Pedro Antonio Sánchez, que este
lunes día 6 ha declarado como investigado en el Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, al negarse a dimitir, ha abierto una crisis política por la ruptura
del pacto de investidura con Ciudadanos
Diego
Jiménez/ Murcia, 6-3-2017.- Unas 6.000 personas desfilaron
en la mañana del domingo, día 5 de marzo, por las calles de Murcia, desde la
plaza de La Glorieta, donde se ubica el Ayuntamiento, hasta el Palacio de San
Esteban, sede del Gobierno regional, para protestar contra los numerosos casos
de corrupción que salpican la geografía regional murciana y que afectan directamente
al presidente autonómico, Pedro Antonio
Sánchez (en adelante PAS).
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| La manifestación arranca desde la Glorieta, sede del Ayuntamiento de Murcia |
La protesta, convocada y
organizada por la Plataforma Ciudadana Anticorrupción de la Región Murcia, de
carácter apartidista, era encabezada por una gran pancarta con la leyenda ‘Contra
la corrupción, decencia’, tras la que se situaban personas representativas de
la sociedad civil y activistas sociales. Tras el recorrido, las personas
manifestantes se concentraron ante la sede del Gobierno regional murciano,
lugar en que se dio lectura a un Manifiesto.
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| Ante el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional murciano. |
El
‘Caso Auditorio’
El motivo inmediato de la
protesta tenía relación con el llamamiento del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Murcia, en la causa que instruye el magistrado Julián Pérez Templado, para
que el presidente autonómico prestase declaración, en la mañana del lunes, 6 de
marzo, como imputado (ahora investigado)
por las obras inconclusas de un
Auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras, de la que fue alcalde entre los
años 2003 y 2013, y para la que recibió una subvención pública, procedente de
la Consejería de Cultura de Murcia, de 6 millones de euros. El edificio, aunque formalmente está
entregado, está sin concluir, calculándose en dos millones el coste adicional
de las obras para su puesta en funcionamiento.
El proceso actual por el que el
mandatario murciano está sujeto a investigación tuvo su origen en la actuación de
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, en tiempos del cesado Manuel López Bernal, tomando como base la
denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras. La Fiscalía Anticorrupción interpuso
hace dos años una querella, dirigida contra PAS y otras veinte personas, al
advertir irregularidades en la adjudicación de la obra así como algunas
modificaciones sobre el proyecto inicial y trasladó las diligencias a la jueza
de Lorca, Consuelo Andreo, que advirtió
indicios para investigar a PAS por prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y
falsedad en documento público.
Ante esta situación, el presidente
murciano ha venido alegando que hasta su comparecencia ante el TSJ no había
tenido ocasión de explicar, en sede judicial, su versión de los hechos, pues al
tener la doble condición de aforado no podía ser encausado por los tribunales
ordinarios.
En su declaración del pasado
lunes ante el TSJ, el presidente murciano, que se ha enrocado en su posición y
se niega a dimitir, sigue denunciando una persecución política por parte de los
grupos de la oposición y habla de simples errores administrativos en la gestión
del Auditorio pero, en ningún caso, admite responsabilidad penal.
Crisis
política y ruptura del Pacto con Ciudadanos
El caso Auditorio y la negativa
a presentar su dimisión por parte de PAS, pese a que hace dos años declaró que
lo haría caso de ser imputado, ha abierto una crisis política sin precedentes
en la Región de Murcia, y ha supuesto la ruptura del pacto de gobernabilidad
entre el PP y Ciudadanos por parte de esta última formación política, que insta
al PP a exigir su dimisión y a nombrar un candidato alternativo, cosa que no se
acepta desde la dirección estatal de ese partido.
Ante ello, Ciudadanos, que
abrirá negociaciones con el PSRM-PSOE el miércoles 8, no descarta cualquier salida, incluso una
moción de censura, cosa harto improbable aunque, con 23 diputados y diputadas,
la oposición estaría en disposición de arrebatarle la presidencia al PP, que,
con 22 escaños, precisa del apoyo de la formación naranja para gobernar.
Comparecencia
de PAS ante los medios
Tras su declaración ante el
TSJ, el presidente murciano compareció ante los medios en los salones de un
hotel próximo al Palacio de Justicia. Afirmó que está satisfecho de haber
podido “declarar para aclarar”, y que el dinero de la obra está en la obra,
achacando su no conclusión a la crisis.
Sobre si cumplirá su palabra
dada hace dos años y dimitirá, declaró que lo hará cuando esté “formalmente imputado”,
algo que, afirma, es lo que está acordado con Ciudadanos, a los que pide que
interprete el pacto en Murcia como lo está en clave estatal (es decir, que la
exigencia de dimisión coincida con la apertura del juicio oral).
El presidente murciano, que
sólo respondió a las preguntas del instructor de la causa, de su abogado y las
del Ministerio Fiscal, pero se negó a responder a las preguntas de los abogados
de la oposición de izquierdas, justificó su decisión en que lo que persiguen
Podemos y PSOE es calumniar, con una “estrategia política ruin”, pues, entre
otras cosas, recordó que se le ha negado la comparecencia en la Comisión que
investiga el asunto en la Asamblea Regional, presidida por Podemos.
Para esta última formación
política, el ‘enrocamiento’ del presidente es algo que está dañando la
credibilidad política del mismo y haciendo daño también a la Región. Óscar Urralburu, secretario regional de
Podemos y portavoz en la Asamblea Regional, recordó que PAS entró imputado al
TSJ y salió imputado, por lo que, vista la gravedad de la situación, emplaza
tanto a PSOE como a Ciudadanos a mover ficha, asumiendo que la salida es una
moción de censura, algo que Podemos viene reclamando desde el inicio de esta
crisis.
El próximo miércoles, día 8,
está prevista una reunión a dos bandas entre el PSRM-PSOE y Ciudadanos para
explorar vías de salida a la situación.
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