http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/21/mafia/807431.html
He elegido el Calar de la Santa para escapadas esporádicas huyendo
del asfalto. Pero, aun en estos apartados rincones, es difícil que un
urbanita como yo, transmutado, por mor de la edad y otras
circunstancias, en un aprendiz de aldeano, pueda sustraerse a la
realidad circundante. La noticia de la sentencia del caso Nóos la
capturé en carretera, a primeras horas de la mañana del viernes. Y,
supongo que como tantos y tantas españoles/as, no pude reprimir un
sentimiento de estupefacción, aun teniendo claro que había que preservar
intacta a toda costa la credibilidad de la institución monárquica, tras
los devaneos, escarceos amorosos y algo más del anterior inquilino de
la Zarzuela. Por lo mismo, era previsible que, pese a los esfuerzos del
juez José Castro, la borbónica infanta quedara indemne.
Me esperaba, también, que hubiera un cabeza de turco, por lo que no me
ha extrañado que el socio de Urdangarin, Diego Torres,
cargara con una pena mayor que la del yerno real caído en desgracia.
Este episodio del caso Palma Arena, que ha obviado la responsabilidad de
los encausados y encausadas de la Comunidad Valenciana, es uno más de
los procedimientos judiciales que, pese a que desde la derecha
cavernícola y algunos medios de comunicación se empeñen en decirnos que
demuestran que la Justicia es igual para todos y todas, me suena a una
total tomadura de pelo. No hay proporcionalidad alguna entre la gravedad
de los delitos que se les imputan a los acusados con las pena impuestas.
Como también me suena a tomadura de pelo la inocencia de la infanta.
Desde
que se conoció la sentencia, se nos viene machacando insistentemente
con la independencia del poder judicial. ¿Cómo creer en ésta cuando el
fiscal de la infanta se constituye en el primer defensor de la misma?
¿Cómo asimilar el hecho de que se envíe a prisión a unos titiriteros o a
unos sindicalistas por unos supuestos delitos menores y se esté
hablando de recurrir la ridícula sentencia del exduque de Palma para
evitar que dé con sus huesos en la cárcel?
Me siento asqueado
por tantos y tantos casos de corrupción. Me entristece la complacencia
con la misma de una parte del electorado que mira hacia otro lado y
sigue otorgando su confianza al partido que nos gobierna, el mismo que
alberga a un grupo de delincuentes organizado para disfrutar de las
prebendas del poder. Me repugna la manipulación mediática tendente a
convencernos de que hay crisis, cuando lo cierto es que ésta no ha sido
sino una estratagema destinada a realizar un trasvase de rentas de las
capas sociales más débiles hacia los más poderosos. Me rebelo ante el
coste del rescate bancario, producto de la irresponsabilidad de sus
gestores, y que ello conlleve los drásticos recortes sociales en la
Dependencia, las pensiones, la Sanidad, la Educación...como que se estén
entregando a empresas privadas estos dos últimos servicios esenciales
para la ciudadanía.
La corrupción ha anidado y echado raíces en
este país porque, al margen de la responsabilidad directa personal o
grupal, hay causas que han contribuido a ello: las leyes del Suelo; la
Ley de Contratos del Estado, manifiestamente mejorable; la dificultad
del acceso de la población a la información y participación en los
asuntos públicos; algunos partidos políticos convertidos en estructuras
estancas, impermeables en muchos casos a los auténticos problemas de la
ciudadanía... El resultado: la consolidación de una casta que se cree que
el ejercicio del poder es un bien patrimonial del que no tiene que
rendir cuentas.
Para que la impunidad haya podido campar a sus
anchas, era necesario, además, neutralizar todo atisbo de contestación
social. De ahí la Ley Mordaza; de ahí el empeño en desautorizar a
opciones políticas alternativas (Unidos Podemos); de ahí, por último,
que fuera necesario el control del poder judicial.
¿Vivimos
realmente en un Estado de Derecho, en una democracia? Porque,
aterrizando en nuestra Región, ¿qué podemos pensar del doble asalto que
se ha registrado al domicilio del Fiscal Anticorrupción? ¿Por qué se
tardó tanto en conocer el segundo? ¿Es razonable pensar que los mismos
que han hecho del ejercicio del poder un bien patrimonial, una vez
amenazados sus privilegios se apresten a lanzar señales de advertencia?
Como si de una actuación premonitoria se tratara, el asunto PAS, que como decía Ángel Montiel en
este periódico hace unos días, es ya el 'Caso Fiscalía', es la
constatación palmaria, pese a los desmentidos (¿qué van a decir?) del
Gobierno, de una evidente presión de la Fiscalía General del Estado
sobre la actuación de jueces y fiscales.
Para terminar, una recomendación. Les sugiero, si no lo han hecho ya, la lectura de la novela Crematorio, de Rafael Chirbes,
tristemente fallecido, libro editado por Anagrama. El autor nos ofrece
un panorama terrible: la corrupción como savia que recorre todo el
cuerpo de una sociedad en la que la destrucción del paisaje adquiere
valor de símbolo. Es la mafia en estado puro. Busquen los parecidos con
la realidad.
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