NUESTRA CONSTITUCIÓN, IGNORADA Y DESCONOCIDA (*)

Cuando acaba de celebrarse el 32 aniversario de la ratificación en referéndum, por el pueblo español, de la Constitución de 1978, quiero iniciar mi artículo con esta lúcida reflexión contenida en un texto -que debiera ser hoy de obligada lectura- de la contraportada del libro Constituciones y períodos constituyentes en España: 1808-1936 (Editorial Siglo XXI, 1980), de Eliseo Aja y del fallecido Jordi Solé Tura, uno de los “padres” de la Constitución. La reflexión citada es la que sigue: “El actual periodo constituyente [el iniciado tras las elecciones del 15 de junio de 1977] no conducirá a la estabilidad democrática sino en la medida en que implique un cambio en las relaciones de fuerza sociales”.

Y, precisamente, lo que se detecta hoy, cuando se han cumplido más de treinta y cinco años del fin del aciago ciclo de la dictadura franquista, es que se ha producido un cambio, pero para empeorar esas relaciones de fuerza sociales que marcaron todo el ilusionante periodo que ha venido denominándose la “Transición española”. Aunque hay que advertir que nuestro país no es ajeno a una deriva social, económica y política que presenta evidentes concomitancias en todos los países del mundo desarrollado, es cierto que el periodo de la Transición política en España despertó unas expectativas que no se han visto colmadas. El enorme caudal de ilusión, precedido de una evidente movilización social y política que caracterizó a aquella etapa, se dio en España bajo la presión de los poderes fácticos del franquismo (oligarquía financiera, Iglesia y poder militar), por lo que la auténtica profundización democrática nunca llegó a consolidarse.

Hoy, a más de treinta años del final de aquel ciclo político y social del posfranquismo, no sólo la crisis económica que soportamos en el ámbito occidental sino también aquellas carencias de partida están en el origen del lacerante retroceso que experimentamos en los derechos sociales, económicos y políticos. La España de hoy, inserta en el mundo occidental, se encuentra aquejada de los mismos síntomas, agravados, que afectan a dicho ámbito. En efecto, junto a una evidente pérdida de la soberanía de los Estados –plegados a los intereses del gran capital financiero mundial-, es fácilmente detectable un debilitamiento del propio concepto de soberanía popular. Debilitamiento que tiene su concreción más palpable en el alejamiento de los sectores populares de los ámbitos de decisión social y política, situación que, claramente auspiciada por el Poder, ha venido produciéndose de forma gradual y lenta, pero inexorable, durante los últimos treinta años.

Por exponer sólo una pequeña muestra de los preceptos contenidos en nuestra Constitución de 1978, ésta garantiza el derecho a la participación política directa (artículo 23), pero se ha puesto en práctica solamente la democracia representativa; se reconoce el derecho de petición individual o colectiva (artículo 29), derecho que, a la vista está, no se viene aplicando; el artículo 35 estipula el derecho al trabajo, cuando las cifras del paro superan hoy el 20%; la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (artículo 37) están también en franco retroceso; el derecho a una vivienda digna (artículo 47) es, así mismo, una quimera inalcanzable; el artículo 39 reconoce la protección social, económica y jurídica de la familia y la de los derechos de los niños, cuando las cifras de la pobreza familiar e infantil se están incrementando notablemente…

Con ocasión de la celebración de cada aniversario de nuestro texto constitucional, a menudo suele reabrirse el debate sobre su necesaria revisión y actualización. Pero el problema de fondo es que nuestra Carta Magna no se está aplicando. Otro problema añadido es el notable desconocimiento de la misma por parte de la ciudadanía, sobre todo por los sectores juveniles. Hace unos días tuve la ocasión de participar en un acto sobre el aniversario de la Constitución organizado por un instituto de Murcia. Desde la mesa se pidió a los alumnos y alumnas asistentes, de 2º de Bachillerato, que levantaran la mano quienes conocieran el texto. Ni una mano se alzó. No puede haber profundización democrática en un país si los ciudadanos y ciudadanas están al margen no sólo de la participación política sino del conocimiento mínimo de los derechos y libertades que les amparan.

(*) La Opinión de Murcia. 14-XII-2010 // Diego Jiménez