Diego Jiménez. Murcia, 25-10-20
El Gobierno acaba de
decretar, excepto en Canarias, el cuarto estado de alarma de la democracia (si
se incluye el de la Comunidad de Madrid) que, si la grave situación actual de
la pandemia persiste, pretende alargar seis meses, hasta el mes de mayo. En
esta ocasión, y a diferencia del decretado el pasado 14 de marzo, la medida no
implica el confinamiento domiciliario y deja en manos de las distintas
autonomías la aplicación de medidas más o menos restrictivas en función de la
incidencia de la pandemia en los distintos territorios. Nos parece que este
estado de alarma es una medida necesaria, pero insuficiente.
(Foto Mario Montes. SER)
Insuficiente porque,
desde que se tuvo conciencia del alcance de esta enfermedad, ni por el Estado
central ni por las autonomías se han implementado medidas homogéneas y adecuadas
para enfrentarla, situación que se ha visto agravada por el enfrentamiento
político entre muchas comunidades autónomas, encabezadas por Madrid, y el
Gobierno.
Insuficiente porque no se
ha efectuado un rastreo masivo de potenciales personas portadoras del virus,
sobre todo en grupos de riesgo por patologías previas, y se han hecho pruebas
limitadas, con un carácter aleatorio.
Insuficiente porque se ha
despreciado el alto nivel de estrés de las plantillas de personal sanitario y
no se han reforzado al nivel que la pandemia exigía, llevando al absurdo de la
extinción precipitada de contratos temporales (como en Madrid), cuando era
evidente que la situación tenía visos de alargarse temporalmente.
Insuficiente porque no se
han reforzado tampoco suficientemente las plantillas de personal docente y no
docente en los centros, ni se han dotado éstos de espacios alternativos para
permitir desdobles y bajadas de ratios.
Insuficiente porque ha quedado demostrada la casi total ausencia de controles y la insuficiencia de material de autoprotección entre el personal jornalero de las faenas agrícolas, lo que, en zonas de alta incidencia de este sector, como en las comarcas del Guadalentín, Campo de Cartagena y el Altiplano, ha motivado el aumento de contagios.
Insuficiente porque,
acosado por el grupo de presión de la hostelería, el Gobierno ha permitido una notable
ocupación del interior de bares y restaurantes, cuando, por el contrario, ha
limitado los contactos sociales incluso en el seno de grupos familiares.
Insuficiente porque no se
han reforzado los servicios de transporte público, con aumento del parque ni de
las frecuencias de trenes y autobuses.
Insuficiente porque ha
habido cierta permisividad en la proliferación del ocio nocturno, con las
lamentables imágenes de botellones en zonas urbanas, lo que ha incrementado el
riesgo del contagio comunitario.
Con este panorama, está
bien apelar a la responsabilidad individual y social para atajar la pandemia,
como vienen haciendo tanto el ministro de Sanidad como el propio presidente del
Gobierno, pero es el Estado, en un país que encabeza las cifras de incidencia
de la covid-19 en Europa, el que, constitucionalmente, está obligado a adoptar
todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la ciudadanía
y para luchar también contra las muertes evitables.
