jueves, 31 de enero de 2008

MÁS DE DOSCIENTAS PERSONAS REIVINDICAN EN MURCIA EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO








Se exigió, entre otras cuestiones, el final del tutelaje externo sobre la mujer en torno a esta decisión y la normalización del aborto como prestación sanitaria pública.


Diego Jiménez. Murcia.- “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, “Estado laico, leyes laicas”, “Saquen los rosarios de nuestros ovarios” fueron algunas de las consignas coreadas insistentemente a lo largo de la noche del pasado jueves, 30 de enero, en la murciana plaza de Santo Domingo por las más de doscientas personas que secundaron el llamamiento a concentración por el derecho al aborto realizado por la Comisión 8 de Marzo, y que contó con el apoyo de organizaciones sociales y políticas de la Región. La diputada regional Rosa Peñalver y Ángeles Trujillo, entre otras personas, eran la representación del PSRM-PSOE, mientras que de Izquierda Unida (IURM) pudimos ver al candidato al Congreso Joaquín Dólera, al diputado regional y coordinador José Antonio Pujante, a Esther Herguedas, concejala del Ayuntamiento de Murcia y candidata al Senado, y a Elvira Ramos. La concentración fue apoyada, así mismo, por miembros del Foro Social, Foro Ciudadano, los colectivos Arcoiris y Liberación y la Asociación Pro Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

Las personas asistentes portaban carteles con leyendas tales como “Saquen los rosarios de nuestros ovarios”, “El Estado garantiza, la sociedad respeta, las mujeres decidimos, la Iglesia se calla”, “La Iglesia y la derecha nos tienen hasta las tetas”, “Más educación sexual y menos moralinas”…mientras que la Comisión 8 de Marzo exhibía una pancarta con el texto “Nosotras parimos y decidimos”. La de las Juventudes Comunistas, que era portada por jóvenes con la cara cubierta (en alusión, según nos dijeron, al silencio que se trata de imponer a quienes quieren ejercer este derecho), rezaba “Fuera el aborto del Código Penal”.

LECTURA DEL COMUNICADO

En el comunicado final, cuya presentación realizó Alicia Poza y que fue leído por Mercedes Noval y Carmen Nicolás, se recordaba que “el aborto ha formado parte de las reivindicaciones del movimiento feminista desde que, a principios de los setenta, se iniciaron las primeras campañas de las mujeres por este derecho”, por lo que se reclamó el “derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo que no desean, sean cuales sean las causas que motiven su decisión, facilitándoles los medios sanitarios necesarios”. En la misma medida se reclamó que existan “recursos, con carácter universal, para las mujeres que decidan tener hijos e hijas, desde escuelas infantiles a políticas laborales que acaben con la discriminación en el trabajo asalariado”. Se exigió “el más estricto respeto a los motivos que una mujer tiene para decidir la interrupción del embarazo y el rechazo a cualquier tipo de tutelaje sobre su decisión”. Y como medidas concretas, se reclamaban, entre otras:

-La desaparición del aborto del Código Penal.
-Disposiciones administrativas y sanitarias que garanticen su realización como prestación sanitaria normalizada.
-Garantía de que en todos los centros públicos se atienda la demanda de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, por lo que se debe dotar a estos centros de los equipos profesionales necesarios.
-Establecimiento de protocolos sencillos que agilicen los trámites a realizar por una mujer para solicitar la atención en la red sanitaria pública.
-Garantía de que las interrupciones de menos de 12 semanas se realicen en los centros de atención primaria y/o especializada con los mismos protocolos con los que se rigen las clínicas privadas.
-Introducción del aborto en los estudios de la carrera de Medicina y Enfermería, por tratarse de una práctica médica.
-Inclusión, en la actual legislación educativa, de un artículo que permita incorporar la educación afectivo-sexual, para que se imparta en Primaria y Secundaria.
-Impedir que se realicen en los centros escolares actividades como las promovidas por las organizaciones anti-aborto.
-Inclusión de métodos anticonceptivos fiables, de última generación, en el Sistema Nacional de Salud, asegurando que esta prestación sea universal y accesible a todas las mujeres.
-Dispensación de la píldora postcoital en todos los centros sanitarios públicos y en las farmacias.
-Prestación sanitaria de calidad relativa a la salud sexual y reproductiva en todos los centros de atención primaria y en los de planificación familiar.
-Campañas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como de los servicios existentes, dirigidos a jóvenes e inmigrantes en todas las comunidades autónomas.


martes, 29 de enero de 2008

ÉTICA POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

(Publicado en LA OPINIÓN de Murcia. 29-1-2008)

La consecución del bien común es el principio y el fin ético de la política. Por consiguiente, es deber de todo Estado orientar la acción política hacia ese noble fin. Para Platón el gobierno de la comunidad debiera estar reservado a los más capaces, los filósofos, es decir, aquellas personas investidas de la máxima sabiduría para procurar el bien común. Pero ya Aristóteles distinguía entre tiranía, oligarquía o demagogia cuando un tirano, una minoría o una mayoría gobiernan para sí mismos. En el Renacimiento, Maquiavelo, en su obra ‘El Príncipe’, atribuía al soberano la potestad de adecuar su actuación, sin mediatizaciones éticas o morales, a la consecución del máximo poder para el Estado. Kant, sin embargo, vino a exponer, con su tesis del imperativo categórico, que la actuación personal en el plano ético debía regirse por acciones que pudieran erigirse en normas de conducta universal. El racionalismo ilustrado y las ideas de la Revolución Francesa elevaron a categorías éticas las nociones de igualdad y libertad, desmontando las atribuciones omnímodas de los monarcas absolutos, con lo que empezaron a cobrar fuerza los derechos de la ciudadanía y el control democrático de la acción pública. Nacía la democracia liberal y burguesa que, desmontando la adscripción de los individuos a compartimentos estancos (los estamentos), sin embargo encasillaba a éstos en la escala social en función de sus capacidades y poder adquisitivo. La posesión de dinero vino, pues, a ocupar el lugar preferencial en la escala de valores de la sociedad. Y con la obsesión por la riqueza anidó en las esferas del Poder la posibilidad de la corrupción.

La corrupción urbanística en España no es sino una de las manifestaciones de esa tendencia a trocar el bien general por el particular. El insuficiente desarrollo legislativo de nuestra Carta Magna en un sentido plenamente democrático ha hecho posible que se deje en unas pocas manos el control de los recursos públicos. Para empezar, el artículo 128 de la Constitución Española advierte que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general”, mientras que el 131 se refiere a la planificación estatal de la actividad económica. Y en cuanto al control democrático de la acción pública, el 105.a regula la “audiencia de los ciudadanos […] en el procedimiento y elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.

Pero vivimos en una sociedad de libre mercado, por lo que, ausente la intervención estatal y carente la sociedad de mecanismos de control, todo está servido para que unos pocos sinvergüenzas sin escrúpulos caigan en la tentación de incrementar su peculio particular a costa del patrimonio público. En la corrupción urbanística se dan, además, otras circunstancias, como la insuficiente dotación financiera de los ayuntamientos, la escasa sensibilidad social sobre el fenómeno, la propaganda que disfraza de bien común lo que son meras actuaciones especulativas, el mito del crecimiento urbano como fin último…Pero hay soluciones. En nuestra Región, hace unos días IURM ha lanzado a las fuerzas sociales y políticas la propuesta de un Acuerdo democrático contra la corrupción urbanística, con actuaciones en los ámbitos local, regional y estatal tales como el establecimiento de mecanismos de participación democrática y consulta popular; modificación de la ley electoral para apartar de las instituciones a personas procesadas por delitos de corrupción; el establecimiento de medidas que hagan inviable el transfuguismo político; potenciación de los recursos de la judicatura, la fiscalía y cuerpos de seguridad para la persecución de los delitos urbanísticos; creación de registros de recalificaciones urbanísticas y de personas poseedoras de billetes de 500 €; reforma de la ley de financiación de los partidos políticos; asunción por las comunidades autónomas de la ordenación del territorio, con planes supramunicipales elaborados con participación ciudadana… El reto está lanzado. A la sociedad civil y a los grupos políticos de nuestra Región les cabe ahora pronunciarse sobre el particular.


lunes, 28 de enero de 2008

IURM PRESENTÓ, EN RUEDA DE PRENSA, LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS LISTAS AL CONGRESO Y AL SENADO.



El abogado Joaquín Dólera encabeza una candidatura con mayoritaria presencia femenina, representativa de las cinco grandes comarcas de la Región de Murcia, y con una media de edad que no supera los cuarenta años.


Diego Jiménez. Murcia.- El pasado fin de semana, la celebración de la Conferencia Programática de IURM fue el pistoletazo de salida de una precampaña y campaña electoral que se presentan como un reto para esta formación de izquierdas. Con un discurso centrado en la identidad diferenciada de IURM respecto del PSOE, al ser una formación política a salvo de la corrupción que aqueja, en la Región, a los dos grandes partidos a los que disputar el décimo escaño que corresponde a Murcia por el aumento poblacional, Dólera encabeza una candidatura de la que se muestra convencido, según afirmó en rueda de prensa, que es “la más representativa de la región, la más comprometida con los problemas de Murcia, la que tiene a la gente mejor preparada, la que aglutina a candidatos de trayectoria impecable y manos limpias”, razón por la que, haciendo un símil con el conocido anuncio de un detergente, el candidato pide a los murcianos que “busquen, comparen y si encuentran algo mejor, vótenlo”

CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La candidatura al Congreso, como ya se informó, estará encabezada por Joaquín Dólera, abogado laboralista y actual coordinador técnico de los servicios jurídicos de CCOO en Murcia. Dólera, un murciano nacido en Alguazas hace ahora 42 años, posee una dilatada experiencia política y sindical. Ha sido durante dos legislaturas (1995-99 y 1999-2003) diputado regional y portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea Regional, trabajo institucional que compatibilizó con el cargo orgánico de Coordinador General de IURM. Su militancia política ha corrido paralela a su compromiso sindical. Al acabar la carrera en la Facultad de Derecho de la UMU (de la que fue representante estudiantil), se incorporó a trabajar como abogado laboralista en CCOO, labor ésta que, con los lógicos paréntesis debidos a sus compromisos institucionales, le ha llevado a recorrer la práctica totalidad de los pueblos y ciudades de la Región de Murcia, asesorando y asistiendo jurídicamente a infinidad de trabajadores en innumerables juicios.

El segunda lugar de la candidatura lo ocupa una mujer, Manoli Sevilla, una maestra de 58 años que ejerce su profesión en un colegio público del murciano barrio de El Carmen. Se trata además de una mujer conocida en los ámbitos culturales murcianos por su dedicación, como directora del grupo teatral ‘Edmundo Chacour’ a la labor de la difusión de este arte entre el público joven y adulto.

El cupo de la Comarca de Cartagena de la lista queda reservado para dos personas, Mª Victoria Rodríguez (candidata nº 3), una trabajadora social de 40 años, implicada en los movimientos vecinales de la ciudad portuaria, que ocupa el cargo de Coordinadora de IU en Cartagena, y Cayetano Jaime “Tano” (que cierra la lista en el número 10), uno de los mayores valores políticos que Cartagena ha dado a Izquierda Unida de la Región de Murcia en los últimos años. Tano ha sido Diputado de IURM en la Asamblea Regional y Coordinador Regional de esta formación política, cargos que dejó para volver a su puesto de trabajo en la BAZAN.

La Comarca del Guadalentín está representada por Pedro Martínez Gómez (en el puesto número 4), un totanero que, con tan sólo 37 años, tiene en su haber una dilatada experiencia profesional y política. Pedro trabaja en la actualidad como científico titular del CEBAS, es Doctor Ingeniero Agrónomo y especialista en genética vegetal. Pedro es el actual Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Totana, y pertenece tanto al Consejo Político Regional, como al Federal de IU.

El otro representante de la Comarca, en el puesto número 8, lo aporta la lorquina Adoración Peñas, una trabajadora social de 29 años, dedicada en los últimos años a la atención a los enfermos mentales, y que preside la Asociación de Mujeres “Trece Rosas” de Lorca.

La representación del Altiplano es netamente femenina. Dos mujeres, ambas de Yecla y con experiencia política municipal. Se trata de Rocio Val (en el puesto número 5), delineante proyectista de 32 años, que además de ocupar la Secretaria General del PCRM-PCE, forma parte de los consejos políticos de IU en los ámbitos regional y federal. La otra mujer es María Rebeca Santa Puche (en el puesto número 9), una psicóloga que en la actualidad reparte su tiempo entre la Gerencia de una pequeña empresa del sector del metal y las labores de Concejala de IU en el Ayuntamiento de Yecla.

La Vega Media es cubierta por Chema Moreno (en el puesto número 6), la revelación de IU en Molina de Segura en las pasadas elecciones municipales. Chema es un joven filólogo que aún no llega a los 30 años. Comprometido, desde muy temprana edad, con los activos movimientos sociales de esta zona de la región de Murcia, Chema ostenta actualmente la portavocía del Grupo Municipal de IU en Molina de Segura.

Por último, la comarca del Noroeste tendrá cara moratallera, Cándida Marín Lozano (en el puesto número 7). Una pedagoga profesional, de 40 años, con experiencia en el ámbito político municipal.

CANDIDATURA AL SENADO

Al ingeniero, profesor universitario e histórico ecologista Pedro Costa Morata, ya anunciado en días pasados, le acompañan en la lista al Senado el lorquino Enrique González López, un profesor de secundaria, de 47 años, licenciado en Filosofía y en Teología, implicado en la defensa del Pueblo saharaui, y actual portavoz y concejal de IU en el Ayuntamiento de Lorca, y Esther Herguedas, también profesora de secundaria, licenciada en filología francesa y catedrática de música, y actual concejala y portavoz de IURM en el consistorio murciano.

ENTRAÑABLES JORNADAS FESTIVAS EN LA XXX EDICIÓN DE LA ‘FIESTA DE LAS CUADRILLAS’ DE BARRANDA






Jóvenes, gentes maduras y mayores se entremezclaron en las calles de esta población al son de la música popular de cuadrillas llegadas de todos los puntos del Sureste español.

Diego Jiménez. Murcia.-
Cada año, llegado el último fin de semana del mes de enero, en la pequeña pedanía caravaqueña de Barranda (Murcia) se obra el milagro de que una población con unos escasos 900 habitantes logre concitar el interés de miles de personas ávidas de disfrutar de la música popular de raíz campesina interpretada por cuadrillas llegadas de todos los puntos de la Región, de Andalucía y de Castilla-La Mancha.

Los actos de este año se han prolongado a lo largo del fin de semana. Pero fue en la jornada dominical cuando, quizás porque se conmemoraba el 30 aniversario de la puesta en marcha de este certamen, más de 20.000 personas (según datos que pudimos extraer de la Policía Local), llegadas de todos los puntos de la Región y de las comunidades autónomas vecinas, se desparramaron por las calles de la población, dando color a una fiesta que, esta vez sí, respetó la meteorología, tras la suspensión del festejo del pasado año por la ola de frío polar que atravesó la Región. Participación espontánea en la música y las danzas de las cuadrillas, junto con el tributo obligado a Baco, desgustando los buenos vinos de la tierra acompañados de embutidos, migas y gachasmigas fueron la imagen del día.

LOS AGUILANDEROS DE BARRANDA, RESPONSABLES DEL EVENTO

El certamen hunde sus raíces en el intento de preservar la identidad y las raíces populares campesinas a cargo del grupo de los aguilanderos de Barranda. La palabra murciano “aguilando”, versión local autóctona de la palabra castellana “aguinaldo”, hace alusión a la costumbre ancestral, que se remonta al siglo XVII, de grupos de cuadrillas que recorrían las calles de la población reclamando de los vecinos viandas a cambio del sonido de sus instrumentos de percusión y de cuerda. En el Museo de Música Étnica de Barranda se conserva uno de ellos, un guitarro de cinco órdenes débiles, junto a la colección Blanco Fadol, que alberga más de tres mil instrumentos de este musicólogo recogidos en los cinco continentes y en más de 130 países.

LOS COMIENZOS

Corría el año 1979. El párroco Ramón García y el maestro Jesús María García idearon realizar en Barranda el entonces denominado Festival Comarcal de Cuerda. Pronto apoyaron la idea los mayordomos encargados de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria. El certamen tuvo unos inicios modestos, pero pronto contaron con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, del Ayuntamiento de Caravaca, así como de la prensa local y regional. Pero la fiesta fue posible, sobre todo, porque en ella se volcó el pueblo de Barranda.

A los pocos años, fueron los aguilanderos de Barranda quienes se encargaron de su organización. Pronto, desde sus comienzos, se vio que el Festival tenía su vida propia, recibiendo cada vez más el apoyo de músicos y público, lo que le ha llevado a ser declarada, en 1999, Fiesta de Interés Turístico Regional, convirtiéndose en uno de los festivales de música de raíz más antiguo y de carácter más genuino de cuantos surgen en España. La propia existencia de este Festival hizo que cuadrillas de toda la Región, que hacía tiempo languidecían, cobraran fuerza, incorporando a ellas, tras la secular presencia masculina que las alimentaba, la presencia de la mujer, junto con jóvenes que, hoy en día, son la garantía de la pervivencia de esta peculiar manifestación de cultura popular y campesina.

FESTIVIDAD ATÍPICA

En una época de indudable armonización de las pautas culturales en todo el mundo, por la llamada globalización, lo curioso del certamen de Barranda es que esa supuesta adscripción de las gentes a diversas formas de divertirse y de tomarse un asueto, derivada de la edad, parece no cumplirse. En Barranda podemos ver a jóvenes ‘alternativos’ mezclados con personas de toda edad y condición. El célebre esquema que encasilla a los niños en jardines de infancia y colegios, a los jóvenes tomando la calle o junto a la consola y a los mayores en torno a la mesa de juegos de cualquier cantina o frente al televisor, se rompe por un día en esta pedanía caravaqueña. La música, la gastronomía y los más variados puestos de venta, colocados a lo largo de la calle Mayor y de la carretera que conduce a la Puebla de Don Fadrique garantizaron el divertimento y la sana mezcla intercultural e intergeneracional que sólo este certamen hace posible. En efecto, en cuanto a los reclamos para el consumo, en Barranda pudimos ver vendedores de abalorios, puestos de churros que, pese a no ser una jornada excesivamente fría, agradecía nuestro estómago, puestos de embutidos, de miel y otras golosinas, de macetas y flores…Toda una fiesta para los sentidos, que acompañaba el indudable y grato ambiente que la música, que sonó por calles y plazas a lo largo de todo el día, hacía posible.

LOS ACTOS DE ESTE AÑO

Pero el certamen de cuadrillas de Barranda no es sólo una expresión de la música popular y de raíz, con ser esto por sí solo ya meritorio. A lo largo del fin de semana se han dado toda una serie de manifestaciones culturales que resumimos, tras su presentación en Madrid, el pasado día 10 de enero, en el restaurante-asador el Frontón; en Murcia, el pasado martes, 15, en el Palacio de Pacheco, de la Plaza Fontes, y en Caravaca, ese mismo día, en el Ayuntamiento.

El sábado, 19 de enero, fue el día de la presentación del Disco-libro conmemorativo del 30 aniversario, en la Iglesia de Barranda, a cargo de José Miguel Noguera, Director general de Bellas Artes, Domingo Aranda, alcalde de Caravaca, Joaquín Gris, coordinador de esa publicación, Antonio Narejos, vicerrector del Conservatorio de Murcia y Andrés Martínez, presidente de los aguilanderos. Ese día, se contó, además con un concierto dirigido por Llorenç Barber, mientras que el sábado 26 se celebró una Mesa redonda sobre “La música de tradición oral y su difusión en los medios informativos”, que contó con periodistas de la SER, Canal Sur, RNE3, TV3, El Mundo y El País, entre otras personas.

Las jornadas festivas finales habían arrancado, sin embargo, el viernes 25 de enero, con la participación, dentro del certamen Barranda Folk, de los grupos ‘Aljibe’ (Folk madrileño) y del cantautor David Andreu (flamenco-fusión).

El sábado 26, en el Salón social de la pedanía, sonó la música de Awen Magic Land (Folk Atlántico), grupo liderado por un ex miembro del grupo Celtas Cortos, y La Jambre (Folk Andaluz).

En la jornada dominical, las cuadrillas invitadas fueron las de los Animeros de Caravaca, la cuadrilla de Aledo, la de Zarcilla de Ramos (Lorca), la Panda de Verdiales Santón Pitar, la cuadrilla de la Marina de Cope (Águilas), los Animeros del Campo de San Juan, El Sabinar y El Calar (Moratalla), la Ronda de Los Llanos (Albacete), la cuadrilla de Purias (Lorca), junto a las de Zarzadilla de Totana, el Raiguero, y los grupos Ronda de la Mota del Cuervo (Cuenca), Animeros de Cañada de la Cruz (Moratalla) y los anfitriones, los Aguilanderos de Barranda.

Al caer la tarde, la fiesta siguió en el Salón social del pueblo, fiesta en la que el baile y la música, junto con improvisaciones teatrales, ponen colofón a un grato día de jolgorio y diversión. A esperar al próximo año. No se pierdan este peculiar evento.

jueves, 24 de enero de 2008

IURM PROPONE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES UN PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN


Entre las medidas propuestas, destacan la necesidad de un código ético de conducta para los cargos públicos, descartar la formación de gobiernos municipales con tránsfugas políticos y un registro público de recalificaciones de suelo y de personas poseedoras de billetes de 500 euros.

Diego Jiménez. Murcia.- Los recientes casos de corrupción urbanística que salpican a ayuntamientos murcianos como el de Totana y Los Alcázares son, a juicio de IURM, sólo la punta del iceberg de un problema generalizado en la Región, que tiene su origen en la Ley del Suelo impulsada en su día por el PP, en la insuficiencia financiera de los Ayuntamientos y en una falta de ética política en muchos responsables políticos, que han venido gestionando el patrimonio público como si de un bien particular se tratara. Para tratar de atajar este sangrante problema, IURM ha presentado a los partidos políticos y a las organizaciones ciudadanas y ecologistas una propuesta de Pacto contra la corrupción.

José Antonio Pujante, diputado regional y coordinador de IURM, y Joaquín Dólera López, candidato por Murcia en las elecciones al Congreso del próximo 9 de marzo fueron los encargados de dar a conocer el citado documento a los medios de comunicación. En declaraciones a dichos medios, según recoge Europa Press, José Antonio Pujante explicó que este decálogo cuenta con la propuesta de incorporar a sus estatutos un código ético de conducta del cargo público, el compromiso de perseguir y denunciar a la Fiscalía cualquier situación de irregularidad urbanística, así como reafirmar el pacto anti transfuguismo, de manera que no se permita que ningún miembro de una Corporación pueda abandonar una formación política si se encuentra imputado por los tribunales.

Pujante señaló la necesidad de adaptar la Ley del Suelo regional a la Ley estatal, así como someter a información pública todos los instrumentos de planeamiento urbanístico, con la necesaria presencia, además, de los medios de comunicación en todas las sesiones informativas de Urbanismo y en los Consejos de Gerencias y Comisiones Informativas. Pujante pidió, además, que no se permitan las recalificaciones indiscriminadas.

Por su parte, Joaquín Dólera planteó que los antídotos contra la corrupción han de ser la transparencia informativa en los expedientes urbanísticos, el control democrático de las políticas urbanísticas municipales y de las comunidades autónomas, así como el cambio de modelo económico y urbanístico existente. Dólera mostró su preocupación por la escasa concienciación social sobre el hecho de la corrupción, mostrando su extrañeza ante el apoyo ciudadano a alcaldes y concejales incursos en estos delitos urbanísticos. Recordó que, con anterioridad a la Ley del Suelo aprobada por el PP, había un Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo con participación de la sociedad civil, aunque posteriormente fue eliminada de este órgano de control, lo que, a su juicio, ha alentado la corrupción urbanística. Por tanto, como acciones concretas, el candidato al Congreso por IURM propone la dotación de más medios a la Fiscalía y la necesidad de propiciar una ordenación del territorio sustentada en criterios de sostenibilidad ambiental. Planteó, además, la conveniencia de que se creen dos registros públicos, en los que consten las recalificaciones del suelo y los propietarios de billetes de 500 euros. No olvidó Dólera, la referencia a la necesidad de una Ley de Régimen Local que dote a los ayuntamientos de suficiencia financiera, con una participación de entre un 25 y un 30% de los ingresos del Estado. Por último, planteó apartar de las instituciones a aquellas personas procesadas por delitos de tráficos de influencias o malversación de caudales públicos, sin olvidar la necesaria transparencia que debe haber en el sistema de financiación de los partidos políticos.

La rueda de prensa concluyó con la afirmación de Pujante relativa a la ingenuidad de Valcárcel, al querer aparecer ahora como abanderado de la lucha contra la corrupción, cuando, dijo, “ha venido poniéndose una venda en los ojos ante la realidad que le rodeaba”.


Documento íntegro: Acuerdoanticorrupción1.doc

viernes, 18 de enero de 2008

JOAQUÍN DÓLERA Y PEDRO COSTA MORATA ENCABEZAN LAS CANDIDATURAS DE IURM AL CONGRESO Y AL SENADO, RESPECTIVAMENTE




En la candidatura al Congreso, destaca la mayoritaria presencia femenina, con una apuesta decidida por la juventud y la representación local y comarcal


Diego Jiménez. Murcia.- El Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM), máximo órgano entre Asambleas, aprobó el pasado jueves 17, con una única abstención, las listas electorales con que esta coalición de izquierdas concurrirá a las elecciones generales del próximo marzo, listas que daremos a conocer en breve.

En la candidatura del Congreso destaca la mayoritaria presencia de mujeres en un plantel de militantes jóvenes, representantes de las principales comarcas y localidades de la Región. Estará encabezada por Joaquín Dólera López, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, miembro destacado, en sus inicios en 1986, de la Asociación Nacional de Estudiantes Porogresistas, y abogado laboralista en ejercicio, como asesor jurídico de CC OO, desde 1988 hasta 1991. Dólera asumió la coordinación general de IURM en 1995, cargo que ejerció hasta 1999. Fue candidato a la presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 1995 y 1999, año en que fue elegido diputado autonómico. En la actualidad, Dólera presta sus servicios en el gabinete jurídico de CC OO de la Región de Murcia.

Por su parte, Pedro Costa Morata, cabeza la lista al Senado, destacó en los inicios del movimiento ecologista regional por su oposición activa a la posible instalación de una planta nuclear en el actual enclave protegido de Cabo Cope y fue impulsor decidido de los movimientos ecologistas de la Región, desde el inicial Grupo Ecologista Mediterráneo, por lo que, entre otros méritos, recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente. Pedro Costa, que en las pasadas elecciones autonómicas y locales integró la candidatura de IURM al Ayuntamiento de Murcia, ejerce en la actualidad como profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, aunque mantiene frecuentes contactos con la Plataforma ciudadana ‘La Región de Murcia no se Vende’, de la que ha actuado en repetidas ocasiones como portavoz ante la opinión pública y los medios de comunicación.

Bases programáticas

En otro orden de cosas, el CPR de IURM ratificó las bases programáticas de esta coalición de izquierdas. En la presentación del documento, José Antonio Pujante, coordinador regional y diputado de IURM, hizo hincapié en la importancia de estas elecciones generales, en la medida en que Izquierda Unida, dijo, “no es sólo el voto útil de la izquierda sino el voto íntegro de la Región de Murcia”, en clara alusión a la honestidad política de la coalición que contrasta con los recientes casos de corrupción urbanística en que está inmersa la Región y que afectan, por igual, a los dos partidos mayoritarios.

Pujante insistió en la necesidad estratégica de superar la tendencia al voto útil, apelando a la identidad propia de IU como fuerza de izquierdas en la Región y desmarcándose del PSRM-PSOE en aspectos varios como la política urbanística, una mayor apuesta por el avance hacia los derechos sociales y políticos, hacia una sociedad laica, sin la hipoteca que las presiones de la derecha y la jerarquía católica están ejerciendo sobre el Gobierno del Estado, y con una profundización en los mecanismos de participación y control social sobre las instituciones de gobierno, para lo que anunció la próxima presentación de un Pacto contra la corrupción.

martes, 15 de enero de 2008

BELIGERANCIA CLERICAL Y LAICISMO

(Publicado en LA OPINIÓN de Murcia. 15-1-2008)

La nueva cruzada emprendida por los obispos españoles contra el Estado hunde sus raíces en una secular y omnipresente trayectoria de privilegios (sociales, fiscales y jurídico-legales) concedidos a la Iglesia, que pueden rastrearse a la luz de nuestros textos constitucionales. La tibia revolución liberal decimonónica no se atrevió a cuestionar tales privilegios, y así tanto el Estatuto de Bayona de 1808 como la Constitución de Cádiz de 1812 proclamaban la confesionalidad del Estado y, por tanto, la exclusividad de la religión católica. Los textos de 1837 y 1845 consagraron, además, la existencia del impuesto de culto y clero, esto es, la obligación del Estado de mantener el culto y los ministros de la religión católica. El Concordato de 1851 reforzó el impuesto de culto y clero y concedió a la Iglesia la supervisión de la educación que se impartía en nuestras aulas, a cambio del reconocimiento por la institución eclesiástica de la legitimidad dinástica de Isabel II, cuestionada en la primera guerra carlista. Ni siquiera la Constitución de 1869, que alumbró tras la Revolución de ‘La Gloriosa’ una nueva etapa de derechos civiles para el país y que esbozó una tibia libertad de cultos –garantizada, sobre todo, a los ciudadanos extranjeros residentes en España-, se atrevió a suprimir el impuesto de culto y clero. La estricta confesionalidad estatal quedaría consolidada, además, con la Constitución de 1876, tras la Restauración monárquica de Alfonso XII.

La Constitución republicana de 1931 supuso una ruptura con ese pasado. Dicho texto proclamaba, sin ambages, el carácter laico del Estado, sometía a las congregaciones religiosas a la consideración de asociaciones sujetas al derecho común y decretaba la jurisdicción civil de los cementerios. Pero, con claros antecedentes en la Pastoral del Episcopado español de uno de julio de 1937, en plena guerra civil, que justificó el golpe militar fascista dándole un carácter de “Cruzada”, tras la derrota republicana se mantuvo con el franquismo el férreo control por la Iglesia de la conciencia y vida privada de los españoles (Fuero de los Españoles de 1945 y Concordato de 1953).

En la Transición política, dos acuerdos con el Vaticano, el de 1976 y el de enero de 1979, consolidaron la enseñanza religiosa en las aulas de nuestros centros docentes, mantuvieron los privilegios fiscales y la subvención del Estado a la Iglesia y garantizaron el mantenimiento y financiación estatal, vía conciertos, de los centros educativos católicos. Por eso, la Constitución de 1978 estableció, con un carácter ambiguo, la aconfesionalidad, que no la laicidad, del Estado en el artículo 16.3, mientras que el 27.3 legitimaba la instrucción religiosa en los centros educativos.

Creo decididamente que, a treinta años de la consolidación de la democracia española, es llegado el tiempo de que el Estado se desembarace del lastre que supone la perenne tutela de los obispos sobre las decisiones políticas y legislativas. Una institución que, con unos escasos 20.000 miembros, sigue percibiendo sustanciosas rentas públicas (un 0,7% del PIB) y que mantiene su presencia en el aparato educativo estatal no es de recibo que manifieste esa especial virulencia, a menos que ésta deba entenderse como un apoyo más que indirecto, en época preelectoral, al PP, partido con el que mejor se identifica. Si esto es así, habrá que entender que los prelados, más allá de sus preocupaciones por el futuro de la familia, en ningún momento realmente amenazada, están practicando uno de los pecados por el que exigen penitencia, la mentira, además de una lacerante y visible intolerancia. Por ello, este país, que en tantos aspectos se ha modernizado, ha de caminar por la senda de una decida apuesta por el laicismo, esto es, la estricta separación Iglesia-Estado, superando las ataduras y la rémora del pasado histórico. Sólo una sociedad laica practica el respeto a la libertad de conciencia de todas las personas, creyentes y no creyentes. Cosa que no garantiza el nacionalcatolicismo caduco y rancio que aún anida en las mentes de los representantes de la actual jerarquía católica española.

lunes, 14 de enero de 2008

Nacho Tornel, ex-Presidente de la AA.VV de La Paz, absuelto definitivamente de la demanda que le formuló el constructor López Rejas


La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso interpuesto por este constructor a la sentencia condenatoria del Juzgado de Instrucción de 1ª instancia número 4 de Murcia.


Diego Jiménez. Murcia.- En nota de prensa que nos remite Nacho Tornel, ex presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Paz de Murcia, nos comunica que “La Audiencia Provincial de Murcia, una vez más, ha desestimado la pretensión de López Rejas de que el entonces presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, José Ignacio Tornel Aguilar, le pagase una importante indemnización por unas declaraciones efectuadas por éste hace ya más de dos años”. Nacho nos refiere que “en sentencia de la Sección Cuarta se desestima el Recurso de apelación interpuesto por López Rejas contra la sentencia de 27 de septiembre de 2006 del Juzgado de Primera Instancia de Murcia núm. Cuatro que ya desestimó su demanda por considerar que esas declaraciones de Tornel no afectaban negativamente a su honor y condenaba al promotor al pago de las costas del proceso”.

La “pérdida de crédito y reputación de la persona y empresa demandantes”, alegada por López Rejas, no ha sido considerada por la Audiencia Provincial en su sentencia, concluyendo que las manifestaciones de José Ignacio Tornel a diversos medios de comunicación “no pueden ser calificadas como formalmente injuriosas o innecesarias para el mensaje que pretendían difundir”, además de resaltar, por último, la “veracidad” de las mismas, tal y como ya apreció el Juez de Primera Instancia.

El abogado de Tornel, José Caballero Bernabé, también ha señalado que “es lamentable el uso de la Justicia que se está haciendo por un poderoso, alargando un asunto que ya está claro y es evidente jurídicamente, como puso de relieve el Juez de instancia en su sentencia, puesto que nunca Tornel perjudicó el honor del Sr. López Rejas, siendo muy triste que el proceso de reflexión, participación y actuación social y política en torno a la remodelación de La Paz se vea eclipsado y deteriorado por la reacción de este promotor contra quienes mantienen su propia voz, como hizo, sin doblegarse, la Asociación de vecinos de La Paz con su presidente a la cabeza”.

LA REMODELACIÓN DEL BARRIO DE LA PAZ, EN EL EJE DE LA POLÉMICA

Las referidas actuaciones judiciales vienen dadas por la polémica que se ha venido suscitando en torno a la remodelación del murciano barrio de La Paz, un núcleo obrero de viviendas sociales construidas en la época franquista que padecen un evidente deterioro. Ante ese hecho el citado constructor, con el visto bueno el Ayuntamiento de Murcia, presentó en su día un proyecto de rehabilitación parcial, que sólo afectaría a 1.500 viviendas del barrio, ofertando al vecindario nuevas viviendas en la zona a cambio de que se le permita al citado constructor la modificación de la habitabilidad en la misma, construyendo sobre ese núcleo degradado otras viviendas destinadas también a la venta libre, modificando la altura de los edificios actuales, pero sin la dotación de servicios educativos, culturales, aparcamientos, etc. que tal actuación requeriría.
La operación propuesta, un evidente “pelotazo urbanístico”, fue denunciado en su día, tanto por la Asociación de Vecinos de La Paz como por el Colegio de Arquitectos de Murcia, que puso en marcha un Concurso Internacional de Ideas (y recientemente, una exposición alternativa en los locales del Colegio de Arquitectos de Murcia, bajo el nombre de “La Ciudad Maclada”) del que salió ganador un proyecto de remodelación integral, que no parcial, del barrio, que no ha sido considerado por el Ayuntamiento de Murcia. El consistorio murciano, que recientemente dio luz verde en un pleno municipal a dicha operación -con presencia en el mismo de vecinos y vecinas partidarios del constructor que exhibían unas camisetas, pagadas por éste, con la leyenda “I love Cámara”, en clara alusión al apoyo al actual alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara- , ha preferido entregar las obras de remodelación del barrio a un promotor privado, , el constructor López Rejas, el cual, como primer paso, ha procedido al desmantelamiento de las infraestructuras educativas del citado barrio.

Las evidentes irregularidades urbanísticas y administrativas llevaron en su día a Nacho Tornel a denunciar en prensa esta clara operación especulativa, actuación que está en el origen de la denuncia de ese constructor a este dirigente vecinal acusándole de atentar contra su honor. La reciente decisión de la Audiencia Provincial de ratificar el contenido de la sentencia del juzgado de primera instancia de Murcia pone las cosas en su sitio.

miércoles, 9 de enero de 2008

POR UN ESTADO LAICO

La reciente nueva "Cruzada" emprendida por cierto sector del clero español más ultramontano, no sólo contra el Estado sino contra las convicciones más íntimas y personales de toda la ciudadanía española, evidencia un claro síntoma de permanente cesión del Gobierno frente a los evidentes privilegios que sigue ostentando en este país la Iglesia católica. El tibio aconfesionalismo, que no laicismo, del Estado consagrado en nuestro texto constitucional se concreta en hechos sangrantes como los funerales de Estado con el rito católico, la clara ostentación de esta religión por la familia real, la jurisdicción eclesial de los cementerios, la subvención del Estado a la Iglesia católica, la presencia de esta religión en las aulas de nuestros centros docentes, la financiación, vía conciertos educativos, de muchos colegios religiosos...

Es hora de que la sociedad civil tomemos la palabra. Urge iniciar un amplio, y contundente, movimiento ciudadano de respuesta, que reivindique, de una vez por todas, la denuncia del Acuerdo preconstitucional del Estado español con el Vaticano de 1976, así como el Concordato de enero de 1979. Urge, pues, la estricta separación Iglesia-Estado. Hay que caminar hacia el laicismo.

miércoles, 2 de enero de 2008

FRENTE A LA CRUZADA DE LOS OBISPOS, SEGUIMOS SIENDO UNA MAYORÍA SILENCIOSA

Javier Valenzuela. El Plural

España tiene un problema de integrismo muy serio… y no es el representado por las mujeres musulmanas que, por una u otra razón, se empeñan en cubrirse el cabello. Eso es una minucia al lado del descaro y de la belicosidad con la que, una y otra vez, la muy poderosa jerarquía de la Iglesia Católica se inmiscuye en la política española.

En pleno siglo XXI, cuando llevamos ya treinta años de democracia, los obispos españoles se empeñan en dictarnos cómo debe ser nuestra vida sexual y familiar, cómo debemos educar a nuestros hijos, a qué partido hemos de votar y cuál debe ser nuestro modelo de organización territorial (el centralista del Estado nacional-católico, por supuesto). Si el integrismo o fundamentalismo es la conversión de la religión en política (política totalitaria), lo de la Conferencia Episcopal española es comparable a lo de cualquiera de esos movimientos islamistas que tanto denostamos, y con razón, los demócratas occidentales.En esta legislatura, la Conferencia Episcopal no ha cesado de pronunciarse sobre asuntos netamente políticos.
Directamente, a través de sus líderes y portavoces, o indirectamente, a través de la COPE y de sus acólitos en el PP. Aún más, se ha manifestado en las calles en numerosas ocasiones cual si fuera un partido leninista en vísperas de la revolución. Para encontrar en nuestro tiempo una militancia clerical semejante hay que mirar al Irán de los últimos tiempos del Shah, cuando los ayatolás, con Jomeini a la cabeza, lideraban movilizaciones de masas. Pero también podemos encontrarla en la historia española, en el activo y crucial papel de la mayoría de la jerarquía católica en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por cierto, el próximo 1 de julio se cumplirán 70 años de la Carta Pastoral en la que los obispos españoles justificaban el llamado Alzamiento Nacional y lo elevaban al rango de Cruzada, esto es, una yihad católica.

Ahora los obispos están efectuando todo un llamamiento a un nuevo alzamiento contra la implantación el próximo curso escolar de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Le niegan al Estado democrático su obligación de informar a nuestros hijos de asuntos como los derechos humanos, la protección del medio ambiente o la tolerancia respecto a los que son diferentes. Afirman que todo lo relacionado con la conciencia es patrimonio exclusivo de ellos. Se pasan por el forro de la sotana las decisiones del Parlamento libremente elegido por los españoles.
Vienen estos lodos de los polvos de laTransición. Algunos (sobre todo los periodistas y políticos que la protagonizaron) la sacralizan abusivamente, pero aquello fue lo que fue: un pacto útil e inteligente, sín duda, pero fruto de una determinada correlación de fuerzas, y ello dejó muchos flecos pendientes. Entre otros, el de la completa separación entre el Estado y la Iglesia Católica. España no es un país verdaderamente laico… y si no, que se lo pregunten a los protestantes, los judíos, los musulmanes, los budistas, los agnósticos y los ateos españoles, que se lo pregunten incluso a los católicos que disienten de la doctrina oficial de la jerarquía. Fue hasta divertido el que hace unos años se intentara montar un lío político y mediático cuando una chavala musulmana se empeñó en ir con el hiyab a un colegio madrileño… que resultó ser de monjas, todas ellas con los cabellos bien cubiertos con tocas, como dios manda.

Es alarmante que la mayoría de los españoles que no comulgamos con el integrismo político de la jerarquía católica no nos hayamos expresado clara y rotundamente a lo largo de esta legislatura. ¿Dónde han estado las manifestaciones a favor del matrimonio homosexual o de la eliminación del carácter obligatorio de la asignatura de Religión? ¿O las marchas de protesta contra la elevación del porcentaje del IRPF destinado a la Iglesia Católica? También en este frente, el Gobierno de Zapatero ha estado solo, muy solo, y quizá por ello se ha visto obligado a ceder en algunos aspectos, como el financiero. ¿Va a ocurrir lo mismo con el pulso por la asignatura Educación para la Ciudadanía? ¿No va a convocarnos nadie un sábado para que nos expresemos libre y pacíficamente por las calles de Madrid? ¿Vamos a seguir siendo la mayoría silenciosa, los únicos que ofrecemos la otra mejilla cuando nos abofetean?