martes, 20 de septiembre de 2016

Banqueros sin alma, jueces estrictos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/09/20/banqueros-alma-jueces-estrictos/768537.html


A mediados del pasado mes de junio, varias personas integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH) se manifestaron en la sucursal de Cajamar, en Bullas, en apoyo de una vecina a la que, después de desahuciarla de su casa, esa entidad la reclamaba una deuda pendiente de 70.000 euros, con lo que, a juicio de la PAH, se le condenaba a una vida de exclusión económica y social. Las personas activistas permanecieron en esa sede bancaria hasta las 15,30 horas, momento en que fueron desalojadas. Meses después, un juzgado de Mula, entendiendo que la acción reivindicativa había constituido un delito leve de usurpación, ha impuesto a dichos activistas una multa de tres euros diarios durante tres meses, en contra del criterio del fiscal que estimaba que deberían satisfacer esa sanción durante un mes.

El pasado jueves, día 15, la PAH celebró una rueda de prensa ante la sede de esa entidad bancaria, en la Plaza de Romea, denunciando el excesivo celo judicial. Afirmaron que, pese a las amenazas e intimidación que puedan suponer esas actuaciones judiciales, van a perseverar en esas acciones reivindicativas, por dignidad y en defensa del derecho constitucional a la vivienda. Derecho que, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viene conculcándose en todo el Estado y en la Región de Murcia. Desde 2011, se cuentan por miles las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región. Concretamente, en 2014, de los 4.353 procedimientos de ejecución hipotecaria que se habían iniciado, 1.917 corresponden a lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Y en el ámbito del alquiler, el número de lanzamientos practicados por el TSJ, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de arrendamientos urbanos, es igualmente llamativo: unas 861 familias se vieron afectadas en el 2014. Frente a esta situación, el número de viviendas vacías en la Región de Murcia, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, es de 129.117.

El pasado junio la Asamblea Regional de Murcia aprobó, con los votos a favor de Ciudadanos, Podemos y PSOE, la Ley 10/2016, de 7 de junio, que reforma la Ley 6/2015, de 24 de marzo. Según se afirma en el Preámbulo, con la reforma de la Ley 6/2015, se pretende «responder, dentro de las competencias exclusivas atribuidas por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia, a esta situación de emergencia social, atendiendo de forma global el grave problema de los desahucios», añadiendo, además, que se introducirían «nuevos principios rectores y la incorporación de medidas de adhesión voluntaria que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores de vivienda, esto es, las entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos».. Pues, se dice, «estas entidades, poseedoras en estos momentos de miles de viviendas vacías no destinadas al fin social de la propiedad, deben seguir haciendo esfuerzos para tener en cuenta en su proceder la gravedad de las situaciones en que se encuentran miles de familias» por lo que «los grandes adquirentes de viviendas que se adhieran al Convenio Regional deberían ofrecer a las personas afectadas una propuesta de alquiler social». 

La Ley 10/2016, sin colmar todas las expectativas de la PAH, había supuesto un primer paso. Pero, según informaba LA OPINIÓN el pasado día 14, el Estado se propone tumbar esta Ley antidesahucios regional. A finales de julio, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió una comunicación a la consejería de Presidencia instándole a crear cuanto antes una comisión bilateral entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma para tratar la posible inconstitucionalidad de aspectos referidos, sobre todo, a la mediación extrajudicial previa a la vía judicial en los casos de impago de la hipoteca, y la modificación de la ley que obliga al adquirente de una vivienda por ejecución de un préstamo hipotecario o dación en pago a ofrecer una vivienda en alquiler social a la persona que ha perdido la casa.

En el fondo, en este triste asunto estamos asistiendo a un maridaje entre la voracidad de los banqueros y la actuación con excesivo celo, y por tanto estricta, de ciertos sectores de la judicatura, a favor de aquéllos. Vicenç Navarro, en artículo publicado en Público, nos recuerda que el propio Banco de España reconoció que el sector bancario había recibido 51.303 millones de euros para su rescate y que, de éstos, nada menos que 26.300 millones de euros no serían recuperados por el Estado. Esta cantidad, que supera a la de los recortes en Sanidad y Educación, demuestra que éstos hubieran sido innecesarios. Además, advierte el profesor Navarro, la UE viene otorgando generosas ayudas públicas a la Banca, y ésta responde con malas prácticas, como en el caso de las preferentes. 

Por eso, el cura Joaquín, uno de los portavoces de la PAH, decía el jueves: «El Estado, que se supone ha de proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderosos, protege a los poderosos en contra de los ciudadanos». 

martes, 6 de septiembre de 2016

Islamofobia no es libertad

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/09/06/islamofobia-libertad/765054.html


Como si no hubiera temas más importantes de que ocuparse, la caverna mediática ha andado ocupada estos días de verano con el asunto del burkini, prenda inventada por una avispada empresa australiana para permitir el acceso de la mujer musulmana a espacios públicos hasta entonces a ella vetados, y cuyo uso ha generado polémica en países como Italia, Alemania y, sobre todo, Francia. Los alcaldes de unas treinta localidades de la Costa Azul prohibieron esta prenda, amparándose para la adopción de tal medida en que su uso podría constituir una provocación tras el atentado yihadista que dejó 86 muertos el pasado 14 de julio en Niza. Recientemente, el Consejo de Estado francés suspendió la aplicación de esas ordenanzas municipales, no sin resistencias por parte de ciertos alcaldes que han mostrado sus reservas y exigido que se les comunique por escrito. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llegó a afirmar que estas medidas de los ayuntamientos franceses no contribuyen a mejorar la seguridad, sino que tienden a incrementar la intolerancia religiosa y la estigmatización de las personas de confesión musulmana, en particular las mujeres. 


Les confieso que no tengo una opinión personal asentada y clara sobre este tema. Las posiciones sobre la prohibición o no de estas prendas usadas por la mujer musulmana (burka, niqab, chador, hiyab), van desde el repudio absoluto de alguna de ellas (caso del burka), hasta una cierta permisividad en el uso de otras (como el hiyab, típico velo de identidad cultural islámica que cubre la cabeza y el pecho de la mujer). Y es que no es fácil, a riesgo de entrometernos en un asunto que denota la enorme distancia existente entre identidades culturales tan dispares, opinar con rotundidad sobre estos temas. Pero también pienso que no es difícil detectar la pervivencia de un patriarcado que impone la invisibilidad de la mujer, para que ésta no constituya un objeto de deseo para otros hombres. En este sentido, un libro de una mujer iraní exiliada y residente en París, Chahdort Djavann, alude al daño psicológico que se inflige a las niñas por el uso del hiyab, pues se les hace responsables, desde muy tierna edad, de la excitación masculina [sic]. Por otro lado, Marieme-Hélie Lucas, destacada luchadora laicista argelina, en entrevista reciente en un medio digital, opinaba que el énfasis en la defensa del uso del velo desde posiciones progresistas debería ir parejo a la también defensa de las mujeres humilladas, anatemizadas y castigadas por no llevarlo. 

En el país de la polémica, Francia, las leyes laicistas de 1905 y 1906 sólo prohíben la exhibición de símbolos religiosos y políticos en los colegios de primaria y secundaria, pero no así en la universidad, donde las chicas musulmanas son libres de llevar el velo. El asunto fue removido por Sarkozy, con su nueva ley de 2004, buscando sin duda congraciarse con la extrema derecha xenófoba francesa, opina Marieme, para la que no había necesidad de esta nueva ley, bastaba con aplicar la de 1906. Las fuerzas de extrema derecha francesa en estos momentos han encontrado, como aliados, a los integrantes de la extrema derecha fundamentalista musulmana. Unos y otros desean desmantelar el laicismo. 

Las restricciones de derechos de las mujeres musulmanas son bien conocidas. Por citar sólo algunos ejemplos, en Indonesia es ilegal que lleven pantalones; en Afganistán el 80% de ellas son analfabetas; en zonas rurales de Marruecos son obligadas a casarse jóvenes, a veces incluso con sus violadores (recordemos el caso de Amina Filali, joven marroquí que terminó con su vida por este motivo); en Arabia Saudí no pueden siquiera conducir? Casos suficientes que nos advierten, como dice Marieme, que el mismo énfasis que se hace en la supuesta defensa de la integración de la mujer musulmana debiera ponerse, pues, en la lucha por los derechos plenos de ésta en sus países de origen. En el fondo, según la atinada observación de Armando B. Ginés, en un artículo de Rebelión, «lo que se pretende es satanizar la libertad de la mujer en general, tanto la occidental como la árabe, estableciendo dos formas contrapuestas de ser femenina, una supuestamente libre [?], el prototipo de la mujer occidental delgada, depilada y siempre pendiente de su belleza física, y otra oscura y medieval simbolizada en la imagen de una mujer árabe anulada bajo su indumentaria tradicional. Ambos iconos son producto del imaginario del hombre, de la cultura capitalista que quiere perpetuar los roles clásicos de dominación en sus espacios inveterados: arriba el hombre activo, abajo, la mujer pasiva y objeto de la pasión masculina».

Nadie duda de que las mujeres musulmanas han de recorrer un largo trecho en su lucha por sus derechos plenos, allí y aquí, pero no es con prohibiciones, anatemas y restricciones como ello pueda lograrse. Creo que la lucha por su igualdad plena debe partir de ellas mismas, con un empoderamiento propio, sin tutelaje por parte del hombre ni, por supuesto, del Estado. Algunas ya han empezado a recorrer el camino: en Berlín y Londres se sucedieron hace unos días varias manifestaciones de protesta en las que las manifestantes enarbolaban una pancarta que rezaba así: «Islamofobia no es libertad».