martes, 30 de junio de 2020

La Cárcel Vieja, espacio de la Memoria

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/30/carcel-vieja-espacio-memoria/1125124.html

"En la recordada por algunos presos como la 'semana trágica', del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones. 
Permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria"

Con cierto retraso, han dado comienzo las obras de la primera fase de rehabilitación de la antigua prisión provincial de Murcia, conocida como 'Cárcel Vieja', siguiendo las directrices del proyecto ganador del concurso de anteproyectos convocado en su día por el ayuntamiento de Murcia, 'Muros Etéreos', que, con los otros dos proyectos finalistas, quedó expuesto en octubre de 2017 en la sede del Colegio de Arquitectos de la capital.

Con tal motivo, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) inauguró el pasado jueves su canal de YouTube con una tertulia, con el título que encabeza este artículo, en la que participaron miembros de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU), para dar a conocer la historia de ese centro penitenciario y las actuaciones reivindicativas que el mundo memorialista ha venido manteniendo para que se consolide ese espacio para el recuerdo. En la tertulia, moderada por María Jesús García, expresidenta de MHMU, intervinieron, como portavoces de esa asociación, un servidor, Rufino Garrido y Pepe Sánchez, que, además, es presidente del Ateneo Republicano de Murcia.

Mi breve exposición inicial, que resumía un trabajo de investigación del profesor murciano de la Universidad de Valencia Francisco J. Medina Albaladejo, publicado en Anales de la UMU en 2009, rastreó los orígenes de ese centro penitenciario y los sucesivos cambios habidos en el régimen de propiedad. La cárcel fue proyectada en 1922, construida en 1927 e inaugurada el 26 de mayo de 1929, para sustituir, en funciones penitenciarias, a la prisión ubicada en la calle Vara del Rey de la capital. La Diputación Provincial adquirió unos terrenos al norte de la ciudad, pertenecientes a la marquesa de Salinas, con la idea de aprovechar como recinto penitenciario una torre allí existente. Pero las disponibilidades presupuestarias de la Diputación eran escasas.



Murcia, Carcel vieja inauguración C. 1929 | Murcia, Primo de rivera

Pronto, no obstante, las prisiones fueron transferidas de las diputaciones provinciales al ministerio de Gracia y Justicia, que fue el que inició las obras. La cárcel, concebida para la rehabilitación moral de los presos, según las directrices paternalistas de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, tenía una capacidad para cuatrocientos reclusos, aunque, en los momentos álgidos de la represión franquista llegó a albergar a 3.000 personas, con un hacinamiento insoportable pese a que, en ese periodo histórico, los conventos de Las Isabelas y Las Agustinas de la capital murciana también funcionaron como prisiones.

La Cárcel Vieja, que cerró definitivamente en 1981, tuvo distintos propietarios a lo largo de su historia: ministerio de Justicia, ministerio de Cultura, ministerio de Hacienda y, finalmente, ayuntamiento de Murcia, y fueron variadas, a partir de ahí, las propuestas de uso del edificio.

En mayo de 1998 el ministerio de Hacienda pretendía ubicar allí la sede de la Agencia Tributaria, con la oposición, entre otros, del arquitecto Félix Santiuste de Pablos, que pedía la declaración de BIC para el edificio. En junio de 2000 el Ayuntamiento incluyó la prisión en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU, con el grado de protección 2.

Finalmente, en septiembre de 2013 se produjo la cesión por el ministerio de Hacienda al ayuntamiento de Murcia, que, a su vez, cedió a ese ministerio 8.000 metros cuadrados de parcelas situadas entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón para instalar allí la sede de la Agencia Tributaria.

Por su parte, Rufino Garrido, que empezó recordando que, con la entrada de la IV División Navarra en la provincia arreciaron las detenciones y fusilamientos, lo que llevó a colapsar los centros penitenciarios existentes, dio a conocer el trabajo que, junto a su compañera Juana Marín, ha venido desarrollando, con la revisión de más de 12.000 expedientes depositados en el Archivo General de la Región de Murcia en los que constan la situación penal de los presos.

En concreto han localizado 550 expedientes de personas condenadas a muerte, de las cuales fueron ejecutadas 525 sentencias. Fusilamientos que tuvieron lugar en el mismo penal, junto a las tapias del cementerio de Espinardo, y en las proximidades, en el polígono de tiro. De entre esas personas condenadas a muerte figuran 17 mujeres, de las cuales fueron fusiladas 15; una de ellas, Blasa Herrero Guardiola, se salvó del pelotón de fusilamiento por su mal estado de salud.
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Rufino recordó, además, que están registradas 48 muertes dentro de la prisión provincial por enfermedad (tuberculosis) y hambre. Situación dramática a la que se sumaba un trato degradante hacia los presos y el hacinamiento en que vivían, como testimoniaron, antes de morir, don José Fuentes Yepes y don José Castaño Sandoval.

Constan los nombres de 21 funcionarios fusilados, entre ellos los alcaldes republicanos de Murcia, San Javier, Alhama de Murcia, Molina de Segura, Abarán, Calasparra, Pliego, Abanilla, Los Alcázares, Yecla y Mula. Y ello pese a que los alcaldes de Abarán, Calasparra, Mula y Murcia salvaron las imágenes de culto de sus respectivas localidades.

Especial mención merece la muchas veces recordada por algunos presos como la 'semana trágica': del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas en esa semana. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones.

Estas experiencias dramáticas dentro de los muros de la prisión es lo que llevó a Pepe Sánchez, la última persona en intervenir en el coloquio, a señalar la indignación ciudadana y de la propia MHMU por la banalización que el alcalde pretendía hacer con la rehabilitación de la prisión, al idear la instalación de un gastrobar, idea que, al final, fue descartada.

Pepe señaló las distintas acciones reivindicativas que la asociación ha venido manteniendo, destacando la mesa redonda del 3 de noviembre de 2016, en el edificio Moneo, con la presencia de María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, ubicado en la antigua prisión, hoy rehabilitada, de Oviedo; el arquitecto Enrique de Andrés; y los historiadores Antonio Martínez Ovejero y Fuensanta Escudero, actividad a la que asistió el entonces concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, a a quien le pareció muy buena idea lo expuesto por María Concepción Paredes.

Pepe Sánchez recalcó en su exposición que, desde MHMU, permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria, pues es preciso que se respete la dignidad de quienes allí penaron. Reivindicó ese espacio con un contenido pedagógico, destinado a los centros escolares, para lo que es imprescindible la colaboración de la Universidad de Murcia, colaboración que MHMU viene manteniendo, concretamente con la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea.

En síntesis, una tertulia muy didáctica y que las personas interesadas pueden ver en el canal de YouTube citado, escribiendo en el buscador: «Tertulia La Cárcel Vieja Espacio de Memoria».

martes, 16 de junio de 2020

DEGRADACIÓN DEL CAMPO Y TRABAJO ESCLAVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/16/degradacion-campo-trabajo-esclavo/1121638.html#EnlaceComentarios

Han pasado los años, pero aún conservo frescos en la retina y en mi memoria olfativa los paisajes, colores y olores del Campo de Cartagena de mi infancia, anterior a la llegada de las aguas del Trasvase. El campesinado se afanaba en arrancar de unos terrenos salitrosos, con su incansable esfuerzo, cosechas de algodón, tomates, melones, pimientos de bola, sandías…
Paisaje adornado por el giro de las aspas de los molinos de viento, con su velamen blanco, moviendo los cangilones de la noria que extraían el agua del pozo para llenar las balsas de riego. Aquellos pozos del acuífero, muy superficial entonces, pero con un agua escasa a la espera de la larga y demandada llegada de las aguas foráneas, contribuían a mantener el apego del campesino a la tierra,
con unos cultivos que, hoy, he llegado a comprender que eran sostenibles medioambientalmente.

Evoco también aquellas salidas con mi familia al Mar Menor, esa laguna litoral única en el Mediterráneo. Tiempos difíciles en los que la economía familiar sólo permitía alguna que otra escapada para que nos diéramos un baño, a la espera de la tortilla de patatas y el conejo frito con tomate y pimiento para la comida del mediodía, que mi madre custodiaba en la fiambrera. En aquella
playa de Los Nietos aún nos era dado en aquellos tiempos disfrutar de aguas limpias en las que, a veces, detectábamos la presencia de ese simpático caballito de mar, hoy ausente.

Han pasado los años y aquel paisaje campesino y ese Mar Menor de mi
infancia han fenecido. La presión demográfica sobre las riberas de la albufera
litoral, la actividad agrícola incontrolada, la apertura de la gola del Estacio y los
desechos de metales pesados de la minería aportados por la rambla del Llano
del Beal la han llevado a su lenta agonía y, de paso, han degradado y
desnaturalizado el paisaje del Campo de Cartagena. Por eso, en la medida en
que aún resuenan en nuestros oídos los ecos de la protesta vecinal de hace unos
días por la muerte, tantas veces anunciada, de esos espacios otrora tan bien
conservados es bueno detenerse en señalar responsables.

No podemos obviar la responsabilidad directa de quienes durante 25
años han estado al frente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia
(CARM), que, sin duda alguna, se dejan llevar por la presión del lobby
empresarial agroexportador, que ha hecho del Campo de Cartagena uno de sus
territorios donde hacer buen negocio.

Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología de la UMU y miembro de
Ecologistas en Acción (EeA), denunciaba a este respecto que “sectores
influyentes de la sociedad murciana y especialmente sus poderes públicos
alientan desde hace tres décadas la expansión ilimitada de la actividad agraria
industrial en el Campo de Cartagena […] perturbando los ciclos locales de
nitrógeno y fósforo, contaminado los acuíferos más superficiales y generando un
proceso de eutrofización de la albufera del Mar Menor”.

Y según EeA, cuando en la Región de Murcia la falta de aplicación de la
normativa europea, por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia, en
materia de contaminación por nitratos de origen agrícola ha sido reconocida en
múltiples documentos como la causa de la degradación ambiental del Mar
Menor, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, haciendo suyas
las declaraciones de ciertos sindicatos agrícolas y grandes productores agrarios,
no tiene empacho alguno en afirmar que “el lobby ecologista ha ganado el pulso
al sector agrícola y ganadero”. Y mientras que la Unión Europea decide
aumentar las áreas naturales protegidas terrestres y marinas hasta un 30% de la
superficie, el Gobierno de la CARM modificó, hace unos días, la Ley Regional de
Medio Ambiente para permitir incrementos de un 30% de emisiones
contaminantes, sin nueva Evaluación de Impacto Medioambiental, según nos
recuerda EaA.

Muerte lenta de nuestra albufera. Degradación de nuestro paisaje agrario
litoral. Y unas víctimas invisibles: los jornaleros agrícolas del Campo de
Cartagena, que, las más de las veces, caen en las redes, hasta ahora también
invisibles, de mafias que omiten los más elementales derechos laborales y
humanos que asisten a quienes, con su sudor, extraen el producto de la tierra.
Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de una operación llevada a
cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental
(UCRIF) de la Policía Nacional que concluyó con la detención de 19 personas en
Murcia, entre ellos los responsables y encargados de un entramado criminal
presuntamente autores de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Yolanda Díaz, ministra de trabajo, ha sido la encargada de introducir
estas inspecciones en el campo. Y la reacción de los sectores empresariales no se
ha hecho esperar. Félix Barián, presidente de ASAJA, vino a afirmar que como
no se retiren las inspecciones “no vamos a ser pacíficos”, en clara amenaza a la
ministra por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario
sobre condiciones laborales.

Estas inspecciones, en tiempos atrás, han venido siendo inexistentes o
muy permisivas con la situación de explotación laboral en el campo. Mi amigo
marroquí que vive ya veinte años entre nosotros y conoce el Campo de
Cartagena como la palma de su mano, me dice que, en efecto, la laxitud de la
Inspección de Trabajo ha venido siendo la norma y la causa principal de lo que
sucede. Me aclara que los inspectores no han ido a visitar casi nunca
directamente a los trabajadores y que el empresario estaba avisado, casi
siempre, de esas visitas.

Muchas empresas contratan a través de una Empresa de Trabajo
Temporal, que impone unas condiciones leoninas: ausencia de contratos para
gente ‘sin papeles’; trabajos a destajo, mal pagados, superando las ocho horas
estipuladas en el convenio con ingresos diarios del trabajador que no superan,
en muchos casos, los 25 euros. Se lamenta de que la Inspección no disponga de
una sede, cerca de las explotaciones agrarias, donde tramitar las quejas.
Respecto de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que ocupan
los jornaleros, aunque éstas no son las muy lamentables de Huelva, es cierto que
los inmigrantes del Campo de Cartagena ocupan, a veces hacinados, viviendas
en mal estado de herederos que renuncian a las mismas o directamente casas
desocupadas antiguas.

Cuando legítimamente estos días se exigen soluciones para el espacio
físico del Mar Menor y el Campo de Cartagena, no podemos obviar, pues, el
drama humano de quienes sufren para seguir contribuyendo, con su sudor, a
que el sector agrario y ganadero aporte un 6% del PIB regional.

martes, 2 de junio de 2020

COMO EN EL 36, PERO SIN MOLA NI FRANCO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/02/36-mola-franco/1118270.html


Durante la II República, la asimilación del Frente Popular por parte de los portavoces de las derechas como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición

España no es esto. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas; diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario; y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidas de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde os lleva a todos el Frente Popular».

Quien así se expresaba en la tribuna de oradores de las Cortes republicanas el día 16 de junio de 1936 era José Calvo Sotelo, jefe del monárquico Bloque Nacional. Él y José María Gil Robles (CEDA) no ocultaban sus simpatías por el fascismo, por lo que, junto con Falange y la ayuda financiera de las élites empresariales del país, alentaban el levantamiento del Ejército contra la II República. ¿Les suena? Eliminemos las alusiones a los apóstoles del comunismo libertario, hoy inexistente, y encontraremos muchas similitudes con la situación política actual.

Esas acciones desestabilizadoras de las derechas tenían lugar, como hoy, en un contexto de anormalidad constitucional, pues el estado de alarma declarado por Portela Valladares el 17 de febrero de 1936 fue prorrogado, mes a mes, por los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga y fue una constante hasta la tardía proclamación del estado de guerra por Negrín el 23 de enero de 1939.
La Historia no es cíclica, pero los argumentos esgrimidos entonces por las derechas volvemos a oírlos hoy, 84 años después. Durante la II República, la asimilación del Frente Popular, por parte de los portavoces de las derechas, como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición.

En la primavera de 1936, los hechos que llevaron al golpe mortal contra la República eran la crisis del orden público, los mensajes apocalípticos de los líderes políticos, los rumores insensatos y la divulgación de documentos provocadores. Hoy, como entonces, PP y Vox alientan la crispación, las subidas de tono y el enfrentamiento abierto contra el Gobierno, de lo que son muestras las recientes invectivas de Cayetana Álvarez de Toledo contra el padre de Pablo Iglesias y el alegato de Teodoro García Egea para la sublevación de la Guardia Civil.

Ejemplos hay (Chile, 1973) de que, tradicionalmente, las derechas han asumido los resultados electorales cuando éstos les son favorables y muestran su fachada más virulenta e incluso su 'comprensión' a las asonadas militares cuando la izquierda accede al Gobierno y legisla en contra de sus intereses.

Redacto estas líneas cuando el Gobierno 'comunista' acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital que va a beneficiar a 850.000 familias y a casi 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Una medida necesaria para mitigar los efectos de una pandemia cuyas consecuencias reales están aún por ver. Pero esta actuación molesta a las derechas, muy refractarias a los éxitos del Gobierno, como el indudable freno a la expansión del coronavirus, la presión ante Bruselas para elevar la cuantía de los fondos solidarios anticrisis y otras medidas sociales. Porque, poseedoras de un sentimiento patrimonialista del Estado, sienten aversión y repugnancia ante la defensa que la izquierda esgrime de los sectores populares.

La derecha extrema (PP) y la extrema derecha (Vox) han tomado una peligrosa deriva. Miserables y mezquinos, hubieran deseado la expansión sin freno del coronavirus para rentabilizar políticamente la situación. La alusión de Pablo Casado a que «no podemos volver a parar la economía, pues España debe aprender a convivir con el virus» y la judicialización de la pandemia por parte de Abascal van en esa dirección.

La judicialización de la política es un instrumento especialmente vomitivo 'inventado' por los norteamericanos a principios del siglo XXI con la denominación de 'lawfare' (guerra jurídica). Sabedoras de que pierden en las urnas y en la calle (las manifestaciones con coches hace unos días en varios puntos de España registraron una asistencia ridícula), las derechas están imponiendo ese recurso en España para derribar al Gobierno, porque en nuestro país gozan de especial salud las cloacas del Estado y sirven perfectamente a los intereses de quienes quieren subvertir el orden constitucional.

Vox ha interpuesto numerosas querellas, denuncias y recursos ante los tribunales contra el Gobierno, por su gestión de la crisis sanitaria. La última, contra la directora de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, al hilo de la crisis desatada en Interior, con la clara intención de forzar la caída de Grande Marlaska.

Con el precedente del Informe PISA contra Pablo Iglesias, hace unos días, como es sabido, se destapó el conocido informe plagado de bulos, irregularidades y noticias distorsionadas, elaborado por la Guardia Civil de Madrid y dirigido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez Medel, contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Manuel Franco, por permitir la celebración de las manifestaciones del 8M, a las que PP y Vox achacan la expansión del coronavirus.

La especial aversión que han venido mostrando las derechas hacia el feminismo y la igualdad real de la mujer se ha materializado en esta denuncia, que es un claro ataque a sus derechos conquistados y viene a mostrarnos la cara más vil y la bajeza moral de aquéllas.

Y todo ello en un contexto de la complicidad de una parte del sistema judicial con estas prácticas. El pasado 23 de abril, algo insólito, el Consejo General del Poder Judicial arremetía contra el vicepresidente Iglesias por afirmar éste, en relación con un fallo del TSJ de Madrid, que en España mucha gente percibe que corruptos muy poderosos quedan impunes mientras se condena a quienes protestan por un desahucio.
Es preciso que se produzca una renovación profunda de la cúpula judicial y policial heredada del franquismo y la Transición, pues es obvio que, en estos momentos, las derechas y un sector de la judicatura y de las Fuerzas de Seguridad del Estado parecen estar en sintonía para cuestionar la legitimidad del Gobierno de izquierdas, debilitarlo y propiciar su caída.

Hoy nos aproximamos peligrosamente a la situación del 36, pero sin Mola ni Franco. Porque, quizás, pese a las advertencias de Pablo Iglesias, no hay condiciones para un golpe de Estado cruento (Europa no lo permitiría), pero sí un severo riesgo de involución democrática. Hemos de reaccionar.