https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/15/planideras-libertad-ensenanza/1171206.html
La aprobación el pasado día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, levantó, como era de esperar, un enorme revuelo por parte de la derecha. Inicio la redacción de estas líneas, además, cuando, en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, PP, Ciudadanos y Vox se han manifestado en el mismo sentido, apelando a los eternos mantras de siempre: los ataques a la religión, el derecho de las familias a la elección de centro, la eliminación del castellano como lengua vehicular… Posición con la que tratan de ocultar el escaso valor que la derecha atribuye a la Educación, en concreto la Educación pública, como mecanismo compensador de desigualdades. Me voy a detener especialmente en el tan manido tema de los ataques a la Educación concertada y, dentro de ella, en el de la ‘demanda social’. Pero, antes, unos datos nos permitirán aclarar la situación.
El Ministerio de Educación y FP,
en su publicación Datos y cifras escolares
2016-2017, nos informa de que el gasto educativo fue retrocediendo
desde 2009 hasta 2014 hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos
niveles del curso 2007-2008. En esos años, es decir, con los gobiernos del PP,
el gasto público en Educación descendió un 18%; sin embargo, las partidas
destinadas a la financiación de los conciertos se incrementaron un 6%. (Y en la
Región de Murcia, ¡un 24%!). En ese contexto, con el cambio de Gobierno la
inversión educativa en los PGE de 2020 ha permitido superar -pero sólo en un 6%-
lo presupuestado en 2010.
No mejor panorama se observa en
los presupuestos educativos de la CARM: el largo periodo de los gobiernos del
PP en la Región ha determinado que el gasto educativo haya descendido un 4% del
2017 al 2020 (1.346 millones de euros frente a 1.298, respectivamente),
mientras que el gasto por alumno ha disminuido igualmente en un 2,8% (Portal de la Transparencia de la Región de
Murcia).
La Educación privada acoge en la
Región de Murcia el 30% del alumnado de los niveles no universitarios, pero el presupuesto
destinado a los centros concertados ha pasado de los 140 millones de euros en
2007 a los 260 millones actuales, es decir, un incremento del 85%, mientras que
en la red pública ha sido sólo del 32%.
Un poco de Historia
En
relación con los conciertos educativos, hay que recordar que, en el tercer año
de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González, el
presidente y su ministro de Educación, José
María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar
respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a
la altura de los nuevos tiempos. Pero eran conscientes de que las estructuras
educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa
generación procedente del baby
boom de los años ’60 y ‘70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos,
estableció el sistema de conciertos educativos, pero que imposibilitaba
teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la
creación de nuevos centros (el artículo 27.6 de la Constitución de 1978 (CE78)
lo hace posible, pero no dice que sea con dinero público, cosa que hoy sigue
exigiendo la derecha); excluía, a su vez, la posibilidad de 'beneficio industrial'
en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o
servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo (el pago de cuotas
extraordinarias por las familias sigue siendo hoy una práctica común).
El
manido tema de la libertad de enseñanza
Desde
los inicios de la Transición, la derecha ha venido presentando batalla en el
campo de la Educación, con un trasfondo ideológico que, en el fondo, esconde
sus intenciones de seguir detentando privilegios en lo económico, apelando a lo
que llaman la demanda social y a una interesada interpretación del artículo
27.1 de la CE78: “Todos tienen el derecho
a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
La
libertad de enseñanza, asociada, incluso, a la de la libertad de cátedra, la
interpreta la derecha interesadamente con la libertad de creación y elección de
centros docentes, desde luego con dinero público, como hemos visto, obviando también
que el artículo 27.4 de CE78 dice claramente que “la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita”. Además, hoy, en la Región se han concertado incluso
niveles no obligatorios, en Bachillerato y FP, y se encubre con ‘aportaciones
voluntarias’ por parte de las familias el cobro de cuotas a éstas por los
titulares de muchos centros concertados, sobre todo de titularidad religiosa,
que, además, en algunos casos segregan por sexos al alumnado.
Desmontando el mito de la
demanda social
Un vídeo que circula por redes sociales asegura que la
LOMLOE roba la patria potestad de los padres, ya que al eliminar la demanda
social se reduce significativamente la capacidad de las familias para elegir el
colegio que quieren para sus hijos. Este mantra de la demanda social ya es viejo:
lo impulsó el Gobierno de Aznar en
2002, lo eliminó la LOE (Ley Orgánica de
Educación) de Zapatero en 2006 y fue
reintroducido por la LOMCE del Gobierno de Rajoy
en 2013; el proyecto de reforma del actual gobierno lo elimina.
Según los defensores de esa demanda social, mientras
los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada
con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarlos.
Ello es equiparable al hecho de que, si todos los ciudadanos tuvieran el
derecho de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y eligieran
acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar.
La demanda social, además, ha
sido un pretexto utilizado por los gobiernos de
las comunidades autónomas para
ceder suelo público de manera gratuita para centros privados de nueva
creación promovidos por empresas a menudo sin trayectoria educativa. La LOMLOE,
sin embargo, establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en
cuenta la oferta existente de centros públicos, pues el principio de
subsidiariedad de la Educación concertada se mantiene.
Plañideras de la libertad de Enseñanza
Pese a la nueva ley (LOMLOE), las derechas de
este país, las más cerriles de nuestro entorno europeo y que ya han anunciado
que van a mostrarse objetoras a aquélla, van a seguir haciendo de la Educación
un abonado campo de batalla, actuando de plañideras de oscuros intereses
empresariales. Recordemos que una plañidera (del latín plangere) era una mujer a
la que se pagaba (y se le sigue pagando aún hoy, en ciertos países) una
cantidad de dinero para que asista a un entierro (las derechas hablan del
entierro de la educación privada) y llore en él. Su uso siempre ha ido
encaminado a la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto en
los deudos (en nuestro caso, las familias potencialmente votantes) para
efectuar una catarsis del duelo y realzar la importancia social de un difunto.
Pues eso.
Diego Jiménez García.
Profesor de Historia
@didacMur
