahora veremos, su destacada contribución al golpe de Estado contra la Segunda República, supone una indignidad y falta de respeto a las víctimas del criminal régimen franquista. Vayamos por partes.

El diplomático e historiador Ángel Viñas, quizá uno de los que más ha buceado en la trayectoria del ingeniero murciano, en artículos recientes y en su libro Quién quiso la Guerra Civil destaca que la trama monárquica fue una parte importante del golpe de Estado contra la II República. En esa trama, Juan de la Cierva aparece como un personaje destacado.

Afirma con rotundidad que Juan de la Cierva, de familia de rancia raigambre monárquica, asentado en Londres, formaba parte activa del mundillo más o menos cerrado de los clubes londinenses en los que, desde muy pronto, empezó a conspirarse contra la República. Uno de los tertulianos, Charles Petrie, historiador y ultracatólico, se pavoneaba de su flirteo con el fascismo. Otros tertulianos, como Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba de Tormes, posterior embajador de España con Franco, se dejaban caer por esas citas. Luis Bolín, corresponsal del diario monárquico ABC en Londres y amigo personal de Juan Ignacio Luca de Tena, agregado de prensa de la embajada de España en Londres, constituyó en esa ciudad, junto al duque de Alba y Juan de la Cierva, la asociación Amigos de España, que desarrolló una activa labor antirrepublicana, con el apoyo del conservadurismo británico.

Es conocida la destacada intervención del ingeniero murciano en el alquiler, con dinero del banquero Juan March y junto al periodista Bolín, del avión Havilland Dragon Rapide, que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán para ponerse el frente de las tropas africanistas. Pero hay más.  Viñas recuerda que, en los inicios de la sublevación, cuando dos columnas avanzaban hacia Madrid (Mola desde el Norte hasta la Sierra de Guadarrama, y Franco desde el Sur), los sublevados disponían de abundante material, pero necesitaban 12 aviones de transporte, 12 de reconocimiento, 10 cazas, 1.000 bombas de 100 kg, 2.000 de 50 kg, ametralladoras, etc. Era fundamental el apoyo de Italia y Alemania.

Bolín fue informado de que, con fecha 21 de julio, el exmonarca Alfonso XIII había escrito a Mussolini para informarle de que, a instancias del propio Franco, Juan de la Cierva y el él mismo, acompañados del marqués de Viana, se trasladarían a Roma para adquirir elementos modernos de aviación, para lo que contactaron con Ciano, yerno del dictador italiano y ministro de Exteriores de Italia entre 1936 y 1939. Así, pese a las estipulaciones del Comité de No Intervención, De la Cierva pudo adquirir en el plazo de tres semanas unos diez aviones civiles, con dinero del banquero Juan March y del propio Alfonso XIII. (Ángel Viñas, La soledad de la República).

En agosto de 1936, De la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico con destino al general Mola, con la aquiescencia de las autoridades de aquel país, conocedoras de que esas aeronaves irían destinadas a los rebeldes españoles, pues, debido a los numerosos intereses británicos en la península, aquéllas se habían venido mostrando hostiles hacia la República. (Paul Preston, Un pueblo traicionado).

Item más, Viñas tiene documentado incluso, fruto de los contactos del inventor murciano con la Alemania nazi, un viaje a Berlín en septiembre de 1936 para, por encargo del general Mola, comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.

Con estos precedentes, cuando desde el Gobierno se está tramitando un proyecto de ley sobre Memoria Histórica que supera en ciertos aspectos la tibieza de la anterior Ley 52/2007, resulta paradójico que un ministro de ese Gobierno haga valer la votación de febrero de 2019 de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, que ratificaba la denominación Juan de la Cierva para el aeropuerto murciano con los votos de PP, Ciudadanos y Foro de Asturias, el rechazo de Podemos y Compromís y la sorprendente abstención del PSOE (que había votado en contra en la Asamblea Regional de Murcia).

En todo este proceso, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) no ha cesado de dirigirse a varias instancias gubernamentales, entre ellas a la Dirección General de Memoria Democrática, alegando las razones históricas, ideológicas y morales que hacen incompatible tal denominación con la legislación vigente en materia de Memoria Democrática, reivindicación en la que, recientemente, ha contado con el apoyo del Encuentro Estatal de Asociaciones de Memoria Histórica y de Víctimas de la Guerra Civil.

En un reciente comunicado, FAMH-RM sostiene que “poca o ninguna credibilidad para con el compromiso de la Memoria Democrática puede tener un Gobierno que, jactándose de progresista y defensor de las víctimas del franquismo, permita la ignominia de llevar a cabo ese cambio de denominación en el aeropuerto de la Región de Murcia, por lo que, por la dignidad de las víctimas de la represión franquista, espera que el Gobierno rectifique”. 

Hace unos días el titular de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno, Diego Blázquez Martín, se dirigió a FAMH-RM reafirmando la voluntad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de “trabajar por la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva, de la Guerra Civil o de la dictadura”.

Sería deseable que el Gobierno rectifique.

Diego Jiménez  García    @didacMur

 

 

 

 



martes, 27 de octubre de 2020

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y EL CINISMO DE PABLO MONTESINOS (PP)

 

Pablo Montesinos (PP) acaba de criticar en TVE1 la subida de impuestos en los PGE ( la subida de impuestos de la que habla afecta a un segmento especial 'pobre' de la sociedad,el de quienes ganan 'sólo' 200.000 euros/año) y, al mismo tiempo, ha dicho que hay 1,2 millones de familias con todos sus miembros sin empleo.

                                      (Foto:  Pablo Montesinos. SER)

Aparte de que este dato es exagerado, ¿me puede explicar Montesinos cómo se casa la disminución de ingresos que él propugna con atajar el paro y con la aplicación de otras políticas sociales? El PP, en politica fiscal, está muy a la derecha de instancias económicas internacionales, como el FMI, que propugnan, en esta época de pandemia, políticas económicas expansivas por parte de los Estados, para reactivar el consumo. Pero para gastar más, el Estado tiene que recaudar más. Algo a lo que el PP (que pretende debilitar el Estado social para, mediante privatizaciones, entregar la Sanidad, las pensiones, la Educación, la vivienda...a fondos buitre y a otros grupos empresariales) se opone. La postura del secretario de comunicación del PP tiene un nombre: cinismo.

domingo, 25 de octubre de 2020

Hace falta algo más que un estado de alarma

 

Diego Jiménez. Murcia, 25-10-20

El Gobierno acaba de decretar, excepto en Canarias, el cuarto estado de alarma de la democracia (si se incluye el de la Comunidad de Madrid) que, si la grave situación actual de la pandemia persiste, pretende alargar seis meses, hasta el mes de mayo. En esta ocasión, y a diferencia del decretado el pasado 14 de marzo, la medida no implica el confinamiento domiciliario y deja en manos de las distintas autonomías la aplicación de medidas más o menos restrictivas en función de la incidencia de la pandemia en los distintos territorios. Nos parece que este estado de alarma es una medida necesaria, pero insuficiente.

(Foto Mario Montes. SER)

                                                                                                             (Foto Mario Montes. SER)

Insuficiente porque, desde que se tuvo conciencia del alcance de esta enfermedad, ni por el Estado central ni por las autonomías se han implementado medidas homogéneas y adecuadas para enfrentarla, situación que se ha visto agravada por el enfrentamiento político entre muchas comunidades autónomas, encabezadas por Madrid, y el Gobierno.

Insuficiente porque no se ha efectuado un rastreo masivo de potenciales personas portadoras del virus, sobre todo en grupos de riesgo por patologías previas, y se han hecho pruebas limitadas, con un carácter aleatorio.

Insuficiente porque se ha despreciado el alto nivel de estrés de las plantillas de personal sanitario y no se han reforzado al nivel que la pandemia exigía, llevando al absurdo de la extinción precipitada de contratos temporales (como en Madrid), cuando era evidente que la situación tenía visos de alargarse temporalmente.

Insuficiente porque no se han reforzado tampoco suficientemente las plantillas de personal docente y no docente en los centros, ni se han dotado éstos de espacios alternativos para permitir desdobles y bajadas de ratios.

Insuficiente porque ha quedado demostrada la casi total ausencia de controles y la insuficiencia de material de autoprotección entre el personal jornalero de las faenas agrícolas, lo que, en zonas de alta incidencia de este sector, como en las comarcas del Guadalentín, Campo de Cartagena y el Altiplano, ha motivado el aumento de contagios. 

Insuficiente porque, acosado por el grupo de presión de la hostelería, el Gobierno ha permitido una notable ocupación del interior de bares y restaurantes, cuando, por el contrario, ha limitado los contactos sociales incluso en el seno de grupos familiares.

Insuficiente porque no se han reforzado los servicios de transporte público, con aumento del parque ni de las frecuencias de trenes y autobuses.

Insuficiente porque ha habido cierta permisividad en la proliferación del ocio nocturno, con las lamentables imágenes de botellones en zonas urbanas, lo que ha incrementado el riesgo del contagio comunitario.

Con este panorama, está bien apelar a la responsabilidad individual y social para atajar la pandemia, como vienen haciendo tanto el ministro de Sanidad como el propio presidente del Gobierno, pero es el Estado, en un país que encabeza las cifras de incidencia de la covid-19 en Europa, el que, constitucionalmente, está obligado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la ciudadanía y para luchar también contra las muertes evitables.

miércoles, 21 de octubre de 2020

LA DERECHA DEL ESPERPENTO Y FILONAZI

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/21/derecha-esperpento-filonazi/1155590.html


"Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha"

Ahí lo dejo. No es mi intención ahondar en un tema complejo que daría para varios artículos. Sí lo es, sin embargo, citar, aun de pasada, un asunto sobre el que la mayoría de medios de comunicación y desde luego las televisiones más vistas en este país han pasado de largo. Me refiero a la difusión del resultado de la encuesta sobre la monarquía, que estratégicamente fue dada a conocer el mismo día de la Fiesta Nacional, cosa que, sin duda, 'molestaría' al monarca. La encuesta fue impulsada por una Plataforma de Medios Independientes (hasta 16) y desarrollada por 40db, Instituto de Opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS, organismo que lleva más de cinco años sin preguntar sobre ese tema.

Los resultados, por sobradamente conocidos, no los voy a repetir aquí. Sí es preciso aclarar que la desafección ciudadana hacia la monarquía tiene mucho que ver, indudablemente, no sólo con la corrupción del rey emérito, corrupción que, como un cáncer, ha extendido su metástasis en instituciones y partidos, sino también (algo que queda claro en la encuesta) con la identificación de Felipe VI con una derecha que está haciendo todo lo posible para que la democracia zozobre en España.

Realmente, lo que está en cuestión en estos momentos es el modelo de democracia formal burguesa impuesto desde la Transición. Las clases dirigentes españolas renunciaron, desde el siglo XIX, a impulsar 'su' revolución burguesa (que llevó la modernidad y la ruptura con las ataduras del pasado a tantos y tantos países de Europa) y, por el contrario, asfixiaron esas ansias de modernidad de ciertos sectores sociales con políticas tendentes a mantener sus ancestrales privilegios. La derecha en España, hoy, se desliza por esas inercias y, lo que es peor, ha desenterrado su tufo autoritario.

Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha. Unos y otros no tienen reparos en apelar al insulto, la violencia verbal (por ahora) y a un peligroso 'matonismo'. Digámoslo con rotundidad: las derechas no son democráticas. Incluyendo en ellas, por qué no, a un partido, Ciudadanos, que se ha constituido en sostén y valedor de aquéllas en muchos territorios.

Si tuvieran sensibilidad democrática, quienes se declaran tan constitucionalistas deberían admitir que la soberanía reside en el pueblo español, y del poder legislativo emanan todos los demás, de manera que el Gobierno, elegido democráticamente por el Parlamento, dista mucho de ser 'ilegítimo', como falsamente pregonan.

Si tuvieran sensibilidad democrática, antepondrían la salud de la población a la guerra abierta y declarada que, cual cruzada de liberación, ha emprendido contra el Gobierno central la presidenta madrileña, Isabel Ayuso (aleccionada, sin duda, por Pablo Casado).

Si tuvieran sensibilidad democrática, no sólo acatarían la sentencia de la Gürtel, como falsamente admiten, sino que no caerían en el ridículo, como el del expresidente M. Rajoy al declarar que la sentencia, que condena a trescientos años de cárcel a un montón de ex altos cargos y ministros, es una 'reparación moral' hacia su persona, pues se considera 'víctima' de la moción de censura que lo desalojó del Gobierno.

Si tuvieran sensibilidad democrática, admitirían la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos (UP) en vez de utilizar todo tipo de argucias, como el acoso judicial ( lawfare) emprendido contra esa formación política, con múltiples denuncias que los tribunales vienen dejando sin efecto. La última disposición de la Fiscalía Anticorrupción de negar cargos contra Pablo Iglesias por el 'caso Dina' es paradigmática en este sentido.

Si tuvieran sensibilidad democrática, no seguirían bloqueando la renovación de los vocales del CGPJ pretextando la presencia de UP en el Gobierno, al que acusan de dictador. En este sentido, Manuel Muniz, secretario de Estado de España Global, considera que el Gobierno se ha encontrado con un dilema y ha optado por la vía más democrática, que es respetar la mayoría absoluta del Congreso, en lugar de tolerar que continúe el bloqueo de 89 diputados.

Si tuvieran sensibilidad democrática, dejarían de protagonizar los más que bochornosos actos de protesta en el Congreso, con pataleos, gritos, insultos y una evidente falta de respeto a la presidenta de la Cámara, que se esfuerza, sin conseguirlo, en que sus 'señorías' de la bancada de la derecha respeten los turnos de palabra.

Si tuvieran sensibilidad democrática, habrían condenado ya el franquismo, dignificando a las víctimas de aquel aciago régimen. Por el contrario, herederos ideológicos de aquella dictadura, tratan de convertir a las víctimas en verdugos. El último episodio, lamentable, cuando se cumplen ahora ochenta años de los fusilamientos del socialista Julián Zugazagoitia y del expresident de la Generalitat Lluis Companys, ha sido la orden dada por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de destrozar la placa de la casa de Madrid en la que nació Largo Caballero, quizá el mejor ministro de Trabajo que haya tenido este país. Acción cuyo mérito hay que atribuir a Javier Ortega Smith (de casta le viene al galgo), nieto del abogado Víctor Manuel Ortega Pérez, el mismo que mantuvo una estrecha relación con el alcalde de Madrid José Finat y Escrivá de Romaní, 'conde de Mayalde', colaborador con la Alemania nazi y que solicitó a Pétain, sin éxito, la extradición a España de ese ministro republicano.

La derecha extrema y la extrema derecha están inmersas en una indisimulada operación de distorsión de la realidad. Han conseguido con ello elevar el esperpento valleinclanesco a categoría (por calificarla de algún modo) política. Con seguridad, si don Ramón María del Valle Inclán levantara la cabeza pensaría que en España nada había cambiado. O quizás sí: quienes deforman y falsean la realidad, hoy, sienten una tremenda nostalgia por las 'conquistas' del nazismo.

miércoles, 7 de octubre de 2020

ALGO MÁS QUE UNA CRISIS INSTITUCIONAL

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/07/crisis-institucional/1151624.html

A estas alturas de la legislatura, cuando aún no se ha cumplido un año de las elecciones del 10 de noviembre pasado que dieron origen al primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, ya nadie duda de que la crisis de la Covid-19 se está solapando con (y restando protagonismo a) una durísima campaña de acoso y derribo al Gobierno, que tuvo su corolario en el último debate de control al Ejecutivo del miércoles de la pasada semana. Haciendo uso del sostenido mantra sobre la ilegitimidad del mismo, las derechas, que luchan denodadamente por disputarse su hegemonía (moción de censura de Vox), están aprovechando la emergencia sanitaria actual para la interposición de querellas contra la gestión gubernamental, a la que se hace responsable del alto número de muertes ocasionadas por la pandemia. Al PP no le interesan las muertes, sino derribar al Gobierno. Por lo mismo resulta indignante, para quienes vemos cada vez más clara una salida en clave republicana a la grave situación política y social actual, la clara incorporación del monarca  Felipe VI a esa operación de zapa, acoso y derribo.

El constitucionalista Javier Pérez Royo, que cree que el conflicto constitucional entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad autónoma de Madrid «puede poner al sistema político español en una situación límite», ve igualmente grave esa injerencia de la Corona en la acción de Gobierno, por la llamada del rey al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para expresar su disconformidad por su ausencia del acto, celebrado en Barcelona, de entrega de despachos a los nuevos magistrados.

Pérez Royo hablaba, hace unos días, de la necesidad de que el Gobierno ejerza una labor 'pedagógica' sobre el rey, recordándole su papel constitucional. Y es que la situación no es nueva: el monarca ha tomado partido, en varias ocasiones, en situaciones en que debiera haber observado la más estricta neutralidad. Recordemos su incendiario discurso, con autoría indudablemente procedente de la Zarzuela, del 3 de octubre de 2017, contra una parte del pueblo catalán, y su 'disgusto' por la celebración de una ceremonia civil, y no religiosa, de homenaje a las víctimas de la pandemia, entre otras.

Felipe VI parece haber olvidado que, según el artículo 1.3 de la Constitución de 1978 (CE 78), España es hoy una monarquía parlamentaria, en la que el rey reina pero no gobierna (sus actos necesitan el refrendo del Gobierno, según el artículo 64 de la CE 78), a diferencia de la monarquía constitucional que estuvo vigente durante 47 años a partir de la Constitución canovista de 1876, con soberanía compartida del Rey con las Cortes y en la que el Gobierno debía contar con la confianza regia y parlamentaria.

La monarquía actual, al ser una magistratura hereditaria, no tiene legitimación democrática (Pérez Royo). Es más, para abundar en esa ausencia de legitimidad de origen de la monarquía española, añadiríamos que habría que recordar que todo el 'edificio' de la Transición se construyó pese a que la Disposición Derogatoria de la CE 78 dejó sin efecto la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de junio de 1947, que constituía a España en un Reino (sin rey) y que tuvo su concreción en la designación por Franco del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor, a título de rey, en 1969. Estos actos del franquismo, a mi juicio, refuerzan la falta de legitimidad de la monarquía actual, aunque fuese 'bendecida' por los padres constituyentes a la hora de redactar nuestra Carta Magna.

La injerencia de Felipe VI (que, indudablemente, se muestra más cómodo con la derecha y próximo a ella) en los actos del Ejecutivo suena a añoranza de aquellos periodos de nuestra Historia en que la Corona (con Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII), aunque con actos más que reprobables, ejercía un papel preeminente en la política española.

Pero si grave es la injerencia del monarca en las acciones del Gobierno, no menos grave es el frente que la tercera magistratura del Estado, el Poder Judicial, ha abierto contra aquél. La filtración de la conversación de Carlos Lesmes con el rey hay que enmarcarla en ese sentido. El presidente del CGPJ y del Supremo ha usado la Corona como un ariete para erosionar más al Gobierno. Recordemos que Moncloa intentó, para blindar al monarca, retrasar la entrega de despachos a los nuevos magistrados, para alejarla de la fecha en que se conocería la inhabilitación de Torra y el aniversario del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Lesmes amenazó precisamente con hacer coincidir el fallo con esta última fecha. Lo que ocurrió después es sabido.

Estas acciones desestabilizadoras del tercer poder del Estado, calificadas por algún analista como el 'enemigo interior', son el resultado de la no depuración, en su día, de la judicatura, como sí se hizo durante la gestión de Narcis Serra con las Fuerzas Armadas. Perviven elementos conservadores en aquélla y en una institución, el CGPJ, cuyo presidente tiene mucho poder. En opinión del magistrado Joaquim Bosch, autor junto a Ignacio Escolar de El secuestro de la Justicia, el CGPJ adopta decisiones importantísimas como el nombramiento de los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo (recientemente ha habido seis); la elección de los magistrados de las salas Civil y Penal de los Tribunales de Justicia de cada comunidad autónoma, y la designación del presidente de la Audiencia Nacional y de los presidentes de las salas que la integran.

Otra cuestión tiene que ver con la composición del CGPJ. El artículo 122.3 de la CE 78 estipuló que, de los 20 miembros que lo integran, 12 serían elegidos por jueces y magistrados; 4, a propuesta del Congreso, y 4 a, propuesta del Senado, por 3/5 de los votos. No obstante, en aquellos primeros años de nuestra democracia nuestra judicatura era especialmente conservadora. Por ello, en 1985 se reformó la ley, de forma que los magistrados no fueran elegidos por el conjunto de la judicatura, sino atendiendo a las cuotas de poder de los partidos políticos, lo que acentuó el deterioro progresivo de la separación de poderes.

Hace unos días, la mayoría absoluta del Congreso (187 votos) exigió la renovación del CGPJ, frenada una y otra vez por los intereses partidistas de la derecha pese a que Carlos Lesmes ejerce en funciones desde hace dos años. Esa mayoría absoluta podría decidir modificar la legislación para que no sea necesaria una mayoría reforzada para renovar una parte (hasta doce vocales) de ese órgano judicial, dejando los ocho restantes a elegir por 3/5 de las Cámaras legislativas (CE 78).

En plena crisis sanitaria, económica, social y territorial, la virulenta campaña de las derechas para derribar al Gobierno con la indisimulada colaboración de la Corona y de sectores de la judicatura evidencia que nos hallamos ante una severa crisis institucional que amenaza a aquella Transición pactada bajo el ruido de sables y de la que se apropian con un sentido excluyente las derechas.

En ese contexto, las predicciones de quienes otean cercano un horizonte republicano no son nada desdeñables.

martes, 22 de septiembre de 2020

DE ALEPO A LESBOS

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/09/22/alepo-lesbos/1147237.html


Desde hacía años, mi ciudad había sido un objetivo militar para los distintos bandos contendientes. Aquella mañana de junio de 2016 dormía plácidamente, porque ya me había habituado a los sonidos de la guerra. Pero ese día me despertaron los gritos desesperados de mi madre.

-¡Nos bombardean de nuevo!

El tableteo de las ametralladoras, las bombas de la aviación, los obuses de la artillería y el fuego de mortero se enseñorearon de mi barrio. De pronto, un espantoso estruendo. Cuando me recuperé del aturdimiento y la ceguera provocada por una nube de polvo que olía a pólvora y azufre, pude comprobar que el que había sido mi piso en mi bella ciudad, Alepo, Patrimonio de la Humanidad, había quedado reducido a escombros. Busqué desesperadamente a mi familia entre las ruinas de la casa. Horrorizado, encontré el cuerpo de mi madre, Sana, horriblemente mutilado. No me había repuesto aún del choque emocional que tal imagen me produjo, cuando puede oír las voces apagadas de mi padre, Tarik, en un extremo del piso:

-Hazem, hijo, Hazem, Hazem…

Hasta la horrible guerra que se ensañó con virulencia sobre nuestro país a partir de 2011, crecí feliz en una familia de clase media. Mi padre comerciaba con países vecinos y eran frecuentes sus viajes a Jordania. Mis estudios en el instituto habían concluido ese verano y, pese al horror de la guerra, mis perspectivas de matricularme en la Universidad de Damasco para, en un futuro, ejercer la Medicina permanecían intactas.

-Hazem, ¿qué ha pasado? –parecía estar bien, aunque sangraba por la cabeza y su rostro, bañados los surcos que delataban el paso de los años por el sudor y el polvo, aparecía más demacrado que de costumbre - ¿Dónde está tu madre?

No supe qué contestarle. Me desplomé junto a él, de rodillas en el suelo. En la calle, ululaban las sirenas. Transcurrieron unas horas, interminables, hasta que unos brazos amigos de la Media Luna Roja nos rescataron de aquellas ruinas. Nos instalaron en un pabellón de deportes de mi barrio. Dos días después, enterramos a mi madre.

-Hazem, no tenemos nada que hacer aquí. Tenemos que huir de este infierno –dijo mi padre a la mañana siguiente-. Nuestro destino está en el exilio.

Me costaba asumir que la guerra hubiera condicionado nuestro futuro. Que mi sueño de ejercer la Medicina en mi patria, a la que tanto amaba, quedara truncado por la guerra. Pero no le contradije. En Siria, mi país, una estricta educación nos ha enseñado a obedecer y respetar a nuestros mayores.

Unos días después,  con nuestros escasos pertrechos, viajábamos en un camión desvencijado, traqueteante, abarrotado hasta los topes, hasta la frontera turca. En ella, hubimos de esperar a ser registrados por unos funcionarios desbordados por una situación que, sin duda, les sobrepasaba. Nos esperaba el campo de refugiados de Osmaniye. De paso por las aldeas que encontramos en el trayecto, nos observaban compasivos unos humildes campesinos, quizás solidarios con nuestro dolor. La estancia en aquel campo, en el que en contra de lo esperado fuimos tratados bastante bien, duró unos meses.

-Hazem, … Alemania. Hemos de intentar llegar a Alemania –la perspectiva de alejarme más de la que, hasta hacía poco, había sido mi patria no me seducía demasiado. Quizá por ello le objeté:

-No lo vamos a tener fácil, papá. Los refugiados sirios somos, en estos momentos, unas marionetas, atrapados en el fuego cruzado de intereses entre una Unión Europea que exige a Turquía que frene el flujo de refugiados y un presidente turco, Erdogan, que nos utiliza como arma arrojadiza para lograr sus objetivos –le aclaré con total convicción, mientras observaba el rostro de sorpresa y satisfacción de mi padre. “Los estudios que le he dado a mi hijo lo han redimido de la ignorancia”, debió pensar.

Meses después, tras el paso fugaz por la ciudad de Konya, iniciamos de nuevo un largo viaje de autobús atravesando la zona montañosa de Turquía occidental, que, en el fondo, tanto me recordada a algunos rincones de mi país de origen. La bella ciudad costera de Esmirna nos esperaba.

Conscientes de que, como tantos compatriotas, no deseábamos ser refugiados en una tierra que no era nuestra, mi padre y yo, sin embargo, teníamos un objetivo: Lesbos era el punto intermedio de llegada y de partida para nuestro dorado sueño alemán. Alquilamos una habitación en un destartalado hotel de Esmirna, con las ratas correteando por sus estancias.

La imagen del flujo de refugiados que deambulaba por sus calles contrastaba con la opulencia y lujo de los numerosos hoteles para turistas, ajenos a los dramas personales que tenían a pocos metros de sus abarrotadas playas y terrazas. Era la primera vez que veía el mar, y aunque su contemplación no me provocaba el placer relajante de aquella miríada de turistas, lo cierto es que, durante unas horas, me quedé embelesado por la quietud y el azul intenso de las aguas, sin ser ajeno a que, en los últimos años, ese mismo mar se había constituido en un cementerio para tantas y tantas personas que, como nosotros, deseaban alcanzar el solar europeo.

- ¿Cómo vamos a llegar a esa isla, papá? –le inquirí, sabedor, sin embargo, de que mis dudas eran también sus dudas- El dinero que pudimos rescatar de Alepo se nos está acabando.  

-Hay que encontrar un traficante. Según me han dicho, encontrar a uno en Esmirna es fácil, hay miles –me aclaró mi padre.

En el verano de 2017, tras pagar 1.200 euros a un improvisado ‘capitán’ que no dominaba la navegación, viajábamos, hacinadas, no menos de cincuenta personas en una lancha neumática. Nos perdimos y fuimos rescatados por un guardacostas griego que nos trasladó a Lesbos. Nos ubicaron, tras minuciosos registros, en el campo de Moria, preparado para acoger a tres mil personas. Pero   llegamos a estar doce mil. Las duras condiciones de vida allí nos hicieron añorar, por parte de la población griega, la solidaridad que habíamos dejado atrás en Turquía. Aunque ciertamente no nos faltó el calor de varias oenegés que nos brindaban su abnegada ayuda.

            9 de septiembre de 2020. Mi sueño, una vez más, fue interrumpido por gritos de horror y el olor del fuego que crepitaba con violencia sobre lo que había sido nuestro campamento. Aquella mañana, en Moria, sabíamos que todo había acabado: por nuestra propia supervivencia, habríamos de intensificar nuestros esfuerzos por cruzar los Balcanes y alcanzar Alemania.

 

Hazem, Tarik y Sana son personajes ficticios. Pero sus peripecias reflejan situaciones reales. La guerra de Siria y otros conflictos regionales han provocado un enorme flujo de refugiados. Turquía acoge a cuatro millones de ellos. Y Grecia, bastantes miles. Hoy, las islas griegas son una trampa que los atrapa, a la espera de que se produzca el milagro de poner pie en tierras de Alemania o Suecia.


martes, 8 de septiembre de 2020

UNA TRANSICIÓN NO TAN MODÉLICA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/09/08/transicion-modelica/1143305.html

Del resultado del pulso dialéctico que se está librando en estos momentos dependerá que el franquismo pase a ser, o no, un residuo del pasado

07.09.2020 | 20:26
Una transición no tan modélica

Invitado por una amiga monja seglar que ejercía su labor en Cartagena, a finales de julio de 1978 pasé unos días en Burlada (Navarra), en casa de su hermana y cuñado. La cálida acogida de esa familia navarra contrastaba con el gélido ambiente y la tensión que aún se palpaban en la calle. Las reivindicaciones políticas bullían (fui invitado a un acto pro amnistía y por la incorporación de Nafarroa a Euskadi en un frontón de la localidad) en una ciudad en la que, al decir de un hijo menor de mi familia de acogida, «cuando llegaban los grises había que bajar las persianas y cerrar las ventanas». Me impresionó, por tanto, que un crío que apenas tenía diez años tuviera ya esa percepción de la represión que, en esos primeros años de la Transición, aún se ensañaba con las reivindicaciones populares.

Como es sabido, tan sólo unos días antes, los Sanfermines habían quedado suspendidos. El día 8 de julio, la plaza de toros de la capital navarra, escenario, en medio del festejo taurino de una improvisada reivindicación pro amnistía, había sido invadida por fuerzas antidisturbios, cuya actuación llevó a la indignación popular extendida a varios puntos de la ciudad. La muerte trágica del joven Germán Rodríguez, alcanzado por un disparo en la frente, tuvo como única repercusión política la dimisión del gobernador civil, Ignacio Llano. Al frente del ministerio del Interior se encontraba Rodolfo Martín Villa.

Dos años antes, en marzo de 1976, efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada irrumpieron en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, en donde se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. El resultado: cinco obreros muertos y más de 150 heridos. Los hechos no fueron investigados ni enjuiciados. Martín Villa era, en esos momentos, ministro de Relaciones Sindicales.

Por esos y otros hechos (las muertes de Rafael Gómez Jáuregui, en Rentería; Javier Núñez, en Bilbao; J. María Zabala en Hondarribia; José María Menchaca, en Santurce; Arturo Ruiz, en Madrid, y otras) la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ha venido exigiendo que se depuren las responsabilidades del exministro franquista, acusado de hasta doce asesinatos en la Transición, en una causa que instruye la jueza argentina María Servini.

La declaración del exministro, realizada por vía telemática desde la sede del consulado argentino el pasado jueves, vino precedida, como es sabido, por las vergonzosas cartas de apoyo de cuatro expresidentes del Gobierno, cuatro exlíderes sindicales y otras personas, hecho que ha recibido fuertes críticas por considerar que esas misivas suponen una clara injerencia en la labor judicial de la magistrada argentina. Para los abogados de la Querella argentina, esas cartas de apoyo demuestran que el exministro franquista sigue teniendo contactos con el poder y ha querido usarlos contra la Justicia.

Esther López Barceló, responsable federal de Memoria Democrática de IU, piensa que estos apoyos plasman gráficamente las innumerables acciones políticas, judiciales y sociales que se han sucedido en las últimas cuatro décadas para sustentar la anomalía democrática de la impunidad franquista. Especialmente insultante, para las víctimas y sus familiares, es la misiva del expresidente Felipe González, que llama a la Justicia a actuar y 'depurar responsabilidades' (sic) por la mala fe de las víctimas de la Dictadura y sus allegados por presentar las denuncias que derivaron en la Querella argentina.

Por su parte, CeAQUA considera que esas cartas remitidas a María Servini constituyen un intento 'burdo y grotesco' de ejercer presión política, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal. En opinión de este colectivo, todas las personas que han expresado su apoyo a Martín Villa «implementaron, consolidaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español, que impedía la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición», recordando que dicha actitud pasiva ha sido duramente censurada por instancias internacionales. Los hechos por los que está imputado Martín Villa y a los que él califica como 'actuaciones desgraciadas' o simples 'errores' están debidamente acreditados en la causa penal, y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, que no político, en el que la jueza Servini deberá determinar si se le procesa o no.

En opinión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, mientras Franco se debatía artificialmente entre la vida y la muerte, altos funcionarios estatales negociaban con líderes de la oposición, a la vez que exhibían con gran dureza el conocido eslogan «la calle es mía». Según esta asociación, hoy los 'apóstoles' de la Transición «defienden a capa y espada el papel de este espadón del franquismo [Martín Villa], que cumplió fielmente con la labor que el régimen le había asignado».

Martín Villa, como era de suponer, negó en su comparecencia toda responsabilidad en esas muertes. Y aunque algún abogado de la acusación popular niega el carácter político del proceso que se ha abierto (la jueza Servini tiene hasta diez días de plazo para encausar a Martín Villa o cerrar el caso), es indudable que este procedimiento no puede desligarse de una cierta dimensión política. Y ello porque los sucesivos Gobiernos y la judicatura española, amparados en el paraguas de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, han impedido la extradición a Argentina del exministro y de otros 18 altos cargos franquistas acusados, incumpliendo, como henos dicho arriba, las obligaciones y tratados internacionales suscritos por España, entre ellos los sucesivos requerimientos de la ONU, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa para que se juzguen en nuestro país los delitos de lesa humanidad.

Paradójicamente, este proceso, paradigma de una Transición no tan modélica como se ha venido 'vendiendo', se desarrolla mientras en nuestro país tienen lugar dos fenómenos que se repelen: las ansias de renovación y modernización por parte de amplios sectores populares de la izquierda, que tienen puestas sus miras en los éxitos del Gobierno de coalición; y, por otro lado, una derecha y ultraderecha que vienen volcando sus esfuerzos hacia la consolidación de una reacción con tintes decimonónicos. En medio, se sitúan esos apóstoles de la Transición, de los que no está libre un sector del PSOE, que sienten auténtico vértigo de los cambios y de una casi inevitable deriva prorrepublicana del país. Del resultado del pulso dialéctico que se está librando en estos momentos dependerá que el franquismo pase a ser, o no, un residuo del pasado.