Hay una clara política de desprecio a la enseñanza pública, transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada concertada
Es ocioso afirmar que la actual pandemia del coronavirus ha afectado a dos pilares fundamentales del estado del bienestar, la Sanidad y la Educación. Las repercusiones de la pandemia han tenido, como es fácil suponer, un mayor impacto entre las personas más vulnerables, por lo que parece claro que, además de en Sanidad, una mayor inversión en Educación, sector sometido a brutales recortes en las etapas de gobierno de la derecha, contribuiría a paliar las desigualdades sociales de origen. Pero no han ido por ahí las actuaciones de los gobiernos anteriores a esta crisis.
Sólo
unos datos. El gasto educativo estatal de 2019 ascendió a 52.215,8
millones de euros, cantidad que, aunque no llega a igualar la del
ejercicio de 2009, se sitúa por encima de lo presupuestado por los
gobiernos del PP entre los años 2011 y 2015, en que no se llegó a los
48.000 millones de euros (Datos y cifras del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, MEFP).
Si
nos atenemos a la Región de Murcia, con 25 años ininterrumpidos de
Gobiernos del PP, este partido ha seguido la estela de su homónimo de
Madrid, con una clara política de desprecio a la enseñanza pública,
transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada
concertada. La red de centros públicos en la Región ha pasado de
representar el 70,5%, en el curso 2017-2018, a constituir el 67,1% en el
curso 2018-2019, mientras que los centros concertados y privados han
aumentado, porcentualmente, un 1,1% y un 2%, respectivamente, en ese
periodo. (Datos y cifras del MEFP).
Esa política se traduce en las consignaciones presupuestarias: mientras que el gasto público total en Educación ha disminuido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) un 9,93% entre los años 2009 y 2016 (Anuario estadístico del INE 2019), los fondos destinados a subvenciones y conciertos educativos se han incrementado ¡un 22,36%! en esos años, pasando de 176,2 millones de euros en 2009 a los 215,6 en 2016.
En ese contexto de recortes y maltrato a la enseñanza pública por parte de los gobiernos de la derecha, la irrupción de la pandemia de la Covid 19 parecía el momento oportuno para que la consejera de Educación de la CARM, María Esperanza Moreno, revirtiera esa tendencia, máxime cuando desde el Gobierno central se anuncia la transferencia de 2.000 millones de euros a las Comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de esta crisis sanitaria en los centros docentes. Pero no ha sido así.
Hace unos días, se dio a conocer la guía del inicio de curso 2019-2020, elaborada por una comisión mixta de las consejerías de Educación y Cultura y Sanidad de la CARM, diseñada sin negociación previa con la comunidad educativa. En síntesis, la guía hace descargar sobre el profesorado y equipos directivos de los centros la responsabilidad del agrupamiento del alumnado (no se prevé, al contrario de lo acordado en otros territorios del Estado, disminuir las ratios), las distintas modalidades de la enseñanza presencial, el acceso al centro de las y los escolares, la adopción de medidas de higiene, entre las que se incluye la limpieza del mobiliario y material escolar, etc.
Pero
ese documento pasa por alto algo tan importante como el aumento de
recursos en una situación excepcional de pandemia, obviando, por
supuesto, reivindicaciones largamente expuestas por la comunidad
educativa como el incremento de plantillas, el refuerzo de la acción
tutorial y planes específicos para atajar la preocupante tasa de
absentismo y abandono escolar.
Las medidas contenidas en esta guía, que parecen diseñadas para que la comunidad educativa 'se las arregle como pueda', han conducido, en el momento de redactar estas líneas, a la dimisión del director del IES Beniaján y a la publicación de un escrito de protesta, firmado por cincuenta componentes del claustro del IES Los Albares de Cieza. En los próximos días, está prevista una reunión de la comisión de directores con los responsables de Educación, cuyo resultado efectivo está por ver.
Redacto esta columna cuando, por la consejería de Educación, se anuncia para septiembre la contratación de 500 profesores/as, claramente insuficientes para cubrir los 631 centros docentes de la Región, y que, al parecer, en una clara muestra de desconsideración hacia su labor, no van a tener funciones docentes: se habla de que su cometido será ordenar la entrada del alumnado a las aulas, conectar con las familias y encargarse de la dotación y uso del material higiénico-sanitario en los centros.
Distintos colectivos han venido alzando la voz ante este desbarajuste y grave irresponsabilidad de quienes debieran gestionar con otros criterios de interés y utilidad social algo tan importante como la Educación. Así, la Asociación Futuro de la Educación en la Región de Murcia (AFEReM) exige «un protocolo de actuación pormenorizado», y, además, que «se hagan públicas las medidas y recursos económicos, los incrementos de personal y materiales que faciliten la escolarización del alumnado, profesorado, ratios, espacios, horarios, personal sanitario, problemas derivados de la brecha digital, medidas higiénico-sanitarias, comedores escolares, etc».
AFEReM advierte, además, de la necesidad de mayor espacio físico, exigido al reducir las ratios (esta reducción de ratios no la contempla la consejera), y reivindica un incremento imprescindible de profesorado. Recuerda, además, que «procede adoptar las medidas que impidan que la brecha digital sea un factor de desigualdad».
Por su parte, El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM-La Intersindical, afirma que las medidas propuestas por la consejera de Educación para el próximo curso 2020-2021 son a coste cero, se encuentran alejadas de la realidad de los centros y dejan toda la responsabilidad sobre el profesorado. El sindicato cree que «en un contexto tan extraordinario como el que vivimos, hay que adoptar medidas que permitan afrontar con garantías esas nuevas realidades». Para ello plantea un paquete de 25 medidas que garanticen que ningún estudiante se queda atrás. Destacamos las siguientes:
Diálogo social y negociación de los aspectos de esta situación de excepcionalidad; refuerzo presupuestario para los centros y asunción por la Administración de los costes derivados de la Covid 19; medidas sanitarias suficientes para prevenir contagios; adecuación de espacios y flexibilización horaria; refuerzo del personal de apoyo no docente (conserjes, ATEs, servicios de limpieza, etc.); reducción de ratios y refuerzo de la acción tutorial; eliminación de la brecha digital y social, con acceso gratuito a Internet para cualquier estudiante; revisión y refuerzo de los servicios de comedor y transporte; planes para prevenir el absentismo y abandono escolar, etc.
El PP ha venido exhibiendo un cierto desprecio por la enseñanza pública. Estas medidas, improvisadas y no negociadas, han irritado, con razón, a la comunidad educativa.
Esa política se traduce en las consignaciones presupuestarias: mientras que el gasto público total en Educación ha disminuido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) un 9,93% entre los años 2009 y 2016 (Anuario estadístico del INE 2019), los fondos destinados a subvenciones y conciertos educativos se han incrementado ¡un 22,36%! en esos años, pasando de 176,2 millones de euros en 2009 a los 215,6 en 2016.
En ese contexto de recortes y maltrato a la enseñanza pública por parte de los gobiernos de la derecha, la irrupción de la pandemia de la Covid 19 parecía el momento oportuno para que la consejera de Educación de la CARM, María Esperanza Moreno, revirtiera esa tendencia, máxime cuando desde el Gobierno central se anuncia la transferencia de 2.000 millones de euros a las Comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de esta crisis sanitaria en los centros docentes. Pero no ha sido así.
Hace unos días, se dio a conocer la guía del inicio de curso 2019-2020, elaborada por una comisión mixta de las consejerías de Educación y Cultura y Sanidad de la CARM, diseñada sin negociación previa con la comunidad educativa. En síntesis, la guía hace descargar sobre el profesorado y equipos directivos de los centros la responsabilidad del agrupamiento del alumnado (no se prevé, al contrario de lo acordado en otros territorios del Estado, disminuir las ratios), las distintas modalidades de la enseñanza presencial, el acceso al centro de las y los escolares, la adopción de medidas de higiene, entre las que se incluye la limpieza del mobiliario y material escolar, etc.
Las medidas contenidas en esta guía, que parecen diseñadas para que la comunidad educativa 'se las arregle como pueda', han conducido, en el momento de redactar estas líneas, a la dimisión del director del IES Beniaján y a la publicación de un escrito de protesta, firmado por cincuenta componentes del claustro del IES Los Albares de Cieza. En los próximos días, está prevista una reunión de la comisión de directores con los responsables de Educación, cuyo resultado efectivo está por ver.
Redacto esta columna cuando, por la consejería de Educación, se anuncia para septiembre la contratación de 500 profesores/as, claramente insuficientes para cubrir los 631 centros docentes de la Región, y que, al parecer, en una clara muestra de desconsideración hacia su labor, no van a tener funciones docentes: se habla de que su cometido será ordenar la entrada del alumnado a las aulas, conectar con las familias y encargarse de la dotación y uso del material higiénico-sanitario en los centros.
Distintos colectivos han venido alzando la voz ante este desbarajuste y grave irresponsabilidad de quienes debieran gestionar con otros criterios de interés y utilidad social algo tan importante como la Educación. Así, la Asociación Futuro de la Educación en la Región de Murcia (AFEReM) exige «un protocolo de actuación pormenorizado», y, además, que «se hagan públicas las medidas y recursos económicos, los incrementos de personal y materiales que faciliten la escolarización del alumnado, profesorado, ratios, espacios, horarios, personal sanitario, problemas derivados de la brecha digital, medidas higiénico-sanitarias, comedores escolares, etc».
AFEReM advierte, además, de la necesidad de mayor espacio físico, exigido al reducir las ratios (esta reducción de ratios no la contempla la consejera), y reivindica un incremento imprescindible de profesorado. Recuerda, además, que «procede adoptar las medidas que impidan que la brecha digital sea un factor de desigualdad».
Por su parte, El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM-La Intersindical, afirma que las medidas propuestas por la consejera de Educación para el próximo curso 2020-2021 son a coste cero, se encuentran alejadas de la realidad de los centros y dejan toda la responsabilidad sobre el profesorado. El sindicato cree que «en un contexto tan extraordinario como el que vivimos, hay que adoptar medidas que permitan afrontar con garantías esas nuevas realidades». Para ello plantea un paquete de 25 medidas que garanticen que ningún estudiante se queda atrás. Destacamos las siguientes:
Diálogo social y negociación de los aspectos de esta situación de excepcionalidad; refuerzo presupuestario para los centros y asunción por la Administración de los costes derivados de la Covid 19; medidas sanitarias suficientes para prevenir contagios; adecuación de espacios y flexibilización horaria; refuerzo del personal de apoyo no docente (conserjes, ATEs, servicios de limpieza, etc.); reducción de ratios y refuerzo de la acción tutorial; eliminación de la brecha digital y social, con acceso gratuito a Internet para cualquier estudiante; revisión y refuerzo de los servicios de comedor y transporte; planes para prevenir el absentismo y abandono escolar, etc.
El PP ha venido exhibiendo un cierto desprecio por la enseñanza pública. Estas medidas, improvisadas y no negociadas, han irritado, con razón, a la comunidad educativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario