JUAN DE LA CIERVA NO ES NOMBRE PARA EL AEROPUERTO

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 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/11/04/juan-cierva-nombre-aeropuerto/1159641.html

Es conocida la destacada intervención del ingeniero murciano en el alquiler, con dinero del banquero Juan March y junto al periodista Bolín, del avión Havilland Dragon Rapide, que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán para ponerse al frente de las tropas africanistas. Pero hay más...

¿Se imaginan que, hoy, el aeropuerto internacional de Frankfurt llevara el nombre de Hans-Ulrich Rudel, piloto de caza nazi famoso por sus múltiples ‘hazañas’ y que, tras la guerra, fundó una organización de ayuda para los refugiados nazis que permitió a los fugitivos escapar a América Latina? Destacado traficante de armas, Rudel fue asesor de Juan Domingo Perón, en Argentina, y de los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Alfredo Stroessner, en Paraguay. Pues bien, lo que no es posible en Alemania, país que aún trata de desembarazarse del trauma del nazismo y donde está prohibida legalmente la apología de ese criminal régimen, sigue siendo posible en España.

Hace unos días supimos por LA OPINIÓN que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, daba el visto bueno, algo que ya había adelantado el pasado 12 de abril, a que el aeropuerto de Corvera tenga el nombre del ingeniero murciano Juan de la Cierva, conspirador contra la República y facilitador del golpe de Estado de 18 de julio de 1936. A pesar de la oposición de entidades memorialistas de la Región y de algunos partidos políticos, si no se remedia, puede darse la desagradable situación de que el nombre de ese personaje salude a los escasos turistas que toman tierra en el aeródromo murciano. En contraposición, el mismo ministro anunció, en el acto de homenaje a Miguel Hernández celebrado hace unos días en Valencia, que el aeropuerto de Elche-El Altet llevará en adelante el nombre de tan insigne poeta. Doble vara de medir del ministro, pues podría haberse buscado una denominación no tan cargada de polémica; personajes relevantes, de ambos sexos, los hay en la Región.

Argüir que los méritos del ingeniero se basan en el hecho de haber sido el inventor del autogiro, obviando, como ahora veremos, su destacada contribución al golpe de Estado contra la Segunda República, supone una indignidad y falta de respeto a las víctimas del criminal régimen franquista. Vayamos por partes.

El diplomático e historiador Ángel Viñas, quizá uno de los que más ha buceado en la trayectoria del ingeniero murciano, en artículos recientes y en su libro Quién quiso la Guerra Civil destaca que la trama monárquica fue una parte importante del golpe de Estado contra la II República. En esa trama, Juan de la Cierva aparece como un personaje destacado.

Afirma con rotundidad que Juan de la Cierva, de familia de rancia raigambre monárquica, asentado en Londres, formaba parte activa del mundillo más o menos cerrado de los clubes londinenses en los que, desde muy pronto, empezó a conspirarse contra la República. Uno de los tertulianos, Charles Petrie, historiador y ultracatólico, se pavoneaba de su flirteo con el fascismo. Otros tertulianos, como Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba de Tormes, posterior embajador de España con Franco, se dejaban caer por esas citas. Luis Bolín, corresponsal del diario monárquico ABC en Londres y amigo personal de Juan Ignacio Luca de Tena, agregado de prensa de la embajada de España en Londres, constituyó en esa ciudad, junto al duque de Alba y Juan de la Cierva, la asociación Amigos de España, que desarrolló una activa labor antirrepublicana, con el apoyo del conservadurismo británico.

Es conocida la destacada intervención del ingeniero murciano en el alquiler, con dinero del banquero Juan March y junto al periodista Bolín, del avión Havilland Dragon Rapide, que trasladó a Franco desde Canarias a Tetuán para ponerse el frente de las tropas africanistas. Pero hay más.  Viñas recuerda que, en los inicios de la sublevación, cuando dos columnas avanzaban hacia Madrid (Mola desde el Norte hasta la Sierra de Guadarrama, y Franco desde el Sur), los sublevados disponían de abundante material, pero necesitaban 12 aviones de transporte, 12 de reconocimiento, 10 cazas, 1.000 bombas de 100 kg, 2.000 de 50 kg, ametralladoras, etc. Era fundamental el apoyo de Italia y Alemania.

Bolín fue informado de que, con fecha 21 de julio, el exmonarca Alfonso XIII había escrito a Mussolini para informarle de que, a instancias del propio Franco, Juan de la Cierva y el él mismo, acompañados del marqués de Viana, se trasladarían a Roma para adquirir elementos modernos de aviación, para lo que contactaron con Ciano, yerno del dictador italiano y ministro de Exteriores de Italia entre 1936 y 1939. Así, pese a las estipulaciones del Comité de No Intervención, De la Cierva pudo adquirir en el plazo de tres semanas unos diez aviones civiles, con dinero del banquero Juan March y del propio Alfonso XIII. (Ángel Viñas, La soledad de la República).

En agosto de 1936, De la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico con destino al general Mola, con la aquiescencia de las autoridades de aquel país, conocedoras de que esas aeronaves irían destinadas a los rebeldes españoles, pues, debido a los numerosos intereses británicos en la península, aquéllas se habían venido mostrando hostiles hacia la República. (Paul Preston, Un pueblo traicionado).

Item más, Viñas tiene documentado incluso, fruto de los contactos del inventor murciano con la Alemania nazi, un viaje a Berlín en septiembre de 1936 para, por encargo del general Mola, comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.

Con estos precedentes, cuando desde el Gobierno se está tramitando un proyecto de ley sobre Memoria Histórica que supera en ciertos aspectos la tibieza de la anterior Ley 52/2007, resulta paradójico que un ministro de ese Gobierno haga valer la votación de febrero de 2019 de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, que ratificaba la denominación Juan de la Cierva para el aeropuerto murciano con los votos de PP, Ciudadanos y Foro de Asturias, el rechazo de Podemos y Compromís y la sorprendente abstención del PSOE (que había votado en contra en la Asamblea Regional de Murcia).

En todo este proceso, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) no ha cesado de dirigirse a varias instancias gubernamentales, entre ellas a la Dirección General de Memoria Democrática, alegando las razones históricas, ideológicas y morales que hacen incompatible tal denominación con la legislación vigente en materia de Memoria Democrática, reivindicación en la que, recientemente, ha contado con el apoyo del Encuentro Estatal de Asociaciones de Memoria Histórica y de Víctimas de la Guerra Civil.

En un reciente comunicado, FAMH-RM sostiene que “poca o ninguna credibilidad para con el compromiso de la Memoria Democrática puede tener un Gobierno que, jactándose de progresista y defensor de las víctimas del franquismo, permita la ignominia de llevar a cabo ese cambio de denominación en el aeropuerto de la Región de Murcia, por lo que, por la dignidad de las víctimas de la represión franquista, espera que el Gobierno rectifique”. 

Hace unos días el titular de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno, Diego Blázquez Martín, se dirigió a FAMH-RM reafirmando la voluntad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de “trabajar por la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva, de la Guerra Civil o de la dictadura”.

Sería deseable que el Gobierno rectifique.

Diego Jiménez  García    @didacMur

 

 

 

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y EL CINISMO DE PABLO MONTESINOS (PP)

 

Pablo Montesinos (PP) acaba de criticar en TVE1 la subida de impuestos en los PGE ( la subida de impuestos de la que habla afecta a un segmento especial 'pobre' de la sociedad,el de quienes ganan 'sólo' 200.000 euros/año) y, al mismo tiempo, ha dicho que hay 1,2 millones de familias con todos sus miembros sin empleo.

                                      (Foto:  Pablo Montesinos. SER)

Aparte de que este dato es exagerado, ¿me puede explicar Montesinos cómo se casa la disminución de ingresos que él propugna con atajar el paro y con la aplicación de otras políticas sociales? El PP, en politica fiscal, está muy a la derecha de instancias económicas internacionales, como el FMI, que propugnan, en esta época de pandemia, políticas económicas expansivas por parte de los Estados, para reactivar el consumo. Pero para gastar más, el Estado tiene que recaudar más. Algo a lo que el PP (que pretende debilitar el Estado social para, mediante privatizaciones, entregar la Sanidad, las pensiones, la Educación, la vivienda...a fondos buitre y a otros grupos empresariales) se opone. La postura del secretario de comunicación del PP tiene un nombre: cinismo.

Hace falta algo más que un estado de alarma

 

Diego Jiménez. Murcia, 25-10-20

El Gobierno acaba de decretar, excepto en Canarias, el cuarto estado de alarma de la democracia (si se incluye el de la Comunidad de Madrid) que, si la grave situación actual de la pandemia persiste, pretende alargar seis meses, hasta el mes de mayo. En esta ocasión, y a diferencia del decretado el pasado 14 de marzo, la medida no implica el confinamiento domiciliario y deja en manos de las distintas autonomías la aplicación de medidas más o menos restrictivas en función de la incidencia de la pandemia en los distintos territorios. Nos parece que este estado de alarma es una medida necesaria, pero insuficiente.

                                                                                                             (Foto Mario Montes. SER)

Insuficiente porque, desde que se tuvo conciencia del alcance de esta enfermedad, ni por el Estado central ni por las autonomías se han implementado medidas homogéneas y adecuadas para enfrentarla, situación que se ha visto agravada por el enfrentamiento político entre muchas comunidades autónomas, encabezadas por Madrid, y el Gobierno.

Insuficiente porque no se ha efectuado un rastreo masivo de potenciales personas portadoras del virus, sobre todo en grupos de riesgo por patologías previas, y se han hecho pruebas limitadas, con un carácter aleatorio.

Insuficiente porque se ha despreciado el alto nivel de estrés de las plantillas de personal sanitario y no se han reforzado al nivel que la pandemia exigía, llevando al absurdo de la extinción precipitada de contratos temporales (como en Madrid), cuando era evidente que la situación tenía visos de alargarse temporalmente.

Insuficiente porque no se han reforzado tampoco suficientemente las plantillas de personal docente y no docente en los centros, ni se han dotado éstos de espacios alternativos para permitir desdobles y bajadas de ratios.

Insuficiente porque ha quedado demostrada la casi total ausencia de controles y la insuficiencia de material de autoprotección entre el personal jornalero de las faenas agrícolas, lo que, en zonas de alta incidencia de este sector, como en las comarcas del Guadalentín, Campo de Cartagena y el Altiplano, ha motivado el aumento de contagios. 

Insuficiente porque, acosado por el grupo de presión de la hostelería, el Gobierno ha permitido una notable ocupación del interior de bares y restaurantes, cuando, por el contrario, ha limitado los contactos sociales incluso en el seno de grupos familiares.

Insuficiente porque no se han reforzado los servicios de transporte público, con aumento del parque ni de las frecuencias de trenes y autobuses.

Insuficiente porque ha habido cierta permisividad en la proliferación del ocio nocturno, con las lamentables imágenes de botellones en zonas urbanas, lo que ha incrementado el riesgo del contagio comunitario.

Con este panorama, está bien apelar a la responsabilidad individual y social para atajar la pandemia, como vienen haciendo tanto el ministro de Sanidad como el propio presidente del Gobierno, pero es el Estado, en un país que encabeza las cifras de incidencia de la covid-19 en Europa, el que, constitucionalmente, está obligado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la ciudadanía y para luchar también contra las muertes evitables.

LA DERECHA DEL ESPERPENTO Y FILONAZI

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/21/derecha-esperpento-filonazi/1155590.html

"Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha"

Ahí lo dejo. No es mi intención ahondar en un tema complejo que daría para varios artículos. Sí lo es, sin embargo, citar, aun de pasada, un asunto sobre el que la mayoría de medios de comunicación y desde luego las televisiones más vistas en este país han pasado de largo. Me refiero a la difusión del resultado de la encuesta sobre la monarquía, que estratégicamente fue dada a conocer el mismo día de la Fiesta Nacional, cosa que, sin duda, 'molestaría' al monarca. La encuesta fue impulsada por una Plataforma de Medios Independientes (hasta 16) y desarrollada por 40db, Instituto de Opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS, organismo que lleva más de cinco años sin preguntar sobre ese tema.

Los resultados, por sobradamente conocidos, no los voy a repetir aquí. Sí es preciso aclarar que la desafección ciudadana hacia la monarquía tiene mucho que ver, indudablemente, no sólo con la corrupción del rey emérito, corrupción que, como un cáncer, ha extendido su metástasis en instituciones y partidos, sino también (algo que queda claro en la encuesta) con la identificación de Felipe VI con una derecha que está haciendo todo lo posible para que la democracia zozobre en España.

Realmente, lo que está en cuestión en estos momentos es el modelo de democracia formal burguesa impuesto desde la Transición. Las clases dirigentes españolas renunciaron, desde el siglo XIX, a impulsar 'su' revolución burguesa (que llevó la modernidad y la ruptura con las ataduras del pasado a tantos y tantos países de Europa) y, por el contrario, asfixiaron esas ansias de modernidad de ciertos sectores sociales con políticas tendentes a mantener sus ancestrales privilegios. La derecha en España, hoy, se desliza por esas inercias y, lo que es peor, ha desenterrado su tufo autoritario.

Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha. Unos y otros no tienen reparos en apelar al insulto, la violencia verbal (por ahora) y a un peligroso 'matonismo'. Digámoslo con rotundidad: las derechas no son democráticas. Incluyendo en ellas, por qué no, a un partido, Ciudadanos, que se ha constituido en sostén y valedor de aquéllas en muchos territorios.

Si tuvieran sensibilidad democrática, quienes se declaran tan constitucionalistas deberían admitir que la soberanía reside en el pueblo español, y del poder legislativo emanan todos los demás, de manera que el Gobierno, elegido democráticamente por el Parlamento, dista mucho de ser 'ilegítimo', como falsamente pregonan.

Si tuvieran sensibilidad democrática, antepondrían la salud de la población a la guerra abierta y declarada que, cual cruzada de liberación, ha emprendido contra el Gobierno central la presidenta madrileña, Isabel Ayuso (aleccionada, sin duda, por Pablo Casado).

Si tuvieran sensibilidad democrática, no sólo acatarían la sentencia de la Gürtel, como falsamente admiten, sino que no caerían en el ridículo, como el del expresidente M. Rajoy al declarar que la sentencia, que condena a trescientos años de cárcel a un montón de ex altos cargos y ministros, es una 'reparación moral' hacia su persona, pues se considera 'víctima' de la moción de censura que lo desalojó del Gobierno.

Si tuvieran sensibilidad democrática, admitirían la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos (UP) en vez de utilizar todo tipo de argucias, como el acoso judicial ( lawfare) emprendido contra esa formación política, con múltiples denuncias que los tribunales vienen dejando sin efecto. La última disposición de la Fiscalía Anticorrupción de negar cargos contra Pablo Iglesias por el 'caso Dina' es paradigmática en este sentido.

Si tuvieran sensibilidad democrática, no seguirían bloqueando la renovación de los vocales del CGPJ pretextando la presencia de UP en el Gobierno, al que acusan de dictador. En este sentido, Manuel Muniz, secretario de Estado de España Global, considera que el Gobierno se ha encontrado con un dilema y ha optado por la vía más democrática, que es respetar la mayoría absoluta del Congreso, en lugar de tolerar que continúe el bloqueo de 89 diputados.

Si tuvieran sensibilidad democrática, dejarían de protagonizar los más que bochornosos actos de protesta en el Congreso, con pataleos, gritos, insultos y una evidente falta de respeto a la presidenta de la Cámara, que se esfuerza, sin conseguirlo, en que sus 'señorías' de la bancada de la derecha respeten los turnos de palabra.

Si tuvieran sensibilidad democrática, habrían condenado ya el franquismo, dignificando a las víctimas de aquel aciago régimen. Por el contrario, herederos ideológicos de aquella dictadura, tratan de convertir a las víctimas en verdugos. El último episodio, lamentable, cuando se cumplen ahora ochenta años de los fusilamientos del socialista Julián Zugazagoitia y del expresident de la Generalitat Lluis Companys, ha sido la orden dada por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de destrozar la placa de la casa de Madrid en la que nació Largo Caballero, quizá el mejor ministro de Trabajo que haya tenido este país. Acción cuyo mérito hay que atribuir a Javier Ortega Smith (de casta le viene al galgo), nieto del abogado Víctor Manuel Ortega Pérez, el mismo que mantuvo una estrecha relación con el alcalde de Madrid José Finat y Escrivá de Romaní, 'conde de Mayalde', colaborador con la Alemania nazi y que solicitó a Pétain, sin éxito, la extradición a España de ese ministro republicano.

La derecha extrema y la extrema derecha están inmersas en una indisimulada operación de distorsión de la realidad. Han conseguido con ello elevar el esperpento valleinclanesco a categoría (por calificarla de algún modo) política. Con seguridad, si don Ramón María del Valle Inclán levantara la cabeza pensaría que en España nada había cambiado. O quizás sí: quienes deforman y falsean la realidad, hoy, sienten una tremenda nostalgia por las 'conquistas' del nazismo.

ALGO MÁS QUE UNA CRISIS INSTITUCIONAL

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/07/crisis-institucional/1151624.html

A estas alturas de la legislatura, cuando aún no se ha cumplido un año de las elecciones del 10 de noviembre pasado que dieron origen al primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, ya nadie duda de que la crisis de la Covid-19 se está solapando con (y restando protagonismo a) una durísima campaña de acoso y derribo al Gobierno, que tuvo su corolario en el último debate de control al Ejecutivo del miércoles de la pasada semana. Haciendo uso del sostenido mantra sobre la ilegitimidad del mismo, las derechas, que luchan denodadamente por disputarse su hegemonía (moción de censura de Vox), están aprovechando la emergencia sanitaria actual para la interposición de querellas contra la gestión gubernamental, a la que se hace responsable del alto número de muertes ocasionadas por la pandemia. Al PP no le interesan las muertes, sino derribar al Gobierno. Por lo mismo resulta indignante, para quienes vemos cada vez más clara una salida en clave republicana a la grave situación política y social actual, la clara incorporación del monarca  Felipe VI a esa operación de zapa, acoso y derribo.

El constitucionalista Javier Pérez Royo, que cree que el conflicto constitucional entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad autónoma de Madrid «puede poner al sistema político español en una situación límite», ve igualmente grave esa injerencia de la Corona en la acción de Gobierno, por la llamada del rey al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para expresar su disconformidad por su ausencia del acto, celebrado en Barcelona, de entrega de despachos a los nuevos magistrados.

Pérez Royo hablaba, hace unos días, de la necesidad de que el Gobierno ejerza una labor 'pedagógica' sobre el rey, recordándole su papel constitucional. Y es que la situación no es nueva: el monarca ha tomado partido, en varias ocasiones, en situaciones en que debiera haber observado la más estricta neutralidad. Recordemos su incendiario discurso, con autoría indudablemente procedente de la Zarzuela, del 3 de octubre de 2017, contra una parte del pueblo catalán, y su 'disgusto' por la celebración de una ceremonia civil, y no religiosa, de homenaje a las víctimas de la pandemia, entre otras.

Felipe VI parece haber olvidado que, según el artículo 1.3 de la Constitución de 1978 (CE 78), España es hoy una monarquía parlamentaria, en la que el rey reina pero no gobierna (sus actos necesitan el refrendo del Gobierno, según el artículo 64 de la CE 78), a diferencia de la monarquía constitucional que estuvo vigente durante 47 años a partir de la Constitución canovista de 1876, con soberanía compartida del Rey con las Cortes y en la que el Gobierno debía contar con la confianza regia y parlamentaria.

La monarquía actual, al ser una magistratura hereditaria, no tiene legitimación democrática (Pérez Royo). Es más, para abundar en esa ausencia de legitimidad de origen de la monarquía española, añadiríamos que habría que recordar que todo el 'edificio' de la Transición se construyó pese a que la Disposición Derogatoria de la CE 78 dejó sin efecto la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de junio de 1947, que constituía a España en un Reino (sin rey) y que tuvo su concreción en la designación por Franco del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor, a título de rey, en 1969. Estos actos del franquismo, a mi juicio, refuerzan la falta de legitimidad de la monarquía actual, aunque fuese 'bendecida' por los padres constituyentes a la hora de redactar nuestra Carta Magna.

La injerencia de Felipe VI (que, indudablemente, se muestra más cómodo con la derecha y próximo a ella) en los actos del Ejecutivo suena a añoranza de aquellos periodos de nuestra Historia en que la Corona (con Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII), aunque con actos más que reprobables, ejercía un papel preeminente en la política española.

Pero si grave es la injerencia del monarca en las acciones del Gobierno, no menos grave es el frente que la tercera magistratura del Estado, el Poder Judicial, ha abierto contra aquél. La filtración de la conversación de Carlos Lesmes con el rey hay que enmarcarla en ese sentido. El presidente del CGPJ y del Supremo ha usado la Corona como un ariete para erosionar más al Gobierno. Recordemos que Moncloa intentó, para blindar al monarca, retrasar la entrega de despachos a los nuevos magistrados, para alejarla de la fecha en que se conocería la inhabilitación de Torra y el aniversario del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Lesmes amenazó precisamente con hacer coincidir el fallo con esta última fecha. Lo que ocurrió después es sabido.

Estas acciones desestabilizadoras del tercer poder del Estado, calificadas por algún analista como el 'enemigo interior', son el resultado de la no depuración, en su día, de la judicatura, como sí se hizo durante la gestión de Narcis Serra con las Fuerzas Armadas. Perviven elementos conservadores en aquélla y en una institución, el CGPJ, cuyo presidente tiene mucho poder. En opinión del magistrado Joaquim Bosch, autor junto a Ignacio Escolar de El secuestro de la Justicia, el CGPJ adopta decisiones importantísimas como el nombramiento de los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo (recientemente ha habido seis); la elección de los magistrados de las salas Civil y Penal de los Tribunales de Justicia de cada comunidad autónoma, y la designación del presidente de la Audiencia Nacional y de los presidentes de las salas que la integran.

Otra cuestión tiene que ver con la composición del CGPJ. El artículo 122.3 de la CE 78 estipuló que, de los 20 miembros que lo integran, 12 serían elegidos por jueces y magistrados; 4, a propuesta del Congreso, y 4 a, propuesta del Senado, por 3/5 de los votos. No obstante, en aquellos primeros años de nuestra democracia nuestra judicatura era especialmente conservadora. Por ello, en 1985 se reformó la ley, de forma que los magistrados no fueran elegidos por el conjunto de la judicatura, sino atendiendo a las cuotas de poder de los partidos políticos, lo que acentuó el deterioro progresivo de la separación de poderes.

Hace unos días, la mayoría absoluta del Congreso (187 votos) exigió la renovación del CGPJ, frenada una y otra vez por los intereses partidistas de la derecha pese a que Carlos Lesmes ejerce en funciones desde hace dos años. Esa mayoría absoluta podría decidir modificar la legislación para que no sea necesaria una mayoría reforzada para renovar una parte (hasta doce vocales) de ese órgano judicial, dejando los ocho restantes a elegir por 3/5 de las Cámaras legislativas (CE 78).

En plena crisis sanitaria, económica, social y territorial, la virulenta campaña de las derechas para derribar al Gobierno con la indisimulada colaboración de la Corona y de sectores de la judicatura evidencia que nos hallamos ante una severa crisis institucional que amenaza a aquella Transición pactada bajo el ruido de sables y de la que se apropian con un sentido excluyente las derechas.

En ese contexto, las predicciones de quienes otean cercano un horizonte republicano no son nada desdeñables.

DE ALEPO A LESBOS

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/09/22/alepo-lesbos/1147237.html

Desde hacía años, mi ciudad había sido un objetivo militar para los distintos bandos contendientes. Aquella mañana de junio de 2016 dormía plácidamente, porque ya me había habituado a los sonidos de la guerra. Pero ese día me despertaron los gritos desesperados de mi madre.

-¡Nos bombardean de nuevo!

El tableteo de las ametralladoras, las bombas de la aviación, los obuses de la artillería y el fuego de mortero se enseñorearon de mi barrio. De pronto, un espantoso estruendo. Cuando me recuperé del aturdimiento y la ceguera provocada por una nube de polvo que olía a pólvora y azufre, pude comprobar que el que había sido mi piso en mi bella ciudad, Alepo, Patrimonio de la Humanidad, había quedado reducido a escombros. Busqué desesperadamente a mi familia entre las ruinas de la casa. Horrorizado, encontré el cuerpo de mi madre, Sana, horriblemente mutilado. No me había repuesto aún del choque emocional que tal imagen me produjo, cuando puede oír las voces apagadas de mi padre, Tarik, en un extremo del piso:

-Hazem, hijo, Hazem, Hazem…

Hasta la horrible guerra que se ensañó con virulencia sobre nuestro país a partir de 2011, crecí feliz en una familia de clase media. Mi padre comerciaba con países vecinos y eran frecuentes sus viajes a Jordania. Mis estudios en el instituto habían concluido ese verano y, pese al horror de la guerra, mis perspectivas de matricularme en la Universidad de Damasco para, en un futuro, ejercer la Medicina permanecían intactas.

-Hazem, ¿qué ha pasado? –parecía estar bien, aunque sangraba por la cabeza y su rostro, bañados los surcos que delataban el paso de los años por el sudor y el polvo, aparecía más demacrado que de costumbre - ¿Dónde está tu madre?

No supe qué contestarle. Me desplomé junto a él, de rodillas en el suelo. En la calle, ululaban las sirenas. Transcurrieron unas horas, interminables, hasta que unos brazos amigos de la Media Luna Roja nos rescataron de aquellas ruinas. Nos instalaron en un pabellón de deportes de mi barrio. Dos días después, enterramos a mi madre.

-Hazem, no tenemos nada que hacer aquí. Tenemos que huir de este infierno –dijo mi padre a la mañana siguiente-. Nuestro destino está en el exilio.

Me costaba asumir que la guerra hubiera condicionado nuestro futuro. Que mi sueño de ejercer la Medicina en mi patria, a la que tanto amaba, quedara truncado por la guerra. Pero no le contradije. En Siria, mi país, una estricta educación nos ha enseñado a obedecer y respetar a nuestros mayores.

Unos días después,  con nuestros escasos pertrechos, viajábamos en un camión desvencijado, traqueteante, abarrotado hasta los topes, hasta la frontera turca. En ella, hubimos de esperar a ser registrados por unos funcionarios desbordados por una situación que, sin duda, les sobrepasaba. Nos esperaba el campo de refugiados de Osmaniye. De paso por las aldeas que encontramos en el trayecto, nos observaban compasivos unos humildes campesinos, quizás solidarios con nuestro dolor. La estancia en aquel campo, en el que en contra de lo esperado fuimos tratados bastante bien, duró unos meses.

-Hazem, … Alemania. Hemos de intentar llegar a Alemania –la perspectiva de alejarme más de la que, hasta hacía poco, había sido mi patria no me seducía demasiado. Quizá por ello le objeté:

-No lo vamos a tener fácil, papá. Los refugiados sirios somos, en estos momentos, unas marionetas, atrapados en el fuego cruzado de intereses entre una Unión Europea que exige a Turquía que frene el flujo de refugiados y un presidente turco, Erdogan, que nos utiliza como arma arrojadiza para lograr sus objetivos –le aclaré con total convicción, mientras observaba el rostro de sorpresa y satisfacción de mi padre. “Los estudios que le he dado a mi hijo lo han redimido de la ignorancia”, debió pensar.

Meses después, tras el paso fugaz por la ciudad de Konya, iniciamos de nuevo un largo viaje de autobús atravesando la zona montañosa de Turquía occidental, que, en el fondo, tanto me recordada a algunos rincones de mi país de origen. La bella ciudad costera de Esmirna nos esperaba.

Conscientes de que, como tantos compatriotas, no deseábamos ser refugiados en una tierra que no era nuestra, mi padre y yo, sin embargo, teníamos un objetivo: Lesbos era el punto intermedio de llegada y de partida para nuestro dorado sueño alemán. Alquilamos una habitación en un destartalado hotel de Esmirna, con las ratas correteando por sus estancias.

La imagen del flujo de refugiados que deambulaba por sus calles contrastaba con la opulencia y lujo de los numerosos hoteles para turistas, ajenos a los dramas personales que tenían a pocos metros de sus abarrotadas playas y terrazas. Era la primera vez que veía el mar, y aunque su contemplación no me provocaba el placer relajante de aquella miríada de turistas, lo cierto es que, durante unas horas, me quedé embelesado por la quietud y el azul intenso de las aguas, sin ser ajeno a que, en los últimos años, ese mismo mar se había constituido en un cementerio para tantas y tantas personas que, como nosotros, deseaban alcanzar el solar europeo.

- ¿Cómo vamos a llegar a esa isla, papá? –le inquirí, sabedor, sin embargo, de que mis dudas eran también sus dudas- El dinero que pudimos rescatar de Alepo se nos está acabando.  

-Hay que encontrar un traficante. Según me han dicho, encontrar a uno en Esmirna es fácil, hay miles –me aclaró mi padre.

En el verano de 2017, tras pagar 1.200 euros a un improvisado ‘capitán’ que no dominaba la navegación, viajábamos, hacinadas, no menos de cincuenta personas en una lancha neumática. Nos perdimos y fuimos rescatados por un guardacostas griego que nos trasladó a Lesbos. Nos ubicaron, tras minuciosos registros, en el campo de Moria, preparado para acoger a tres mil personas. Pero   llegamos a estar doce mil. Las duras condiciones de vida allí nos hicieron añorar, por parte de la población griega, la solidaridad que habíamos dejado atrás en Turquía. Aunque ciertamente no nos faltó el calor de varias oenegés que nos brindaban su abnegada ayuda.

            9 de septiembre de 2020. Mi sueño, una vez más, fue interrumpido por gritos de horror y el olor del fuego que crepitaba con violencia sobre lo que había sido nuestro campamento. Aquella mañana, en Moria, sabíamos que todo había acabado: por nuestra propia supervivencia, habríamos de intensificar nuestros esfuerzos por cruzar los Balcanes y alcanzar Alemania.

 

Hazem, Tarik y Sana son personajes ficticios. Pero sus peripecias reflejan situaciones reales. La guerra de Siria y otros conflictos regionales han provocado un enorme flujo de refugiados. Turquía acoge a cuatro millones de ellos. Y Grecia, bastantes miles. Hoy, las islas griegas son una trampa que los atrapa, a la espera de que se produzca el milagro de poner pie en tierras de Alemania o Suecia.

UNA TRANSICIÓN NO TAN MODÉLICA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/09/08/transicion-modelica/1143305.html

Del resultado del pulso dialéctico que se está librando en estos momentos dependerá que el franquismo pase a ser, o no, un residuo del pasado

Diego Jiménez García 07.09.2020 | 20:26

Una transición no tan modélica

Invitado por una amiga monja seglar que ejercía su labor en Cartagena, a finales de julio de 1978 pasé unos días en Burlada (Navarra), en casa de su hermana y cuñado. La cálida acogida de esa familia navarra contrastaba con el gélido ambiente y la tensión que aún se palpaban en la calle. Las reivindicaciones políticas bullían (fui invitado a un acto pro amnistía y por la incorporación de Nafarroa a Euskadi en un frontón de la localidad) en una ciudad en la que, al decir de un hijo menor de mi familia de acogida, «cuando llegaban los grises había que bajar las persianas y cerrar las ventanas». Me impresionó, por tanto, que un crío que apenas tenía diez años tuviera ya esa percepción de la represión que, en esos primeros años de la Transición, aún se ensañaba con las reivindicaciones populares.

Como es sabido, tan sólo unos días antes, los Sanfermines habían quedado suspendidos. El día 8 de julio, la plaza de toros de la capital navarra, escenario, en medio del festejo taurino de una improvisada reivindicación pro amnistía, había sido invadida por fuerzas antidisturbios, cuya actuación llevó a la indignación popular extendida a varios puntos de la ciudad. La muerte trágica del joven Germán Rodríguez, alcanzado por un disparo en la frente, tuvo como única repercusión política la dimisión del gobernador civil, Ignacio Llano. Al frente del ministerio del Interior se encontraba Rodolfo Martín Villa.

Dos años antes, en marzo de 1976, efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada irrumpieron en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, en donde se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. El resultado: cinco obreros muertos y más de 150 heridos. Los hechos no fueron investigados ni enjuiciados. Martín Villa era, en esos momentos, ministro de Relaciones Sindicales.

Por esos y otros hechos (las muertes de Rafael Gómez Jáuregui, en Rentería; Javier Núñez, en Bilbao; J. María Zabala en Hondarribia; José María Menchaca, en Santurce; Arturo Ruiz, en Madrid, y otras) la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ha venido exigiendo que se depuren las responsabilidades del exministro franquista, acusado de hasta doce asesinatos en la Transición, en una causa que instruye la jueza argentina María Servini.

La declaración del exministro, realizada por vía telemática desde la sede del consulado argentino el pasado jueves, vino precedida, como es sabido, por las vergonzosas cartas de apoyo de cuatro expresidentes del Gobierno, cuatro exlíderes sindicales y otras personas, hecho que ha recibido fuertes críticas por considerar que esas misivas suponen una clara injerencia en la labor judicial de la magistrada argentina. Para los abogados de la Querella argentina, esas cartas de apoyo demuestran que el exministro franquista sigue teniendo contactos con el poder y ha querido usarlos contra la Justicia.

Esther López Barceló, responsable federal de Memoria Democrática de IU, piensa que estos apoyos plasman gráficamente las innumerables acciones políticas, judiciales y sociales que se han sucedido en las últimas cuatro décadas para sustentar la anomalía democrática de la impunidad franquista. Especialmente insultante, para las víctimas y sus familiares, es la misiva del expresidente Felipe González, que llama a la Justicia a actuar y 'depurar responsabilidades' (sic) por la mala fe de las víctimas de la Dictadura y sus allegados por presentar las denuncias que derivaron en la Querella argentina.

Por su parte, CeAQUA considera que esas cartas remitidas a María Servini constituyen un intento 'burdo y grotesco' de ejercer presión política, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal. En opinión de este colectivo, todas las personas que han expresado su apoyo a Martín Villa «implementaron, consolidaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español, que impedía la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición», recordando que dicha actitud pasiva ha sido duramente censurada por instancias internacionales. Los hechos por los que está imputado Martín Villa y a los que él califica como 'actuaciones desgraciadas' o simples 'errores' están debidamente acreditados en la causa penal, y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, que no político, en el que la jueza Servini deberá determinar si se le procesa o no.

En opinión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, mientras Franco se debatía artificialmente entre la vida y la muerte, altos funcionarios estatales negociaban con líderes de la oposición, a la vez que exhibían con gran dureza el conocido eslogan «la calle es mía». Según esta asociación, hoy los 'apóstoles' de la Transición «defienden a capa y espada el papel de este espadón del franquismo [Martín Villa], que cumplió fielmente con la labor que el régimen le había asignado».

Martín Villa, como era de suponer, negó en su comparecencia toda responsabilidad en esas muertes. Y aunque algún abogado de la acusación popular niega el carácter político del proceso que se ha abierto (la jueza Servini tiene hasta diez días de plazo para encausar a Martín Villa o cerrar el caso), es indudable que este procedimiento no puede desligarse de una cierta dimensión política. Y ello porque los sucesivos Gobiernos y la judicatura española, amparados en el paraguas de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, han impedido la extradición a Argentina del exministro y de otros 18 altos cargos franquistas acusados, incumpliendo, como henos dicho arriba, las obligaciones y tratados internacionales suscritos por España, entre ellos los sucesivos requerimientos de la ONU, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa para que se juzguen en nuestro país los delitos de lesa humanidad.

Paradójicamente, este proceso, paradigma de una Transición no tan modélica como se ha venido 'vendiendo', se desarrolla mientras en nuestro país tienen lugar dos fenómenos que se repelen: las ansias de renovación y modernización por parte de amplios sectores populares de la izquierda, que tienen puestas sus miras en los éxitos del Gobierno de coalición; y, por otro lado, una derecha y ultraderecha que vienen volcando sus esfuerzos hacia la consolidación de una reacción con tintes decimonónicos. En medio, se sitúan esos apóstoles de la Transición, de los que no está libre un sector del PSOE, que sienten auténtico vértigo de los cambios y de una casi inevitable deriva prorrepublicana del país. Del resultado del pulso dialéctico que se está librando en estos momentos dependerá que el franquismo pase a ser, o no, un residuo del pasado.

MARÍA ESPERANZA MORENO, CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE MURCIA, DESPRECIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/07/15/maria-esperanza-moreno-irrita-comunidad/1129290.html

Hay una clara política de desprecio a la enseñanza pública, transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada concertada

Es ocioso afirmar que la actual pandemia del coronavirus ha afectado a dos pilares fundamentales del estado del bienestar, la Sanidad y la Educación. Las repercusiones de la pandemia han tenido, como es fácil suponer, un mayor impacto entre las personas más vulnerables, por lo que parece claro que, además de en Sanidad, una mayor inversión en Educación, sector sometido a brutales recortes en las etapas de gobierno de la derecha, contribuiría a paliar las desigualdades sociales de origen. Pero no han ido por ahí las actuaciones de los gobiernos anteriores a esta crisis.

Sólo unos datos. El gasto educativo estatal de 2019 ascendió a 52.215,8 millones de euros, cantidad que, aunque no llega a igualar la del ejercicio de 2009, se sitúa por encima de lo presupuestado por los gobiernos del PP entre los años 2011 y 2015, en que no se llegó a los 48.000 millones de euros (Datos y cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional, MEFP).

Si nos atenemos a la Región de Murcia, con 25 años ininterrumpidos de Gobiernos del PP, este partido ha seguido la estela de su homónimo de Madrid, con una clara política de desprecio a la enseñanza pública, transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada concertada. La red de centros públicos en la Región ha pasado de representar el 70,5%, en el curso 2017-2018, a constituir el 67,1% en el curso 2018-2019, mientras que los centros concertados y privados han aumentado, porcentualmente, un 1,1% y un 2%, respectivamente, en ese periodo. (Datos y cifras del MEFP).

Esa política se traduce en las consignaciones presupuestarias: mientras que el gasto público total en Educación ha disminuido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) un 9,93% entre los años 2009 y 2016 (Anuario estadístico del INE 2019), los fondos destinados a subvenciones y conciertos educativos se han incrementado ¡un 22,36%! en esos años, pasando de 176,2 millones de euros en 2009 a los 215,6 en 2016.

En ese contexto de recortes y maltrato a la enseñanza pública por parte de los gobiernos de la derecha, la irrupción de la pandemia de la Covid 19 parecía el momento oportuno para que la consejera de Educación de la CARM, María Esperanza Moreno, revirtiera esa tendencia, máxime cuando desde el Gobierno central se anuncia la transferencia de 2.000 millones de euros a las Comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de esta crisis sanitaria en los centros docentes. Pero no ha sido así.

Hace unos días, se dio a conocer la guía del inicio de curso 2019-2020, elaborada por una comisión mixta de las consejerías de Educación y Cultura y Sanidad de la CARM, diseñada sin negociación previa con la comunidad educativa. En síntesis, la guía hace descargar sobre el profesorado y equipos directivos de los centros la responsabilidad del agrupamiento del alumnado (no se prevé, al contrario de lo acordado en otros territorios del Estado, disminuir las ratios), las distintas modalidades de la enseñanza presencial, el acceso al centro de las y los escolares, la adopción de medidas de higiene, entre las que se incluye la limpieza del mobiliario y material escolar, etc.

Pero ese documento pasa por alto algo tan importante como el aumento de recursos en una situación excepcional de pandemia, obviando, por supuesto, reivindicaciones largamente expuestas por la comunidad educativa como el incremento de plantillas, el refuerzo de la acción tutorial y planes específicos para atajar la preocupante tasa de absentismo y abandono escolar.

Las medidas contenidas en esta guía, que parecen diseñadas para que la comunidad educativa 'se las arregle como pueda', han conducido, en el momento de redactar estas líneas, a la dimisión del director del IES Beniaján y a la publicación de un escrito de protesta, firmado por cincuenta componentes del claustro del IES Los Albares de Cieza. En los próximos días, está prevista una reunión de la comisión de directores con los responsables de Educación, cuyo resultado efectivo está por ver.

Redacto esta columna cuando, por la consejería de Educación, se anuncia para septiembre la contratación de 500 profesores/as, claramente insuficientes para cubrir los 631 centros docentes de la Región, y que, al parecer, en una clara muestra de desconsideración hacia su labor, no van a tener funciones docentes: se habla de que su cometido será ordenar la entrada del alumnado a las aulas, conectar con las familias y encargarse de la dotación y uso del material higiénico-sanitario en los centros.

Distintos colectivos han venido alzando la voz ante este desbarajuste y grave irresponsabilidad de quienes debieran gestionar con otros criterios de interés y utilidad social algo tan importante como la Educación. Así, la Asociación Futuro de la Educación en la Región de Murcia (AFEReM) exige «un protocolo de actuación pormenorizado», y, además, que «se hagan públicas las medidas y recursos económicos, los incrementos de personal y materiales que faciliten la escolarización del alumnado, profesorado, ratios, espacios, horarios, personal sanitario, problemas derivados de la brecha digital, medidas higiénico-sanitarias, comedores escolares, etc».

AFEReM advierte, además, de la necesidad de mayor espacio físico, exigido al reducir las ratios (esta reducción de ratios no la contempla la consejera), y reivindica un incremento imprescindible de profesorado. Recuerda, además, que «procede adoptar las medidas que impidan que la brecha digital sea un factor de desigualdad».

Por su parte, El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM-La Intersindical, afirma que las medidas propuestas por la consejera de Educación para el próximo curso 2020-2021 son a coste cero, se encuentran alejadas de la realidad de los centros y dejan toda la responsabilidad sobre el profesorado. El sindicato cree que «en un contexto tan extraordinario como el que vivimos, hay que adoptar medidas que permitan afrontar con garantías esas nuevas realidades». Para ello plantea un paquete de 25 medidas que garanticen que ningún estudiante se queda atrás. Destacamos las siguientes:

Diálogo social y negociación de los aspectos de esta situación de excepcionalidad; refuerzo presupuestario para los centros y asunción por la Administración de los costes derivados de la Covid 19; medidas sanitarias suficientes para prevenir contagios; adecuación de espacios y flexibilización horaria; refuerzo del personal de apoyo no docente (conserjes, ATEs, servicios de limpieza, etc.); reducción de ratios y refuerzo de la acción tutorial; eliminación de la brecha digital y social, con acceso gratuito a Internet para cualquier estudiante; revisión y refuerzo de los servicios de comedor y transporte; planes para prevenir el absentismo y abandono escolar, etc.

El PP ha venido exhibiendo un cierto desprecio por la enseñanza pública. Estas medidas, improvisadas y no negociadas, han irritado, con razón, a la comunidad educativa.

La Cárcel Vieja, espacio de la Memoria

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/30/carcel-vieja-espacio-memoria/1125124.html

"En la recordada por algunos presos como la 'semana trágica', del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones. 

Permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria"

Con cierto retraso, han dado comienzo las obras de la primera fase de rehabilitación de la antigua prisión provincial de Murcia, conocida como 'Cárcel Vieja', siguiendo las directrices del proyecto ganador del concurso de anteproyectos convocado en su día por el ayuntamiento de Murcia, 'Muros Etéreos', que, con los otros dos proyectos finalistas, quedó expuesto en octubre de 2017 en la sede del Colegio de Arquitectos de la capital.

Con tal motivo, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) inauguró el pasado jueves su canal de YouTube con una tertulia, con el título que encabeza este artículo, en la que participaron miembros de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU), para dar a conocer la historia de ese centro penitenciario y las actuaciones reivindicativas que el mundo memorialista ha venido manteniendo para que se consolide ese espacio para el recuerdo. En la tertulia, moderada por María Jesús García, expresidenta de MHMU, intervinieron, como portavoces de esa asociación, un servidor, Rufino Garrido y Pepe Sánchez, que, además, es presidente del Ateneo Republicano de Murcia.

Mi breve exposición inicial, que resumía un trabajo de investigación del profesor murciano de la Universidad de Valencia Francisco J. Medina Albaladejo, publicado en Anales de la UMU en 2009, rastreó los orígenes de ese centro penitenciario y los sucesivos cambios habidos en el régimen de propiedad. La cárcel fue proyectada en 1922, construida en 1927 e inaugurada el 26 de mayo de 1929, para sustituir, en funciones penitenciarias, a la prisión ubicada en la calle Vara del Rey de la capital. La Diputación Provincial adquirió unos terrenos al norte de la ciudad, pertenecientes a la marquesa de Salinas, con la idea de aprovechar como recinto penitenciario una torre allí existente. Pero las disponibilidades presupuestarias de la Diputación eran escasas.





Pronto, no obstante, las prisiones fueron transferidas de las diputaciones provinciales al ministerio de Gracia y Justicia, que fue el que inició las obras. La cárcel, concebida para la rehabilitación moral de los presos, según las directrices paternalistas de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, tenía una capacidad para cuatrocientos reclusos, aunque, en los momentos álgidos de la represión franquista llegó a albergar a 3.000 personas, con un hacinamiento insoportable pese a que, en ese periodo histórico, los conventos de Las Isabelas y Las Agustinas de la capital murciana también funcionaron como prisiones.

La Cárcel Vieja, que cerró definitivamente en 1981, tuvo distintos propietarios a lo largo de su historia: ministerio de Justicia, ministerio de Cultura, ministerio de Hacienda y, finalmente, ayuntamiento de Murcia, y fueron variadas, a partir de ahí, las propuestas de uso del edificio.

En mayo de 1998 el ministerio de Hacienda pretendía ubicar allí la sede de la Agencia Tributaria, con la oposición, entre otros, del arquitecto Félix Santiuste de Pablos, que pedía la declaración de BIC para el edificio. En junio de 2000 el Ayuntamiento incluyó la prisión en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU, con el grado de protección 2.

Finalmente, en septiembre de 2013 se produjo la cesión por el ministerio de Hacienda al ayuntamiento de Murcia, que, a su vez, cedió a ese ministerio 8.000 metros cuadrados de parcelas situadas entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón para instalar allí la sede de la Agencia Tributaria.

Por su parte, Rufino Garrido, que empezó recordando que, con la entrada de la IV División Navarra en la provincia arreciaron las detenciones y fusilamientos, lo que llevó a colapsar los centros penitenciarios existentes, dio a conocer el trabajo que, junto a su compañera Juana Marín, ha venido desarrollando, con la revisión de más de 12.000 expedientes depositados en el Archivo General de la Región de Murcia en los que constan la situación penal de los presos.

En concreto han localizado 550 expedientes de personas condenadas a muerte, de las cuales fueron ejecutadas 525 sentencias. Fusilamientos que tuvieron lugar en el mismo penal, junto a las tapias del cementerio de Espinardo, y en las proximidades, en el polígono de tiro. De entre esas personas condenadas a muerte figuran 17 mujeres, de las cuales fueron fusiladas 15; una de ellas, Blasa Herrero Guardiola, se salvó del pelotón de fusilamiento por su mal estado de salud.

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Rufino recordó, además, que están registradas 48 muertes dentro de la prisión provincial por enfermedad (tuberculosis) y hambre. Situación dramática a la que se sumaba un trato degradante hacia los presos y el hacinamiento en que vivían, como testimoniaron, antes de morir, don José Fuentes Yepes y don José Castaño Sandoval.

Constan los nombres de 21 funcionarios fusilados, entre ellos los alcaldes republicanos de Murcia, San Javier, Alhama de Murcia, Molina de Segura, Abarán, Calasparra, Pliego, Abanilla, Los Alcázares, Yecla y Mula. Y ello pese a que los alcaldes de Abarán, Calasparra, Mula y Murcia salvaron las imágenes de culto de sus respectivas localidades.

Especial mención merece la muchas veces recordada por algunos presos como la 'semana trágica': del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas en esa semana. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones.

Estas experiencias dramáticas dentro de los muros de la prisión es lo que llevó a Pepe Sánchez, la última persona en intervenir en el coloquio, a señalar la indignación ciudadana y de la propia MHMU por la banalización que el alcalde pretendía hacer con la rehabilitación de la prisión, al idear la instalación de un gastrobar, idea que, al final, fue descartada.

Pepe señaló las distintas acciones reivindicativas que la asociación ha venido manteniendo, destacando la mesa redonda del 3 de noviembre de 2016, en el edificio Moneo, con la presencia de María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, ubicado en la antigua prisión, hoy rehabilitada, de Oviedo; el arquitecto Enrique de Andrés; y los historiadores Antonio Martínez Ovejero y Fuensanta Escudero, actividad a la que asistió el entonces concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, a a quien le pareció muy buena idea lo expuesto por María Concepción Paredes.

Pepe Sánchez recalcó en su exposición que, desde MHMU, permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria, pues es preciso que se respete la dignidad de quienes allí penaron. Reivindicó ese espacio con un contenido pedagógico, destinado a los centros escolares, para lo que es imprescindible la colaboración de la Universidad de Murcia, colaboración que MHMU viene manteniendo, concretamente con la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea.

En síntesis, una tertulia muy didáctica y que las personas interesadas pueden ver en el canal de YouTube citado, escribiendo en el buscador: «Tertulia La Cárcel Vieja Espacio de Memoria».

DEGRADACIÓN DEL CAMPO Y TRABAJO ESCLAVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/16/degradacion-campo-trabajo-esclavo/1121638.html#EnlaceComentarios

Han pasado los años, pero aún conservo frescos en la retina y en mi memoria olfativa los paisajes, colores y olores del Campo de Cartagena de mi infancia, anterior a la llegada de las aguas del Trasvase. El campesinado se afanaba en arrancar de unos terrenos salitrosos, con su incansable esfuerzo, cosechas de algodón, tomates, melones, pimientos de bola, sandías…

Paisaje adornado por el giro de las aspas de los molinos de viento, con su velamen blanco, moviendo los cangilones de la noria que extraían el agua del pozo para llenar las balsas de riego. Aquellos pozos del acuífero, muy superficial entonces, pero con un agua escasa a la espera de la larga y demandada llegada de las aguas foráneas, contribuían a mantener el apego del campesino a la tierra,
con unos cultivos que, hoy, he llegado a comprender que eran sostenibles medioambientalmente.

Evoco también aquellas salidas con mi familia al Mar Menor, esa laguna litoral única en el Mediterráneo. Tiempos difíciles en los que la economía familiar sólo permitía alguna que otra escapada para que nos diéramos un baño, a la espera de la tortilla de patatas y el conejo frito con tomate y pimiento para la comida del mediodía, que mi madre custodiaba en la fiambrera. En aquella
playa de Los Nietos aún nos era dado en aquellos tiempos disfrutar de aguas limpias en las que, a veces, detectábamos la presencia de ese simpático caballito de mar, hoy ausente.

Han pasado los años y aquel paisaje campesino y ese Mar Menor de mi
infancia han fenecido. La presión demográfica sobre las riberas de la albufera
litoral, la actividad agrícola incontrolada, la apertura de la gola del Estacio y los
desechos de metales pesados de la minería aportados por la rambla del Llano
del Beal la han llevado a su lenta agonía y, de paso, han degradado y
desnaturalizado el paisaje del Campo de Cartagena. Por eso, en la medida en
que aún resuenan en nuestros oídos los ecos de la protesta vecinal de hace unos
días por la muerte, tantas veces anunciada, de esos espacios otrora tan bien
conservados es bueno detenerse en señalar responsables.

No podemos obviar la responsabilidad directa de quienes durante 25
años han estado al frente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia
(CARM), que, sin duda alguna, se dejan llevar por la presión del lobby
empresarial agroexportador, que ha hecho del Campo de Cartagena uno de sus
territorios donde hacer buen negocio.

Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología de la UMU y miembro de
Ecologistas en Acción (EeA), denunciaba a este respecto que “sectores
influyentes de la sociedad murciana y especialmente sus poderes públicos
alientan desde hace tres décadas la expansión ilimitada de la actividad agraria
industrial en el Campo de Cartagena […] perturbando los ciclos locales de

nitrógeno y fósforo, contaminado los acuíferos más superficiales y generando un
proceso de eutrofización de la albufera del Mar Menor”.

Y según EeA, cuando en la Región de Murcia la falta de aplicación de la
normativa europea, por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia, en
materia de contaminación por nitratos de origen agrícola ha sido reconocida en
múltiples documentos como la causa de la degradación ambiental del Mar
Menor, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, haciendo suyas
las declaraciones de ciertos sindicatos agrícolas y grandes productores agrarios,
no tiene empacho alguno en afirmar que “el lobby ecologista ha ganado el pulso
al sector agrícola y ganadero”. Y mientras que la Unión Europea decide
aumentar las áreas naturales protegidas terrestres y marinas hasta un 30% de la
superficie, el Gobierno de la CARM modificó, hace unos días, la Ley Regional de
Medio Ambiente para permitir incrementos de un 30% de emisiones
contaminantes, sin nueva Evaluación de Impacto Medioambiental, según nos
recuerda EaA.

Muerte lenta de nuestra albufera. Degradación de nuestro paisaje agrario
litoral. Y unas víctimas invisibles: los jornaleros agrícolas del Campo de
Cartagena, que, las más de las veces, caen en las redes, hasta ahora también
invisibles, de mafias que omiten los más elementales derechos laborales y
humanos que asisten a quienes, con su sudor, extraen el producto de la tierra.
Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de una operación llevada a
cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental
(UCRIF) de la Policía Nacional que concluyó con la detención de 19 personas en
Murcia, entre ellos los responsables y encargados de un entramado criminal
presuntamente autores de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Yolanda Díaz, ministra de trabajo, ha sido la encargada de introducir
estas inspecciones en el campo. Y la reacción de los sectores empresariales no se
ha hecho esperar. Félix Barián, presidente de ASAJA, vino a afirmar que como
no se retiren las inspecciones “no vamos a ser pacíficos”, en clara amenaza a la
ministra por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario
sobre condiciones laborales.

Estas inspecciones, en tiempos atrás, han venido siendo inexistentes o
muy permisivas con la situación de explotación laboral en el campo. Mi amigo
marroquí que vive ya veinte años entre nosotros y conoce el Campo de
Cartagena como la palma de su mano, me dice que, en efecto, la laxitud de la
Inspección de Trabajo ha venido siendo la norma y la causa principal de lo que
sucede. Me aclara que los inspectores no han ido a visitar casi nunca
directamente a los trabajadores y que el empresario estaba avisado, casi
siempre, de esas visitas.

Muchas empresas contratan a través de una Empresa de Trabajo
Temporal, que impone unas condiciones leoninas: ausencia de contratos para
gente ‘sin papeles’; trabajos a destajo, mal pagados, superando las ocho horas
estipuladas en el convenio con ingresos diarios del trabajador que no superan,

en muchos casos, los 25 euros. Se lamenta de que la Inspección no disponga de
una sede, cerca de las explotaciones agrarias, donde tramitar las quejas.
Respecto de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que ocupan
los jornaleros, aunque éstas no son las muy lamentables de Huelva, es cierto que
los inmigrantes del Campo de Cartagena ocupan, a veces hacinados, viviendas
en mal estado de herederos que renuncian a las mismas o directamente casas
desocupadas antiguas.

Cuando legítimamente estos días se exigen soluciones para el espacio
físico del Mar Menor y el Campo de Cartagena, no podemos obviar, pues, el
drama humano de quienes sufren para seguir contribuyendo, con su sudor, a
que el sector agrario y ganadero aporte un 6% del PIB regional.

COMO EN EL 36, PERO SIN MOLA NI FRANCO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/02/36-mola-franco/1118270.html

Durante la II República, la asimilación del Frente Popular por parte de los portavoces de las derechas como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición

España no es esto. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas; diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario; y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidas de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde os lleva a todos el Frente Popular».

Quien así se expresaba en la tribuna de oradores de las Cortes republicanas el día 16 de junio de 1936 era José Calvo Sotelo, jefe del monárquico Bloque Nacional. Él y José María Gil Robles (CEDA) no ocultaban sus simpatías por el fascismo, por lo que, junto con Falange y la ayuda financiera de las élites empresariales del país, alentaban el levantamiento del Ejército contra la II República. ¿Les suena? Eliminemos las alusiones a los apóstoles del comunismo libertario, hoy inexistente, y encontraremos muchas similitudes con la situación política actual.

Esas acciones desestabilizadoras de las derechas tenían lugar, como hoy, en un contexto de anormalidad constitucional, pues el estado de alarma declarado por Portela Valladares el 17 de febrero de 1936 fue prorrogado, mes a mes, por los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga y fue una constante hasta la tardía proclamación del estado de guerra por Negrín el 23 de enero de 1939.
La Historia no es cíclica, pero los argumentos esgrimidos entonces por las derechas volvemos a oírlos hoy, 84 años después. Durante la II República, la asimilación del Frente Popular, por parte de los portavoces de las derechas, como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición.

En la primavera de 1936, los hechos que llevaron al golpe mortal contra la República eran la crisis del orden público, los mensajes apocalípticos de los líderes políticos, los rumores insensatos y la divulgación de documentos provocadores. Hoy, como entonces, PP y Vox alientan la crispación, las subidas de tono y el enfrentamiento abierto contra el Gobierno, de lo que son muestras las recientes invectivas de Cayetana Álvarez de Toledo contra el padre de Pablo Iglesias y el alegato de Teodoro García Egea para la sublevación de la Guardia Civil.

Ejemplos hay (Chile, 1973) de que, tradicionalmente, las derechas han asumido los resultados electorales cuando éstos les son favorables y muestran su fachada más virulenta e incluso su 'comprensión' a las asonadas militares cuando la izquierda accede al Gobierno y legisla en contra de sus intereses.

Redacto estas líneas cuando el Gobierno 'comunista' acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital que va a beneficiar a 850.000 familias y a casi 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Una medida necesaria para mitigar los efectos de una pandemia cuyas consecuencias reales están aún por ver. Pero esta actuación molesta a las derechas, muy refractarias a los éxitos del Gobierno, como el indudable freno a la expansión del coronavirus, la presión ante Bruselas para elevar la cuantía de los fondos solidarios anticrisis y otras medidas sociales. Porque, poseedoras de un sentimiento patrimonialista del Estado, sienten aversión y repugnancia ante la defensa que la izquierda esgrime de los sectores populares.

La derecha extrema (PP) y la extrema derecha (Vox) han tomado una peligrosa deriva. Miserables y mezquinos, hubieran deseado la expansión sin freno del coronavirus para rentabilizar políticamente la situación. La alusión de Pablo Casado a que «no podemos volver a parar la economía, pues España debe aprender a convivir con el virus» y la judicialización de la pandemia por parte de Abascal van en esa dirección.

La judicialización de la política es un instrumento especialmente vomitivo 'inventado' por los norteamericanos a principios del siglo XXI con la denominación de 'lawfare' (guerra jurídica). Sabedoras de que pierden en las urnas y en la calle (las manifestaciones con coches hace unos días en varios puntos de España registraron una asistencia ridícula), las derechas están imponiendo ese recurso en España para derribar al Gobierno, porque en nuestro país gozan de especial salud las cloacas del Estado y sirven perfectamente a los intereses de quienes quieren subvertir el orden constitucional.

Vox ha interpuesto numerosas querellas, denuncias y recursos ante los tribunales contra el Gobierno, por su gestión de la crisis sanitaria. La última, contra la directora de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, al hilo de la crisis desatada en Interior, con la clara intención de forzar la caída de Grande Marlaska.

Con el precedente del Informe PISA contra Pablo Iglesias, hace unos días, como es sabido, se destapó el conocido informe plagado de bulos, irregularidades y noticias distorsionadas, elaborado por la Guardia Civil de Madrid y dirigido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez Medel, contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Manuel Franco, por permitir la celebración de las manifestaciones del 8M, a las que PP y Vox achacan la expansión del coronavirus.

La especial aversión que han venido mostrando las derechas hacia el feminismo y la igualdad real de la mujer se ha materializado en esta denuncia, que es un claro ataque a sus derechos conquistados y viene a mostrarnos la cara más vil y la bajeza moral de aquéllas.

Y todo ello en un contexto de la complicidad de una parte del sistema judicial con estas prácticas. El pasado 23 de abril, algo insólito, el Consejo General del Poder Judicial arremetía contra el vicepresidente Iglesias por afirmar éste, en relación con un fallo del TSJ de Madrid, que en España mucha gente percibe que corruptos muy poderosos quedan impunes mientras se condena a quienes protestan por un desahucio.
Es preciso que se produzca una renovación profunda de la cúpula judicial y policial heredada del franquismo y la Transición, pues es obvio que, en estos momentos, las derechas y un sector de la judicatura y de las Fuerzas de Seguridad del Estado parecen estar en sintonía para cuestionar la legitimidad del Gobierno de izquierdas, debilitarlo y propiciar su caída.

Hoy nos aproximamos peligrosamente a la situación del 36, pero sin Mola ni Franco. Porque, quizás, pese a las advertencias de Pablo Iglesias, no hay condiciones para un golpe de Estado cruento (Europa no lo permitiría), pero sí un severo riesgo de involución democrática. Hemos de reaccionar.

CATEDRAL RESTAURADA SIN SIMBOLOGÍA FASCISTA

Cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide dinero público, es el momento de proceder al borrado de la inscripción fascista

Uno de los reclamos turísticos de más peso de nuestra Región, la iglesia-catedral de Murcia, monumento del siglo XV, está gravemente afectado por el paso del tiempo. Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de que, una vez más, una zona de la plaza de la catedral fue acordonada tras caer unos cascotes de su fachada. La situación no es nueva: los casi trescientos años de antigüedad de la piedra del bello imafronte barroco de Jaime Bort, los excrementos de las palomas sobre sus estatuas, las distintas amplitudes térmicas y la humedad que soporta la roca y, por qué no decirlo, el haber convertido la Plaza del Cardenal Belluga en lugar de celebraciones varias en las que, en ocasiones, no falta la música con altos decibelios atentan, además de la propia antigüedad de la roca, contra la salud de la misma

Tirando de hemeroteca, comprobamos que la situación no es nueva. Tras el luctuoso suceso de abril de 1995, en el que un músico callejero murió, tras varios días hospitalizado, al caerle encima un fragmento de la fachada, varios hechos similares han venido sucediéndose. Por ejemplo, en fechas más recientes, en agosto de 2018, lo que movió en noviembre de ese año a la dirección general de Bienes Culturales, dependiente de la consejería de Cultura, a iniciar un expediente de emergencia para reparaciones urgentes en la fachada, pero sin solución definitiva, hasta el punto de que en marzo de 2019 la asociación Huermur exigía, en nota de prensa, una revisión exhaustiva y pormenorizada de todas y cada una de las fachadas de la catedral.

La inseguridad del templo catedralicio sigue ahí, pese a que la legislación regional exige de los responsables del mantenimiento del templo actuaciones claras para evitarla. La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia es contundente a ese respecto. El artículo 6 de ese texto legal obliga por igual a las entidades locales (en este caso al ayuntamiento de Murcia) y a la propietaria del templo, la Iglesia católica. En relación a la restauración, el artículo 9 nos recuerda que la dirección general de Bienes Culturales es competente en la materia, aclarando que «la Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural [€] la adopción de medidas de restauración, rehabilitación [€]» y, si el requerimiento no es atendido, la dirección general competente podrá ejercerlas subsidiariamente.

El artículo 35.4 aclara, además, de que «en el caso de inminente peligro para la seguridad de las personas [situación que hoy es evidente], el titular del bien inmueble [en este caso, la Iglesia católica], y en su defecto el Ayuntamiento correspondiente, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar daños».

Pero si hay algo, además del peligro inminente que presentan las distintas fachadas, que afea y denigra a este monumento nacional, declarado como tal en junio de 1931 por la II República y hoy catalogado como BIC, es la inscripción falangista existente en la fachada que da a la Plaza de la Cruz. Con la leyenda «José Antonio Primo de Rivera. Presente», dicha inscripción supone un atentado a los valores de paz y de concordia que teóricamente debe predicar la Iglesia católica, amén de que el mantenimiento de la misma es contrario a los principios básicos de un Estado democrático.



Esa leyenda sigue ahí, recordándonos aciagos tiempos de odio e intolerancia, alentados por un individuo, José Antonio Primo de Rivera, cuyo único mérito consistió en propugnar el enfrentamiento violento entre las españolas y españoles, ya que, en el Manifiesto fundacional de Falange, en el madrileño Teatro de la Comedia, llamaba claramente a ese enfrentamiento con su 'dialéctica de los puños y las pistolas', hecho corroborado en su clara adhesión al golpe de Estado militar contra la República.

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/05/19/catedral-restaurada-simbologia-fascista/1114822.html#EnlaceComentarios

El movimiento memorialista regional ha venido realizando vanos llamamientos a corregir esa clara anomalía democrática. Reivindicaciones que vienen de atrás. Ya en 2008, la asociación Amigos de los Caídos por la Libertad contactó con el Obispado para demandar la retirada de esa inscripción fascista, con la difusión de un comunicado en el que matizaba que el objetivo era recuperar el aspecto original de la fachada, tras la restauración del templo.

La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) cursó en 2017 una petición al Obispado en el mismo sentido, así como, meses después, la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU). Dichas exigencias se fundamentaban en lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. En ese artículo se establece que las Administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para retirar los objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

MHMU visitó, además, sin resultado alguno, al deán de la catedral, Juan Tudela, al que pidió que tanto el cabildo catedralicio como el Obispado, en cumplimiento de la citada ley, procedieran al borrado de dicha inscripción. Tampoco ha obtenido respuesta el escrito dirigido por esa asociación a la dirección general de Bienes Culturales, en solicitud de entrevista.

En esa línea de constante reivindicación del borrado de esa denigrante inscripción falangista, el pasado 23 de noviembre de 2019 tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Cruz, convocada por la federación regional de asociaciones memorialistas, que fue secundada por centenares de personas. En la misma, se exhibía una pancarta con la leyenda «Obispo, quita la inscripción», exigiendo, una vez más, eliminar de la piedra el texto que exalta la figura de quien apoyara, sin fisuras, el golpe de Estado contra el Gobierno legal republicano.

Hoy, cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide la colaboración de Fomento, según recogía hace unos días LA OPINIÓN, si a esas obras se va a destinar dinero público, es el momento de proceder al borrado de una inscripción fascista que, amén de atentar contra la memoria democrática, denigra, como decíamos arriba, el carácter monumental y turístico de un templo que es visitado anualmente por miles de personas de fuera de la Región.

Porque la Iglesia, de una vez por todas, debe ser más receptiva a los nuevos tiempos democráticos y desprenderse de la simbología fascista de sus templos y otros lugares de culto.