Desde mi picoesquina
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/05/26/pacto-san-sebastian-siglo-xxi-66545346.html?fbclid=IwAR3rnJfeZrSbxJVcTb754OSkt6wDT5tWfNoCswkkvryWauJP_4uDBDYIoLk
Un
nuevo Pacto de San Sebastián del siglo XXI
Cuando lean estas líneas, se
habrá producido el regreso a su exilio catarí del emérito, tras su fugaz paso
por España, una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. En mi artículo de
LA OPINIÓN de hace unos días, tras rastrear sintéticamente la trayectoria de la
monarquía de los Borbones en España demostrando que la corrupción estructural
ha jalonado dicha trayectoria, daba cuenta de la celebración, el sábado 14, en
todo el Estado de una consulta popular para que -cosa que no pudo darse durante
la Transición- el pueblo pudiera pronunciarse sobre sus preferencias
monárquicas o republicanas como forma de Estado.
La consulta, no vinculante, no
respondió del todo a las expectativas de sus organizadores. No obstante, el
apoyo a la República en la Región fue del 91%, mientras que en el resto del
Estado fue del 93%. Y para quienes minusvaloran esa consulta, por minoritaria y
sin garantías censales, hay que decir que quien quiso votar libremente pudo
hacerlo, como lo demuestran los votos monárquicos emitidos en las mesas.
Y es que parece claro que, pese
al lavado de imagen de los partidos dinásticos (PP y PSOE) con la aprobación de
un real decreto sobre la institución, los escándalos protagonizados por Juan Carlos I hacen que la monarquía viva
sus horas más bajas desde su (segunda) restauración en 1975.
LA MONARQUÍA ADOLECE DE LEGITIMIDAD DE
ORIGEN. Según el constitucionalista Javier Pérez Royo, el
principio monárquico ha venido apropiándose históricamente del edificio
constitucional español desde el siglo XIX; todas las constituciones anteriores
a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la
Nación española, sino de la monarquía española, lo que condujo a una plena identificación
monarquía-Estado, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El
grado de putrefacción, a su juicio, llegó a ser de tal magnitud que bastó la
utilización del sufragio universal de Sagasta
de 1890 en las elecciones municipales del 12 abril de 1931 para que el edificio
constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se
produjera la proclamación de la Segunda República.
La monarquía española, además, está aquejada de una
evidente falta de legitimidad de origen. Tras la muerte del dictador Franco, la segunda restauración monárquica
española de noviembre de 1975 -con
precedentes en dos textos franquistas, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado
de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, y posterior designación por el
dictador del entonces príncipe Juan
Carlos como su 'sucesor a título de Rey', en 1969- sería la encargada,
pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen
franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).
La operación de instaurar en el país un sistema
democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinada a la
operación de asegurar el éxito de esa restauración de la monarquía. De ahí que
fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum
para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de
Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone
el artículo 168 de la CE 78, que añade una tremenda dificultad y complejidad a
la reforma del Título II, el relativo a la Corona.
Gerardo Pisarello, diputado
de Unidas Podemos, secretario primero del Congreso y profesor de Derecho constitucional
de la Universidad de Barcelona, afirma en su libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal,2021)
que la historia de la monarquía en España ha estado marcada por pelotazos,
traiciones y deslealtades. Y aunque se detecta una estrategia de las fuerzas de
la derecha y del PSOE en dar prioridad a la supervivencia de la monarquía sobre
la democracia, según este analista ello no supone que esté agotada la vía
republicana, pese a la evidente desconexión de las distintas pulsiones existentes
en el conjunto del territorio. Opina, además, que es importante que, como en
1931 (con políticos procedentes del campo católico y monárquico, como Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura), vaya apareciendo un
republicanismo democrático, moderado e incluso conservador que entienda que la
monarquía es un obstáculo para la modernización social y económica del país,
tomando partido como en su día lo hiciera José
Ortega y Gasset, un intelectual elitista y demófobo, pero que llegó a
propugnar su Delenda este monarchia (hay
que acabar con la monarquía).
Para Pisarello, la emergencia de VOX no es casual.
Cuando con el Caso Nóos se acaba la omertá
y comienza el declive de la institución, es cuando la extrema derecha
irrumpe en la escena política española para ofrecerle a la monarquía una salida
política similar a la protagonizada en su día por Primo de Rivera en septiembre de 1923.
ES NECESARIO
UN NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SIGLO XXI.
Recordemos que, ante la descomposición y corrupción de la monarquía de Alfonso XIII, el Pacto de San Sebastián
(agosto de 1930) supuso una agenda común de las fuerzas sociales y republicanas
que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura primorriverista, un
régimen elitista, desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y
sociales.
Coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación
de la Segunda República el pasado abril de 2021, varios colectivos y medios
alternativos emitieron un comunicado, con el título que encabeza este artículo.
Entre otras cuestiones de fondo, en el mismo se dice que “…el fraude fiscal de
la monarquía [hoy sospechosa y sorpresivamente archivado por la Fiscalía
Anticorrupción] y la fuga del rey emérito exponen a un nivel profundo la
debilidad del régimen […] los fraudes de la misma jefatura del Estado
concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía” por lo que se requiere
una alianza de fuerzas políticas que sea la expresión de una fuerza popular que
recoja “todos los deseos de pleno autogobierno y autodeterminación, desde las
naciones periféricas hasta la España vaciada”.
El comunicado reclama un New Deal pensado como “una transición ecosocial y feminista,
incompatible con el fetichismo del crecimiento económico” y reconoce como otros
problemas incrustados en el actual sistema el centralismo, la judicialización
de la política y el autoritarismo del Estado, problemas que habría que superar
con ese pacto democrático que “modifique la estructura del Estado y haga
posible su transformación social, con una formulación confederal y
democrática”.
Ese comunicado incide en aspectos como la necesidad de
garantizar el acceso a la vivienda y una política social de alquileres, sin
desdeñar la recaudación fiscal basada en la tributación de las grandes fortunas
para acabar con el fraude fiscal. Los firmantes recuerdan que según Gestha, el
sindicato de técnicos de Hacienda, la reducción de un 76% de la investigación
de los delitos de fraude fiscal supone un robo de un total de 92.000 millones
al erario público y 31.800 millones para la Seguridad Social.
Por ello, aclaran que “una política republicana
consiste en construir un bloque político y social para hacer pagar a las
grandes ‘familias’ del fraude fiscal, desde la monarquía hasta el IBEX 35,
porque –enfatizan- ningún individuo puede estar por encima de otros”. Concluyen
con que “un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación
activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieren una
ruptura del régimen en un sentido republicano y popular”. A lo que yo añadiría
los necesarios avances en una auténtica laicidad, con la siempre pendiente
separación Iglesia-Estado, previa denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de
enero de 1979.
Para concluir, considero que el desgaste de la
monarquía y la abierta eclosión de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus no es sino una más de
sus manifestaciones, deben impulsar un consistente núcleo social y político
prorrepublicano. ¿Podría suponer el paso dado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al registrar la marca
‘Sumar’ el inicio de esa lenta pero posible salida en clave republicana al
panorama político actual?
Diego
Jiménez García. Profesor de Historia
