La
participación ciudadana en los asuntos públicos es un precepto constitucional
consagrado en el artículo 23 de nuestra Carta Magna. Además, la OCDE, en su Manual sobre información, consulta y
participación, recomienda que la Administración pública reconozca la
capacidad autónoma de la ciudadanía para discutir y plantear alternativas. La
activa participación ciudadana es una nueva frontera de las relaciones entre
instituciones públicas y sectores populares que algunos países, como Canadá, en
donde es una prioridad fundamental, y Holanda, en donde la participación
interactiva de la ciudadanía es fundamental en la toma de decisiones, han empezado a explorar. Quizá sea en el
ámbito municipal, dada la cercanía de la Administración a los vecinos y
vecinas, donde esa deseada participación sea más viable. Pero ¿son éstas las
líneas de actuación del PP en la Región de Murcia? Veamos.
El
BOE del pasado 19 de abril publicaba el anuncio del Ayuntamiento de Murcia de la
convocatoria del concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la
rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión provincial de
Murcia, convocatoria que nace viciada en su origen: tanto el propio concurso
como las bases administrativas que rigen el mismo han obviado la necesaria
participación popular en ese proceso. Si, como se expresa arriba, el protagonismo de las ciudadanas y
ciudadanos debiera ser el eje conductor en las actuaciones de los gestores
públicos, ese planteamiento está puesto hoy en cuarentena claramente, pues los
gobiernos del PP, en sus distintos ámbitos, están acostumbrados a considerar lo
público como su particular patrimonio y, por lo mismo, son tremendamente
refractarios a todo cuanto huela a participación y control popular. Recientemente,
además, el Colegio de Arquitectos de Murcia (COAMU) organizó una jornada con
expertos para debatir sobre ese asunto, pero
eminentemente técnica, y en la que a la actuación ciudadana se le reservaron 30
minutos.
Pese a tantos inconvenientes, la
presión social, aunque menor de la deseada, ha influido, sin duda, para que el
tema de la Cárcel Vieja se haya abierto un hueco en la agenda política y
social. Recordemos que la apertura simbólica de las puertas de esa
prisión, en octubre de 2015, en acto organizado por la Asociación de la Memoria
Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU), con la presencia de dos personas,
hoy centenarias, que penaron en sus estancias, D. José Fuentes Yepes y el maestro D. José Castaño, fue el punto de arranque de la reivindicación de
la rehabilitación y puesta en valor de ese edificio. Pero no puede caerse, como
pretende el Ayuntamiento, en la banalización de ese espacio con una
indefinición, al día de hoy, de usos futuros en los que, nos tememos, la
Memoria Histórica ocupe –si es que lo ocupa- un lugar residual. Porque, como
expuso el profesor Medina Albaladejo
en el acto del COAMU (y yo mismo recordé en mi artículo la Cárcel Vieja, ante todo Espacio para la Memoria, del 3 de
octubre de 2016 en este periódico), la antigua prisión provincial fue testigo
de la ejecución de más de 540 personas entre 1939 y 1942, a las que hay que
añadir las fusiladas con posterioridad, hasta 1945, y otras 60 que fallecieron
por desnutrición y enfermedades varias entre sus muros.
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| El maestro D. José Castaño, en el centro, junto a D. José Fuentes Yepes, a la derecha de la foto, acompañados de José Sánchez, de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria, entran a la prisión provincial de Murcia, setenta y seis años después de su paso por la misma, al finalizar la Guerra Civil. |
Esa es la razón por la
que tanto la recién creada Plataforma Ciudadana Cárcel Vieja-Memoria y Cultura
Viva como MHMU han presentado al Ayuntamiento un petición expresa para que en
el punto 11 de las Bases administrativas del concurso se incluya un apartado
que valore, con 9 puntos adicionales, el que en el futuro edificio remodelado
haya espacios para exposiciones
permanentes e itinerarios didácticos sobre ese establecimiento penitenciario,
junto a usos archivísticos, museísticos y biblioteca, vinculados a la defensa
de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se instó a los grupos municipales a
la presentación de una moción, que iba a discutirse en el Pleno del pasado día
27, para intentar, al menos, modificar en parte las bases del concurso. En ella
se pedía, expresamente, la
definición de los aspectos memorialistas, concretándolos en un Museo de la Democracia,
la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, así como un recurso de apoyo a la
labor investigadora sobre la Memoria Histórica local y regional. Asimismo, la moción planteaba la necesidad de
contar en el jurado del concurso con miembros de MHMU, algún catedrático de
Historia Moderna y Contemporánea de la UMU y alguna persona en representación
de los grupos municipales. Se pedía, además, que en ningún caso los usos de
tipo hostelero fueran los primeros que ocuparan el recinto remodelado, para
impedir que se diluya el prioritario carácter memorialista y cultural del
mismo.
Pero la política del ordeno y
mando del Ayuntamiento, personificada claramente en la figura del concejal responsable
de Fomento, que convenció a Ciudadanos para que no apoyara dicha moción, hizo
que, ante la posibilidad de que tanto este partido como el PP presentasen una
moción alternativa, aquélla fuera retirada. Esperemos que la receptividad hacia
alguna de las demandas ciudadanas que detectamos en el COAMU y la necesaria
movilización social puedan influir para revertir
la dinámica municipal.
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