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Desde mi picoesquina
Diego Jiménez García. 29-06-2021 /Murcia
Conocí a Aminetu Haidar en noviembre de 2013, con ocasión de unas Jornadas sobre el Sahara organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la UMU y la delegación saharaui en nuestra Región. De hablar pausado, suave timbre de voz y de apariencia frágil, esta activista y pacifista saharaui, al poco de empezar a hablar, fue capaz, con su elocuencia, de empatizar con el auditorio para transmitirle la injusta situación en la que vive su pueblo. Denunciaba que la ocupación marroquí del Sahara suponía un calvario para la población, con bombardeos, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, etc. Esta mujer, que pasó cuatro años aislada del exterior, los ojos vendados y torturada con frecuencia, nos advertía de la dura situación que soportaron durante el reinado de Hassan II, admitiendo que la situación tampoco era mejor con el nuevo monarca, Mohamed VI.
Hace unos días, en entrevista para un diario nacional, denunciaba que la nueva confrontación Marruecos-Frente Polisario ha provocado en la zona ocupada una fuerte represión, dirigida sobre todo contra las mujeres saharauis. Esta luchadora incansable sigue la situación con inquietud desde Gran Canaria, donde se halla bajo tratamiento médico para combatir las secuelas físicas de su larga lucha. Tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital por un problema renal. «El Polisario se encontraba al límite, los jóvenes de los territorios ocupados ya no creían en la resistencia pacífica (…) y la comunidad internacional no ha hecho nada, sobre todo Naciones Unidas», nos dice. «La Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), es un testigo con los ojos vendados. Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales. Ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante Naciones Unidas», recalca.
A finales de noviembre de 1975, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, las principales ciudades del Sahara Occidental ya estaban controladas por las fuerzas de ocupación marroquíes. La Marcha Verde avanzó sin problemas con la pasividad cómplice del Estado español, la potencia colonial ocupante desde 1884. Una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató años después: «Por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, se cometían asesinatos en masa; muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos!».
El millonario, corrupto y sátrapa monarca marroquí, al que Juan Carlos I definió como un hermano en su funeral, apostó por borrar del mapa a la población saharaui como vía para terminar con la previsible resistencia a la ocupación. Esto incluía no sólo a los combatientes del Polisario, sino también a las mujeres, ancianos y niños de los campamentos.
Hay que recordar que entre los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976 el bombardeo de la aviación marroquí del campamento de Um Draiga con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas que producen gravísimas quemaduras en la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos, produjo entre 2.000 y 3.000 muertos, la mayoría niños, mujeres y ancianos.
Durante meses el Frente Polisario y la Media Luna Argelina ayudaron a trasladar a decenas de miles de personas hacia una región segura. Empero, la población saharaui quedó dividida en dos, entre las personas que pudieron huir a territorio argelino y las que se quedaron en los territorios ocupados. Quienes optaron por poblar los campos de refugiados de Tinduf continúan hoy allí, con enormes dificultades; quienes permanecieron en el Sahara ocupado sufren, como sus hermanos del Rif, una brutal represión, con torturas, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, con cientos de presos políticos de los que apenas nada se sabe. Uno de los principales centros de detención y tortura, la Cárcel Negra de El Aaiún, mantiene a decenas de ellos privados de libertad y sometidos a torturas y malos tratos de una forma sistemática.
La posición que ocupa Marruecos como ‘Estado gendarme’ encargado por la Unión Europea no sólo de la contención de los flujos migratorios hacia el continente, sino también del control del terrorismo yihadista, explica muchas cosas: desde el establecimiento de tratados preferenciales para la exportación de las hortalizas marroquíes hacia Europa y los ventajosos acuerdos pesqueros, hasta el ‘mirar hacia otro lado’ ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de la monarquía alauita. Pese a que las recientes tensiones diplomáticas entre el Estado español y Marruecos, derivadas de la crisis de los refugiados de Ceuta, pudieran parecer otra cosa, lo cierto es que la colaboración entre las policías de los dos países es un hecho, lo que explicaría que el Gobierno español no haya adoptado medida alguna para lograr la extradición de los 11 altos cargos militares marroquíes, que desde 2015, están procesados por el juez Ruz de la Audiencia Nacional por delito de genocidio por algunos de los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992.
El reino alauita aspira a consolidar el ‘Gran Marruecos’, con la anexión (además de las ciudades de Ceuta y Melilla) del territorio del Sahara, cuya ‘marroquinidad’ fue reconocida hace unos meses por Donald Trump, sin que Joe Biden haya rectificado. Con respecto a la que fue la provincia número 53 de España, hay que recordar que cuando se inició el proceso de ocupación colonial en el siglo XIX el Sahara no tenía vínculos ni con Marruecos ni con Mauritania, y que, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid, a España sigue correspondiendo la administración de ese territorio.
A día de hoy, Marruecos no ha respetado la Resolución 1514 de la ONU, de 1960, que está en el origen de la declaración de independencia de los países colonizados, ha venido torpedeando, por lo tanto, la Resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación del Sahara, y sigue violando, además, las estipulaciones contenidas en el IV Convenio de Ginebra, de 1949, que regula las condiciones de ocupación militar.
Las relaciones diplomáticas del Reino de España con el de Marruecos vienen desarrollándose con una cierta ambigüedad. Pese al reconocimiento español del derecho de autodeterminación de su antigua provincia africana, no es menos cierto que hay un cierto temor a tensar la cuerda demasiado; desde Exteriores se considera que Marruecos goza de especial protección por parte de dos potencias, Francia (se dice que la política exterior alauita se diseña en el Elíseo) y, sobre todo, EE UU.
Marruecos forma parte del eje Canarias-Estrecho-Baleares, que la OTAN considera prioritario reforzar. No en balde, hace unos días tuvieron lugar unas maniobras militares, la operación ‘León Africano 2021’, desarrolladas en el Sahara occidental (el hecho de que se desarrollaran ahí refuerza por parte de EE UU la ‘marroquinidad’ de ese territorio) y en las que, por motivos evidentes, no participó España. El objetivo: aunar la colaboración EE UU-Marruecos frente a las amenazas comunes y contribuir a la modernización de su industria militar y de defensa. Hay que tener en cuenta que, además, la presencia norteamericana en la zona facilita el tránsito de los superpetroleros que navegan a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza, sin olvidar la supervisión de la red de conductos de gas que atraviesa el Sahara y el Sahel.
En medio de este juego cruzado de intereses, nuestro pueblo hermano saharaui espera de las potencias democráticas el apoyo necesario para ejercer su derecho a la autodeterminación. Porque, hoy por hoy, su ansia de libertad choca, como hemos visto, con el muro de la geoestrategia.
