jueves, 26 de mayo de 2022

NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIAN DEL SIGLO XXI

 Desde mi picoesquina



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/05/26/pacto-san-sebastian-siglo-xxi-66545346.html?fbclid=IwAR3rnJfeZrSbxJVcTb754OSkt6wDT5tWfNoCswkkvryWauJP_4uDBDYIoLk 

Un nuevo Pacto de San Sebastián del siglo XXI


Cuando lean estas líneas, se habrá producido el regreso a su exilio catarí del emérito, tras su fugaz paso por España, una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. En mi artículo de LA OPINIÓN de hace unos días, tras rastrear sintéticamente la trayectoria de la monarquía de los Borbones en España demostrando que la corrupción estructural ha jalonado dicha trayectoria, daba cuenta de la celebración, el sábado 14, en todo el Estado de una consulta popular para que -cosa que no pudo darse durante la Transición- el pueblo pudiera pronunciarse sobre sus preferencias monárquicas o republicanas como forma de Estado.

La consulta, no vinculante, no respondió del todo a las expectativas de sus organizadores. No obstante, el apoyo a la República en la Región fue del 91%, mientras que en el resto del Estado fue del 93%. Y para quienes minusvaloran esa consulta, por minoritaria y sin garantías censales, hay que decir que quien quiso votar libremente pudo hacerlo, como lo demuestran los votos monárquicos emitidos en las mesas.

Y es que parece claro que, pese al lavado de imagen de los partidos dinásticos (PP y PSOE) con la aprobación de un real decreto sobre la institución, los escándalos protagonizados por Juan Carlos I hacen que la monarquía viva sus horas más bajas desde su (segunda) restauración en 1975.

LA MONARQUÍA ADOLECE DE LEGITIMIDAD DE ORIGEN. Según el constitucionalista Javier Pérez Royo, el principio monárquico ha venido apropiándose históricamente del edificio constitucional español desde el siglo XIX; todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la monarquía española, lo que condujo a una plena identificación monarquía-Estado, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a su juicio, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en las elecciones municipales del 12 abril de 1931 para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República.

La monarquía española, además, está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Tras la muerte del dictador Franco, la segunda restauración monárquica española de noviembre de 1975 -con precedentes en dos textos franquistas, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, y posterior designación por el dictador del entonces príncipe Juan Carlos como su 'sucesor a título de Rey', en 1969- sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).

La operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinada a la operación de asegurar el éxito de esa restauración de la monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que añade una tremenda dificultad y complejidad a la reforma del Título II, el relativo a la Corona.

Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, secretario primero del Congreso y profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, afirma en su libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal,2021) que la historia de la monarquía en España ha estado marcada por pelotazos, traiciones y deslealtades. Y aunque se detecta una estrategia de las fuerzas de la derecha y del PSOE en dar prioridad a la supervivencia de la monarquía sobre la democracia, según este analista ello no supone que esté agotada la vía republicana, pese a la evidente desconexión de las distintas pulsiones existentes en el conjunto del territorio. Opina, además, que es importante que, como en 1931 (con políticos procedentes del campo católico y monárquico, como Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura), vaya apareciendo un republicanismo democrático, moderado e incluso conservador que entienda que la monarquía es un obstáculo para la modernización social y económica del país, tomando partido como en su día lo hiciera José Ortega y Gasset, un intelectual elitista y demófobo, pero que llegó a propugnar su Delenda este monarchia (hay que acabar con la monarquía).

Para Pisarello, la emergencia de VOX no es casual. Cuando con el Caso Nóos se acaba la omertá y comienza el declive de la institución, es cuando la extrema derecha irrumpe en la escena política española para ofrecerle a la monarquía una salida política similar a la protagonizada en su día por Primo de Rivera en septiembre de 1923.

ES NECESARIO UN NUEVO PACTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SIGLO XXI. Recordemos que, ante la descomposición y corrupción de la monarquía de Alfonso XIII, el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) supuso una agenda común de las fuerzas sociales y republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura primorriverista, un régimen elitista, desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales.

Coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República el pasado abril de 2021, varios colectivos y medios alternativos emitieron un comunicado, con el título que encabeza este artículo. Entre otras cuestiones de fondo, en el mismo se dice que “…el fraude fiscal de la monarquía [hoy sospechosa y sorpresivamente archivado por la Fiscalía Anticorrupción] y la fuga del rey emérito exponen a un nivel profundo la debilidad del régimen […] los fraudes de la misma jefatura del Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía” por lo que se requiere una alianza de fuerzas políticas que sea la expresión de una fuerza popular que recoja “todos los deseos de pleno autogobierno y autodeterminación, desde las naciones periféricas hasta la España vaciada”.

El comunicado reclama un New Deal pensado como “una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico” y reconoce como otros problemas incrustados en el actual sistema el centralismo, la judicialización de la política y el autoritarismo del Estado, problemas que habría que superar con ese pacto democrático que “modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social, con una formulación confederal y democrática”.

Ese comunicado incide en aspectos como la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y una política social de alquileres, sin desdeñar la recaudación fiscal basada en la tributación de las grandes fortunas para acabar con el fraude fiscal. Los firmantes recuerdan que según Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal supone un robo de un total de 92.000 millones al erario público y 31.800 millones para la Seguridad Social.

Por ello, aclaran que “una política republicana consiste en construir un bloque político y social para hacer pagar a las grandes ‘familias’ del fraude fiscal, desde la monarquía hasta el IBEX 35, porque –enfatizan- ningún individuo puede estar por encima de otros”. Concluyen con que “un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieren una ruptura del régimen en un sentido republicano y popular”. A lo que yo añadiría los necesarios avances en una auténtica laicidad, con la siempre pendiente separación Iglesia-Estado, previa denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979.  

Para concluir, considero que el desgaste de la monarquía y la abierta eclosión de las cloacas del Estado, de las que el affaire Pegasus no es sino una más de sus manifestaciones, deben impulsar un consistente núcleo social y político prorrepublicano. ¿Podría suponer el paso dado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al registrar la marca ‘Sumar’ el inicio de esa lenta pero posible salida en clave republicana al panorama político actual?

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur