Dentro de unos días, conmemoraremos la proclamación de la II República en la Puerta del Sol de Madrid, en la tarde del día 14 de abril de 1931. Y precisamente cuando redacto unas líneas para rememorar esa efeméride, me llegan noticias del ataque de la ultraderecha (la misma a la que el presidente murciano López Miras ha dado carta de naturaleza, integrándola en su Gobierno) a la sede de Podemos en Cartagena, lo que lamentablemente refuerza las conclusiones de mi artículo.

LA II REPÚBLICA, ‘UNA ROMÁNTICA ECLOSIÓN DEMOCRÁTICA’. 

Pocos discuten hoy que la II República española, que según el historiador Carlos Seco Serrano «nace como una romántica eclosión democrática, cuando parece eclipsarse el signo democrático en Europa», supuso la consolidación en España de la democracia parlamentaria, ahondando en la solución de problemas largamente aplazados como el regionalismo, el laicismo y la economía social. 

En esos años, tanto en Europa como en gran parte del mundo, los valores democráticos estaban en claro declive debido a la gran crisis económica que había empezado a finales de 1929. Para superarla, los países comenzaron a entregarse a diferentes regímenes como el fascismo, el nazismo o el estalinismo soviético. Sin embargo, España hizo exactamente lo contrario y, para resolver sus problemas, los dirigentes republicanos optaron por una línea democrático-burguesa y reformista en abril de 1931; no obstante, durante el primer quinquenio republicano (1931-1936) se produjo una exacerbación de la lucha de clases con el desenlace conocido de la Guerra Civil o, mejor, Guerra de España.

REFORMISMO BURGUÉS, REACCIÓN CONTRARREFORMISTA Y SUBLEVACIÓN MILITAR. 

Hoy, en que el debate sobre la necesidad de abordar cambios en la Constitución de 1978 (CE78) está en la calle, es bueno recordar algunos aspectos de aquella Constitución de 1931 (CE31), promulgada por el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, el 9 de diciembre de ese año. El nuevo texto constitucional llevaba la impronta de las Constituciones de Weimar y de Austria y recogió de la mexicana los derechos fundamentales de la ‘tercera generación’ (sociales y económicos). Se reconoció la soberanía popular, posibilitando el voto electoral de las mujeres por primera vez, se aprobaron leyes de protección laboral obrera, de salario mínimo y de jornada de trabajo máxima, se secularizaron los cementerios, se instauró la ley del divorcio y se abolieron los privilegios jurídicos por razón de sexo, que se plasmaban en penas desiguales en caso de adulterio.

En algunos aspectos, la CE31 es más avanzada que la CE78, por ejemplo, en su artículo 44: «Toda la riqueza del país, sea quien sea su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional», añadiendo, además, que «la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa», lo cual supera el tibio principio de economía social esbozado en el artículo 128 de la CE78. 

La Constitución republicana supera también a la actual en su vocación pacifista, pues el artículo 6 expresa que «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». 

Abordó parcialmente la articulación territorial del Estado, la asignatura pendiente también hoy en el Estado español, pues los ponentes del texto, con Jiménez de Asúa a la cabeza, quizás teniendo muy presente el fracaso del proyecto de Constitución Republicano Federal de 1873, diseñaron un ‘Estado integral’, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones, sobre todo, las comunidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia.

En lo referente a las relaciones Iglesia-Estado, es sabido que la legislación religiosa abordada por la República fue mucho más avanzada que lo estipulado en el ambiguo artículo 16 de la CE78, que define, tibiamente, la aconfesionalidad del Estado, pero manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas (art. 16.3). 

La reforma agraria constituyó también, como es sabido, un ‘casus belli’ por parte de las fuerzas de la reacción. Las manifestaciones anticlericales y los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas y el escándalo del estraperlo llevaron al debilitamiento del Gobierno de Azaña y a la victoria de las derechas en noviembre de 1933. Las actuaciones contrarreformistas del nuevo Gobierno presidido por Alejandro Lerroux exacerbaron la lucha de clases en el país con la Revolución de Asturias de 1934 y el advenimiento del Frente Popular en febrero de 1936. 

Tras el triunfo de esta coalición de izquierdas, la reacción de las derechas no se hizo esperar. Los monárquicos, agrupados en Renovación Española (Calvo Sotelo y Goicoechea), ya venían conspirando desde el mismo momento de la proclamación de la República (según nos demuestra el profesor Ángel Viñas en ¿Quién quiso la Guerra Civil?). Unieron sus fuerzas a la CEDA (Gil Robles), cuyas juventudes, radicalizadas, no disimulaban su admiración por el fascismo italiano, a la Comunión Tradicionalista (Fal Conde), y a la Falange Española de las JONS (José Antonio Primo de Rivera). Contando con la colaboración de medios propagandísticos de la derecha como el católico El Debate, de Herrera Oria, o el monárquico Abc, de Torcuato Luca de Tena, con la ayuda financiera del contrabandista y banquero Juan March y la interesada ‘ayuda’ de Hitler y Mussolini asestaron el golpe militar definitivo contra la República los días 17 y 18 de julio de 1936.

HOY, COMO AYER, SE IMPONE FRENAR AL FASCISMO.  

Dicen que la Historia no es cíclica (o quizás, sí), pero hay hechos que responden a parámetros y causalidades similares. Salvando las debidas distancias de tiempo y contexto históricos, es claro que la España actual está inmersa en una crisis multicausal que tiene como referente inmediato la del sistema político implantado tras la CE78. Hoy, como en el inicio de la década de los años 30, nos hallamos ante un cuestionamiento de la legitimidad monárquica, lo que alimenta un incipiente movimiento prorrepublicano; está sin resolverse la articulación territorial del Estado; la crisis económica y sanitaria golpea a los sectores populares más vulnerables; hay cierta división en la izquierda; en el principal partido del Gobierno, el PSOE, se evidencian las mismas diferencias ideológicas que mantenían dirigentes como Besteiro e Indalecio Prieto respecto de Largo Caballero; y, como durante la tercera etapa de aquella República, contamos con un Gobierno de coalición de izquierdas que es objeto, como entonces, de un indisimulado acoso tendente a derribarlo. 

Pero, y sobre todo como entonces, un fascismo emergente, que nunca nos abandonó del todo, muestra sin pudor alguno su auténtico rostro (el atentado a la sede de Podemos en Cartagena es muy preocupante). La extrema derecha se ha lanzado abiertamente, en un contexto de pasividad social y alentada, sin duda, por quienes política y mediáticamente normalizan su presencia blanqueando sus actuaciones y sus discursos y ubicándola en lo que llaman el centro derecha, a copar las instituciones y, lo que es peor, la mente de las gentes. 

Mucho se viene hablando del necesario proceso constituyente para el advenimiento de la III República. Pero en ese proceso (y sé que es complicado) hay que impulsar, al igual que durante el 15M, un amplio movimiento popular antifascista que salvaguarde las libertades y que consolide un marco político en que los derechos sociales y laborales, la superación de las desigualdades, la lucha contra el racismo y la discriminación por motivos de género, el feminismo, el pacifismo y una nueva relación amable con la Naturaleza supongan la alternativa y el antídoto contra quienes, como en la España del 36, sólo siembran el odio y el regreso al pasado más tenebroso. 

Y ya sabemos a qué condujo aquello.