Atraco a la Enseñanza Pública

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/04/04/atraco-educacion-publica/819100.html

(El artículo que envié a La Opinión, unas horas antes de la publicación de la Orden de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia que daba vía al régimen de conciertos, ampliándolos a seis años y, por primera vez, haciéndolos posible en FP y Bachillerato, lo publico aquí corregido, consignando esa circunstancia, y con cambio de título).

Atraco a la Enseñanza Pública

Corría el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González. El presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos.  Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del ‘baby boom’ de los años 70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, con los que, a su vez, se trataba de dar carta de naturaleza a un pacto con la Iglesia católica para consolidar el statu quo existente.

Ese sistema de conciertos imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros; excluía, a su vez, la posibilidad de ‘beneficio industrial’ en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo. ¿Se cumplen hoy esos requisitos? Vayamos por partes.

Para empezar, en el Estado español el peso de la enseñanza concertada es significativamente superior a la media europea. Cuando en el continente los centros de titularidad pública suponen poco más del 80% del total, en España, con datos del propio MEC, en el curso 2015-2016 los centros públicos en los que se imparten enseñanzas del régimen general suponen el 67,8%. En nuestra Región de Murcia, un 71,3% son centros públicos; un 24,4%, concertados, y la privada no concertada supone el 4,2%. Pero esta situación regional cambiará a peor drásticamente. En el momento de redactar estas líneas, el BORM del 1 de abril, tras el dictamen favorable del Consejo Escolar Regional, acaba de publicar la Orden sobre conciertos educativos, que se amplían a seis años, quizás para blindarlos ante un eventual cambio de signo político en el Gobierno, y que anuncian la concertación del bachillerato y los ciclos formativos de FP, lo que ha levantado la alarma social.

Y todo esto ocurre en un contexto en el que el peso de la enseñanza concertada ha ido creciendo a la par que el gasto educativo público menguaba. Desde el 2008 al 2014, las partidas destinadas a conciertos educativos y subvenciones se han incrementado en el país un 6,5% en Infantil y Primaria y un 8% en Secundaria, pero en Murcia lo han hecho en un ¡ 24% de media ! en esos niveles. Situación tanto más sangrante cuando el mismo MEC,  en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo ha ido retrocediendo desde 2009 hasta 2014 en 9.000 millones de euros, un 16,8%, hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. Y,  en ese contexto, la Región de Murcia no sale muy bien parada: en el estudio Papeles de Economía Española de 2016, de Funcas, se sitúa en el furgón de cola de las autonomías en gasto/alumno-a, unos 6.000 euros por estudiante, la mitad que en el País Vasco.

Con estos precedentes, la clara intención de la titular de la Consejería de Educación de Murcia, María Isabel Sánchez-Mora, de incrementar el número de conciertos dando entrada a las enseñanzas no obligatorias ha conseguido enervar los ánimos de una comunidad educativa ya soliviantada. A título orientativo, si les interesa, el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia da a conocer las cantidades por módulo educativo a percibir por los centros concertados en concepto de salarios del personal docente, gastos variables y otros gastos, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Digámoslo con claridad: la Consejería de Educación está poniendo en marcha, sin disimulo alguno, toda una política orientada al trasvase de fondos públicos para favorecer a empresas privadas de enseñanza, cuyo norte es el puro negocio. Un dato: los colegios confesionales Nelva y Monteagudo que, además, segregan a su alumnado por sexos, recibieron en 2016 un total de 4.064.44,22 €, cantidades a las que hay que añadir las percibidas en concepto de cuotas ‘voluntarias’ por parte de las familias. Eso sí,  a sus titulares se les llena la boca con el manido término ‘libertad de enseñanza’ -que no es otra cosa que la libertad de esas patronales para seleccionar alumnado (¿cuántos alumnos y alumnas del Polígono de la Paz hay en las aulas de esos colegios?)-.

La situación es grave. Por eso termino mi columna con un alegato dirigido a ti, compañero y compañera docente de la Pública: ¿Crees que esta situación no te va a afectar? Me dirijo también a ustedes, padres y madres. Estos últimos años se ha registrado una disminución de, al menos, 1.000 profesores y profesoras en la Enseñanza Pública a la par que un deterioro evidente de las infraestructuras de los centros, un aumento de las ratios y un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.  A la consejera, sin embargo, parece preocuparle sólo la estabilidad del profesorado de la concertada. Ante el atraco a la Enseñanza pública, son tiempos de movilizarse.