MAR MENOR: ENTRE TODOS LO MATARON Y NADIE SE RESPONSABILIZÓ

Notas tomadas de la misma Administración regional. Para aclararnos un poco sobre responsabilidades en materia de vertidos.

 

 

Competencias administrativas en materia de Vertidos

Las competencias administrativas en materia de vertidos se distribuyen en función del medio receptor del mismo.  Así nos encontramos en competencias en los tres ámbitos legislativos españoles. 

La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo terrestre).

El órgano competente es la Dirección General del Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia. La unidad aque desarrolla esta actividad es el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental.

La Administración Municipal, le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado  de ámbito autonómico, que fija los criterios mínimos a los que deben atenerse todas las ordenanzas municipales.

Por último, la Administración General del Estado tienen competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

El órgano competente para vertidos a Dominio Público Hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc) es la Confederación Hidrográfica del Segura, perteneciente al Ministerio con competencias en Medio Ambiente.

De igual modo el órgano competente para la redacción del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por último corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia dependiente del Ministerio con competencias en Medio Ambiente la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, que deberá obtenerse SIEMPRE con carácter previo a la autorización de vertido al mar, en su caso. La tramitación de dicha concesión se integra en el procedimiento de la Autorización de Vertido al Mar.

SENTENCIA DEL PROCÉS: EXAGERADA Y EJEMPLARIZANTE

Si vamos a un diccionario de términos jurídicos para consultar qué es sedición, está claro que la sentencia del Supremo sobre las políticas y políticos catalanes presos ha ido mucho más allá: no hubo violencia tumultuaria en las calles de Cataluña con el fin de alterar el orden constitucional. Esta sentencia, a todas luces exageradas, tiene un claro carácter ejemplarizante. 

Ahora está por ver si, como se ha adelantado, se emite de nuevo una euroorden de busca y captura contra Puigdemont y demás exiliados y exiliadas. De ser así, habría que ver la receptividad de la Justicia europea ante esa euroorden. Si los tribunales europeos se inhiben, quedaría muy señalada una democracia española de muy dudosa calidad; porque condenar a trece años a un dirigente político que en ningún momento ha practicado la violencia dice muy poco de esa democracia.

A mí me espanta la desmemoria

(La Opinión de Murcia, 08/10/2019)

En estos ya más de cuarenta años transcurridos desde el inicio de la llamada Transición democrática, se ha construido un relato tendente a calificar de modélica esta etapa, con la Corona dotando de estabilidad al sistema y con una 
derecha persuadiendo a la población de que, para que este estado de cosas siga así ad aeternum, es preciso no mirar hacia atrás y hacer borrón y cuenta nueva de todo lo acaecido durante el largo y aciago periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En ese contexto de olvido y perdón impuestos, primero con Rajoy en el Gobierno y ahora con una derecha que abraza, cada vez más notoriamente, posiciones ultraderechistas, los dardos envenenados se dirigen hacia la Ley de Memoria Histórica.

Como botón de muestra, la reciente salida de tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel  Díaz Ayuso, con motivo de la sesión de control en el Parlamento de esa Comunidad, haciendo alusión a que le 'espanta' (sic) la Memoria Histórica y sacando a colación el manido tema de la quema de iglesias y conventos durante la II República. (Le recomiendo, por cierto, que lea La forja de un rebelde, de Arturo Barea, en donde encontrará respuestas al porqué del incendio de alguna de esas iglesias en el barrio de Lavapiés, en Madrid.). Su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), no quiso ser menos y expuso a continuación a los periodistas que harán lo posible para que no se quemen iglesias en 2019. Estas lamentables y torpes declaraciones tuvieron su continuidad, como es sabido, en un cine de Valencia, donde radicales de extrema derecha boicotearon la película Mientras dure la guerra, de Amenábar, al grito de 'Arriba España' y 'Viva Cristo Rey'.

Esta derecha cada vez más ultramontana se desliza hacia unas cotas de cretinismo y debilidad intelectual preocupantes, sin duda. Y son especialmente preocupantes porque si de algo está necesitada la democracia española es precisamente de romper amarras con el pasado franquista. Quedan aún demasiados residuos del franquismo en las instituciones y en la sociedad. Poso de franquismo sociológico que se nutre, además, de la inhibición del poder legislativo, durante estos años, para condenar la dictadura y dejar sin efecto las actuaciones extrajudiciales e ilegales que llevaron a la muerte, al exilio y al oprobio de sus semejantes a cientos de miles de españolas y españoles. Está muy bien sacar la momia del dictador de Cuelgamuros (actuación, por cierto, dificultada por la familia con una sucesión de recursos sin fin), pero este gesto del Gobierno se nos antoja insuficiente mientras en España sigan campando a sus anchas la impunidad y la ignominia. La presencia en las calles del torturador Antonio González Pacheco, (a) 'Billy el Niño', varias veces condecorado, y la concesión del Ducado de Franco a la nieta del dictador son cuestiones lacerantes, que hieren la sensibilidad de cualquier persona demócrata.

El presidente del Gobierno calificó de triunfo democrático la decisión del Supremo (el mismo Tribunal que reconoció a Franco como jefe del Estado desde octubre de 1936) de permitir el traslado de los restos del dictador. Pero esa decisión no va más allá: faltan otros gestos que nos lleven a pensar que la democracia española está dispuesta, por fin, como decía arriba, a romper amarras con el franquismo.

Hay que decirlo con rotundidad: mientras no se derogue la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y se ilegalicen la dictadura y las fundaciones franquistas, en España no será delito la apología del franquismo, como sí lo es la del terrorismo. De ahí que tantos y tantos ultraderechistas campen a sus anchas por calles y plazas de España; de ahí la anomalía de que exista un mausoleo en el que el dictador comparte espacio con sus víctimas, algo inaudito en Alemania e Italia. El Foro de la Memoria de Guadalajara opina, a este respecto, que habría que desmontar la Cruz, desacralizar la basílica, disolver la congregación de monjes y exigirle a la familia de Franco que devuelva lo que cobró indebidamente desde que el dictador fue expulsado del Ejército el 22/7/36.

Desde instancias internacionales no cesan las 'recomendaciones' al Estado español para que juzgue o extradite a los principales responsables de la dictadura. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados en septiembre del pasado año, invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes, Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, abordó, una vez más, la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.

El relator, muy crítico con la Administración española, instó al Estado, como su antecesor en el cargo, Pablo de Greiff, al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Ya en 2014, De Greiff emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo, a lo que el Gobierno del PP indicó que la voluntad de reconciliación solo sería posible a través del olvido, la amnesia y el perdón. Unas declaraciones que, para el relator, suponían un profundo desprecio a las víctimas. Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables. Pero ese mismo año, el Consejo de Ministros presidido por Rajoy rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina.

Es fundamental actuar sobre esa ley de Amnistía, que, hoy por hoy, es incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional. Pero incluso desde el PSOE vienen oponiéndose a ello, por todo lo que conlleva (se supone que el 'edificio' de la Transición se tambalearía) y por lo que en su día significó.

A la espera de esa actuación, urgente y necesaria, es evidente que la actual Ley de Memoria Histórica, aun con sus limitaciones, se erige como una salvaguarda contra el olvido y la impunidad. Me rebelo particularmente contra este franquismo redivivo que, atacándola y desnaturalizándola, trata de retrotraernos a una España en blanco y negro.

Porque a mí, al contrario que a Isabel D. Ayuso, me espanta la desmemoria.

Ahora que el Segura duerme

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/09/24/ahora-segura-duerme/1054684.html

"Voces expertas nos alertan de que nadie está preparado para soportar una tromba de agua capaz de descargar más de cuatrocientos litros/m2 en pocas horas. Sin embargo, esas mismas voces no dudan en achacar al factor humano gran parte de la responsabilidad de esas catástrofes"

 Diego Jiménez

Cuando estas líneas vean la luz se habrán celebrado en todo el mundo acciones contra el cambio climático, situación límite que voces expertas comienzan a calificar ya como emergencia climática. A las manifestaciones y huelgas juveniles que tuvieron lugar el pasado viernes, siguiendo la estela de la acción emprendida en solitario por la adolescente sueca Greta Thunberg en agosto de 2018, siguieron el foro juvenil por el clima en la ONU del pasado lunes y el encuentro de mandatarios mundiales. Y el próximo viernes, día 27, la ciudadanía mundial está convocada para emprender acciones de protesta con el mismo fin.

Ya nadie duda de que en la época en que vivimos, el Antropoceno, la acción humana sobre el planeta es directamente responsable de los cambios que está experimentando el mismo. Cuando, para caracterizar esos cambios, se habla de cambio climático, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de calor, desertificación y sequías prolongadas. Pero la crisis climática es mucho más: huracanes destructivos, incendios forestales sin control, deshielo de los glaciares, lluvias torrenciales las más de las veces acompañadas de tormentas con mucha carga eléctrica, etc. Por desgracia, de esto último empezamos a saber bastante en el Sureste español. Y la cosa puede ir a peor.

Un estudio reciente del Observatorio de la Sostenibilidad establece que el Levante español, en torno al 2050, será unas de las regiones con un aumento espectacular de las precipitaciones intensas en el litoral. Las causas que provocan ese fenómeno han venido siendo explicadas didácticamente por las informaciones meteorológicas: el agua caliente del Mediterráneo lo está cada vez más (en el reciente episodio de la DANA, en el Mediterráneo occidental la temperatura se situaba sobre los 27-28ºC). La elevada evaporación y la entrada de aire frío en altura interactúan con un mar muy caldeado, lo que provoca las tormentas virulentas que, por desgracia, hemos soportado.

Voces expertas nos alertan de que nadie está preparado para soportar una tromba de agua capaz de descargar más de cuatrocientos litros/m2 en pocas horas. Sin embargo, esas mismas voces no dudan en achacar al factor humano gran parte de la responsabilidad de esas catástrofes.

En lo que toca a nuestra Región y a la Vega Baja, hubo une evidente falta de previsión de la Confederación Hidrográfica del Segura, al no realizar una limpieza exhaustiva de cauces de ríos y ramblas. Una fotografía aérea del 112 difundida por las redes sociales mostraba el cauce del río Segura taponado por cañas antes de su entrada a Murcia, lo que sin duda contribuyó a su desbordamiento en las zonas de huerta adyacentes, como las imágenes mostraban nítidamente.

En la supresión de meandros y el nuevo encauzamiento del Segura (un canal en realidad), realizado a partir del Plan de Defensa contra Avenidas de 1987 para acelerar la salida del agua hacia el Mediterráneo, no se tuvo en cuenta la tendencia natural del río a ocupar su espacio, cuando se producen crecidas extraordinarias como las que hemos conocido. Además, ese encauzamiento, en muchos puntos, está más elevado que las poblaciones circundantes, por lo que, cuando el río se desborda, el agua no puede regresar a su cauce.

La ocupación humana del territorio se ha producido obviando estas consideraciones. La Ley del Suelo de Aznar, al considerar urbanizable todo espacio que no estuviera especialmente protegido, es responsable en gran parte de la tragedia del Sureste español. Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, denuncia en un artículo reciente esa ocupación, durante décadas, de esas zonas inundables de la Región, como San Javier y Los Alcázares, en un contexto de inhibición y falta de diligencia (yo añadiría algo más) de las distintas administraciones. Según Olcina, en 2019 hay más territorio fluvial del Segura ocupado indebidamente que en 1987, pues se han urbanizado muchos espacios de antigua huerta y las ciudades se han extendido por lugares inundables.

Opina que si el ser humano hubiera respetado los espacios de los ríos, barrancos o ramblas (el caso de Los Alcázares es paradigmático en este sentido) inicialmente un episodio como el que hemos vivido en Murcia y Alicante no hubiera pasado de ser un proceso natural, propio de nuestras condiciones climáticas, recordando, sin embargo, que las inundaciones habidas en 1946, 1948, 1973 y 1978 fueron incluso más destacadas que esta última por sus efectos económicos y pérdida de vidas humanas.

Llegados a este punto, ahora que las aguas bajan más calmadas, ahora que el Segura 'duerme', es tiempo de arbitrar soluciones.

El profesor Olcina aporta, entre otras, las siguientes:
1. Repensar el encauzamiento del Segura, especialmente en Orihuela y Rojales.
2. Construir en las ciudades colectores de gran capacidad, depósitos para aguas pluviales y parques inundables.
3. Preparar los territorios para la nueva realidad climática y educar a la población para situaciones de riesgo y emergencia.
4. Elaborar buenos mapas de inundación a la escala apropiada.
5. Contratar en los Ayuntamientos a profesionales preparados para la gestión del riesgo.

A lo que yo añadiría otras actuaciones que podrían mostrarse eficaces a corto y medio plazo:
1. Construir más embalses de laminación de avenidas en los cauces de ramblas y ríos que vierten sus aguas al Segura.
2. Repoblación forestal en zonas desertificadas, afectadas de pérdida de suelo, con especies autóctonas, para mitigar la erosión y las consiguientes avenidas.
3. Reconsiderar el modelo de agricultura intensiva en el entorno del Mar Menor.
4. Reconsiderar, asimismo, el modelo urbanístico seguido hasta ahora, más orientado a la especulación del suelo, para llenar los bolsillos de muchos, engañando a la población, que al interés social.
5. Estudiar la posible influencia de la AP7 Cartagena-Alicante en la retención de las avenidas de las ramblas del Campo de Cartagena, y búsqueda, en su caso, de soluciones.

Ahora que el Segura duerme es tiempo de generar un debate en torno a la responsabilidad personal e institucional de la terrible tragedia en la Región y en la Vega Baja. Pero también es el momento de expresar nuestro inmenso agradecimiento a las fuerzas del orden público, Protección Civil, bomberos, personal sanitario, UME y voluntarias y voluntarios que, con su esfuerzo, han contribuido a mitigar los efectos de esa tragedia.

FUENTES Y MANANTIALES NOS AVISAN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/09/11/fuentes-manantiales-avisan/1051322.html

 Fuentes y manantiales nos avisan

Cuando se constata que las aguas del Trasvase no cubren la demanda, comienza la extracción abusiva de las aguas subterráneas. Fuentes del Consejo para la Defensa del Noroeste denuncian que la CHS viene autorizando concesiones de riego a grandes propietarios o empresarios con inscripciones de superficies y volúmenes muy superiores a lo que tradicionalmente se venía regando, mientras que la Administración y la Fiscalía parecen mirar hacia otro lado. 

Para mí es un tremendo gozo dejarme llevar por veredas y caminos de nuestras sierras del olvidado Noroeste murciano auscultando el alma del monte en la quietud y el silencio. Cuando, en contadas veces, me es dado otear, a lo lejos, sobre unas peñas, la estampa de la cabra hispánica desafiando a la gravedad o el vuelo silencioso y también ingrávido del águila, esas bellas imágenes me recuerdan que no somos dueños exclusivos de la Naturaleza.

Nuestra soberbia y supina ignorancia nos han hecho creer que este bello planeta azul que empezamos a habitar no hace más de tres millones de años nos pertenece. Hemos usado y abusado de sus recursos. Nuestro modo de vida y consumo ha hecho que uno de ellos, el agua, esté empezando a escasear. Vaguadas y barrancos y el vientre del monte, preñado de rocas calizas, la acogen en su seno, delatada su presencia, las más de las veces, por juncos, zarzas y rosales silvestres. Y, siempre, una hilera de chopos, que en verano exhiben, inhiestos, su verde follaje, nos alerta de su existencia en superficie o en el subsuelo. Junto a fuentes y manantiales se establecieron familias en cortijadas hoy abandonadas en muchas comarcas de nuestra Región. Por ello, el abandono de esos cortijos ha ido parejo al de esas fuentes y manantiales, muchos de ellos hoy secos.

La modalidad de agricultura intensiva destinada a la exportación es la responsable de ese irracional consumo de nuestras aguas subterráneas, una vez constatada la escasez (y no sólo por el cambio climático) del agua disponible en superficie. Por ello, un artículo de LA OPINIÓN de abril del 2017 ya nos advertía que, según lo estipulado por la Directiva Marco del Agua y las Aguas Subterráneas, todas las masas de agua que en 2027 no alcancen los niveles óptimos de explotación deben dejar de ser 'pinchadas'. Y según los datos de un estudio del profesor Emilio Custodio, de la Universidad Politécnica de Cataluña, el bombeo de los acuíferos sobreexplotados murcianos era de 460 hm3/año, frente a unos recursos de sólo 110 hm3. El profesor advertía de que las zonas más afectadas por las restricciones de agua serán, precisamente, las más secas de la Región (Altiplano, el centro, el Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín-Águilas). A mayor abundamiento, la sobreexplotación de nuestros acuíferos corre pareja al vaciamiento de nuestros embalses, sobre todo en ciclos de larga sequía.

Dense una vuelta por los pantanos de la Cuenca del Segura y comprobarán en qué estado se encuentran; o mejor: en qué estado los han dejado. A fecha 3/9/2019, embalsaban 245 hm3 (el 21,49% de su capacidad) cuando en la misma semana de hace diez años la media era de 486 hm3. Ante esa evidencia, la Comunidad Autónoma de Murcia y la Comunidad Valenciana se unen en defensa del Trasvase, mientras Castilla-La Mancha quiere ponerle fecha de caducidad. Lo cierto es que la cuenca del Tajo también sufre los efectos del cambio climático y, al día de hoy, no puede ceder ilimitadamente los recursos que se le piden. Unos datos: con una capacidad total de 11.012 hm3, embalsaba en esa primera semana del mes 4.332 hm3 (39,34%). Y nuestros proveedores a la cuenca del Segura, los embalses de Entrepeñas y Buendía, no están precisamente boyantes, con unas reservas en esas fechas de 255 hm3 (sobre 835 de capacidad) y 226 hm3 (¡sobre 1639!) respectivamente.

Si a estos datos incontestables se une el hecho de que se obvia que la Región de Murcia es una zona árida y sigue incrementándose sin control el perímetro regable, la polémica está servida. Y es que casa mal seguir reivindicando recursos hídricos externos cuando crecen sin cesar las plantaciones de hortalizas en tierras otrora de secano. Según datos de Proexport, desde la Región de Murcia se comercializa el 72% de toda la lechuga española, con destinos preferentes hacia Alemania, Reino Unido y Francia, por ese orden. En 2018, además, las exportaciones de frutas y hortalizas murcianas superaron los 2.500 millones de euros (el 20% del total nacional), con un incremento del 3% respecto a 2017.

Por eso, cuando se constata que las aguas del Trasvase no cubren la demanda, comienza la extracción abusiva de las aguas subterráneas. Fuentes del Consejo para la Defensa del Noroeste denuncian que la Confederación Hidrográfica del Segura viene autorizando concesiones de riego a grandes propietarios o empresarios con inscripciones de superficies y volúmenes muy superiores a lo que tradicionalmente se venía regando, mientras que la Administración y la Fiscalía parecen mirar hacia otro lado.

Esto está conduciendo a la pérdida de caudal de fuentes y manantiales. Los que siguen brotando hoy generosamente, como Las Tosquillas (Barranda, Caravaca de la Cruz) y la Fuente de Arriba (Benizar) corren serio peligro, denuncian, si continúan extendiéndose los regadíos ilegales en zonas de secano del Noroeste de la Región.

Ya es evidente que las Fuentes del Marqués, en Caravaca, han visto reducido su caudal de 300 a 150 litros/segundo, según un estudio de hace un par de años de Francisco López Bermúdez, catedrático emérito de Geografía Física de la UMU. Advertía, además, del peligro de la desaparición de un recurso hídrico que ha venido depositándose en el subsuelo desde el Pleistoceno, en el Cuaternario Superior, cuando los grandes periodos pluviales dejaban en la Región precipitaciones de hasta 800 mm/año.

El ingeniero, periodista y ambientalista Pedro Costa Morata, premio nacional de Medio Ambiente, lo tiene claro: «En esta comarca la larga mano del poder agrario incluye a empresarios relacionados con los regadíos degradantes del Mar Menor, que buscan su expansión por el Noroeste una vez enfrentados a las limitaciones de agua y la vigilancia judicial en el entorno de la famosa laguna salada», sentenciaba en un artículo reciente.

Los gobernantes de esta Región, los mismos que parecen atender, como en tantas otras actuaciones, más al interés particular de unos pocos aguatenientes que al general, vienen haciendo oídos sordos a estas voces expertas. Por eso cabe a la sociedad civil alzar la voz y movilizarse. Porque las fuentes y manantiales de nuestra Región nos están lanzando un serio aviso.

TRÁFICO RODADO Y CALIDAD DEL AIRE

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/07/09/trafico-rodado-calidad-aire/1036608.html

Una de las primeras medidas de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo alcalde de Madrid, ha supuesto dejar sin efecto el plan Madrid Centro puesto en marcha por el equipo de gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena para reducir los preocupantes niveles de contaminación atmosférica del aire en la capital, provocados, principalmente, por el tráfico rodado. La ideología neoliberal de las derechas, obsesionadas en articular sus decisiones políticas en torno al máximo de libertad individual (según para qué cosas), está detrás de esta absurda medida.

Es sabido que la contaminación del aire que respiramos en las ciudades es hoy una de las principales causas del agravamiento de enfermedades crónicas y del incremento de la mortalidad en capas sensibles de la población. Por ello, el aumento de la concienciación ciudadana y la constatación general de que el actual modelo de desarrollo urbano, también en lo referido al tráfico motorizado, es insostenible están, sin duda, detrás del Informe sobre Ciudades (del Programa Cambio Global España 2020/50), presentado a finales de 2009 y que propugna un proceso de diálogo entre todas las partes implicadas sobre la posibilidad de un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global.

En lo referido a la movilidad, el informe proponía la apuesta a fondo por nuevos criterios de reordenación urbana y por otros modos de transporte, incluida la limitación del uso del vehículo particular y la progresiva electrificación de los servicios motorizados, con lo que se lograría reconducir los actuales patrones de insostenibilidad (contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, ruido, ocupación de suelo, etc.). La adopción de medidas de control del tráfico urbano, promoción del transporte público e incorporación de vehículos híbridos y eléctricos en las ciudades, unido a la generalización del uso de las energías renovables en edificios, la correcta planificación de las áreas industriales y una mayor concienciación entre la población, permitirían alcanzar en 2020 (visión muy optimista, como podremos comprobar) los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas, para garantizar que la calidad del aire en las grandes ciudades no implique un riesgo para la salud de las personas.

Las previsiones de ese informe quedan evidenciadas por la tozuda realidad. El pasado mes de mayo, LA OPINIÓN recogía la presentación, por parte de Ecologistas en Acción, a la vista de la inacción institucional en un tema tan preocupante para la salud general de la ciudadanía, de una serie de propuestas sobre contaminación atmosférica en la Región de Murcia durante la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2016-2018. Con la constatación de que no se habían alcanzado los resultados deseados respecto a los niveles de ozono registrados, se proponía la necesidad de elaborar e implantar un Plan de Mejora de los niveles específicos de ozono en nuestra Comunidad autónoma. Recordemos que la fuente principal del ozono (O3) troposférico es, precisamente, el tráfico motorizado y que el calor del estío favorece su incremento.

Para la organización ecologista, dicho plan debe contemplar como objetivo de calidad el valor diario planteado por la OMS, que redujo el límite de 120 microgramos/metro cúbico a 100, arbitrando, además, medidas concretas para la reducción de los contaminantes precursores de ozono, especialmente los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y los óxidos de nitrógeno (NOx) a partir de las principales fuentes: la actividad industrial de Cartagena-Valle de Escombreras y el tráfico rodado de Murcia-ciudad y grandes vías de comunicación. Así mismo, demandan que la información pública sobre los valores de ozono sea en tiempo real y no, como hasta ahora, varios días después.

Ecologistas en Acción denunciaba, a su vez, que en Cartagena sólo se medían las partículas PM2,5 (las más peligrosas para la salud pues, por su tamaño, pueden penetrar en los alveolos pulmonares desde los que pasan al flujo sanguíneo) en la estación de Mompeán. Esta organización ambiental planteaba una mayor coordinación entre Administraciones para evitar que se produzcan superaciones de partículas PM10, producidas por el tráfico rodado, las actividades industriales y las quemas agrícolas, ante las que habría que activar el protocolo anticontaminación y adoptar medidas preventivas. Se necesita también, recuerdan, una información pública en tiempo real sobre otros contaminantes como los metales pesados, el benzopireno, etc. Respecto al municipio de Murcia y su extensa área metropolitana, que, recordemos, acoge a casi la mitad de la población regional, Ecologistas proponía también una mejora de la red de vigilancia y el necesario control del tráfico rodado en el municipio.

Volviendo al principio de este artículo, el esfuerzo realizado por Manuela Carmena en el ayuntamiento de Madrid contrasta con la inacción del señor Ballesta, alcalde de Murcia, en relación con la 'pacificación' de ese tráfico rodado. Parece un insulto a la ciudadanía recomendar, sólo recomendar, dejar el coche cuando nos alertan de altos episodios de contaminación. Pareciera que la consigna de la alcaldía es la de 'todos al centro', como si esta ciudad de tipo medio pudiera acoger a cuantos vehículos quieran entrar en ella.

El asfixiante incremento del tráfico motorizado en esta capital (que podemos comprobar quienes, como el que les escribe, vivimos en arterias de entrada a menudo congestionadas) tiene mucho que ver con la configuración urbana de un municipio de servicios que tiene un notable número de habitantes en pedanías que han de acceder a diario al centro. Pero no podemos olvidar un diseño de ciudad en el que se ha privilegiado el uso del coche para llegar a cualquier sitio y a centros comerciales por vías altamente congestionadas, llenas de rotondas en las que nadie sabe circular (dense una vuelta, cualquier tarde, por Juan de Borbón y lo comprobarán); centros comerciales que alguien, de manera interesada, irracional e irresponsable, ubicó en la periferia urbana.

Estas situaciones, unidas a un pésimo servicio de transporte público urbano, la ausencia de campañas institucionales para fomentar el caminar o el uso de la bicicleta para desplazamiento cortos y medios y, cómo no, la potenciación del uso del coche privado por las grandes empresas del automóvil y, por qué no decirlo, por nuestro Ayuntamiento, ávido de ingresos por vía impositiva y otras tasas, explican la situación actual.

La mala calidad del aire urbano, en gran medida, viene dada por un desbocado tráfico al que, en la ciudad de Murcia, el alcalde y su equipo de gobierno (como sus colegas de Madrid) no parecen interesados en regular.

VENEZUELA SIGUE EN PIE

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/06/25/venezuela-sigue-pie/1032928.html

"Enmarca el acoso a que está sometida Venezuela en el intento norteamericano de preservar el unilateralismo en política, obviando que estamos asistiendo a un mundo multipolar, con actores emergentes como Rusia y China, junto a otros países como Bielorrusia, Irán, Turquía e India"

Diego Jiménez 24.06.2019 | 19:42

Venezuela sigue en pie ILUSTRACIÓN DE FERNANDO MONTECRUZ

La situación política de Venezuela ha sido un tema recurrente de manipulación mediática. El fin del ciclo de campañas electorales en España ha supuesto un cierto paréntesis en la asfixiante proliferación de noticias falsas (fake news) utilizadas para deslegitimar el proceso y debilitar a la izquierda de aquí. Pero se siguen dando.

Recientemente, un artículo en un periódico alternativo desmentía, con datos, una de esas noticias falsas: el supuesto lujo derrochado en la boda de la hija de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel país. La periodista Fania Rodríguez, corresponsal en Venezuela del periódico Brasil de Fato, afirma que lo que existe en el interior de Venezuela es totalmente distinto de lo que nosotros nos enteramos sobre el país. Por su parte, Erika Ortega Sanoja, periodista venezolana actualmente corresponsal para la emisora rusa RT, aclara que no se puede entender el fenómeno Juan Guaidó sin la potencia de los medios corporativos internacionales y las agencias de noticias hegemónicas. Parece evidente que, hoy, Venezuela y Cuba se erigen en baluartes frente a las pretensiones hegemónicas del gigante del norte. De ahí los esfuerzos por sacrificar la verdad.

No es posible comprender la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela sin recordar hechos como el primer 'Caracazo' de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez, a cambio de un préstamo de 5.000 millones de dólares del FMI, puso en marcha un severo plan de ajuste estructural. La rebelión popular contra la brutal subida de precios del combustible y productos de primera necesidad condujo a la dura represión de Antonio Ledesma, gobernador de Caracas, que provocó no menos de 3.000 muertes. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993, tras una rebelión militar e intentona golpista protagonizada por Hugo Chávez en 1992. Su leve condena judicial fue simultánea a una creciente organización de las gentes de los barrios pobres.

Hugo Chávez recuperó su libertad en 1994 y concurrió a las elecciones de 1998 como cabeza de una candidatura, Polo Patriótico (que englobó a otros partidos de izquierda), y se alzó con el 56% de los sufragios, lo que le permitió hacer avances en su programa electoral e impulsar una Asamblea Constituyente. La implantación de la Quinta República, apoyada por el 70% de los sufragios, y la nueva Constitución permiten el ciclo de reformas económicas que llevan, entre otras, a la Ley de Tierras de 2001. A partir de ese momento se profundizó lo que se conoce como Revolución Bolivariana. Tras la muerte de Hugo Chávez, el 'testigo' lo tomó Nicolás Maduro.

De estos temas nos informó directamente en Murcia, hace unos días, José Antonio Egido, que desgranó parte del contenido de su libro Venezuela vencerá, en charla organizada por el Frente Antiimperialista de Murcia y con la presentación del exdiputado regional Antonio Urbina. Egido es sociólogo, doctor por la Universidad de Provence (Francia) en 2001 y conocedor de primera mano de aquel país, en el que ejerció durante once años la docencia y la investigación.

Admitiendo que la dura dependencia del petróleo, la ineficacia administrativa y la corrupción han lastrado, en parte, el proceso revolucionario venezolano, este autor expuso nítidamente los logros de ese país, que tratan de ser abortados por el triunvirato Trump-Bolton-Pompeo, los 'halcones' de la Casa Blanca. Y para explicar la adhesión del Ejército venezolano al proceso en marcha afirma que, tras el nuevo 'Caracazo' de 2002, Hugo Chávez logró politizar a las fuerzas armadas en un sentido antiimperialista. Aquel golpe supuso el inicio de su radicalización política, tras «sufrir en carne propia la cruda realidad del imperialismo», nos recuerda en su libro.

Enmarca el acoso a que está sometida Venezuela en el intento norteamericano de preservar el unilateralismo en política, obviando que estamos asistiendo a un mundo multipolar, con actores emergentes como Rusia y China, junto a otros países como Bielorrusia, Irán Turquía e India.
Tras recordar que Venezuela soporta una larga tradición de golpes de Estado (cinco en total desde 1908), afirma que el plan actual del Departamento de Estado norteamericano respecto de este país para apropiarse de los inmensos recursos petroleros trataría de: deslegitimar las elecciones presidenciales de mayo de 2018; intentar asesinar al presidente Maduro; encubrir la intervención militar con el falso pretexto de ayuda humanitaria; evitar en lo posible el uso de tropas estadounidenses; intensificar las sanciones y el bloqueo económico y financiero, y reconocer como presidente a Juan Guaidó, de la misma manera que en abril de 2002 George W. Bush y José María Aznar reconocieron a Pedro Carmona.

Respecto a España, Egido critica el reconocimiento del Gobierno del PSOE a Juan Guaidó y aclara que la furibunda obsesión del grupo español Prisa con el chavismo tiene su origen en la negativa de Chávez a que el grupo editorial Santillana lograra la exclusiva de la distribución de los textos escolares venezolanos.

En cuanto a posibles escenarios y perspectivas, cree que si se produjera el derrocamiento de Maduro se impondría en Venezuela un régimen criminal, pues para el sociólogo James Petras el cambio de régimen sería sangriento, por la necesidad de EE UU de asesinar a ciento de miles de personas comprometidas con los avances sociales. Otra posibilidad sería que EE UU renunciara a tomar Venezuela (no lo tiene fácil, el Ejército brasileño y la vecina Colombia no están por la labor), pero iniciaría una larga guerra de desgaste económico, mediático, terrorista, social y político, al igual que hizo desde 1991 a 2003 al gobierno iraquí de Saddam Hussein.

De fracasar dichos planes, podría abrirse paso un proceso de integración regional puesto en marcha por Gobiernos progresistas latinoamericanos con presencia fortalecida de actores en la región como los países citados arriba.

Coincido con José A. Egido en la importancia, hoy, de la solidaridad intensa y eficaz con el pueblo venezolano, pues la patria bolivariana, según el periodista cubano Ángel Herrera Cabrera, es hoy el epicentro de la disputa mundial entre el orden unipolar y multipolar.

Egido nos recuerda que, en Francia, los 'chalecos amarillos' ondean la bandera venezolana en sus marchas. Porque, pese a todo, Venezuela sigue en pie.

EL RÉGIMEN DEL 78 SE RESQUEBRAJA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/06/11/regimen-78-resquebraja/1029299.html?fbclid=IwAR02UdV4KSCBizT_SGSElGB6q68mEPpnYRdpDyMJ5ZO9ftjDgGXtGYKh7hY

La reciente decisión del rey emérito de abandonar su presencia en actos institucionales y el auto del Tribunal Supremo (TS) por el que se paralizan cautelarmente los trabajos para la exhumación del dictador Franco son asuntos que han levantado estos días una tremenda polvareda mediática. Vayamos por partes.

Aunque el monarca Felipe VI sigue esforzándose por que la Corona se erija como elemento de estabilidad del país, y pese a que histórica y mediáticamente se ha construido un relato tendente a asimilar a ésta con todos los logros y consecuciones de la sociedad española en los últimos años, no podemos obviar un hecho incontestable: la crisis de la institución monárquica está detrás de la abdicación forzosa de Juan Carlos I hace cinco años, un síntoma más de la cuestionada legitimidad de origen de la monarquía borbónica.

Sin pretender ahondar mucho en precedentes históricos que, por sabidos, no es preciso detallar exhaustivamente, no podemos olvidar que Franco, en virtud de la Ley de Sucesión de 1947, prepararía el terreno para una auténtica restauración monárquica cuando él 'lo tuviera a bien'. Descartado el príncipe Juan de Borbón, eligió a su hijo, Juan Carlos, para 'educarlo' en los principios del Movimiento Nacional. En 1969, Franco lo nombró sucesor, a título de rey, por lo que, después de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos fue proclamado capitán general de los tres Ejércitos y el 22 de noviembre, rey de España por las Cortes franquistas. Ante aquellas Cortes, el hoy rey emérito pronunció estas palabras: «Juro por Dios, y ante los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». El origen franquista de la Corona no puede estar más claro a partir de este juramento, del que el rey emérito, por cierto, no ha abjurado.

No es preciso extendernos sobre hechos que han afectado a la credibilidad de esa institución, como el dudoso papel de Juan Carlos I en el ¿autogolpe? del 23F y, más recientemente, sus 'aventuras' con Corinna, la cacería de Bostwana, el apoyo a las tropelías de su yerno Urdangarin o el origen de su fortuna personal, estimada en 1.800 millones de euros, para concluir que la monarquía borbónica ha sido copartícipe de la corrupción del sistema. Así lo entiende también uno de los mejores constitucionalistas del país, Javier Pérez Royo, quien considera que «la monarquía hereda el sistema del régimen de Franco y viene a mantener una estructura de poder, social, económica y una forma de hacer política de la era Franco, que era corrupta [...] La Monarquía da continuidad a esa forma de corrupción», afirma.

Para este constitucionalista, además, como toda la 'arquitectura' de la Transición se montó a partir de la Ley de Reforma Política, que mantenía, sin consultar al pueblo español, la fórmula de Estado monárquica, opina que vivimos en una falsa monarquía parlamentaria pues, a la hora de la verdad, el principio monárquico pasa por encima del principio de legitimidad democrática. «La Constitución de 1978 dice en el artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan poderes del Estado y, en el 1.3, que el Estado español es una monarquía parlamentaria. El orden es ése. Pero en los momentos decisivos el 1.3 se pone por delante del 1.2», concluye.

La monarquía, hoy, sigue jugando un papel claramente reaccionario, como lo demuestra el indisimulado alineamiento del rey Felipe VI con las fuerzas más conservadoras del país. Por ende, su parcialidad a la hora de juzgar los sucesos de Cataluña del 1-O, su discurso del día 3 de ese mes y la apelación, sin pudor, a la aplicación del 155 son una clara muestra de sus veleidades derechistas y su injerencia en asuntos de Gobierno, lejos de la neutralidad que exigiría su cargo.

En el ámbito de la Justicia, el auto emitido hace unos días por la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del TS, paralizando cautelarmente la exhumación de la momia del dictador, no ha estado exento de polémica, básicamente por la fórmula elegida en el texto para referirse a Franco, al que denomina jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975. Creo que esa errónea denominación por los magistrados del Supremo, de la que, por cierto, no se han retractado, no obedece a desconocimiento histórico (como es sabido, el Jefe del Estado era entonces Manuel Azaña, presidente legítimo de la II República Española), sino a una voluntad consciente de no esconder el pasado y/o la afinidad franquista de algunos de esos magistrados, más próximos a la Fundación Francisco Franco, a la familia del dictador y al Opus Dei que a posiciones democráticas.

Hay que depurar la judicatura, en la que perviven no pocos elementos del franquismo, pues a nadie se la escapa la paradoja de que la Fiscalía califique de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1-O y, sin embargo, el TS pase por alto la gravedad del golpe de Estado fascista del 17-18 de julio de 1936 contra la II República. A este respecto, el magistrado Joaquim Bosch, en su libro El secuestro de la Justicia, del que es coautor con el periodista Ignacio Escolar, nos recuerda que la impunidad sobre los criminales franquistas contrasta con la condena dictada por la Audiencia Nacional contra Adolfo Schilingo, dictador argentino, en virtud del principio de Justicia Universal. Recuerda cómo el TS juzgó a Baltasar Garzón por prevaricación y expresó en su fundamentación jurídica que los crímenes del franquismo no podían ser enjuiciados en la esfera penal, apoyándose en la vigencia de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, pero obviando que instancias internacionales vienen recordándonos la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La crisis de la monarquía y la de las altas instancias judiciales demuestra que esos dos pilares del Régimen del 78 están contribuyendo al resquebrajamiento del mismo. La necesidad de un referéndum monarquía/república y la depuración del franquismo que anida en las instituciones son tareas urgentes, inaplazables. Por salud democrática.

ES LA HORA DEL PLANETA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/05/29/hora-planeta/1025761.html?fbclid=IwAR35xSAvb64dPXV0qxpw35oyoe3oWDmNkVdpP970NWhMcD3wSD6qPGcRcV8




Dentro de unos días, un año más, celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la ONU en su resolución del 15 de diciembre de 1972.? Desde 1974, se celebra anualmente el 5 de junio con una reivindicación específica. Este año está dedicado a la preocupante contaminación por los plásticos que inundan los océanos.

La Asamblea de la ONU aprobó la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En marzo pasado, la asamblea anual de este organismo celebrada en Nairobi (Kenia) emitió un informe en que alertaba de un fenómeno preocupante: la desaparición de la capa de hielo del Ártico y el calentamiento de la capa de permafrost de la tundra tendrán efectos catastróficos, por el aumento del nivel de agua dulce en los océanos y la liberación de ingentes cantidades de metano a la atmósfera, respectivamente.

Otros datos de ese informe nos advierten de que en el 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas, sobre todo en África y el sur de Asia, y confirma que la contaminación del aire mata ya a siete millones de personas cada año. Para la ONU sólo hay una solución: reducir de forma drástica la emisión a la atmósfera de los gases tóxicos que emiten ahora los vehículos, las industrias y las calefacciones de las casas. En concreto, se pide un 40% de reducción en el año 2020 y un 70% en 2050. Jorge Reichman (al que luego me referiré) cita, a este respecto, que el parque motorizado español es de unos quince millones de vehículos cuando, de forma sostenible, no debería rebasar los 185.000. Un dato más a tener en cuenta.

Resulta casi imprescindible acudir también al informe bianual del Living Planet Report, publicado por WWF y relativo al año 2018 (https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018). En él se advierte de una disminución global del 60% en el tamaño de las poblaciones de vertebrados que, en la práctica, significa un colapso de más de la mitad en menos de cincuenta años.

Otros hallazgos de ese informe incluyen datos preocupantes como que la sobreexplotación y la agricultura son las principales causantes de la pérdida de la biodiversidad, de la mitad de los corales en aguas no profundas en los últimos treinta años y del 20% de la Amazonía en cincuenta años. La disminución de especies es especialmente alta en los trópicos, mientras que ya el 90% de aves marinas tiene plásticos en sus estómagos.

La preocupación por la salud del planeta viene siendo expuesta también por voces autorizadas dentro de nuestro país. Para Yayo Herrero, antropóloga, profesora de la UNED e integrante de Ecologistas en Acción, teniendo en cuenta el cambio climático, el declive de la energía, recursos pesqueros y biodiversidad, será preciso pensar, más pronto que tarde, en reorientar la economía en otra dirección.
Cree que el capitalismo actual ya no es sólo una forma de producción sino una antropología que ha decretado que el dinero y el crecimiento económico son sagrados y que todo ha de sacrificarse ante esos nuevos dioses. En iguales términos se expresa Jorge Reichman, profesor de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid, que opina que aún estamos a tiempo de aportar soluciones, pero actuando enérgicamente sobre la voraz cultura productiva.

Por nuestro actual comportamiento depredador sobre los recursos naturales y la Biosfera, cree que habría que hablar del extractivismo y del exterminismo, término este último acuñado por el historiador británico E.P. Thomson, a finales del siglo pasado, cuando las dos potencias nucleares enfrentadas amenazaban con aniquilar la vida sobre el planeta.

Hoy la comunidad científica habla de que estamos en pleno periodo del Antropoceno, para designar la nueva etapa geológica del Cuaternario, sucesora del Holoceno, en la que las actividades humanas registran un mayor impacto sobre los ecosistemas terrestres.

Reichman cree que nuestro principal problema ambiental es, hoy, la extralimitación ecológica, esto es, el choque de las sociedades industriales contra los límites físicos de la Tierra. Es una forma de definir la 'huella ecológica': consumimos hoy en día los recursos inexistentes de 1,5 planetas Tierra, pese a las lacerantes desigualdades que asolan buena parte de la Humanidad. A este respecto, Carlos Taibo, escritor, editor y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, nos recuerda que para garantizar a toda la población de la Tierra el nivel de vida de un norteamericano medio se necesitarían 3,6/3,7 planetas como el nuestro.

A la hora de las soluciones, Yayo Herrero cree que hay que buscarlas en el ámbito local, en el territorio concreto de cada cual, cuando los picos de los precios de la energía se lleven por delante industrias y puestos de trabajo, pues al poder económico poco le importa sacrificar las vidas y el bienestar de las personas que considera sobrantes. Propone recuperar las nociones de dependencia e interdependencia como forma de evitar las luchas entre los pobres -en este marco de crisis sistémica global-, tan explotadas por los populismos de derecha.

J. Reichman cree que para hacer frente al calentamiento global y a la destrucción de la Biosfera necesitamos salir a toda prisa del capitalismo salvaje en que hoy nos movemos, pues necesitamos bienestar humano, pero compatible con los límites físicos del planeta.

Y Carlos Taibo ve inevitable que, en un escenario poscolapso sistémico, ganen terreno las energías hidráulicas y renovables; opina que los desplazamientos serán menos numerosos, más cercanos y más lentos (se impondrá el turismo de proximidad), y advierte de la posible pérdida de importancia del dinero, en un marco dominado por la vuelta a lo rural y en el que ganarán terreno las relaciones económicas también de proximidad. Predicciones con un cierto grado apocalíptico, como el conjunto de su libro Colapso.

Es evidente que la Tierra está enferma. Afortunadamente, la sociedad civil de todo el mundo, especialmente la juventud (también en Murcia, el pasado viernes), ha empezado a tomar conciencia del problema y a exigir soluciones. Es la hora del Planeta.

NECESARIA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA REGIONAL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/05/14/necesaria-ley-memoria-historica-regional/1021194.html

Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras 24 años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional

Asistí, hace unos días, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU a la presentación del libro De la República al franquismo: legalidad, legitimidad y memoria histórica, editado por Editum, y cuyo autor, Antonio López Martínez, ya fallecido, estuvo representado en el acto por su hija Juana, que al igual que José López Hernández, catedrático de Filosofía del Derecho y editor de la obra, desgranaron detalles de lo que hubiera sido la tesis doctoral del autor de no haberle sorprendido la muerte. Al acto asistió también el prologuista del libro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien expuso el proceso que condujo a la redacción y promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica) y reconoció que fue una ley tardía.

Al finalizar su alocución, no pude intervenir en el acto, porque no estaba previsto un coloquio con los miembros de la mesa. De haber podido hacerlo le habría recordado que, además de tardía, es una ley manifiestamente insuficiente, por varios motivos: no declara la ilegalidad del régimen franquista; no reconoce tampoco la ilegalidad de los tribunales y procesos judiciales sin garantías que dieron lugar a miles de ejecuciones (el texto habla de ilegitimidad, término que fue utilizado reiteradamente por Zapatero), y mantiene la impunidad sobre los crímenes y sus autores, al no derogar la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Podemos decir que, a casi doce años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, persiste la anomalía democrática de que el franquismo y sus efectos no han desaparecido del todo de nuestra sociedad. Pero, aterricemos en nuestra Región de Murcia.

Los trabajos de profesores y profesoras universitarios como Carmen González y Pedro María Egea Bruno, de investigadores como Fuensanta Escudero, Floren Dimas, Víctor Peñalver y Antonio Martínez Ovejero, y la actividad también investigadora que desarrollan miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia han acotado la presencia de ese franquismo residual en un tema tan sangrante como la represión ejercida contra quienes, en la Región, defendieron la legalidad republicana.

Sin ánimo de abrumar con muchos datos, está documentado que 554 personas fueron fusiladas en Murcia sólo en el periodo 1939-1942 tras Consejo de Guerra y sentencia del Tribunal Militar, ejecuciones que tuvieron como marco la propia prisión provincial, el polígono de El Tiro de Espinardo y las tapias del cementerio de esa pedanía. En el total regional, las 879 personas fusiladas 'con juicio' incluyen las que, en Cartagena, fueron ejecutadas en las tapias del cementerio de Santa Lucía o en el campo de fútbol del Arsenal militar.

A esas víctimas hay que sumar las 67 muertes producidas en ese periodo por enfermedad, malos tratos o suicidios. El número de republicanos fallecidos en la Prisión Provincial de Murcia y en otros establecimientos habilitados (el convento murciano de Las Agustinas albergaba en marzo de 1940 a cerca de 980 presos republicanos), tanto dentro como fuera de la Región, asciende a 850 personas.
Súmense a estos datos las víctimas las humillaciones y tratos vejatorios sobre las esposas de republicanos (rapado de cabello para escarnio público, obligación de ingerir aceite de ricino, etc.) y actuaciones como la depuración de funcionarios, las expropiaciones de bienes de familias republicanas y los casos de bebés robados para tener una idea aproximada del alcance de aquella represión.

Es sabido que el Gobierno saliente de Mariano Rajoy hizo alarde público de no haber consignado ni un euro para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Situación que ha sido contrarrestada, en parte, con leyes de memoria histórica y/o democrática por parte de las autonomías. Así, han desarrollado leyes específicas Andalucía, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña, estando en estudio, que sepamos, los textos de País Vasco y Cantabria.

La Región de Murcia debe sumarse a esa lista. Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras veinticuatro años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional. El nuevo Ejecutivo no debería dejar en el olvido la redacción y aprobación de una Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Región de Murcia, a la que, a la vista de la situación arriba expuesta en lo tocante a la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, no sería difícil dotarla de contenido. Como actuaciones inmediatas, esa futura ley debería de:

1. Eliminar en los espacios públicos de toda la Región la totalidad de los símbolos de exaltación al régimen franquista (con especial mención al callejero franquista presente en muchos municipios) y sus protagonistas, con un plazo obligatorio de ejecución.

2. Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento jurídico de los derechos de las víctimas de la dictadura, con un tratamiento igual al de las víctimas del terrorismo.

3. Crear una comisión parlamentaria, con la presencia de una representación de las asociaciones memorialistas murcianas, para el estudio y seguimiento de todos los temas relacionados con la memoria democrática, en los que pueda tener competencias la Asamblea Regional de Murcia.

4. Identificar los lugares de la Memoria regional más significativos, de los que destacamos: el Antiguo Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, la prisión provincial, el edificio de los Nueve Pisos (Murcia); Arsenal, Dique de Curra, Batería de la Parajola (Cartagena); Cárcel, plaza de toros (Lorca); Prisión central (Totana); Base y Escuela de Tanques (Archena); La Encomienda y Embalse del Cenajo (Calasparra); Prisión del Partido (Caravaca); Jardín de la Memoria (Santomera), etc.

No hay en los programas educativos regionales referencias concretas a estos temas memorialistas, por lo que creo que la Asamblea Regional, en el ámbito de sus competencias, debería tener en cuenta la necesidad de legislar en ese sentido.