martes, 1 de junio de 2021

ISRAEL-PALESTINA. ¿ESTALLARÁ ALGÚN DÍA LA PAZ?

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/01/israel-palestina-estallara-dia-paz-52458325.html

En días pasados asistimos a un episodio más del enfrentamiento abierto, y desigual, entre Israel y Palestina. El deseo de colonos judíos de expulsar de sus viviendas a varias familias palestinas que habitan en el barrio Sheik Harrah, en la ocupada Jerusalén Este, y el ataque israelí a la mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán están en el origen de la represión en la zona, seguida de los criminales bombardeos sobre la Franja de Gaza, desproporcionados como tantas otras veces. Lo que ocurre hoy en Israel y en los Territorios Ocupados no es un conflicto simétrico, porque uno de los bandos es un Estado constituido como tal y con un potente Ejército mientras que el otro no dispone ni de Estado ni de Ejército. Además, el contexto actual es diferente al de la creación del Estado judío en 1948: Israel ha establecido hoy relaciones diplomáticas con los países árabes de su entorno y se registra una clara alianza de los países suníes, con Arabia Saudí a la cabeza, con Israel, para frenar a Irán.

Una familia palestina aparece sentada frente a las ruinas de su casa, tras un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza (Foto: EL PAÍS).


ANTECEDENTES

 Ya nadie parece querer recordar que el sionismo estuvo en el origen de la Resolución 181 de la ONU, de 1947, que admitía la partición de Palestina en dos Estados. Triunfaron, en definitiva, las tesis de Theodor Herz (sionismo intelectual) y Ben Gurion (sionismo obrero), hoy agotadas; se consolidó la promesa de Lord Balfour, en 1917, de dotar de un hogar nacional en Palestina a los judíos de la diáspora (nunca se insistirá bastante en la responsabilidad del colonialismo británico en la inseguridad que registra la región); y, con la creación del Estado de Israel en 1948 (se otorgaba el 54% de Palestina a la comunidad judía), la ONU descargaba su sentimiento de culpa por lo ocurrido durante la II Guerra Mundial.

Recordemos que, en esas fechas, el rey Abdullah de Jordania no renunciaba a la idea de la anexión de toda Palestina y el resto del mundo árabe intentó, mediante la guerra de 1948, asfixiar, sin conseguirlo, a la nueva nación. Tras esa guerra, Israel procedió a anexionarse un 20% más del territorio asignado por la Resolución 181 antes citada.  Entre 1947 y 1948 más de 700.000 personas fueron expulsadas de sus tierras. Y tras la guerra de 1967 y la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, se calcula en 5 millones la población refugiada ubicada en distintos campos de la región. Los palestinos de la diáspora han venido sufriendo en sus propias carnes las durísimas condiciones de vida en los campamentos.

En 1985, la respuesta violenta de ciertos grupos de la resistencia, de la que son una muestra los atentados en Larnaka (Chipre), las matanzas de los aeropuertos de Viena y Roma, por comandos de Abu Nidal, y el secuestro del barco Achille Lauro, no se hizo esperar. Pero estas acciones sospechosamente fueron coetáneas a los intentos de Hussein de Jordania y de Yassir Arafat de constituir una federación jordano-palestina en los territorios ocupados.

Junto a la diáspora, sin duda ha sido la represión constante practicada por Israel el mayor drama sufrido por el pueblo palestino, con cifras también asimétricas. Según la ONU, desde 2008 hasta 2020 hay 5.950 personas palestinas muertas (a las que hay que sumar las víctimas de los pasados días) y 115.00o heridas, frente a las 251 muertes y 5.600 heridos israelíes. Esta respuesta represiva israelí se ha venido centrando, mayoritariamente, en la Franja de Gaza, donde viven hacinadas dos millones de personas. Israel justifica los ataques por la existencia de Hamás. Pero, además de que la población palestina no es sólo Hamás, no hay que olvidar que en la superpoblada Franja es la única organización que provee a sus habitantes de servicios básicos como electricidad, agua, sanidad, educación, etc. A mayor abundamiento, cuando Israel acusa de terrorismo a Hamás olvida conscientemente sus orígenes. En 1946, el grupo terrorista Etzel colocó un explosivo, compuesto por gelinita, en el hotel King David de Jerusalén, ocasionando 91 muertos. Su jefe militar, Menaghem Begin, convertido en primer ministro, firmó 32 años después la paz con Egipto y no tuvo empacho alguno, pese a sus antecedentes, en recibir el Nobel de la Paz. En septiembre de 1948, Folke Bernadotte, un noble, militar, diplomático y dirigente de la Cruz Roja sueca, fue asesinado a tiros por el grupo terrorista judío Lehi.

¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DOS PUEBLOS?  

Las posiciones están, hoy, como siempre, muy enquistadas. Netanyahu, acusado de corrupción y al frente del Likud, niega hoy legitimidad al pueblo palestino, ignorándolo como lo hiciera en su día Golda Meir, que incluso llegó a negar su existencia. Pese a todo, dando por supuesto que el Estado de Israel, a diferencia de 1948, está hoy plenamente consolidado, la cuestión se centra en poner freno a su espiral de odio y, sobre todo, a sus ansias expansionistas, que van unidas a un indisimulado intento de practicar una política de apartheid y, por qué negarlo, de genocidio.

            Desde el principio, la posible creación de un Estado binacional, que contase con una confederación judía, árabe y de otras minorías, como alternativa a la partición de Palestina, ya era contemplada en 1948 por la filósofa Hanna Arendt. En la misma línea, en 2002 el pacifista israelí Michel Warchawski, en su libro Israel-Palestina, la alternativa de la convivencia binacional (Edic. de la Catarata, Madrid, 2002), planteaba también que el binacionalismo conseguiría regularizar la coexistencia entre los dos pueblos.

Sin embargo, el Frente Nacional para la Liberación de Palestina (FNLP), tras la guerra de 1973, era partidario de la partición del territorio de la Palestina histórica en dos Estados, hecho también admitido en la Declaración de Principios de Oslo de 1993, basada en el reconocimiento mutuo del Estado de Israel y del movimiento nacional palestino. Hoy, la mayoría del pueblo palestino apoya también de la existencia de esos dos Estados.

Sin embargo, para muchos analistas, esta solución está hoy muerta y enterrada. El profesor Yoav Pelev, de la Universidad de Tel Aviv, contempla como solución que la población palestina disfrute de los mismos derechos civiles y políticos como individuos, al tiempo que autonomía cultural, nacional o derechos colectivos, como ‘minoría nacional’.

Por el contrario, el profesor palestino Rashid Kalidi (Universidad de Columbia) se muestra escéptico; el conflicto, según él, tiene un carácter colonial: hay una evidente desigualdad de derechos, pues cinco millones de palestinos viven sometidos a un régimen militar en los Territorios Ocupados, sin derechos, frente al medio millón de colonos israelíes que sí los disfrutan.

Según Mariano Aguirre, en un artículo en BBC Mundo, Israel se está transformando en un Estado con una mayoría de población judía (74%) de sus 9,2 millones de habitantes, con 1,93 millones de árabes y 445.000 cristianos no árabes y miembros de otros credos. Además, ejerce el control sobre los 2,16 millones de palestinos que viven en Cisjordania. Si Israel se anexionara este territorio, aumentaría la proporción de población palestina. Según este autor, “la idea de los fundadores de Israel fue crear un Estado judío y democrático. Con los palestinos sin derechos, o derechos limitados, sería un Estado con discriminación racial, al estilo del apartheid africano”.

Yo añadiría a esta última reflexión que, de hecho, la política de apartheid y el intento de genocidio ya lleva aplicándolo Israel casi desde su fundación. Si la comunidad internacional no reacciona, si la UE y EEUU no cuestionan el estatus privilegiado que vienen concediendo a Israel, el conflicto seguirá enquistado. ¿Estallará algún día la paz?

Diego Jiménez. Profesor de Historia

@didacMur


miércoles, 19 de mayo de 2021

15M. DIEZ AÑOS DESPUÉS

 

Desde mi picoesquina        

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/05/19/15m-diez-anos-despues-51984726.html?fbclid=IwAR210ar3vvI-DzTbE4DH2YOOwdqM7URRPa_FXttTTBhB6CNwlc3T90IxbdM


Redacto estas líneas cuando se cumplen diez años del movimiento del 15-M, una ilusionante irrupción de aire fresco que logró trastocar los cimientos de la vida social y política de este país. Con el trasfondo de Democracia Real Ya, y al grito colectivo de ‘No nos representan’, cientos de asambleas se constituyeron a lo largo y ancho de la geografía española, trascendiendo incluso nuestras fronteras, reuniendo a miles de personas indignadas. En esos momentos, a más de 35 años del inicio de una Transición política siempre inconclusa, el movimiento del 15-M conectó con las ansias de regeneración política y social de amplias capas de la sociedad española.

Como escribí en mi artículo de LA OPINIÓN coetáneo a los hechos (7 de junio de 2011), la proliferación de asambleas populares a lo largo y ancho de nuestra geografía reflejaba el “descontento ante la esclerosis de un sistema de democracia representativa, que tenía su concreción más palpable en la reciente contienda electoral, en la que más de diez millones de personas habían desertado de las urnas”. Empero, había más motivos de fondo que explican el descontento y la indignación de la ciudadanía.

Para empezar, y como antecedentes inmediatos, la constatación de que, en relación con la población con títulos universitarios, se produjo un estancamiento relativo de las “ocupaciones-cabeza” en las empresas privadas españolas. Para algún analista, el desajuste entre las titulaciones reales del 18% de la población activa—sobre todo femenina— y la oferta de sólo un 5% de ocupaciones realmente cualificadas empezó a acumular, a partir de los años noventa del pasado siglo, una insatisfacción latente entre sectores inicialmente beneficiarios del Estado del bienestar. Esta insatisfacción irrumpió, puntual e inesperadamente, con las movilizaciones contra el modo que tuvo el Gobierno del Partido Popular de gestionar el desastre ecológico del Prestige (2002) y contra la participación en la guerra de Irak en los primeros meses de 2003. Súmese a ello la percepción de la lacra de la corrupción urbanística rampante y las medidas de ajuste anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, tras su regreso de un viaje a Londres en mayo de 2010. El expresidente socialista adelantó que España iba a cumplir con las políticas de austeridad exigidas y, al igual que todos los demás gobiernos del entorno, se mostraba dispuesto defender los intereses de las oligarquías financieras causantes de la crisis de 2008. La indignación contra los bancos aparecía, así, junto con el rechazo de la corrupción, como el segundo motivo más importante para nutrir las asambleas del 15-M, sin olvidar las protestas contra el sistema electoral vigente, el bipartidismo y la clase política en su conjunto (‘No nos representan’).

        En mi artículo citado arriba, escribía entonces: “Pese a la incertidumbre sobre el futuro más próximo de éste [movimiento], una cosa es cierta: las personas acampadas del 15-M están haciendo evidente la emergencia de un auténtico poder popular que golpea los cimientos del poder político y económico hasta ahora vigente, insensible, no sólo a los estrechos límites del actual marco democrático, sino a asuntos tan lacerantes como el paro, la precariedad laboral, el incremento de las desigualdades sociales, los desahucios y los injustos rescates a unos bancos que siguen obteniendo ingentes beneficios cuando la crisis golpea con tal saña a amplios sectores populares”.

    Porque, en el fondo, la verdadera revolución que representó el 15-M no fue tanto la irrupción de nuevos partidos (hay quien pone en cuestión que el nacimiento de Podemos o de Ciudadanos sean el resultado directo de ese movimiento popular de protesta), sino la constatación de que existían nuevas formas de relacionarse con los electores o nuevos modelos de gestión; tras varios años de un evidente divorcio entre la ciudadanía y la ‘clase’ política, varias generaciones de jóvenes (y no tan jóvenes), llenando las plazas de España, dieron carta de naturaleza a una actividad, la participación en política, que hasta entonces consideraban, por supuesto erróneamente, ajena a sus intereses.

QUÉ QUEDA DE AQUEL MOVIMIENTO

En opinión de Javier Gallego, en artículo reciente, el 15-M fue un terremoto del que aún vemos las secuelas: de la oleada feminista a la respuesta ultra, del fin del bipartidismo al gobierno de coalición, de la crisis del régimen a la crisis catalana, impulsó la abdicación del rey, provocó la aparición de nuevos partidos; ha dado lugar al Parlamento más plural y al gobierno más progresista de la democracia, la primera coalición izquierdista desde la República. Pedro Sánchez no hubiera tomado el timón del PSOE ni hubiera girado a la izquierda sin la influencia del 15-M que dio lugar a Podemos y las confluencias. También, según este analista, la revuelta popular catalana fue una réplica de demanda democrática frente al agotamiento de la Transición.

El investigador Armando Fernández Steinko, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, cree, sin embargo, que la situación es hoy completamente distinta tras el viraje político que supuso el proceso independentista en Cataluña y la pandemia. “Se ha generado un nuevo ciclo que se sobrepone al 15-M; aquel ímpetu se ha atemperado mucho y se ha diluido porque la dinámica social no tiene nada que ver”, argumenta.

Pero, ¿qué opinan algunos de los políticos que fueron protagonistas directos aquella experiencia? He aquí algunas opiniones expresadas en un artículo del Heraldo de Aragón.

Para Íñigo Errejón, con el 15-M se abrió una brecha entre ‘la gente’ y ‘los que mandan’.  Aquella irrupción popular creó un clima político en España que permitió diferentes experiencias políticas y electorales, del primer Podemos a las experiencias municipalistas de 2015 o incluso la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE . Pero, hoy, a una década, “parece que atravesamos un clima contrario, de ofensiva cultural de los reaccionarios que no quieren radicalizar la democracia sino estrecharla”.    

En opinión de Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política y cofundador de Podemos, el 15-M fue un movimiento que nació sin memoria, sin estructura, sin programa y sin liderazgo, y estos cuatro aspectos fueron la clave de su éxito. El nacimiento de Podemos y el consiguiente fin del bipartidismo, las exigencias de mayor participación política, la censura a la monarquía, la ira frente a los bancos, el desprecio ante la corrupción, las críticas a los medios de comunicación, una nueva ola del feminismo, el impulso al ecologismo son todos elementos nacidos de ese grito compartido de indignación.

           Por su parte, Alberto Garzón, líder de IU y miembro de Unidas Podemos, participante en las movilizaciones iniciales del 15-M y actual ministro de Consumo del Gobierno de coalición, ve en el 15‑M una parte más del proceso en el que su formación política ha trabajado desde hace mucho tiempo con los movimientos sociales, asociaciones, sindicatos y ciudadanía para la convergencia y convocatoria social.

        A 10 años de aquella experiencia asamblearia, parece oportuno retomar aquel espíritu de un 15-M que llenó de esperanza y de espíritu reivindicativo las plazas y pueblos de España, porque, como nos alerta Javier Gallego, “el 15M ha tenido sus réplicas en las mareas y, sobre todo, en el tsunami feminista, pero lógicamente también su reacción en contra. Vox es el 15-M de la derecha. Es la respuesta ultraconservadora al progreso y al gobierno de izquierdas, a la crisis del régimen y de Cataluña. Es el negacionismo frente al feminismo y al ecologismo”.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Historia


jueves, 6 de mayo de 2021

150 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍS

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/05/06/150-aniversario-comuna-paris-51392338.html


    El calendario ha determinado que, en estas fechas primaverales de 2021, recordemos dos acontecimientos históricos que marcaron en Europa el rumbo de la Edad Moderna y Contemporánea: el 500 aniversario de la revuelta comunera de Castilla y el 150 de la Comuna de París. Por su proximidad cronológica y el influjo que este último hecho tuvo en la Historia contemporánea, voy a dedicar unas líneas a reflexionar brevemente sobre el mismo.


     Del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, una insurrección popular instauró en la capital francesa el primer Gobierno obrero del planeta, con un espíritu abiertamente socialista y revolucionario. La derrota y caída del gobierno imperial de Napoleón III en la guerra franco-prusiana llevó a que París sufriera un sitio de más de cuatro meses por parte del ejército prusiano y a su entrada triunfante en esa capital, con la proclamación imperial de Guillermo I de Alemania en el Palacio de Versalles, lugar al que se trasladó también el Gobierno provisional de la República, presidido por Louis Adolphe Thiers.  

El vacío de poder hizo que la milicia ciudadana, la Guardia Nacional, se hiciera de forma efectiva con el poder en París para garantizar el funcionamiento de la capital. Nace la Comuna de París, un hecho que, desde Londres, sería analizado por C. Marx. (Manifiesto del Consejo General de la AIT, en La guerra civil en Francia, tomo II de Obras Escogidas de C. Marx y F. Engels, Edit. Progreso, Moscú, 1976, páginas 214-259).

  Al grito de ‘República social’, el proletariado de París expresaba, según este filósofo alemán, el anhelo “no sólo de acabar con la fórmula monárquica de dominación de clase, sino con la propia dominación”, aclarando, además, que “la burguesía urbana [de París] veía en la Comuna un intento de restaurar el predominio que había ejercido sobre el campo bajo el gobierno burgués de Luis Felipe”, aunque “la Comuna era, esencialmente, un Gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora [sic]”. Fue la primera revolución en que la clase obrera fue abiertamente reconocida como la única capaz de iniciativa social, incluso por la gran masa de la clase media parisina (tenderos, artesanos, comerciantes, etc.) que, “si bien –aclara Marx- había colaborado en el aplastamiento de la insurrección obrera de 1848 […], sentía que había que escoger entre la Comuna y el Imperio”.

Una revolución popular de tal trascendencia sería analizada, años después, por Lenin en dos artículos (Lenin: En Memoria de la Comuna. Rabóchaia Gazeta, números 4-5, 28 abril 1911 / Lenin: Acerca del movimiento comunista internacional. Editorial Progreso, Moscú, 1979). Para el líder de la revolución bolchevique, “la desgraciada guerra con Alemania; las privaciones durante el sitio; la desocupación entre el proletariado y la ruina de la pequeña burguesía; la indignación de las masas contra las clases superiores y las autoridades; la clase obrera descontenta de su situación y ansiosa de un nuevo régimen social; la composición reaccionaria de la Asamblea Nacional, que hacía temer por el destino de la República;  todo ello y otras muchas causas se combinaron para impulsar a la población de París a la revolución del 18 de marzo, que puso inesperadamente el poder en manos de la Guardia Nacional, de la clase obrera y de la pequeña burguesía”.  Según Lenin, “el proletariado asumió dos tareas, una nacional y otra de clase: liberar a Francia de la invasión alemana y liberar del capitalismo a los obreros mediante el socialismo”, a lo que respondió la burguesía parisina con el ‘gobierno de la defensa nacional’, cuya misión consistía en luchar contra el proletariado parisiense. Para este líder, las conquistas de la clase obrera y de la clase media parisina en esos escasos dos meses fueron incuestionables: la Comuna sustituyó el ejército regular, instrumento de las clases dominantes, y armó a todo el pueblo; proclamó la separación de la Iglesia del Estado; suprimió la subvención del culto; dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública; prohibió el trabajo nocturno en las panaderías […]. Y para subrayar su carácter de gobierno auténticamente democrático y proletario dispuso que la remuneración de todos los funcionarios administrativos y del gobierno no fuera superior al salario normal de un obrero, ni pasara en ningún caso de los 6.000 francos al año. Todas estas medidas, según Lenin, “mostraban elocuentemente que la Comuna era una amenaza mortal para el viejo mundo”.

            Como todo proceso revolucionario, no estuvo exenta de críticas virulentas y de tergiversaciones interesadas por parte de las fuerzas de la reacción, como las falsas acusaciones a las mujeres parisinas, auténticas heroínas defensoras de las libertades ciudadanas y de las conquistas revolucionarias, de actuar portando teas incendiarias en las calles de París. La burguesía de todo el continente propaló falsas noticias sobre la brutalidad de los defensores (comunards) parisinos, hecho desmentido por el republicano español Ramón de Cala, que en el mismo año 1871 viajó a París para narrar los hechos, en un trabajo periodístico a pie de calle que dio fruto en el volumen Los comuneros de París: historia de la Revolución Federal de Francia en 1871 (y que puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.cmd?id=1001005).

Este político jerezano recorre atropelladamente la ciudad y, muy crítico con la versión oficial, que dispuso de espías, infiltrados y todo tipo de manipulaciones para desacreditar a la Comuna, explicita que su “impresión primera fue de una profunda simpatía hacia los sublevados de París, porque eran los verdaderos republicanos de Francia frente a los realistas de Versalles”.

Pero la sociedad burguesa no podía dormir tranquila mientras en el ayuntamiento de París ondeara la bandera roja. Por eso, recuerda Lenin, “cuando la fuerza organizada del gobierno pudo, por fin, dominar a la fuerza mal organizada de la revolución, los generales bonapartistas […] hicieron una matanza como en París jamás se había visto, contándose cerca de 30.000 víctimas en manos de la soldadesca desenfrenada; unos 45.000 fueron detenidos y muchos de ellos ejecutados posteriormente; miles fueron los desterrados o condenados a trabajos forzados. En total, París perdió cerca de 100.000 de sus hijos”.

C. Marx califica la represión sobre los comunards con estas palabras: “Para encontrar un paralelo con la conducta de Thiers y sus perros de presa [sic] hay que remontarse a los tiempos de Sila y de los dos triunviratos romanos. Las mismas matanzas en masa a sangre fría […], el mismo sistema de tortura a los prisioneros…”

En su artículo La Comuna de París, un salto de tigre al pasado, el sociólogo y filósofo marxista Michael Löwy nos recuerda que en el cementerio del Père Lachaise de París existe el conocido ‘Muro de los Federados’, lugar en el que las tropas versallescas fusilaron, en mayo de 1871, a los últimos combatientes de la Comuna de París. Todos los años, miles de personas, principalmente franceses, aunque asiste gente de todo el mundo, visitan este sitio de la memoria del movimiento obrero. Porque, según ese autor, “la Comuna de París forma parte de lo que W. Benjamin denomina ‘la tradición de los oprimidos’, es decir, esos momentos privilegiados (mesiánicos) de la historia en los cuales las clases subalternas, por un momento, lograron quebrar la continuidad de la historia y la continuidad de la opresión”.

Después de 1871, concluye Löwy, la Comuna nunca cesó de nutrir la reflexión y la práctica de los revolucionarios: desde Marx y Bakunin hasta Lenin y Trotsky. En nuestro país, además, la Comuna influyó, sin lugar a dudas, en la eclosión del movimiento cantonalista español dos años después, con protagonismo destacado de Cartagena.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

martes, 20 de abril de 2021

UNA NECESARIA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/04/20/necesaria-ley-memoria-democratica-48492805.html

 

Asistí el pasado día 16 a los actos programados por el Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza en homenaje a la II República española, de cuya proclamación se han cumplido noventa años. Acompañado de la buena música y poesía de mi amigo yeclano Vicente Palao, diserté sobre el proyecto de ley, en trámite parlamentario, de Memoria Democrática, texto que ha de sustituir a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, aprobada durante el Gobierno de José Luis R. Zapatero. 

En nuestro país, a 82 años del final de la Guerra Civil, y a diferencia de Alemania e Italia, en donde no existe, sí sigue siendo necesaria una ley de Memoria Democrática. Las intervenciones de la oposición de derechas en el Parlamento el pasado día 14, con ocasión del Día de la República, virulentas y en extremo vomitivas, demuestran que no hemos superado las secuelas de la dictadura.

Y es que nuestra actual democracia, el ‘edificio’ de la Transición política, se construyó sobre unos cimientos basados en la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy, esa impunidad coexiste con un revisionismo histórico que niega o relativiza esos crímenes de la dictadura, sin olvidar la posición de historiadores que, como Hugh Thomas, mantienen una equidistancia respecto de la responsabilidad de los dos bandos (en realidad, el único bando existente fue el de los militares golpistas, frente a quienes defendían la legalidad republicana). Esa equidistancia ha sido negada por Paul Preston en su documentado libro El holocausto español en el que expone, sin cortapisas, los crímenes cometidos en la retaguardia republicana, pero de ninguna manera comparables, cuantitativa ni cualitativamente, a los actos criminales y al horror que las tropas de Queipo de Llano y Franco desataron en su avance por tierras andaluzas y extremeñas en los primeros momentos de la guerra, como anticipo de lo que sería la cruel represión posterior. 

Porque los datos no engañan: una dictadura sanguinaria de casi cuarenta años de duración vino precedida de una guerra, mal llamada civil, que provocó medio millón de muertos, igual número de exiliados, el exilio interior, más de 120.000 desapariciones forzadas, 10.000 españoles deportados a los campos de exterminio nazi con la complicidad de Franco y de Serrano Suñer, el trabajo esclavo, la horrible represión también sobre la mujer, el robo de bebés, la incautación de bienes de republicanos, etc. 

Hasta ahora, el Estado monárquico, amparándose en una política de reconciliación entre los españoles, no ha reconocido en nuestro país el esfuerzo y el sacrificio de aquellos republicanos y republicanas que lucharon por la libertad. La paradoja es que el jefe del Estado sí asistió fuera de nuestras fronteras, en París (2015), junto a la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, al acto de inauguración del Jardín de la Nueve, como homenaje a aquella compañía del general Leclerc, integrada básicamente por españoles, que entró en París el 24 de agosto de 1944. Pero Felipe VI, en su discurso, en ningún momento recordó la condición de republicanos de aquellos españoles. 

Destacados historiadores y analistas insisten en que, como justificación de esa política de reconciliación de la población española, se ha extendido un tupido velo sobre ese aciago periodo de nuestra Historia; se han practicado políticas de desmemoria que han impregnado incluso los contenidos curriculares de la enseñanza. Políticas de desmemoria que coexisten, como decíamos arriba, con la impunidad que se ha instalado en nuestro ordenamiento jurídico. 

La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en sus artículos 2.e y 2.f es muy explícita en este sentido, pues consolida la prescripción de los crímenes franquistas. Razón por la que, hoy, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tienen ante sí una complicada tarea: según una información de prensa de hace unos días, han de dictaminar si los juzgados españoles investigan esos crímenes. Hasta ahora, basándose en esa Ley, el TC había venido avalando los archivos de las demandas presentadas por grupos de familias de las víctimas, que siguen esperando que el TC admita a trámite sus recursos de amparo.

Este movimiento reivindicativo, que empieza a producir ‘grietas’ en el hasta ahora monolítico criterio de la judicatura sobre el sobreseimiento de esos casos, tiene lugar precisamente cuando el Gobierno tramita un proyecto de Ley de Memoria Democrática que contempla dotar al Tribunal Supremo de una Fiscalía especializada en la investigación de los crímenes del franquismo; Fiscalía que nace con ciertas limitaciones a juicio de las asociaciones memorialistas, pues no se le dota de contenido para enjuiciar esos crímenes. Una vez más, la Ley de Amnistía actúa como ‘tapón’. 

El proyecto de ley de Memoria Democrática presenta, a juicio de asociaciones memorialistas de todo el Estado, algunos avances respecto al texto vigente de diciembre de 2007. Sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos destacar: el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo por el Estado español; el tratamiento de los lugares de la Memoria, que representa una evidente mejora respecto de la ley de 2007; la creación de un Banco de ADN, el Censo de Víctimas y la apuesta por un mapa de fosas permanentemente actualizado; la eliminación de la simbología franquista; la implantación de la Memoria Histórica en el sistema educativo; la condena de la apología del franquismo y la extinción de fundaciones y asociaciones que exhiban dicha apología; la resignificación democrática del Valle de Cuelgamuros (los Caídos), etc. 

Dicho esto, el nuevo proyecto de ley presenta algunas limitaciones y carencias. Para empezar, y por sintetizar, la condena del franquismo debería ocupar un punto único (artículo 1º) y adecuarse a las Resoluciones de las Naciones Unidas. En cuanto a la fecha que cubre la ley, debería ampliarse hasta 1983 (y no sólo hasta 1975), porque desde 1975 a ese año hubo unos doscientos asesinatos por parte de las fuerzas de orden público y miembros de la extrema derecha. La eliminación de la Ley de Amnistía, o al menos los artículos 2e y 2f, sigue siendo una reivindicación inaplazable.

Parece una omisión grave, absolutamente inaceptable, que, como víctimas del franquismo, no se cite a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD) que fueron perseguidos, condenados a penas de prisión o expulsados de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, creemos que la guerrilla antifranquista debería tener un artículo específico.

El proyecto de ley establece el día 31 de octubre (ese día de 1978 las Cortes aprobaron la Constitución) como recuerdo de las víctimas del franquismo, pero hay otras fechas más significativas: 27 de septiembre, fecha de los últimos fusilamientos de la dictadura en 1975; 26 de abril, aniversario del bombardeo de Guernica en 1937; o la del 8 de febrero de ese año, aniversario de la masacre de la carretera de Málaga-Almería. 

La ley declarará la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos. Pero el término ilegitimidad es sólo una categoría moral, carece de validez jurídica: lo suyo sería declarar tanto las sentencias franquistas como los tribunales y toda la legislación represiva como nulos e ilegales. 

Estos son algunos de los aspectos más destacables de una Ley totalmente necesaria en esta España en donde la intolerancia y el regreso al pasado parecen estar al día. Porque, como concluye un excelente documental realizado por la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena (MHC), titulado Cartagena: los Lugares de Memoria y estrenado el pasado día 14 en esa ciudad, «los pueblos que olvidan su pasado están condenados a ser manipulados».

PARAR EL FASCISMO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/04/06/parar-fascismo-46106530.html

 

 

Dentro de unos días, conmemoraremos la proclamación de la II República en la Puerta del Sol de Madrid, en la tarde del día 14 de abril de 1931. Y precisamente cuando redacto unas líneas para rememorar esa efeméride, me llegan noticias del ataque de la ultraderecha (la misma a la que el presidente murciano López Miras ha dado carta de naturaleza, integrándola en su Gobierno) a la sede de Podemos en Cartagena, lo que lamentablemente refuerza las conclusiones de mi artículo.

LA II REPÚBLICA, ‘UNA ROMÁNTICA ECLOSIÓN DEMOCRÁTICA’. 

Pocos discuten hoy que la II República española, que según el historiador Carlos Seco Serrano «nace como una romántica eclosión democrática, cuando parece eclipsarse el signo democrático en Europa», supuso la consolidación en España de la democracia parlamentaria, ahondando en la solución de problemas largamente aplazados como el regionalismo, el laicismo y la economía social. 

En esos años, tanto en Europa como en gran parte del mundo, los valores democráticos estaban en claro declive debido a la gran crisis económica que había empezado a finales de 1929. Para superarla, los países comenzaron a entregarse a diferentes regímenes como el fascismo, el nazismo o el estalinismo soviético. Sin embargo, España hizo exactamente lo contrario y, para resolver sus problemas, los dirigentes republicanos optaron por una línea democrático-burguesa y reformista en abril de 1931; no obstante, durante el primer quinquenio republicano (1931-1936) se produjo una exacerbación de la lucha de clases con el desenlace conocido de la Guerra Civil o, mejor, Guerra de España.

REFORMISMO BURGUÉS, REACCIÓN CONTRARREFORMISTA Y SUBLEVACIÓN MILITAR. 

Hoy, en que el debate sobre la necesidad de abordar cambios en la Constitución de 1978 (CE78) está en la calle, es bueno recordar algunos aspectos de aquella Constitución de 1931 (CE31), promulgada por el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, el 9 de diciembre de ese año. El nuevo texto constitucional llevaba la impronta de las Constituciones de Weimar y de Austria y recogió de la mexicana los derechos fundamentales de la ‘tercera generación’ (sociales y económicos). Se reconoció la soberanía popular, posibilitando el voto electoral de las mujeres por primera vez, se aprobaron leyes de protección laboral obrera, de salario mínimo y de jornada de trabajo máxima, se secularizaron los cementerios, se instauró la ley del divorcio y se abolieron los privilegios jurídicos por razón de sexo, que se plasmaban en penas desiguales en caso de adulterio.

En algunos aspectos, la CE31 es más avanzada que la CE78, por ejemplo, en su artículo 44: «Toda la riqueza del país, sea quien sea su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional», añadiendo, además, que «la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa», lo cual supera el tibio principio de economía social esbozado en el artículo 128 de la CE78. 

La Constitución republicana supera también a la actual en su vocación pacifista, pues el artículo 6 expresa que «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». 

Abordó parcialmente la articulación territorial del Estado, la asignatura pendiente también hoy en el Estado español, pues los ponentes del texto, con Jiménez de Asúa a la cabeza, quizás teniendo muy presente el fracaso del proyecto de Constitución Republicano Federal de 1873, diseñaron un ‘Estado integral’, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones, sobre todo, las comunidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia.

En lo referente a las relaciones Iglesia-Estado, es sabido que la legislación religiosa abordada por la República fue mucho más avanzada que lo estipulado en el ambiguo artículo 16 de la CE78, que define, tibiamente, la aconfesionalidad del Estado, pero manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas (art. 16.3). 

La reforma agraria constituyó también, como es sabido, un ‘casus belli’ por parte de las fuerzas de la reacción. Las manifestaciones anticlericales y los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas y el escándalo del estraperlo llevaron al debilitamiento del Gobierno de Azaña y a la victoria de las derechas en noviembre de 1933. Las actuaciones contrarreformistas del nuevo Gobierno presidido por Alejandro Lerroux exacerbaron la lucha de clases en el país con la Revolución de Asturias de 1934 y el advenimiento del Frente Popular en febrero de 1936. 

Tras el triunfo de esta coalición de izquierdas, la reacción de las derechas no se hizo esperar. Los monárquicos, agrupados en Renovación Española (Calvo Sotelo y Goicoechea), ya venían conspirando desde el mismo momento de la proclamación de la República (según nos demuestra el profesor Ángel Viñas en ¿Quién quiso la Guerra Civil?). Unieron sus fuerzas a la CEDA (Gil Robles), cuyas juventudes, radicalizadas, no disimulaban su admiración por el fascismo italiano, a la Comunión Tradicionalista (Fal Conde), y a la Falange Española de las JONS (José Antonio Primo de Rivera). Contando con la colaboración de medios propagandísticos de la derecha como el católico El Debate, de Herrera Oria, o el monárquico Abc, de Torcuato Luca de Tena, con la ayuda financiera del contrabandista y banquero Juan March y la interesada ‘ayuda’ de Hitler y Mussolini asestaron el golpe militar definitivo contra la República los días 17 y 18 de julio de 1936.

HOY, COMO AYER, SE IMPONE FRENAR AL FASCISMO.  

Dicen que la Historia no es cíclica (o quizás, sí), pero hay hechos que responden a parámetros y causalidades similares. Salvando las debidas distancias de tiempo y contexto históricos, es claro que la España actual está inmersa en una crisis multicausal que tiene como referente inmediato la del sistema político implantado tras la CE78. Hoy, como en el inicio de la década de los años 30, nos hallamos ante un cuestionamiento de la legitimidad monárquica, lo que alimenta un incipiente movimiento prorrepublicano; está sin resolverse la articulación territorial del Estado; la crisis económica y sanitaria golpea a los sectores populares más vulnerables; hay cierta división en la izquierda; en el principal partido del Gobierno, el PSOE, se evidencian las mismas diferencias ideológicas que mantenían dirigentes como Besteiro e Indalecio Prieto respecto de Largo Caballero; y, como durante la tercera etapa de aquella República, contamos con un Gobierno de coalición de izquierdas que es objeto, como entonces, de un indisimulado acoso tendente a derribarlo. 

Pero, y sobre todo como entonces, un fascismo emergente, que nunca nos abandonó del todo, muestra sin pudor alguno su auténtico rostro (el atentado a la sede de Podemos en Cartagena es muy preocupante). La extrema derecha se ha lanzado abiertamente, en un contexto de pasividad social y alentada, sin duda, por quienes política y mediáticamente normalizan su presencia blanqueando sus actuaciones y sus discursos y ubicándola en lo que llaman el centro derecha, a copar las instituciones y, lo que es peor, la mente de las gentes. 

Mucho se viene hablando del necesario proceso constituyente para el advenimiento de la III República. Pero en ese proceso (y sé que es complicado) hay que impulsar, al igual que durante el 15M, un amplio movimiento popular antifascista que salvaguarde las libertades y que consolide un marco político en que los derechos sociales y laborales, la superación de las desigualdades, la lucha contra el racismo y la discriminación por motivos de género, el feminismo, el pacifismo y una nueva relación amable con la Naturaleza supongan la alternativa y el antídoto contra quienes, como en la España del 36, sólo siembran el odio y el regreso al pasado más tenebroso. 

Y ya sabemos a qué condujo aquello.

miércoles, 24 de marzo de 2021

INMATRICULACIONES Y RELACIONES HISTÓRICAS IGLESIA-ESTADO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/03/24/inmatriculaciones-relaciones-historicas-inglesia-45018725.html

Firma por el Gobierno español de  los Acuerdos con el Vaticano en enero de 1979
 

El pasado miércoles, 10 de marzo, el Pleno del Senado rechazó, con los votos en contra de PSOE, PP, Vox y PNV, una moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu por la que se instaba al Gobierno a realizar los cambios legales necesarios para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia católica. «Es un insulto a la democracia, el Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal […]. Este es un tema de Estado y tiene que tener una solución de Estado», resumía Juanjo Picó, de Europa Laica.

Para entender la inacción del Estado en el expolio de más de 35.000 bienes de todo tipo (iglesias, fincas, inmuebles, etc.) en manos de la Iglesia, es indispensable adentrarse, sucintamente, pues no es posible abordar in extenso un tema de tal complejidad en los límites de este artículo, en las relaciones Iglesia-Estado desde la Edad Moderna, para constatar cómo la institución eclesiástica ha sido, y es, un fuerte grupo de poder que se ha impuesto, en determinados momentos, a la propia acción del Estado.

DEL REGALISMO BORBÓNICO AL LIBERALISMO BURGUÉS. La España del Antiguo Régimen constituyó el único país de lo que fue la Cristiandad en la Edad Media donde se verificó el aforismo eijus regio, ejus religio, una frase latina que viene a decir que la religión del príncipe se aplica a todo el territorio.

Pero sería en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, cuando se ponen en marcha los acuerdos con la Santa Sede. Así, en el reinado de Felipe V se firmaron sendos acuerdos, en 1717 y en 1737, que ponían fin a las malas relaciones diplomáticas entre Felipe V y el papado por la Guerra de Sucesión y las campañas bélicas italianas, respectivamente.

Durante el reinado de Fernando VI, con el Concordato de 1753, el papado concedía el patronato regio universal sobre toda la Iglesia española a cambio de la concesión de privilegios económicos a la Iglesia. Este Concordato estuvo en vigor hasta el que se firmó en 1851. Durante ese periodo, en los reinados de Carlos III y Carlos IV, la Iglesia se convirtió en un verdadero aparato estatal, pues disfrutó, además, del llamado fuero eclesiástico.

En cambio, y paradójicamente, con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, claramente confesional, se va a reforzar la preponderancia de la Iglesia en las relaciones con el Estado. Puede afirmarse que, así como el Concordato de 1753 contemplaba la dependencia de la Iglesia con respecto al Estado, la Constitución de Cádiz contemplaba la del Estado respecto de la Iglesia, la conocida Alianza del Trono y el Altar, algo que tendría consecuencias cuando se intente aplicar realmente la Constitución durante el Trienio Liberal (1820-23). Por supuesto, durante la Década Ominosa (1823-1833) Roma no puso objeción alguna a Fernando VII para el nombramiento de obispos, muchos de los cuales debieron sus cargos a su virulenta oposición a los liberales. Esta posición ultramontana de la Iglesia, con su apoyo a la causa carlista, está detrás del anticlericalismo popular que condujo a la matanza de frailes en Madrid en 1834, y en Barcelona y Reus en octubre de 1835. En Murcia, en la noche del 31 de julio de 1835 ardían los conventos de Capuchinos, San Francisco, Santo Domingo, La Merced y hubo un intento de quema del de San Agustín.

Desde 1835 (fecha de la expulsión de España de la Compañía de Jesús) hasta 1845, las relaciones Iglesia-Estado sufren un serio deterioro, agravado, además, por el proceso desamortizador puesto en práctica por Mendizábal.

En 1845 se aprobó la Ley de Donación de Culto y Clero, que restituía a la Iglesia católica los bienes desamortizados y no vendidos. Posteriormente, el nuevo Concordato de 1851, firmado entre Isabel II y Pío IX, reafirmó la unidad católica (y, por tanto, la confesionalidad del Estado, que ya establecía el artículo 11 de la nueva Constitución de 1845), otorgaba a la Iglesia el privilegio de la fiscalización de la Enseñanza, no sólo en los colegios sino en las escuelas públicas, la jurisdicción propia sobre sus miembros, la capacidad de censura y el derecho a adquirir y poseer bienes que ya no serían objeto de desamortización. A cambio, la Iglesia se comprometía a reconocer como reina a Isabel II. Está claro que este texto, derogado durante la II República para volver a estar vigente hasta el Concordato franquista de 1953, supuso, respecto al de 1753, una increíble pérdida de las prerrogativas estatales. Habrá que esperar a la Revolución de 1868 y a las nuevas Constituciones de 1869 y a la canovista de 1876 para que el Estado implantara, al menos, la libertad de cultos.

DE LA LAICIDAD DURANTE LA II REPÚBLICA HASTA HOY. Durante la II República, derogado el Concordato de 1851, se puso en marcha, como es sabido, toda una amplia legislación estatal tendente a limitar el enorme poder que, hasta entonces, había detentado la Iglesia, lo que condujo a las tensiones con el episcopado y el papado ya conocidas. La legislación republicana incidía en la libertad de conciencia y de cultos, la jurisdicción civil de los cementerios, el respeto a las creencias religiosas en el ámbito privado, la plena validez del matrimonio civil, la aprobación del divorcio, etc. Una clara laicidad del Estado que sería interrumpida bruscamente tras la Guerra Civil.

El dictador Franco, una vez ‘reconocido’ ya por algunas potencias occidentales, se dispuso a ‘poner orden’ en las relaciones con Roma. La dictadura franquista, sobre todo en su etapa inicial, implantó el nacionalcatolicismo, es decir una clara identificación Iglesia-Estado, que tuvo su reflejo en el Concordato de 1953. Por resumir, ese acuerdo otorgó a la Iglesia católica un extraordinario conjunto de privilegios: matrimonios canónicos obligatorios para todos los católicos; exenciones fiscales; derecho de censura de materiales bibliográficos, musicales y cinematográficos y de constituir universidades; exención del servicio militar para el clero; monopolio católico sobre la enseñanza religiosa en las instituciones públicas educativas, etc. Además, recordando la vieja política regalista borbónica, se confirió el derecho de presentar una terna de obispos por parte del dictador. Sin olvidar la fachada propagandística que condujo al reconocimiento internacional del régimen franquista.

El régimen concordatario en España culminó con el Acuerdo preconstitucional entre el Estado y la Santa Sede sobre nombramientos de arzobispos, obispos y vicario general castrense y fuero judicial, del 28 de julio de 1976, y con otros cuatro Acuerdos, casi con el mismo carácter de preconstitucionales, pues fueron negociados secretamente cuando se elaboraba la Constitución de 1978 por Marcelino Oreja y el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot, y dados a conocer el 3 de enero de 1979, sólo cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución.

De dichos Acuerdos, sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos y sobre Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, destacamos, por su repercusión actual, el relativo a la Enseñanza y el de Asuntos Económicos.

En los Acuerdos sobre la Enseñanza, y en la línea del artículo 27 de la Constitución de 1978 (CE78), se mantiene la obligatoriedad por parte del Estado de la oferta obligatoria de la educación religiosa en los centros docentes, aunque con carácter voluntario para las familias. Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, al mantener las exenciones fiscales y una asignación del Estado a la Iglesia Católica, nos retrotrae a la decimonónica ‘asignación de culto y clero’.

Un Estado moderno, que se define aconfesional, debe romper esas ataduras del pasado con la Iglesia católica pues el artículo 16.3 de la CE78, de una ambigüedad calculada, estipula claramente que el Estado establecerá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones. Para ello, se impone denunciar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Y, al mismo tiempo, recuperar los bienes de dominio público en manos hoy de aquélla.