Murcia: Pedro Antonio Sánchez dimite...pero se queda

Diego Jiménez/Murcia.- Era cuestión de tiempo. La larga crisis institucional a que condujo el enrocamiento,  en su cargo,  del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (en adelante, PAS)  llegó a su fin en la mañana del pasado día 4, con el anuncio de su dimisión en reunión extraordinaria de la dirección regional del PP convocada con el requerimiento a sus componentes de “asistencia inexcusable”. El hecho de que a la citada reunión la dirección estatal desplazara a Murcia al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, hacía suponer, como así fue,  que esa dimisión podría producirse.

En la foto, el dimitido presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PAS)  (Foto La Opinión de Murcia)

En rueda de prensa, PAS afirmó que dimitía por responsabilidad y para evitar la formación de un Gobierno tripartito (PSOE, Podemos y Ciudadanos), que, según él, sería nefasto para la Región de Murcia. En la misma anunció que la persona propuesta para sucederle era el joven Fernando López Miras, de 33 años de edad, actual coordinador general del PP murciano y secretario segundo de la Asamblea Regional, que para muchos analistas no es sino un ‘hombre de paja’ del presidente, que aspira a recuperar el poder, pues PAS no ha dimitido como parlamentario regional, cosa que sí estaba prevista en el pacto con Ciudadanos que le aupó al poder.

Fernando López Miras, el sucesor de PAS al frente del Ejecutivo murciano (Foto El Confidencial)

De no haber mediado esa dimisión, al día siguiente estaba previsto el debate de una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia, presentada por el grupo socialista y que contaba con el apoyo de Podemos. Ambos grupos habían consensuado un total de 25 puntos para un eventual cambio de Gobierno.  Podemos  aceptaba que la presidencia regional recayera en el socialista  Rafael González Tovar, por dos años, hasta agotar la actual legislatura. El apoyo de Ciudadanos, sin embargo, venía condicionado por que la presidencia socialista fuera al frente de un gobierno técnico, de seis meses de duración, que convocara elecciones, pero vetando expresamente la presencia de Podemos en ese Gobierno.

Recordemos que la composición actual de la Cámara legislativa murciana, con 22 diputados del PP;  13 del PSOE;  6 de Podemos, y 4 de Ciudadanos, situaba a la oposición con mayoría,  pero el veto especial de Ciudadanos a Podemos y su oposición a entregarle el Gobierno de la Comunidad Autónoma al PSOE por un largo periodo de tiempo hacían bastante inviable que esa moción de censura prosperara.  Ésta, y no otra, fue la razón por la que PAS, con el apoyo inicial (ahora sabemos que aparente) de la dirección estatal del PP, se mantuvo enrocado en el cargo, hasta que el anuncio de su imputación en la trama Púnica por parte del juez Velasco precipitó su salida, pues Génova no estaba dispuesta a perder Murcia, uno de sus bastiones electorales y, además, se temía que la crisis institucional murciana podría tener repercusiones en el ámbito estatal.

Un presidente doblemente imputado

La prensa estatal había venido haciéndose eco, en los dos últimos meses, del ‘culebrón’ murciano, provocado por la situación de imputado (ahora investigado) del presidente en el ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, en su etapa de alcalde de ese municipio, y últimamente en la trama Púnica que instruye el juez Velasco.

En el primer caso, PAS había encargado las obras del auditorio al arquitecto Martín Lejarraga, pero no medió concurso de adjudicación y, además, firmó la recepción de esas obras sin terminar, después de destinar a las mismas la subvención de 6 millones de euros del Gobierno regional. Pese a ello, el presidente había venido insistiendo en su inocencia y alegaba que todo el dinero estaba en la obra, a la que se calcula que le faltaría un 35% para su conclusión,  descartando el desvío de fondos.  

El asunto, por la condición de aforado de PAS, estaba siendo sustanciado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por el magistrado Pérez Templado, que, curiosamente, fue visto hace unos días tomándose unas cañas con un señalado dirigente del PP, razón por la que el PSOE había pedido su recusación. Esa circunstancia hubiera retrasado el eventual archivo del caso Auditorio por parte del TSJ, pedido por la defensa de PAS, y es una de las razones por las que desde Madrid se aceleró la dimisión, más bien destitución, del presidente murciano.

El segundo de los asuntos por el que PAS sigue imputado tiene que ver con su relación con uno de los individuos de la trama Púnica. En sus tiempos de consejero de Educación del Gobierno murciano, deseando postularse para suceder en la presidencia regional a Ramón Luis Valcárcel, ahora en Bruselas, PAS conectó con un uno de los imputados por esa trama para, con fondos de los cursos de Formación de la Consejería de Educación, mejorar su imagen, ya deteriorada por el ‘caso Auditorio’.

Consecuencias del largo ‘reinado’ del PP en Murcia

Los veintidós años ininterrumpidos en los que el PP ha venido gobernando, con mayoría absoluta (excepto en este último periodo legislativo) la Región de Murcia han sumido a este territorio en un desierto industrial y una crisis económica y social sólo mitigada en parte por la actividad agroexportadora. Pero, todo hay que decirlo, ha dejado secuelas, como lo demuestra la situación del Mar Menor, una laguna litoral única en el Mediterráneo, pero que acusa gravemente los efectos de una agricultura intensiva que ha dañado este singular espacio.

Por lo demás, la exposición de una serie de indicadores puede darnos una idea de la situación en que se encuentra la Región de Murcia.

La actividad especulativa del ladrillo y el final de la misma, ligada al estallido de la burbuja inmobiliaria, ha traído consecuencias. De los cuarenta y cinco municipios con que cuenta la Región de Murcia, en un total de 25 se dan casos de corrupción ligados a esa especulación urbanística, con el señuelo, muy deseado en su día, de la firma de convenios urbanísticos de difícil ejecución. El fin de la burbuja inmobiliaria ha llevado también a que, en una Región con casi 1,5 millones de habitantes, el presupuesto ha ido menguando año tras año, por la caída de la recaudación. El de 2016 es de 4.862 millones de euros, pero la Deuda actual asciende a 8.035 millones de euros, la décima por comunidades autónomas.

En lo social,  según la EPA de 2016, el  paro entre la población activa menor de 25 años es del 46,3%.  Además, un 44,9% de personas se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social.  Con un Índice de Desarrollo Humano en 2.014 de  0,876, la Región se sitúa en el antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo superada por Andalucía y Extremadura. Tal situación de pobreza motiva que un 56% de murcianos y murcianas confiese no poder salir de vacaciones al menos una semana al año...

Frente a estas cifras, la megalomanía y el despilfarro han dado lugar a proyectos inacabados o fracasados, de los que son ejemplos el Parque Tecnológico y la Paramount, de los que nada más se supo; urbanizaciones proyectadas para un turismo de élite no consolidadas por sentencias judiciales, tales como Novo Carthago, junto al Mar Menor, y las de la Zerrichera y Cabo Cope; autopistas sin coches, como la de Cartagena-Vera, que ha de rescatar Fomento; aeropuertos sin aviones, como el de Corvera, terminado pero sin funcionar, tras retirarle el Gobierno la concesión al anterior consorcio de empresas adjudicatario; una desaladora en el Valle de Escombreras, sin funcionar y en proceso de investigación en una Comisión del parlamento regional; el proyecto megalómano de un macropuerto en el paraje costero de El Gorguel, cuestionado por el movimiento ecologista por sus indudables repercusiones medioambientales sobre el hábitat mediterráneo costero, al pretender ubicarse junto a  la dársena de Escombreras, lugar especialmente contaminado; unas comunicaciones ferroviarias tercermundistas, volcadas ahora en un AVE que no llega y con el olvido de la línea tradicional con Albacete, mientras se anuncia la paralización del corredor Mediterráneo, a favor de Madrid…

Como se ve, la crisis institucional de Murcia coexiste con una Región situada en el furgón de cola de las autonomías. Un último dato: el Gobierno del PP se dispone a concertar la FP y el Bachillerato, enseñanzas, como se sabe, no obligatorias, en una Región en la que en los últimos años el incremento de las partidas destinadas a esos conciertos ha crecido un 24% de media, al tiempo que el deterioro de la Enseñanza Pública es evidente, lo que ha levantado la alarma de un sector de la sociedad murciana, sumida en gran parte en una anestesia que conduce a que el PP haya venido disfrutando, hasta hoy, de una cómoda mayoría, bien es cierto que ahora  con la complicidad de Ciudadanos.