miércoles, 25 de julio de 2012
jueves, 12 de julio de 2012
Se ríen de España y de los españoles
Leer las páginas económicas, o incluso solo las portadas, de los medios se está convirtiendo en un ejercicio de puro masoquismo: no hay manera de disimular el ridículo que está haciendo España.
Hace un mes que se aprobó el rescate de la banca española que según Rajoy resolvía el problema de nuestra economía y que mereció una surrealista felicitación del rey Juan Carlos. En este tiempo ha habido cumbres y varias reuniones de los ministros de Economía pero hasta el momento no se han fijado ni las condiciones concretas, ni qué cantidad exacta se precisa, ni cuándo comenzará a ser efectivo. Se hacen declaraciones contradictorias diciendo un día blanco y otro negro pero siempre se insiste en lo mismo: hay que seguir rebajando gastos y derechos y reduciendo los ingresos de los trabajadores. Lo que era la solución resulta que lo ha empeorado todo y nadie, sin embargo da cuentas de ello.
Se han reído de nosotros. El objetivo es salvar a la banca alemana, que es lo que de verdad les interesa, pero quieren hacerlo con las máximas garantías y eso obliga a que el rescate sea uno definitivo, directamente sobre la economía española y con la garantía directa del Estado. El de los 100.000 millones para los bancos no era sino una salva porque resulta infumable: nadie puede entender que si es a los bancos a quien hay que rescatar se haga responsable de ello a los ciudadanos en su conjunto. Por eso, para provocar el grande, están dejando que nos precipitemos al abismo, no porque la cuantía de nuestra deuda pública sea excesiva, como dicen, sino porque nos atan de pies y manos y nos empujan ante los inversores. Simplemente haciendo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, nada de lo que haría un banco central auténtico, bastará para que seamos intervenidos en poco tiempo y para que nuestra economía sea puesta bajo control directo y permanente de los acreedores alemanes. Queda muy poco tiempo para que las comunidades autónomas se declaren sin liquidez y para que el propio Estado, con tipos en los mercados superiores al 7% u 8% se reconozca incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esa es la secuencia inevitable que producen las medidas que se están tomando.
Si lo que quisieran de verdad fuese salvar a nuestra economía y al euro no harían lo que están haciendo ni nos seguirían obligando a tomar medidas que van a hundir más la demanda, la generación de ingresos, o incluso la posibilidad de que paguemos la deuda que dicen querer que paguemos. Si desearan realmente frenar la presión de los mercados bastaría que el Banco Central Europeo fuese lo que no es, y que se adoptara una estrategia de creación de actividad y empleo para toda Europa en el marco de un pacto global de rentas, pero es que no buscan eso. Quieren que la prima de riesgo siga subiendo para extorsionar más fácilmente y acelerar lo que revestirán como una situación de emergencia que no admita retóricas. Se ríen de nosotros porque lo que van buscando es someter a nuestra economía y no a salvarla en un marco de cooperación y unión europeas.
La última tomadura de pelo de quienes se pasan todo el día diciendo que hay que respetar a los mercados y dejarlos que actúen con plena libertad ha sido salvar una vez más la cara de los bancos permitiendo valorar sus activos a precios “razonables” en el marco de una agencia inmobiliaria sui generis, como ya adelantamos que harían en nuestro libro Lo que España necesita. Es decir, que una vez más se pasan por el forro lo que establecen libremente los mercados que tanto dicen respetar: si el precio razonable no es el que fijan los mercados ¿para qué puñetas sirven? Se ríen de nosotros porque una vez más nos están robando delante de nuestra mismos ojos.
En España es nuestro propio gobierno quien se ríe de nosotros engañándonos sin piedad.
El ministro de Economía alaba sin descanso a las autoridades europeas, agradece sus propuestas razonables y jura y perjura que haremos todo lo que sea necesario para contentar a los mercados, porque es lo que más nos conviene. Pero, justo al mismo tiempo, el de Asuntos Exteriores suplica al Banco Central Europeo (donde hemos perdido la influencia que teníamos, aunque tampoco podamos decir que la hayamos utilizado precisamente a nuestro favor) para que intervenga contra los mercados y ponga formes a los especuladores. Un alarde de discurso coherente y de sincera estrategia compartida. El ministro de Hacienda, que ya ocupa la cartera por segunda vez, reconoce que ha de subir el IVA porque es un incompetente que no sabe hacer que todos paguen lo que tiene que pagar y Cospedal se consolida como la mayor y más desvergonzada demagoga del reino. Ahora carga contra la función pública sin caer en lo que ella tendría que ser la primera en recordar: que en España hay menos trabajadores públicos en relación con la población activa total que en la media de los Quince, que se gasta menos en retribuirlos, que nuestro sector público es bastante más reducido que el de los países más avanzados y competitivos de nuestro entorno, y que esos seres despreciables a los que se refiere y a los que ya está poniendo en la calle son los maestros o los médicos de los hijos de familias que no pueden pagarse servicios privados, por cierto, casi siempre de peor calidad que los públicos a pesar de que disponen de más recursos y de que no asumen todas sus cargas. Y olvidando, sobre todo, que la función pública con la que quieren acabar fue la mejor e imprescindible solución para evitar que las oligarquías de los partidos (de las que ella forma parte) se hicieran dueñas del Estado en perjuicio de la mayoría de la población.
Pobre España y pobre pueblo español, tan silencioso y obediente. Vibra de patriotismo cuando gana La Roja pero enmudece cuando le roba una potencia extranjera o cuando su gobierno le miente y le traiciona.
JUAN TORRES LÓPEZ, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Hace un mes que se aprobó el rescate de la banca española que según Rajoy resolvía el problema de nuestra economía y que mereció una surrealista felicitación del rey Juan Carlos. En este tiempo ha habido cumbres y varias reuniones de los ministros de Economía pero hasta el momento no se han fijado ni las condiciones concretas, ni qué cantidad exacta se precisa, ni cuándo comenzará a ser efectivo. Se hacen declaraciones contradictorias diciendo un día blanco y otro negro pero siempre se insiste en lo mismo: hay que seguir rebajando gastos y derechos y reduciendo los ingresos de los trabajadores. Lo que era la solución resulta que lo ha empeorado todo y nadie, sin embargo da cuentas de ello.
Se han reído de nosotros. El objetivo es salvar a la banca alemana, que es lo que de verdad les interesa, pero quieren hacerlo con las máximas garantías y eso obliga a que el rescate sea uno definitivo, directamente sobre la economía española y con la garantía directa del Estado. El de los 100.000 millones para los bancos no era sino una salva porque resulta infumable: nadie puede entender que si es a los bancos a quien hay que rescatar se haga responsable de ello a los ciudadanos en su conjunto. Por eso, para provocar el grande, están dejando que nos precipitemos al abismo, no porque la cuantía de nuestra deuda pública sea excesiva, como dicen, sino porque nos atan de pies y manos y nos empujan ante los inversores. Simplemente haciendo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, nada de lo que haría un banco central auténtico, bastará para que seamos intervenidos en poco tiempo y para que nuestra economía sea puesta bajo control directo y permanente de los acreedores alemanes. Queda muy poco tiempo para que las comunidades autónomas se declaren sin liquidez y para que el propio Estado, con tipos en los mercados superiores al 7% u 8% se reconozca incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esa es la secuencia inevitable que producen las medidas que se están tomando.
Si lo que quisieran de verdad fuese salvar a nuestra economía y al euro no harían lo que están haciendo ni nos seguirían obligando a tomar medidas que van a hundir más la demanda, la generación de ingresos, o incluso la posibilidad de que paguemos la deuda que dicen querer que paguemos. Si desearan realmente frenar la presión de los mercados bastaría que el Banco Central Europeo fuese lo que no es, y que se adoptara una estrategia de creación de actividad y empleo para toda Europa en el marco de un pacto global de rentas, pero es que no buscan eso. Quieren que la prima de riesgo siga subiendo para extorsionar más fácilmente y acelerar lo que revestirán como una situación de emergencia que no admita retóricas. Se ríen de nosotros porque lo que van buscando es someter a nuestra economía y no a salvarla en un marco de cooperación y unión europeas.
La última tomadura de pelo de quienes se pasan todo el día diciendo que hay que respetar a los mercados y dejarlos que actúen con plena libertad ha sido salvar una vez más la cara de los bancos permitiendo valorar sus activos a precios “razonables” en el marco de una agencia inmobiliaria sui generis, como ya adelantamos que harían en nuestro libro Lo que España necesita. Es decir, que una vez más se pasan por el forro lo que establecen libremente los mercados que tanto dicen respetar: si el precio razonable no es el que fijan los mercados ¿para qué puñetas sirven? Se ríen de nosotros porque una vez más nos están robando delante de nuestra mismos ojos.
En España es nuestro propio gobierno quien se ríe de nosotros engañándonos sin piedad.
El ministro de Economía alaba sin descanso a las autoridades europeas, agradece sus propuestas razonables y jura y perjura que haremos todo lo que sea necesario para contentar a los mercados, porque es lo que más nos conviene. Pero, justo al mismo tiempo, el de Asuntos Exteriores suplica al Banco Central Europeo (donde hemos perdido la influencia que teníamos, aunque tampoco podamos decir que la hayamos utilizado precisamente a nuestro favor) para que intervenga contra los mercados y ponga formes a los especuladores. Un alarde de discurso coherente y de sincera estrategia compartida. El ministro de Hacienda, que ya ocupa la cartera por segunda vez, reconoce que ha de subir el IVA porque es un incompetente que no sabe hacer que todos paguen lo que tiene que pagar y Cospedal se consolida como la mayor y más desvergonzada demagoga del reino. Ahora carga contra la función pública sin caer en lo que ella tendría que ser la primera en recordar: que en España hay menos trabajadores públicos en relación con la población activa total que en la media de los Quince, que se gasta menos en retribuirlos, que nuestro sector público es bastante más reducido que el de los países más avanzados y competitivos de nuestro entorno, y que esos seres despreciables a los que se refiere y a los que ya está poniendo en la calle son los maestros o los médicos de los hijos de familias que no pueden pagarse servicios privados, por cierto, casi siempre de peor calidad que los públicos a pesar de que disponen de más recursos y de que no asumen todas sus cargas. Y olvidando, sobre todo, que la función pública con la que quieren acabar fue la mejor e imprescindible solución para evitar que las oligarquías de los partidos (de las que ella forma parte) se hicieran dueñas del Estado en perjuicio de la mayoría de la población.
Pobre España y pobre pueblo español, tan silencioso y obediente. Vibra de patriotismo cuando gana La Roja pero enmudece cuando le roba una potencia extranjera o cuando su gobierno le miente y le traiciona.
JUAN TORRES LÓPEZ, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
martes, 10 de julio de 2012
VÍCTIMAS DE LA CODICIA
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/07/10/victimas-codicia/414665.html
DIEGO JIMÉNEZ
Hace unos años, los políticos alardeaban de que nuestra tierra, la Región de Murcia, la nueva Arcadia feliz, crecía por encima de la media estatal. Los créditos extranjeros, sobre todo de la rica Alemania, nutrían la avidez de nuestro sistema bancario para financiar aventuras inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Se construían viviendas y más viviendas destinadas, se decía, a ser ocupadas por los jubilados del norte de Europa. Multitud de resorts y campos de golf se enseñoreaban de nuestra geografía regional. El sector de la construcción, boyante y pujante, multiplicaba la oferta de puestos de trabajo en subsectores subordinados (cemento, fontanería, electricidad, carpintería....). Nuestras carreteras se poblaban de coches de alta cilindrada. Éramos la envidia de España. Pero? en éstas llegó la crisis. Los signos de alarma llegaron desde el otro lado del Atlántico. La quiebra de Lehman Brothers y la crisis de las subprime arrastró tras de sí a todo un sistema financiero español que se había basado en la especulación irresponsable.
Y las primeras en caer fueron las cajas de ahorrro. Diseñadas en su día para ser entidades sin ánimo de lucro, herederas de aquellos Montes de Piedad con finalidad, sobre todo, social, el señuelo del dinero fácil procedente de la financiación de actividades inmobiliarias, casi siempre de dudosa rentabilidad —aunque entonces nadie parecía advertir esa situación—, nubló la vista de sus directivos. La especial vinculación de éstos con lo más granado de la clase política, e incluso la clara identificación entre intereses políticos y económicos en el seno de esas Cajas, propició que empezara a aflorar en la mente de sus dirigentes la avaricia sin límites. Las Cajas se habían lanzado a la aventura del ladrillo, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria se descapitalizaron a marchas forzadas. La morosidad creció a un ritmo exponencial y la necesidad de capitales era una evidencia. En ese contexto, en 2004, bajo el mandato de Rodrigo Rato, se lanzaron al mercado las cuotas participativas. Concebidas como activos financieros que no permitían a sus tenedores ostentar derechos políticos (pues no eran acciones), fueron depositadas en manos, mayoritariamente, de pequeños impositores. En realidad, ahora se ha sabido que eran productos de escasa rentabilidad, poco atractivos, por tanto, a los poderosos grupos inversores extranjeros.
Igual suerte corrieron quienes, en su día, suscribieron participaciones preferentes de la CAM —la única entidad de ahorro estatal en emitir dichos títulos—, pues creían que eran depósitos a plazo fijo. Para entendernos, un pequeño ahorrador fue persuadido en su día para suscribir dichas participaciones, con una información tendenciosa y falsa, en la medida en que eran suscritas a perpetuidad: si hay un comprador, se puede vender el producto y recuperar el dinero; si no, la suscripción está ahí, depositada a perpetuidad, sin que el ahorrador pueda recuperar su inversión.
En nuestra Región de Murcia, miles de familias están, al día de hoy, en esa situación, con los ahorros de toda su vida blindados para siempre. A menos que canjeen dichos títulos basura por acciones del nuevo propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, que se hizo con aquélla a precio de saldo (un euro simbólico) y, además, obtuvo del Estado la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros para su recapitalización.
Para entender la situación de las personas tenedoras de esos títulos basura (las preferentes), hay que decir que el Sabadell ofrece a aquéllas el canje de sus participaciones preferentes por acciones a un precio de compra de 2,30 euros, cuando en Bolsa estos días los títulos de ese banco andan por los 1,50 euros, lo que supone perder, grosso modo, un 40% de la inversión. Eso sí, la entidad dice que compensa esa pérdida con una rentabilidad del 6% sobre el 24% restante del valor nominal de esas acciones, y emplaza a sus tenedores a venderlas cuando el mercado sea más propicio.
En éste como en otros tantos temas, queda patente la absoluta indefensión de la ciudadanía ante las arbitrariedades del poder. En connivencia, desde luego, con los grandes grupos financieros, nacionales e internacionales, que están por encima de la mayoría de la población. Los impositores engañados por la CAM han sido víctimas de las codicia de sus antiguos directivos. ¿Responsables? Además de esos directivos de la CAM, que en su día aleccionaron a sus empleados para la distribución de estos activos tóxicos entre modestos impositores, hay que citar, cómo no, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debieran haber supervisado estos productos, y que, sin embargo, permitieron que se comercializaran. Es hora de exigir responsabilidades políticas, y por qué no penales, a los responsables de tal desfalco. Sin olvidar la cuota de culpa que cabe atribuir a los Gobiernos que permitieron tal estafa.
DIEGO JIMÉNEZ
Hace unos años, los políticos alardeaban de que nuestra tierra, la Región de Murcia, la nueva Arcadia feliz, crecía por encima de la media estatal. Los créditos extranjeros, sobre todo de la rica Alemania, nutrían la avidez de nuestro sistema bancario para financiar aventuras inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Se construían viviendas y más viviendas destinadas, se decía, a ser ocupadas por los jubilados del norte de Europa. Multitud de resorts y campos de golf se enseñoreaban de nuestra geografía regional. El sector de la construcción, boyante y pujante, multiplicaba la oferta de puestos de trabajo en subsectores subordinados (cemento, fontanería, electricidad, carpintería....). Nuestras carreteras se poblaban de coches de alta cilindrada. Éramos la envidia de España. Pero? en éstas llegó la crisis. Los signos de alarma llegaron desde el otro lado del Atlántico. La quiebra de Lehman Brothers y la crisis de las subprime arrastró tras de sí a todo un sistema financiero español que se había basado en la especulación irresponsable.
Y las primeras en caer fueron las cajas de ahorrro. Diseñadas en su día para ser entidades sin ánimo de lucro, herederas de aquellos Montes de Piedad con finalidad, sobre todo, social, el señuelo del dinero fácil procedente de la financiación de actividades inmobiliarias, casi siempre de dudosa rentabilidad —aunque entonces nadie parecía advertir esa situación—, nubló la vista de sus directivos. La especial vinculación de éstos con lo más granado de la clase política, e incluso la clara identificación entre intereses políticos y económicos en el seno de esas Cajas, propició que empezara a aflorar en la mente de sus dirigentes la avaricia sin límites. Las Cajas se habían lanzado a la aventura del ladrillo, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria se descapitalizaron a marchas forzadas. La morosidad creció a un ritmo exponencial y la necesidad de capitales era una evidencia. En ese contexto, en 2004, bajo el mandato de Rodrigo Rato, se lanzaron al mercado las cuotas participativas. Concebidas como activos financieros que no permitían a sus tenedores ostentar derechos políticos (pues no eran acciones), fueron depositadas en manos, mayoritariamente, de pequeños impositores. En realidad, ahora se ha sabido que eran productos de escasa rentabilidad, poco atractivos, por tanto, a los poderosos grupos inversores extranjeros.
Igual suerte corrieron quienes, en su día, suscribieron participaciones preferentes de la CAM —la única entidad de ahorro estatal en emitir dichos títulos—, pues creían que eran depósitos a plazo fijo. Para entendernos, un pequeño ahorrador fue persuadido en su día para suscribir dichas participaciones, con una información tendenciosa y falsa, en la medida en que eran suscritas a perpetuidad: si hay un comprador, se puede vender el producto y recuperar el dinero; si no, la suscripción está ahí, depositada a perpetuidad, sin que el ahorrador pueda recuperar su inversión.
En nuestra Región de Murcia, miles de familias están, al día de hoy, en esa situación, con los ahorros de toda su vida blindados para siempre. A menos que canjeen dichos títulos basura por acciones del nuevo propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, que se hizo con aquélla a precio de saldo (un euro simbólico) y, además, obtuvo del Estado la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros para su recapitalización.
Para entender la situación de las personas tenedoras de esos títulos basura (las preferentes), hay que decir que el Sabadell ofrece a aquéllas el canje de sus participaciones preferentes por acciones a un precio de compra de 2,30 euros, cuando en Bolsa estos días los títulos de ese banco andan por los 1,50 euros, lo que supone perder, grosso modo, un 40% de la inversión. Eso sí, la entidad dice que compensa esa pérdida con una rentabilidad del 6% sobre el 24% restante del valor nominal de esas acciones, y emplaza a sus tenedores a venderlas cuando el mercado sea más propicio.
En éste como en otros tantos temas, queda patente la absoluta indefensión de la ciudadanía ante las arbitrariedades del poder. En connivencia, desde luego, con los grandes grupos financieros, nacionales e internacionales, que están por encima de la mayoría de la población. Los impositores engañados por la CAM han sido víctimas de las codicia de sus antiguos directivos. ¿Responsables? Además de esos directivos de la CAM, que en su día aleccionaron a sus empleados para la distribución de estos activos tóxicos entre modestos impositores, hay que citar, cómo no, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debieran haber supervisado estos productos, y que, sin embargo, permitieron que se comercializaran. Es hora de exigir responsabilidades políticas, y por qué no penales, a los responsables de tal desfalco. Sin olvidar la cuota de culpa que cabe atribuir a los Gobiernos que permitieron tal estafa.
martes, 3 de julio de 2012
ARDE VALENCIA
Ecologistas en Acción denuncian negligencias en el operativo de extinción del incendio que ha arrasado 45.000 hectáreas en Valencia y acusan a los políticos que consideran responsables de los recortes y la falta de un plan de prevención que podría haber evitado la tragedia.
martes, 26 de junio de 2012
EL FIN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/06/26/mineria-carbon/411845.html
El carbón, un recurso energético de carácter estratégico, se localiza en nuestro país en determinadas áreas de las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha. Según se reconoce en el Preámbulo del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, el carbón nacional siempre ha tenido dificultades para competir en un mercado abierto y ha requerido, por ello, del apoyo estatal por distintas vías. Las acciones de reestructuración, como tales, se iniciaron a mediados de la década de los años ochenta. A principios de los años noventa funcionaba un régimen de ayudas que distinguía entre empresas mineras de carbón con contrato programa, cuyas necesidades se financiaban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y las empresas mineras de carbón sin contrato programa, financiadas por la vía de la tarifa eléctrica.
La reestructuración que viene sufriendo el sector en los sucesivos planes 1990-1994, 1995-1997 y 1998-2005, en los conceptos de producción y plantilla, ha supuesto directamente pasar de 234 empresas, con una producción de 19’32 millones de toneladas y 45.212 trabajadores en el año 1990, a disponer en 2005 de menos de 28 empresas con una producción de 12’1 millones de toneladas y 8.284 trabajadores. El descenso de la producción ha seguido un ritmo imparable desde 2006, según datos del propio Ministerio de Industria.
Como fuente de producción de energía eléctrica, el carbón aporta el 28% del consumo total; el gas natural representa el 26%; la nuclear, el 19,7%, y la derivada de productos petrolíferos, el 8,9%. El resto se obtuvo de las energías renovables que, incluida la hidroeléctrica, representa el 17% del total generado.
La reestructuración que viene sufriendo el sector en los sucesivos planes 1990-1994, 1995-1997 y 1998-2005, en los conceptos de producción y plantilla, ha supuesto directamente pasar de 234 empresas, con una producción de 19’32 millones de toneladas y 45.212 trabajadores en el año 1990, a disponer en 2005 de menos de 28 empresas con una producción de 12’1 millones de toneladas y 8.284 trabajadores. El descenso de la producción ha seguido un ritmo imparable desde 2006, según datos del propio Ministerio de Industria.
Como fuente de producción de energía eléctrica, el carbón aporta el 28% del consumo total; el gas natural representa el 26%; la nuclear, el 19,7%, y la derivada de productos petrolíferos, el 8,9%. El resto se obtuvo de las energías renovables que, incluida la hidroeléctrica, representa el 17% del total generado.
La Administración, consciente de que la dependencia energética del carbón tenía los días contados, suscribió con los agentes sociales y representantes de la patronal del sector (Carbounión), en marzo de 2006, el documento denominado ‘Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras’, con un ámbito temporal de 2006 a 2012. En dicho documento, las partes firmantes se comprometían a instar a la Comisión Europea a la elaboración de un nuevo Reglamento que fuera más allá del 2010, dirigido a dar continuidad y estabilidad al sector de la minería del carbón.
Y ello porque la Comisión Europea impuso en diciembre de 2010 el cese de las ayudas a este sector en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones para 2011 para llegar a los 75,3 millones en 2017. Pero los Presupuestos del Estado para 2012 fijan las ayudas den 186,6 millones, de los que hay que descontar los 75 ya abonados en marzo, correspondientes al último trimestre de 2011, con lo que la cantidad para 2012 se queda en 111 millones, unos niveles cercanos a los previstos para 2017, cuando ya se estaría a las puertas del cierre de explotaciones pactado para el 2018. Al día de hoy, por tanto, las minas se ven abocadas al cese de actividad inmediato, pese a las supuestas intenciones del ministro de Industria de renovar el Plan Nacional del Carbón con el horizonte de 2013/18.
Por ello, no es de extrañar la contundencia de la protesta social de las comarcas mineras. La crisis económica y los recortes a ella asociados han dejado, además, en papel mojado el vigente Plan Nacional del Carbón. Al ya expuesto cierre del grifo de las subvenciones, hay que añadir el incumplimiento de las promesas de librar fondos destinados a la reactivación de las comarcas mineras. Fondos que suponían un total de 2.880 millones de €, distribuidos por anualidades de la siguiente forma: 440 millones de € entre 2006/2008 y 390 millones entre 2009/2012.
Son muchas las voces que desde planteamientos ecologistas, y al hilo del conflicto actual del carbón, se alzan en contra de la utilización de este tipo de energía, altamente contaminante. Como objeciones de peso, a esos planteamientos medioambientales se une la constatación de que el mantenimiento de esa actividad minera responde, más que a un interés social, al de las empresas eléctricas como poderoso grupo de presión. El debate está abierto. Es difícil conciliar la urgente necesidad de prescindir de energías sucias, y que además son recursos finitos, con el necesario mantenimiento de unos puestos de trabajo que dan de comer a muchas familias. De haberse desarrollado lo estipulado en el Plan Nacional del Carbón, esto es, la diversificación industrial de las comarcas mineras, otro gallo nos cantara.
lunes, 25 de junio de 2012
Acércate a mi nuevo blog
http://inazare.blogspot.com.es/
Si te apetece, te sugiero que le eches un vistazo a mi nuevo bloG (http://inazare.blogspot.com.es/) que iré actualizando de forma periódica. El nombre de la aldea figura en singular (inazare, porque Blogger no me permite el dominio "inazares"). El topónimo Inazares, como el de El Fenazar, cercano a Molina de Segura, es el mismo: "campo de heno". Espero que te guste.
jueves, 21 de junio de 2012
VIDEO INÉDITO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Las voces de Niceto Alcalá-Zamora e Indalecio Prieto o imágenes de lo que ocurrió en la Puerta del Sol el 14 abril de 1931 son algunas de las joyas documentales recogidas en una película que ha estado perdida desde entonces y que rescata imagen y sonido inédito del Gobierno provisional de la II República.
martes, 19 de junio de 2012
jueves, 14 de junio de 2012
martes, 12 de junio de 2012
DEMOCRACIA EN HIBERNACIÓN
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/06/12/democracia-hibernacion/409165.html
DIEGO JIMÉNEZ
La última encuesta del CIS revela tal estado de desasosiego general en ámbitos tan sensibles para la percepción ciudadana como la gravedad de la crisis económica y el descrédito de la política que no se entiende cómo, al día de hoy, no se ha producido el tan temido por algunos (sobre todo por quienes más tienen que perder) estallido social. No hay que ser un analista demasiado sagaz para advertir que bajo la crisis económica subyace una crisis moral y una preocupante crisis política.
A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque, si bien es cierto que la crisis económica, en la medida en que golpea cruelmente y con saña a amplios sectores de la población, es percibida hoy por más de un 90% de la ciudadanía de este país como el principal problema, no es menor el evidente retroceso en la calidad democrática.
El amplio respaldo electoral al actual partido gobernante ha propiciado que éste, aliado con otras fuerzas conservadoras, esté desnaturalizando la función de fiscalización y de control parlamentario que cabe atribuir a las fuerzas de oposición. El Gobierno actual parece gobernar empeñado en propalar el miedo y, al tiempo, echar tierra sobre asuntos varios, para preservar privilegios corporativos de viejo cuño. Así, se puede afirmar que, al día de hoy, todas las instancias de un Estado nacido de una Transición en parte secuestrada por los elementos residuales de un franquismo que se resistía a morir, están fuertemente aquejadas de cierta esclerosis. Y, para muestra, un botón. El caso de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y, además, de la Audiencia Nacional, de haber ocurrido en otro país de nuestro entorno, habría levantado ampollas. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha vetado la necesaria comisión de investigación. De sobra son conocidos los múltiples casos de corrupción existentes en España sin que, al día de hoy, ninguno de los importantes personajes imputados haya dado con sus huesos en la cárcel. Al respecto, por la autoridad de quien lo pronunció, fue muy elocuente el discurso del pasado día 25 de mayo del economista Vicenç Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En el mismo, el profesor Navarro arremete contra el inmovilismo y el conservadurismo de instancias judiciales salidas de una débil Transición. A título de ejemplo, aludía al Tribunal Supremo. Pero, además, afirmó que el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud sino por su sesgo casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que financia ese sistema jurídico.
De juzgado de guardia hay que calificar, por otro lado, la negativa de la Mesa del Congreso a abrir una investigación sobre el omnímodo e intocable poder financiero español. Y de grotesca, la decisión gubernamental de encargar una auditoría sobre la situación financiera de Bankia a dos empresas extranjeras. Como si el Banco de España, que debiera haber ejercido su auténtico papel, no fuera el responsable del desaguisado y el llamado a enmendar, en parte, el entuerto.
Hay más síntomas de debilidad democrática. El pasado martes, la Mesa del Congreso actuó como se esperaba, vetando cualquier nuevo intento de indagación sobre el viaje privado del rey a Bostwana. Esta vez se trataba de la comisión de investigación solicitada en días pasados por la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y ERC y BNG. El grupo parlamentario socialista no veía oportuna tampoco esa propuesta. Lamentable –y preocupante– que en pleno siglo XXI la institución monárquica siga detentando tantos privilegios.
Más datos. De ser cierta la propuesta –publicada en un diario de difusión nacional– de Rajoy de que la política económica la imponga la UE, dicha petición, además de grotesca y humillante, supone una claudicación en toda regla de nuestro Gobierno ante los requerimientos de los mercados. Particularmente grave es la situación a que el Gobierno ha abocado a la Corporación RTVE, rescatada de la neutralidad multidireccional del Estatuto de 2006 para reforzar el sesgo progubernamental de sus contenidos informativos. Y sin calificativos, la decisión de amnistiar fiscalmente a quienes no sólo han defraudado al fisco sino que han acrecentado su patrimonio por medios ilícitos
Es evidente que nuestra débil democracia se encuentra hoy en estado de hibernación.
La última encuesta del CIS revela tal estado de desasosiego general en ámbitos tan sensibles para la percepción ciudadana como la gravedad de la crisis económica y el descrédito de la política que no se entiende cómo, al día de hoy, no se ha producido el tan temido por algunos (sobre todo por quienes más tienen que perder) estallido social. No hay que ser un analista demasiado sagaz para advertir que bajo la crisis económica subyace una crisis moral y una preocupante crisis política.
A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque, si bien es cierto que la crisis económica, en la medida en que golpea cruelmente y con saña a amplios sectores de la población, es percibida hoy por más de un 90% de la ciudadanía de este país como el principal problema, no es menor el evidente retroceso en la calidad democrática.
El amplio respaldo electoral al actual partido gobernante ha propiciado que éste, aliado con otras fuerzas conservadoras, esté desnaturalizando la función de fiscalización y de control parlamentario que cabe atribuir a las fuerzas de oposición. El Gobierno actual parece gobernar empeñado en propalar el miedo y, al tiempo, echar tierra sobre asuntos varios, para preservar privilegios corporativos de viejo cuño. Así, se puede afirmar que, al día de hoy, todas las instancias de un Estado nacido de una Transición en parte secuestrada por los elementos residuales de un franquismo que se resistía a morir, están fuertemente aquejadas de cierta esclerosis. Y, para muestra, un botón. El caso de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y, además, de la Audiencia Nacional, de haber ocurrido en otro país de nuestro entorno, habría levantado ampollas. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha vetado la necesaria comisión de investigación. De sobra son conocidos los múltiples casos de corrupción existentes en España sin que, al día de hoy, ninguno de los importantes personajes imputados haya dado con sus huesos en la cárcel. Al respecto, por la autoridad de quien lo pronunció, fue muy elocuente el discurso del pasado día 25 de mayo del economista Vicenç Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En el mismo, el profesor Navarro arremete contra el inmovilismo y el conservadurismo de instancias judiciales salidas de una débil Transición. A título de ejemplo, aludía al Tribunal Supremo. Pero, además, afirmó que el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud sino por su sesgo casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que financia ese sistema jurídico.
De juzgado de guardia hay que calificar, por otro lado, la negativa de la Mesa del Congreso a abrir una investigación sobre el omnímodo e intocable poder financiero español. Y de grotesca, la decisión gubernamental de encargar una auditoría sobre la situación financiera de Bankia a dos empresas extranjeras. Como si el Banco de España, que debiera haber ejercido su auténtico papel, no fuera el responsable del desaguisado y el llamado a enmendar, en parte, el entuerto.
Hay más síntomas de debilidad democrática. El pasado martes, la Mesa del Congreso actuó como se esperaba, vetando cualquier nuevo intento de indagación sobre el viaje privado del rey a Bostwana. Esta vez se trataba de la comisión de investigación solicitada en días pasados por la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y ERC y BNG. El grupo parlamentario socialista no veía oportuna tampoco esa propuesta. Lamentable –y preocupante– que en pleno siglo XXI la institución monárquica siga detentando tantos privilegios.
Más datos. De ser cierta la propuesta –publicada en un diario de difusión nacional– de Rajoy de que la política económica la imponga la UE, dicha petición, además de grotesca y humillante, supone una claudicación en toda regla de nuestro Gobierno ante los requerimientos de los mercados. Particularmente grave es la situación a que el Gobierno ha abocado a la Corporación RTVE, rescatada de la neutralidad multidireccional del Estatuto de 2006 para reforzar el sesgo progubernamental de sus contenidos informativos. Y sin calificativos, la decisión de amnistiar fiscalmente a quienes no sólo han defraudado al fisco sino que han acrecentado su patrimonio por medios ilícitos
Es evidente que nuestra débil democracia se encuentra hoy en estado de hibernación.
lunes, 11 de junio de 2012
NO ES UN RESCATE, ES UN SECUESTRO
NO ES UN RESCATE,
ES UN SECUESTRO
Lo que ha sucedido este fin de semana, no es "un préstamo en excelentes condiciones", como afirma el Ministro Luis de Guindos. Tampoco es verdad, como también dice, que se pongan condiciones únicamente a la banca. Mucho menos cierto es que no vaya a afectar a la ciudadanía, tal y como ha declarado el Presidente Mariano Rajoy.
Estamos intervenidos desde mayo de ...2010, cuando se iniciaron las reformas para trasladar hacia la ciudadanía los efectos de las políticas económicas irresponsables de los gobiernos y de la avaricia sin cabeza de la banca. Ya obligaron a recortar inversiones sociales, a subir el IVA, a rebajar las pensiones, a facilitar el despido, a bajar los salarios...
La decisión del Gobierno, aceptando la intervención reclamada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, es un paso más en la pérdida de nuestra soberanía. El préstamo, como se quiere vender, no es a los bancos, sino al Estado que es el responsable de devolverlo con sus intereses. ¿Cómo van a poder pagar los bancos que ya son inviables? Al igual que en anteriores ayudas a la banca, el final será que la ciudadanía, a través de sus impuestos y del empeoramiento de los servicios públicos, pagará la mala gestión bancaria y la dejadez gubernamental.
Con una deuda de este calibre, tendremos que estarla amortizando durante generaciones y, mientras estemos pagando, tendremos que seguir haciendo la política económica que nos marquen desde fuera, con más recortes y pérdidas de derechos. Ya se está hablando de recortar las prestaciones por desempleo, profundizar la reforma laboral, bajar nuevamente los salarios del personal empleado público, acelerar la reforma de las pensiones...
Esto no es un préstamo a los bancos, es una condena que pagaremos quienes no hemos provocado la crisis ni nos enriquecimos con la burbuja inmobiliaria. Esto será un rescate para la banca pero, para la ciudadanía, es el secuestro de su futuro.
La INTERSINDICAL DE LA REGIÓN MURCIANA llama a movilizarse. Participará en la convocatoria y desarrollo de cuantas acciones unitarias se organicen contra este nuevo atropello y sus seguros efectos: aumento de la pobreza y de la precariedad, junto a más recortes en los servicios públicos.
11 de junio de 2012
Secretariado de la INTERSINDICALVer más
ES UN SECUESTRO
Lo que ha sucedido este fin de semana, no es "un préstamo en excelentes condiciones", como afirma el Ministro Luis de Guindos. Tampoco es verdad, como también dice, que se pongan condiciones únicamente a la banca. Mucho menos cierto es que no vaya a afectar a la ciudadanía, tal y como ha declarado el Presidente Mariano Rajoy.
Estamos intervenidos desde mayo de ...2010, cuando se iniciaron las reformas para trasladar hacia la ciudadanía los efectos de las políticas económicas irresponsables de los gobiernos y de la avaricia sin cabeza de la banca. Ya obligaron a recortar inversiones sociales, a subir el IVA, a rebajar las pensiones, a facilitar el despido, a bajar los salarios...
La decisión del Gobierno, aceptando la intervención reclamada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, es un paso más en la pérdida de nuestra soberanía. El préstamo, como se quiere vender, no es a los bancos, sino al Estado que es el responsable de devolverlo con sus intereses. ¿Cómo van a poder pagar los bancos que ya son inviables? Al igual que en anteriores ayudas a la banca, el final será que la ciudadanía, a través de sus impuestos y del empeoramiento de los servicios públicos, pagará la mala gestión bancaria y la dejadez gubernamental.
Con una deuda de este calibre, tendremos que estarla amortizando durante generaciones y, mientras estemos pagando, tendremos que seguir haciendo la política económica que nos marquen desde fuera, con más recortes y pérdidas de derechos. Ya se está hablando de recortar las prestaciones por desempleo, profundizar la reforma laboral, bajar nuevamente los salarios del personal empleado público, acelerar la reforma de las pensiones...
Esto no es un préstamo a los bancos, es una condena que pagaremos quienes no hemos provocado la crisis ni nos enriquecimos con la burbuja inmobiliaria. Esto será un rescate para la banca pero, para la ciudadanía, es el secuestro de su futuro.
La INTERSINDICAL DE LA REGIÓN MURCIANA llama a movilizarse. Participará en la convocatoria y desarrollo de cuantas acciones unitarias se organicen contra este nuevo atropello y sus seguros efectos: aumento de la pobreza y de la precariedad, junto a más recortes en los servicios públicos.
11 de junio de 2012
Secretariado de la INTERSINDICALVer más
martes, 29 de mayo de 2012
PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/29/privilegios-iglesia/406538.html
DIEGO JIMÉNEZ
Quizá una de las conquistas históricas más relevantes en el salto a la modernidad de finales del siglo XVIII fue la desaparición de los privilegios formales que detentaban los denominados, precisamente, estamentos privilegiados: nobleza y clero. Hoy, en pleno siglo XXI, la institución eclesiástica se resiste a perder algunos de esos privilegios.
Ya en el siglo XV, los Reyes Católicos exigieron del papado la concesión del ´regio patronato´, por el que la monarquía se reservó el privilegio de presentar una terna para la designación de obispos en las sedes episcopales vacantes. En el siglo XVIII, por otra parte, el Concordato de 1753 entre Fernando VI y el Papa Benedito XIV mantenía el predominio de la monarquía sobre el papado en ese mismo tema. Sin embargo, esa posición predominante de la monarquía borbónica respecto de las atribuciones reservadas secularmente a la Iglesia va a verse equilibrada con la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851. En esta fecha, el entonces presidente del Consejo de Ministros español, Juan Bravo Murillo, de acuerdo con la reina Isabel II, trató de cumplir un viejo objetivo del Partido Moderado: el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado (deterioradas durante la primera guerra carlista, 1833-1839) a través de la firma de un concordato. En el mismo, la Iglesia reconocía la legitimidad de Isabel II, cuestionada precisamente por los carlistas, y aceptaba la obra desamortizadora emprendida por los Gobiernos liberales durante ese periodo, que había afectado a gran parte de sus bienes inmuebles. Pero, a cambio, recibía del Estado dos compensaciones: la fiscalización de la enseñanza, que se concretó posteriormente en la Ley Moyano (1857), y la consolidación de la Ley de Donación de Culto y Clero, promulgada durante la década moderada (1844-1854), que se concretaba en una aportación del Estado a la Iglesia.
Tras el breve paréntesis de la Segunda República, en la que se intentó la consolidación de un Estado laico, esa subvención estatal a la Iglesia se mantuvo, por motivos obvios, en el Concordato de 1953, en la época álgida del nacionalcatolicismo franquista. Ese acuerdo, además de confirmar la confesionalidad del Estado y el más completo reconocimiento de la Iglesia católica en España, completó la restauración de los privilegios del clero, que habían sido eliminados en parte con las políticas liberales. La Iglesia, que tenía la potestad de seguir fiscalizando no sólo los contenidos educativos sino los de cualquier publicación escrita, estaba exenta, sin embargo, de toda censura en su literatura y sus grupos de Acción Católica podrían ejercer en el territorio español libremente. También se acordó el derecho de presentar los Obispos por parte del Jefe del Estado y la validez del matrimonio canónico.
El Concordato franquista fue sustituido, en plena época democrática, por los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979, a escasos días de la promulgación de la Constitución de 1978, por lo que muchos analistas los tildan de ´preconstitucionales´. En ellos, además de ratificarse el contenido del artículo 27.3 de la Constitución, es decir, el derecho de las familias a que sus hijos reciban formación religiosa y moral en los centros educativos, se mantiene la subvención estatal de culto y clero. Además se mantiene otro privilegio que estos días está siendo cuestionado: la exención fiscal de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Y aunque es cierto que es de aplicación, así mismo, a otras confesiones no católicas, esta exención fiscal es hoy más llamativa que nunca, dada la penuria financiera de las corporaciones locales y la presión fiscal que, sin embargo, sí se ejerce sobre la ciudadanía.
La crisis económica ha reabierto el debate social sobre la necesidad de eliminar este tipo de privilegios. La Iglesia católica, institución afectada durante el siglo XIX por un anticlericalismo liberal que se cebó sobre sus propiedades inmuebles, ha de saber adaptarse a los tiempos que corren. Y no parece que el mantenimiento de los privilegios fiscales (además de que los recortes no le han afectado, pues el Estado sigue aportándole ingresos vía presupuestos) casen demasiado con la austeridad, pobreza y otros valores evangélicos que tan vehementemente defiende en ámbitos que, a veces, chocan con la libertad personal.
Quizá una de las conquistas históricas más relevantes en el salto a la modernidad de finales del siglo XVIII fue la desaparición de los privilegios formales que detentaban los denominados, precisamente, estamentos privilegiados: nobleza y clero. Hoy, en pleno siglo XXI, la institución eclesiástica se resiste a perder algunos de esos privilegios.
Ya en el siglo XV, los Reyes Católicos exigieron del papado la concesión del ´regio patronato´, por el que la monarquía se reservó el privilegio de presentar una terna para la designación de obispos en las sedes episcopales vacantes. En el siglo XVIII, por otra parte, el Concordato de 1753 entre Fernando VI y el Papa Benedito XIV mantenía el predominio de la monarquía sobre el papado en ese mismo tema. Sin embargo, esa posición predominante de la monarquía borbónica respecto de las atribuciones reservadas secularmente a la Iglesia va a verse equilibrada con la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851. En esta fecha, el entonces presidente del Consejo de Ministros español, Juan Bravo Murillo, de acuerdo con la reina Isabel II, trató de cumplir un viejo objetivo del Partido Moderado: el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado (deterioradas durante la primera guerra carlista, 1833-1839) a través de la firma de un concordato. En el mismo, la Iglesia reconocía la legitimidad de Isabel II, cuestionada precisamente por los carlistas, y aceptaba la obra desamortizadora emprendida por los Gobiernos liberales durante ese periodo, que había afectado a gran parte de sus bienes inmuebles. Pero, a cambio, recibía del Estado dos compensaciones: la fiscalización de la enseñanza, que se concretó posteriormente en la Ley Moyano (1857), y la consolidación de la Ley de Donación de Culto y Clero, promulgada durante la década moderada (1844-1854), que se concretaba en una aportación del Estado a la Iglesia.
Tras el breve paréntesis de la Segunda República, en la que se intentó la consolidación de un Estado laico, esa subvención estatal a la Iglesia se mantuvo, por motivos obvios, en el Concordato de 1953, en la época álgida del nacionalcatolicismo franquista. Ese acuerdo, además de confirmar la confesionalidad del Estado y el más completo reconocimiento de la Iglesia católica en España, completó la restauración de los privilegios del clero, que habían sido eliminados en parte con las políticas liberales. La Iglesia, que tenía la potestad de seguir fiscalizando no sólo los contenidos educativos sino los de cualquier publicación escrita, estaba exenta, sin embargo, de toda censura en su literatura y sus grupos de Acción Católica podrían ejercer en el territorio español libremente. También se acordó el derecho de presentar los Obispos por parte del Jefe del Estado y la validez del matrimonio canónico.
El Concordato franquista fue sustituido, en plena época democrática, por los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979, a escasos días de la promulgación de la Constitución de 1978, por lo que muchos analistas los tildan de ´preconstitucionales´. En ellos, además de ratificarse el contenido del artículo 27.3 de la Constitución, es decir, el derecho de las familias a que sus hijos reciban formación religiosa y moral en los centros educativos, se mantiene la subvención estatal de culto y clero. Además se mantiene otro privilegio que estos días está siendo cuestionado: la exención fiscal de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Y aunque es cierto que es de aplicación, así mismo, a otras confesiones no católicas, esta exención fiscal es hoy más llamativa que nunca, dada la penuria financiera de las corporaciones locales y la presión fiscal que, sin embargo, sí se ejerce sobre la ciudadanía.
La crisis económica ha reabierto el debate social sobre la necesidad de eliminar este tipo de privilegios. La Iglesia católica, institución afectada durante el siglo XIX por un anticlericalismo liberal que se cebó sobre sus propiedades inmuebles, ha de saber adaptarse a los tiempos que corren. Y no parece que el mantenimiento de los privilegios fiscales (además de que los recortes no le han afectado, pues el Estado sigue aportándole ingresos vía presupuestos) casen demasiado con la austeridad, pobreza y otros valores evangélicos que tan vehementemente defiende en ámbitos que, a veces, chocan con la libertad personal.
martes, 22 de mayo de 2012
HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Acabo de llegar de la concentración ante las puertas de la Consejería de Educación de Murcia, y de la manifestación espontánea hacia la plaza de Santo Domingo. Muy buen ambiente, y, como era de esperar, muchos interinos y muchas interinas presentes en la misma, así como bastantes jóvenes estudiantes. Es el preludio de lo que esta tarde ha de ser una magna manifestación en defensa de la Enseñanza pública, porque...
¡La Educación no se vende, se defiende!
¡La Educación no se vende, se defiende!
martes, 15 de mayo de 2012
YO TAMBIÉN ESTOY INDIGNADO
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/15/indignado/403770.html
DIEGO JIMÉNEZ
Muchas de las personas que me siguen habitualmente en esta columna que, desde hace ya más de doce años, me viene ofreciendo LA OPINIÓN me han expresado en varias ocasiones mi frecuente acierto al abordar, con coherencia y vehemencia, pero con respeto, los asuntos de mis colaboraciones. Pero, miren por dónde, vista la gravedad de la situación en que está sumido nuestro país y nuestra Región, a veces me pide el cuerpo abandonar esa moderación a la hora de expresar la profunda indignación que me embarga.
Estoy indignado por muchas cosas. Una de ellas porque, después de más de 35 años en la enseñanza y de ver pasar por mis aulas a niños y jóvenes a los que he intentado no sólo instruir sino inculcar un espíritu crítico y una actitud de autonomía personal ante la vida, me repugna que muchas voces interesadas se hayan dedicado a denostar nuestro trabajo, presentando a los que nos dedicamos a este noble oficio como unos privilegiados. Ahora, a la vista de los brutales recortes a que someten a la Educación —que van a hacerla retroceder más de treinta años—, sabemos a qué obedecía esa campaña, orquestada y bien planificada.
El ínclito ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha venido realizando desde su toma de posesión una serie de declaraciones atentatorias contra la dignidad de quienes nos dedicamos a esto de enseñar. Y su última bravata ha consistido nada menos que en calificar de mentirosos a quienes venimos denunciando el drástico recorte en los presupuestos de Educación. Pero el decreto, de ámbito estatal, está ahí para su consulta. Los recortes que, dicen, vienen impuestos por los ´mercados´ van a hacer inviable el mantenimiento de una enseñanza de calidad. Y, lo que es peor, nos van a llevar a quienes estamos al borde de una merecida jubilación a ansiar la llegada de ese momento. A muchos enseñantes nos están robando la ilusión. Y la satisfacción por el trabajo bien hecho.
Creo expresar el sentimiento generalizado de hastío de muchas compañeras y muchos compañeros. Hastío que nada tiene que ver con los sinsabores y las dificultades que, en ocasiones, se derivan del ejercicio de nuestra profesión. Nuestro hastío tiene hoy su origen en la constatación de que, pese a ciertas campañas de ´marketing´ dirigidas a devolvernos, dicen, la autoridad perdida en las aulas, lo que realmente se ha diseñado es todo un plan destinado a desprestigiar —para luego, desmantelar— una de las pocas cosas que funcionaban en nuestro país, la Enseñanza pública, como paso previo a su privatización. Por no ser demasiado exhaustivo, les expondré sólo unos ejemplos. No es de recibo que la reducción retribuida de dos horas de jornada laboral al profesorado mayor de 55 años haya desparecido. Como tampoco se sostiene que la tan cacareada aspiración a la consecución de una excelencia educativa venga acompañada de un incremento sustancial de nuestra jornada laboral y, lo que es peor, de las ratios, con aulas saturadas (hasta 36 alumnos y alumnas en la ESO y hasta 47 en los bachilleratos). Es insultante que no se vayan a cubrir las bajas por enfermedad hasta pasados los primeros catorce días. Tampoco es de recibo la subida brutal de las tasas universitarias...
¿Qué se persigue con tanto ensañamiento? Para mí está claro: el gradual desprestigio de la enseñanza pública, la de todas y todos, va a convertirla en marginal y asistencial. Lo que nuestro ínclito ministro no nos va a decir nunca es que el paso siguiente es la irrupción en la educación de toda suerte de empresas, ávidas de explotar y rentabilizar el negocio de una enseñanza privada y elitista. La pela es la pela. Y ya sabemos cómo se las gasta el capital.
Los cargos públicos están, como su nombre indica, para gobernar atendiendo a los intereses de la mayoría de la población. Pero los que hoy hemos de soportar sólo miran por los del capital. Un ejemplo: Bankia. El dinero con el que se pretende rescatar a esa entidad equivale al de los recortes educativos que se anuncian.
En este país, quien lleva a una empresa o entidad financiera a la quiebra se va de rositas, con una buena indemnización.
Los banquillos de los tribunales no suelen reservar lugares destacados para los sinvergüenzas que juegan con los puestos de trabajo o los ahorros de los demás. Por esto, yo también estoy indignado.
Muchas de las personas que me siguen habitualmente en esta columna que, desde hace ya más de doce años, me viene ofreciendo LA OPINIÓN me han expresado en varias ocasiones mi frecuente acierto al abordar, con coherencia y vehemencia, pero con respeto, los asuntos de mis colaboraciones. Pero, miren por dónde, vista la gravedad de la situación en que está sumido nuestro país y nuestra Región, a veces me pide el cuerpo abandonar esa moderación a la hora de expresar la profunda indignación que me embarga.
Estoy indignado por muchas cosas. Una de ellas porque, después de más de 35 años en la enseñanza y de ver pasar por mis aulas a niños y jóvenes a los que he intentado no sólo instruir sino inculcar un espíritu crítico y una actitud de autonomía personal ante la vida, me repugna que muchas voces interesadas se hayan dedicado a denostar nuestro trabajo, presentando a los que nos dedicamos a este noble oficio como unos privilegiados. Ahora, a la vista de los brutales recortes a que someten a la Educación —que van a hacerla retroceder más de treinta años—, sabemos a qué obedecía esa campaña, orquestada y bien planificada.
El ínclito ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha venido realizando desde su toma de posesión una serie de declaraciones atentatorias contra la dignidad de quienes nos dedicamos a esto de enseñar. Y su última bravata ha consistido nada menos que en calificar de mentirosos a quienes venimos denunciando el drástico recorte en los presupuestos de Educación. Pero el decreto, de ámbito estatal, está ahí para su consulta. Los recortes que, dicen, vienen impuestos por los ´mercados´ van a hacer inviable el mantenimiento de una enseñanza de calidad. Y, lo que es peor, nos van a llevar a quienes estamos al borde de una merecida jubilación a ansiar la llegada de ese momento. A muchos enseñantes nos están robando la ilusión. Y la satisfacción por el trabajo bien hecho.
Creo expresar el sentimiento generalizado de hastío de muchas compañeras y muchos compañeros. Hastío que nada tiene que ver con los sinsabores y las dificultades que, en ocasiones, se derivan del ejercicio de nuestra profesión. Nuestro hastío tiene hoy su origen en la constatación de que, pese a ciertas campañas de ´marketing´ dirigidas a devolvernos, dicen, la autoridad perdida en las aulas, lo que realmente se ha diseñado es todo un plan destinado a desprestigiar —para luego, desmantelar— una de las pocas cosas que funcionaban en nuestro país, la Enseñanza pública, como paso previo a su privatización. Por no ser demasiado exhaustivo, les expondré sólo unos ejemplos. No es de recibo que la reducción retribuida de dos horas de jornada laboral al profesorado mayor de 55 años haya desparecido. Como tampoco se sostiene que la tan cacareada aspiración a la consecución de una excelencia educativa venga acompañada de un incremento sustancial de nuestra jornada laboral y, lo que es peor, de las ratios, con aulas saturadas (hasta 36 alumnos y alumnas en la ESO y hasta 47 en los bachilleratos). Es insultante que no se vayan a cubrir las bajas por enfermedad hasta pasados los primeros catorce días. Tampoco es de recibo la subida brutal de las tasas universitarias...
¿Qué se persigue con tanto ensañamiento? Para mí está claro: el gradual desprestigio de la enseñanza pública, la de todas y todos, va a convertirla en marginal y asistencial. Lo que nuestro ínclito ministro no nos va a decir nunca es que el paso siguiente es la irrupción en la educación de toda suerte de empresas, ávidas de explotar y rentabilizar el negocio de una enseñanza privada y elitista. La pela es la pela. Y ya sabemos cómo se las gasta el capital.
Los cargos públicos están, como su nombre indica, para gobernar atendiendo a los intereses de la mayoría de la población. Pero los que hoy hemos de soportar sólo miran por los del capital. Un ejemplo: Bankia. El dinero con el que se pretende rescatar a esa entidad equivale al de los recortes educativos que se anuncian.
En este país, quien lleva a una empresa o entidad financiera a la quiebra se va de rositas, con una buena indemnización.
Los banquillos de los tribunales no suelen reservar lugares destacados para los sinvergüenzas que juegan con los puestos de trabajo o los ahorros de los demás. Por esto, yo también estoy indignado.
miércoles, 2 de mayo de 2012
UN MES PARA CAMBIAR EL MUNDO
Interesante ciclo de conferencias en el centro cultural "Las Balsas", en Molina de Segura
martes, 1 de mayo de 2012
EN MANOS DE ALEMANIA
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/01/manos-alemania/401272.html
DIEGO JIMÉNEZ
España no está en recesión, sino en una severa depresión». Esta rotunda afirmación procede nada menos que del Nobel de Economía Paul Krugman, quien en un reciente artículo afirmaba: «España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con un paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles». Krugman sigue afirmando que no importa tanto el cómo ha llegado nuestro país a este punto sino el hecho de que las recetas que se están aplicando, lejos de mejorar la situación, van a agravarla. Porque, al inicio de la presente crisis, España tenía una deuda relativamente baja y superávit presupuestario. «También —enfatiza Krugman— tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa».
Alemania, la locomotora de la Unión Europea, el país que está ahora imponiendo severas recetas de ajuste estructural a toda Europa, tiene, pues, gran parte de culpa de nuestros males. Y no parece que puedan soplar vientos de cambio en virtud de un hipotético relevo en el Elíseo. François Hollande ha afirmado que, si llega a la presidencia de la República, no va a cuestionar en lo fundamental los cimientos del actual eje franco-alemán, lo que implica que poco van a variar las severas políticas de rigor presupuestario que se están aplicando.
Sobre la enorme responsabilidad de Alemania en el actual empantanamiento que se observa en relación con las salidas a la crisis, es también muy ilustrativa la opinión de Rafael Poch, corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia. En entrevista reciente de Ángel Ferrero, miembro del comité de redacción de Sin Permiso, Rafael Poch nos recuerda que la competitividad de los productos alemanes se produjo a partir de la reducción gradual de las rentas salariales y de la generalización de la precariedad laboral, lo que multiplicó los beneficios empresariales y permitió la acumulación de una enorme bolsa de capital. Las empresas alemanas —y no los alemanes— invirtieron gran parte de esos beneficios en el exterior, capitalizando la estafa inmobiliaria de Estados Unidos, la destrucción del litoral español y buena parte de las fantasías irlandesas o griegas. A su juicio, desentenderse de eso y hacer ver que la situación es resultado del maniqueísmo entre países virtuosos y manirrotos, denota una gran desvergüenza, porque «el problema no es nacional». Al igual que Krugman, opina que la crisis fue desencadenada por el sector privado, especialmente por los bancos que financiaron la pirámide inmobiliaria que se desmoronó. Y aclara: «Que hoy el debate esté centrado en la crisis de la deuda pública, y no sobre el casino que la ocasionó, se debe, fundamentalmente, a que el poder financiero controla Gobiernos y medios de comunicación e impone la leyenda que más le conviene».
Añade, además, que Alemania rechaza los eurobonos porque su Gobierno es rehén de una leyenda populista, la que afirma que ese país es el mayor pagador de Europa. Su contribución a los rescates europeos es, efectivamente, la mayor en términos absolutos, pero sólo porque su economía y su población son las mayores. «La contribución alemana per cápita es la sexta entre diecisiete países», recalca Poch. Señala la cuota de responsabilidad de España y otros países en ese desaguisado en que la locomotora alemana ha introducido a la UE, cuando afirma: «Si la actitud alemana es obtusa ¿cómo calificar el disciplinado seguidismo masoquista de los Gobiernos de Francia, España y los demás, que ni siquiera defienden los intereses nacionales de una estrategia exportadora y consienten una política que incrementa su crisis? En España ni siquiera ha habido un mea culpa por el ladrillo. Ningún aeropuerto inútil o destrucción del litoral ha llevado a nadie a la cárcel».
Como ven, hay otros puntos de vista. Quedan en evidencia quienes nos han conducido a la grave situación en que estamos.
España no está en recesión, sino en una severa depresión». Esta rotunda afirmación procede nada menos que del Nobel de Economía Paul Krugman, quien en un reciente artículo afirmaba: «España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con un paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles». Krugman sigue afirmando que no importa tanto el cómo ha llegado nuestro país a este punto sino el hecho de que las recetas que se están aplicando, lejos de mejorar la situación, van a agravarla. Porque, al inicio de la presente crisis, España tenía una deuda relativamente baja y superávit presupuestario. «También —enfatiza Krugman— tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa».
Alemania, la locomotora de la Unión Europea, el país que está ahora imponiendo severas recetas de ajuste estructural a toda Europa, tiene, pues, gran parte de culpa de nuestros males. Y no parece que puedan soplar vientos de cambio en virtud de un hipotético relevo en el Elíseo. François Hollande ha afirmado que, si llega a la presidencia de la República, no va a cuestionar en lo fundamental los cimientos del actual eje franco-alemán, lo que implica que poco van a variar las severas políticas de rigor presupuestario que se están aplicando.
Sobre la enorme responsabilidad de Alemania en el actual empantanamiento que se observa en relación con las salidas a la crisis, es también muy ilustrativa la opinión de Rafael Poch, corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia. En entrevista reciente de Ángel Ferrero, miembro del comité de redacción de Sin Permiso, Rafael Poch nos recuerda que la competitividad de los productos alemanes se produjo a partir de la reducción gradual de las rentas salariales y de la generalización de la precariedad laboral, lo que multiplicó los beneficios empresariales y permitió la acumulación de una enorme bolsa de capital. Las empresas alemanas —y no los alemanes— invirtieron gran parte de esos beneficios en el exterior, capitalizando la estafa inmobiliaria de Estados Unidos, la destrucción del litoral español y buena parte de las fantasías irlandesas o griegas. A su juicio, desentenderse de eso y hacer ver que la situación es resultado del maniqueísmo entre países virtuosos y manirrotos, denota una gran desvergüenza, porque «el problema no es nacional». Al igual que Krugman, opina que la crisis fue desencadenada por el sector privado, especialmente por los bancos que financiaron la pirámide inmobiliaria que se desmoronó. Y aclara: «Que hoy el debate esté centrado en la crisis de la deuda pública, y no sobre el casino que la ocasionó, se debe, fundamentalmente, a que el poder financiero controla Gobiernos y medios de comunicación e impone la leyenda que más le conviene».
Añade, además, que Alemania rechaza los eurobonos porque su Gobierno es rehén de una leyenda populista, la que afirma que ese país es el mayor pagador de Europa. Su contribución a los rescates europeos es, efectivamente, la mayor en términos absolutos, pero sólo porque su economía y su población son las mayores. «La contribución alemana per cápita es la sexta entre diecisiete países», recalca Poch. Señala la cuota de responsabilidad de España y otros países en ese desaguisado en que la locomotora alemana ha introducido a la UE, cuando afirma: «Si la actitud alemana es obtusa ¿cómo calificar el disciplinado seguidismo masoquista de los Gobiernos de Francia, España y los demás, que ni siquiera defienden los intereses nacionales de una estrategia exportadora y consienten una política que incrementa su crisis? En España ni siquiera ha habido un mea culpa por el ladrillo. Ningún aeropuerto inútil o destrucción del litoral ha llevado a nadie a la cárcel».
Como ven, hay otros puntos de vista. Quedan en evidencia quienes nos han conducido a la grave situación en que estamos.
sábado, 21 de abril de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
RETROCESOS
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/04/18/retrocesos/398720.html
DIEGO JIMÉNEZ
Neonacionalcatolicismo. Las pasadas fiestas de Semana Santa han puesto en evidencia que la aspiración, por parte de un sector importante de la sociedad civil, al avance hacia la separación Iglesia-Estado, lejos de consolidarse, ha experimentado un brusco parón.
Llegadas esas fechas, siempre me pregunto qué derecho les asiste a las distintas cofradías a apropiarse del espacio público durante una larga semana. Pero es que, además, TVE, empresa pública de un Estado que debiera velar por el cumplimiento estricto del artículo 16 de la Constitución, ha contribuido con sus informativos a que emerja un neonacionalcatolicismo de viejo cuño. Las reiteradas y parciales informaciones sobre los desfiles pasionales con referencia casi exclusiva a los de Sevilla, como el paradigma de la ´semana de pasión´, así lo atestiguan. Neonacionalcatolicismo perceptible, así mismo, en la especial sintonía existente entre el Gobierno y la Iglesia católica en temas referidos a derechos civiles. Sin olvidar la intangibilidad de ciertos privilegios del clero, incluidas las exenciones fiscales.
Erre que erre. Tras la notable muestra de descontento social que supuso la última huelga general, el Gobierno parece mostrarse insensible. Las declaraciones contradictorias de, por un lado, asegurar que está dispuesto al diálogo y, por otra, afirmar que no se va a mover un ápice en los temas esenciales de la reforma laboral dejan en muy mal lugar a un gabinete que, surgido de la voluntad popular, debiera manifestarse más sensible al malestar de una parte importante de la sociedad civil. Decididamente, creo que la actual crisis económica es un pretexto para el desmantelamiento de conquistas sociales largamente consolidadas. También de los derechos civiles y políticos.
Algaradas. Particularmente grave es la disposición del Gobierno a legislar para el recorte de derechos básicos, como el de manifestación. Llevar a la cárcel a una persona por inducir, por ejemplo a través de Internet, a protestas callejeras me parece una grave intromisión en una parcela esencial de la libertad humana. Nada nos impide pensar que detrás de ese anuncio lleguen restricciones de otros derechos (¿el de opinión?). Es sabido que los partidos conservadores han sido —y son— tremendamente refractarios al reconocimiento de las libertades colectivas. En éste, como en otros tantos temas, parece que hemos retrocedido al siglo XIX. En esa centuria, cuando en nuestro país gobernaron moderados y conservadores los sectores populares vieron recortados o anulados por completo los derechos colectivos. Por ello, el deseo de que llegaran los liberales era la única esperanza para recuperarlos. Debemos empezar a pensar que, aun reconociendo que la Historia no tiene por qué conducirse de forma cíclica, ciertos acontecimientos sí parecen avalar dicha tesis.
Amnistía fiscal. El anuncio del Gobierno de proceder a una amnistía fiscal de los defraudadores me hace pensar que renquea la reiterada alusión a la igualdad jurídica de los españoles. Esa disposición debilita la credibilidad del conjunto de la ciudadanía en un sistema tributario basado en criterios de equidad y justicia social y sienta un grave precedente que invita no sólo a no dar pasos decididos para erradicar el fraude fiscal sino para alentar a algunos a seguir practicándolo.
¿Ilusiones rotas? Hace unos días, acompañé en Madrid a mi hija menor al acto de su toma de posesión de una plaza de médico interno y residente, tras haber superado con una buena calificación la prueba del MIR. Era muy emocionante ver la ilusión que embargaba a chicos y chicas que salían con su acreditación para completar su formación de médicos. Las puertas del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad bullían de familias, parientes y amigos ávidos de conocer, de primera mano, el destino que habían conseguido sus seres queridos. Y, al hilo del anuncio reciente de los recortes en ámbitos tan especialmente sensibles como la Sanidad y la Educación, inexcusablemente pensé que nada ni nadie tienen el derecho de dilapidar tantas horas de esfuerzo personal para ejercer una profesión tan vocacional. Así mismo, que nada ni nadie tienen el derecho a truncar tantas ilusiones y esperanzas vertidas esa tarde de abril a las puertas de ese ministerio.
DIEGO JIMÉNEZ
Neonacionalcatolicismo. Las pasadas fiestas de Semana Santa han puesto en evidencia que la aspiración, por parte de un sector importante de la sociedad civil, al avance hacia la separación Iglesia-Estado, lejos de consolidarse, ha experimentado un brusco parón.
Llegadas esas fechas, siempre me pregunto qué derecho les asiste a las distintas cofradías a apropiarse del espacio público durante una larga semana. Pero es que, además, TVE, empresa pública de un Estado que debiera velar por el cumplimiento estricto del artículo 16 de la Constitución, ha contribuido con sus informativos a que emerja un neonacionalcatolicismo de viejo cuño. Las reiteradas y parciales informaciones sobre los desfiles pasionales con referencia casi exclusiva a los de Sevilla, como el paradigma de la ´semana de pasión´, así lo atestiguan. Neonacionalcatolicismo perceptible, así mismo, en la especial sintonía existente entre el Gobierno y la Iglesia católica en temas referidos a derechos civiles. Sin olvidar la intangibilidad de ciertos privilegios del clero, incluidas las exenciones fiscales.
Erre que erre. Tras la notable muestra de descontento social que supuso la última huelga general, el Gobierno parece mostrarse insensible. Las declaraciones contradictorias de, por un lado, asegurar que está dispuesto al diálogo y, por otra, afirmar que no se va a mover un ápice en los temas esenciales de la reforma laboral dejan en muy mal lugar a un gabinete que, surgido de la voluntad popular, debiera manifestarse más sensible al malestar de una parte importante de la sociedad civil. Decididamente, creo que la actual crisis económica es un pretexto para el desmantelamiento de conquistas sociales largamente consolidadas. También de los derechos civiles y políticos.
Algaradas. Particularmente grave es la disposición del Gobierno a legislar para el recorte de derechos básicos, como el de manifestación. Llevar a la cárcel a una persona por inducir, por ejemplo a través de Internet, a protestas callejeras me parece una grave intromisión en una parcela esencial de la libertad humana. Nada nos impide pensar que detrás de ese anuncio lleguen restricciones de otros derechos (¿el de opinión?). Es sabido que los partidos conservadores han sido —y son— tremendamente refractarios al reconocimiento de las libertades colectivas. En éste, como en otros tantos temas, parece que hemos retrocedido al siglo XIX. En esa centuria, cuando en nuestro país gobernaron moderados y conservadores los sectores populares vieron recortados o anulados por completo los derechos colectivos. Por ello, el deseo de que llegaran los liberales era la única esperanza para recuperarlos. Debemos empezar a pensar que, aun reconociendo que la Historia no tiene por qué conducirse de forma cíclica, ciertos acontecimientos sí parecen avalar dicha tesis.
Amnistía fiscal. El anuncio del Gobierno de proceder a una amnistía fiscal de los defraudadores me hace pensar que renquea la reiterada alusión a la igualdad jurídica de los españoles. Esa disposición debilita la credibilidad del conjunto de la ciudadanía en un sistema tributario basado en criterios de equidad y justicia social y sienta un grave precedente que invita no sólo a no dar pasos decididos para erradicar el fraude fiscal sino para alentar a algunos a seguir practicándolo.
¿Ilusiones rotas? Hace unos días, acompañé en Madrid a mi hija menor al acto de su toma de posesión de una plaza de médico interno y residente, tras haber superado con una buena calificación la prueba del MIR. Era muy emocionante ver la ilusión que embargaba a chicos y chicas que salían con su acreditación para completar su formación de médicos. Las puertas del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad bullían de familias, parientes y amigos ávidos de conocer, de primera mano, el destino que habían conseguido sus seres queridos. Y, al hilo del anuncio reciente de los recortes en ámbitos tan especialmente sensibles como la Sanidad y la Educación, inexcusablemente pensé que nada ni nadie tienen el derecho de dilapidar tantas horas de esfuerzo personal para ejercer una profesión tan vocacional. Así mismo, que nada ni nadie tienen el derecho a truncar tantas ilusiones y esperanzas vertidas esa tarde de abril a las puertas de ese ministerio.
domingo, 8 de abril de 2012
SINDICATOS DEL SIGLO XXI
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/04/03/sindicatos-siglo-xxi/396078.html
DIEGO JIMÉNEZ
Pese a que voces interesadas han venido exponiendo lo contrario, no tengo duda alguna en afirmar que la jornada huelguística del pasado día 29 de marzo fue un éxito. Ante todo, un triunfo de la ciudadanía en acción. Y, de paso, un balón de oxígeno para unas organizaciones sindicales que venían siendo objeto de un ataque sistemático y planificado, de cara a debilitar y deslegitimar su papel de ´interlocutores sociales´, nueva denominación que en los últimos tiempos se les ha otorgado.
En efecto, los sindicatos de siempre se trocaron en agentes sociales, diluidos en ese magma del que emergen también, con fuerza, las organizaciones patronales. A los sucesivos Gobiernos les ha interesado otorgarles esa denominación. Agentes sociales necesarios para garantizar la ´paz social´. Las cúpulas dirigentes de los sindicatos han venido asumiendo, consciente o inconscientemente, ese rol. De manera tal que, a mi parecer, tras el indudable éxito de la pasada movilización ciudadana, la aspiración a retomar la negociación con el Gobierno tiene el cariz de, ante todo, una actitud defensiva.
Sin embargo, los ataques sistemáticos a los derechos sociales y la gravedad de una reforma laboral pensada, sobre todo, para mejorar la competitividad de las empresas —más que para generar empleo— han sido percibidos claramente por los sectores más dinámicos de la ciudadanía en acción. Los sindicatos, pues, deben captar ese mensaje. Ante todo, deben actualizar sus estrategias. Deben también mimar sus políticas de alianzas, acercándose a aquellos partidos políticos y colectivos sociales más proclives a un cambio del modelo económico. Han de esforzarse por incrementar su autonomía financiera, cosa que se consigue con un sustancial aumento de la afiliación. Han de entender que la sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver con la del XIX. Es preciso que tengan claro que el corporativismo de ciertos colectivos profesionales les incapacita, además, para entender que en el actual esquema de capitalismo neoliberal, y pese a la diversidad de las relaciones laborales y contractuales, hay algo en común a todos los asalariados: la percepción de una mínima parte de las rentas del capital.
Pero esta alienación de muchos trabajadores de ´cuello blanco´ explicaría por qué nunca van a secundar una huelga, porque alguien les ha convencido de que sus intereses (de clase) no coinciden con los del trabajador sin cualificación y, además, precario. Por lo mismo, y pese a ser uno de los sectores más golpeados por la crisis, los autónomos y comerciantes ven la huelga como algo que no va con ellos.
Por ello, para garantizar el éxito de sucesivas movilizaciones, se impone que, desde las organizaciones de la izquierda (incluyendo, claro está, a los sindicatos), se empiece a tomar en serio la necesidad de ejercer una labor pedagógica.
En primer lugar, para analizar la realidad, como medio de actuar consecuentemente. Y en ese análisis de la realidad no debe faltar la constatación de que el capitalismo (europeo y transnacional) ha tejido un tramado de intereses que exige de los Gobiernos europeos el papel de meros comparsas. Sin olvidar el enorme peso de las instituciones comunitarias: un Parlamento Europeo sin apenas capacidad legislativa; un Banco Central Europeo sin control por los parlamentos y Gobiernos nacionales, y una Comisión y Consejo que imponen normas que vulneran la soberanía de los Estados.
A los sindicatos les cabe también la responsabilidad de reactualizar sus iniciales señas de identidad, recuperando el internacionalismo proletario, hoy más necesario que nunca en virtud de la internacionalización de la economía. Los problemas sociales de Europa exigen una respuesta europea, no exclusivamente nacional.
La tarea es urgente. La nula sensibilidad mostrada por el Gobierno español, los banqueros y los patronos ante la contundencia de la protesta y el clamor de la calle es un elemento que debe mover a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a una profunda reflexión.
Desde mayo del pasado año, las calles y plazas de España mostraron al mundo que la indignación no es algo abstracto, sino que se materializaba en miles de ciudadanos y ciudadanas que no se resignan al mero papel de súbditos en manos de fuerzas políticas y económicas inaprehensibles. La gravedad de la situación es tal que puede acrecentar a medio plazo la tendencia hacia una cada vez mayor rebeldía social, incluyendo acciones de desobediencia civil. Nuestros sindicatos del siglo XXI han de estar preparados para esa eventualidad.
DIEGO JIMÉNEZ
Pese a que voces interesadas han venido exponiendo lo contrario, no tengo duda alguna en afirmar que la jornada huelguística del pasado día 29 de marzo fue un éxito. Ante todo, un triunfo de la ciudadanía en acción. Y, de paso, un balón de oxígeno para unas organizaciones sindicales que venían siendo objeto de un ataque sistemático y planificado, de cara a debilitar y deslegitimar su papel de ´interlocutores sociales´, nueva denominación que en los últimos tiempos se les ha otorgado.
En efecto, los sindicatos de siempre se trocaron en agentes sociales, diluidos en ese magma del que emergen también, con fuerza, las organizaciones patronales. A los sucesivos Gobiernos les ha interesado otorgarles esa denominación. Agentes sociales necesarios para garantizar la ´paz social´. Las cúpulas dirigentes de los sindicatos han venido asumiendo, consciente o inconscientemente, ese rol. De manera tal que, a mi parecer, tras el indudable éxito de la pasada movilización ciudadana, la aspiración a retomar la negociación con el Gobierno tiene el cariz de, ante todo, una actitud defensiva.
Sin embargo, los ataques sistemáticos a los derechos sociales y la gravedad de una reforma laboral pensada, sobre todo, para mejorar la competitividad de las empresas —más que para generar empleo— han sido percibidos claramente por los sectores más dinámicos de la ciudadanía en acción. Los sindicatos, pues, deben captar ese mensaje. Ante todo, deben actualizar sus estrategias. Deben también mimar sus políticas de alianzas, acercándose a aquellos partidos políticos y colectivos sociales más proclives a un cambio del modelo económico. Han de esforzarse por incrementar su autonomía financiera, cosa que se consigue con un sustancial aumento de la afiliación. Han de entender que la sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver con la del XIX. Es preciso que tengan claro que el corporativismo de ciertos colectivos profesionales les incapacita, además, para entender que en el actual esquema de capitalismo neoliberal, y pese a la diversidad de las relaciones laborales y contractuales, hay algo en común a todos los asalariados: la percepción de una mínima parte de las rentas del capital.
Pero esta alienación de muchos trabajadores de ´cuello blanco´ explicaría por qué nunca van a secundar una huelga, porque alguien les ha convencido de que sus intereses (de clase) no coinciden con los del trabajador sin cualificación y, además, precario. Por lo mismo, y pese a ser uno de los sectores más golpeados por la crisis, los autónomos y comerciantes ven la huelga como algo que no va con ellos.
Por ello, para garantizar el éxito de sucesivas movilizaciones, se impone que, desde las organizaciones de la izquierda (incluyendo, claro está, a los sindicatos), se empiece a tomar en serio la necesidad de ejercer una labor pedagógica.
En primer lugar, para analizar la realidad, como medio de actuar consecuentemente. Y en ese análisis de la realidad no debe faltar la constatación de que el capitalismo (europeo y transnacional) ha tejido un tramado de intereses que exige de los Gobiernos europeos el papel de meros comparsas. Sin olvidar el enorme peso de las instituciones comunitarias: un Parlamento Europeo sin apenas capacidad legislativa; un Banco Central Europeo sin control por los parlamentos y Gobiernos nacionales, y una Comisión y Consejo que imponen normas que vulneran la soberanía de los Estados.
A los sindicatos les cabe también la responsabilidad de reactualizar sus iniciales señas de identidad, recuperando el internacionalismo proletario, hoy más necesario que nunca en virtud de la internacionalización de la economía. Los problemas sociales de Europa exigen una respuesta europea, no exclusivamente nacional.
La tarea es urgente. La nula sensibilidad mostrada por el Gobierno español, los banqueros y los patronos ante la contundencia de la protesta y el clamor de la calle es un elemento que debe mover a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a una profunda reflexión.
Desde mayo del pasado año, las calles y plazas de España mostraron al mundo que la indignación no es algo abstracto, sino que se materializaba en miles de ciudadanos y ciudadanas que no se resignan al mero papel de súbditos en manos de fuerzas políticas y económicas inaprehensibles. La gravedad de la situación es tal que puede acrecentar a medio plazo la tendencia hacia una cada vez mayor rebeldía social, incluyendo acciones de desobediencia civil. Nuestros sindicatos del siglo XXI han de estar preparados para esa eventualidad.
lunes, 19 de marzo de 2012
¿Participación popular?
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/03/19/participacion-popular/393010.html
DIEGO JIMÉNEZ
A principios de junio de 1808, el vacío de poder creado
en nuestro país por el secuestro por Napoleón de la familia real española, junto
a la inacción de la Junta de Castilla, llevaron a la formación de Juntas locales
y provinciales, integradas curiosamente por las anteriores autoridades civiles y
eclesiásticas, nobles y notables. Así, el pueblo, protagonista esencial en la
lucha contra la ocupación napoleónica, no accedió a los nuevos órganos de
gobierno. A partir del 25 de septiembre, esas Juntas locales y provinciales
confluyen en una Junta Central. Floridablanca fue elegido su presidente hasta su
muerte en diciembre de 1808. En el contexto de unos acontecimientos bélicos
desfavorables para la Junta Central, se planteó, no obstante, la convocatoria de
Cortes. El decreto de 22 de mayo establecía una Comisión integrada por Manuel
José Quintana, Agustín de Argüelles y Lorenzo Calvo de Rozas.
El avance francés obligó a los miembros de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno a abandonar Sevilla para retirarse hacia la Isla de León (hoy San Fernando, Cádiz) y renunciar al poder a favor de un Consejo de Regencia, no sin antes convocar a la nación a Cortes Generales.
La escasa participación del pueblo llano en esta convocatoria queda corroborada en la Instrucción de fecha 1 de enero de 1810, que aludía a la conveniencia de que los diputados electos fuesen propietarios. Se estaba recomendando, pues, elegir a quienes acreditasen la posesión de bienes propios o renta suficiente (elegibilidad censitaria). Dicha recomendación ignoraba todo un proceso anterior, no suficientemente conocido, de una notable avidez de participación en la vida pública por amplios sectores de la población. José Francisco Fuentes nos ilustra sobre la gestación de lo que hoy denominamos opinión pública, hecho que se produjo en cafés y tertulias que proliferaban en una ciudad de Cádiz que se resistía a ser ocupada por el invasor francés. Cierto es que el pueblo llano, sobre todo el campesinado (quizás por su apego a la tradición, en la línea del mantenimiento del Antiguo Régimen) seguía estando al margen de ese proceso. La exclusión de amplias capas de la población de los derechos políticos recogidos en el texto constitucional que surgió de aquellas Cortes de Cádiz es un hecho evidente. En los debates de la Constitución de 1812 se enfrentaron dos concepciones opuestas de ciudadanía: los miembros de la Comisión redactora del texto la limitaban a los «españoles que por ambas líneas traen su origen en los dominios españoles de ambos hemisferios», con la exclusión de «los habidos y reputados por originarios de África». En cambio, algunos diputados de los territorios americanos defendieron la concesión de la ciudadanía a todos los súbditos de la Corona, con la única excepción de los esclavos.
En aquellas Cortes quedó, además, clara la distinción entre ´español´ y ´ciudadano´. Manuel Pérez de Ledesma recoge la aportación del diputado Aner, quien a comienzos de septiembre de 1811, dijo: «Como español, [toda persona] tiene derecho a ser protegido por la ley, goza de la seguridad de su persona y conserva la propiedad de sus bienes», mientras que «como ciudadano, le corresponden los derechos políticos», es decir, «la representación nacional y el llamamiento a los empleos municipales». El carácter de clase del texto surgido de los debates de Cádiz es evidente. La mayoría liberal que alumbró aquella Constitución era tremendamente refractaria a la participación popular en la política, reservada al ámbito de los ´notables´, es decir, quienes tenían propiedades y formación intelectual adecuada. Así, entre los diputados de aquellas Cortes, integradas por intelectuales, algunos miembros de la nobleza y un notable número de clérigos (de ahí el carácter claramente confesional de texto) no se encontraban representantes del campesinado, sector muy activo en la lucha patriótica contra la ocupación francesa, pero ignorante de los cambios propugnados por las ideas liberales.
Aquellas Cortes, no obstante, promulgaron el 19 de marzo de 1812 una Constitución monárquica (el pueblo español, mayoritariamente, deseaba el regreso de Fernando VII, el Deseado), en la que la soberanía era nacional (no popular), con división de poderes; promulgaron la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la reestructuración administrativa del reino de España y la división en provincias; anularon los privilegios señoriales; decretaron la supresión de señoríos, gremios y mayorazgos…
Pero las fuerzas de la reacción, tan poderosas en el devenir histórico del siglo XIX español, condenaron a aquel texto constitucional a escasos periodos de vigencia (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837). Fernando VII, a su regreso en marzo de 1814, anuló toda la obra constitucional gaditana «como si nunca hubiera existido». La represión política se cebó sobre liberales y afrancesados, muchos de los cuales hubieron de abandonar el país, otra de las constantes históricas.
Hoy, a doscientos años del alumbramiento de La Pepa y a casi cuarenta años de la Transición, amplios sectores de la sociedad española propugnan el inicio de un necesario periodo neoconstituyente, que, esta vez sí, devuelva el protagonismo político a la mayoría de la población.
DIEGO JIMÉNEZ
El avance francés obligó a los miembros de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno a abandonar Sevilla para retirarse hacia la Isla de León (hoy San Fernando, Cádiz) y renunciar al poder a favor de un Consejo de Regencia, no sin antes convocar a la nación a Cortes Generales.
La escasa participación del pueblo llano en esta convocatoria queda corroborada en la Instrucción de fecha 1 de enero de 1810, que aludía a la conveniencia de que los diputados electos fuesen propietarios. Se estaba recomendando, pues, elegir a quienes acreditasen la posesión de bienes propios o renta suficiente (elegibilidad censitaria). Dicha recomendación ignoraba todo un proceso anterior, no suficientemente conocido, de una notable avidez de participación en la vida pública por amplios sectores de la población. José Francisco Fuentes nos ilustra sobre la gestación de lo que hoy denominamos opinión pública, hecho que se produjo en cafés y tertulias que proliferaban en una ciudad de Cádiz que se resistía a ser ocupada por el invasor francés. Cierto es que el pueblo llano, sobre todo el campesinado (quizás por su apego a la tradición, en la línea del mantenimiento del Antiguo Régimen) seguía estando al margen de ese proceso. La exclusión de amplias capas de la población de los derechos políticos recogidos en el texto constitucional que surgió de aquellas Cortes de Cádiz es un hecho evidente. En los debates de la Constitución de 1812 se enfrentaron dos concepciones opuestas de ciudadanía: los miembros de la Comisión redactora del texto la limitaban a los «españoles que por ambas líneas traen su origen en los dominios españoles de ambos hemisferios», con la exclusión de «los habidos y reputados por originarios de África». En cambio, algunos diputados de los territorios americanos defendieron la concesión de la ciudadanía a todos los súbditos de la Corona, con la única excepción de los esclavos.
En aquellas Cortes quedó, además, clara la distinción entre ´español´ y ´ciudadano´. Manuel Pérez de Ledesma recoge la aportación del diputado Aner, quien a comienzos de septiembre de 1811, dijo: «Como español, [toda persona] tiene derecho a ser protegido por la ley, goza de la seguridad de su persona y conserva la propiedad de sus bienes», mientras que «como ciudadano, le corresponden los derechos políticos», es decir, «la representación nacional y el llamamiento a los empleos municipales». El carácter de clase del texto surgido de los debates de Cádiz es evidente. La mayoría liberal que alumbró aquella Constitución era tremendamente refractaria a la participación popular en la política, reservada al ámbito de los ´notables´, es decir, quienes tenían propiedades y formación intelectual adecuada. Así, entre los diputados de aquellas Cortes, integradas por intelectuales, algunos miembros de la nobleza y un notable número de clérigos (de ahí el carácter claramente confesional de texto) no se encontraban representantes del campesinado, sector muy activo en la lucha patriótica contra la ocupación francesa, pero ignorante de los cambios propugnados por las ideas liberales.
Aquellas Cortes, no obstante, promulgaron el 19 de marzo de 1812 una Constitución monárquica (el pueblo español, mayoritariamente, deseaba el regreso de Fernando VII, el Deseado), en la que la soberanía era nacional (no popular), con división de poderes; promulgaron la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la reestructuración administrativa del reino de España y la división en provincias; anularon los privilegios señoriales; decretaron la supresión de señoríos, gremios y mayorazgos…
Pero las fuerzas de la reacción, tan poderosas en el devenir histórico del siglo XIX español, condenaron a aquel texto constitucional a escasos periodos de vigencia (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837). Fernando VII, a su regreso en marzo de 1814, anuló toda la obra constitucional gaditana «como si nunca hubiera existido». La represión política se cebó sobre liberales y afrancesados, muchos de los cuales hubieron de abandonar el país, otra de las constantes históricas.
Hoy, a doscientos años del alumbramiento de La Pepa y a casi cuarenta años de la Transición, amplios sectores de la sociedad española propugnan el inicio de un necesario periodo neoconstituyente, que, esta vez sí, devuelva el protagonismo político a la mayoría de la población.
miércoles, 7 de marzo de 2012
TUMBAS VACÍAS
DIEGO JIMÉNEZ
Habían tenido que dormirla. El parto venía complicado, por lo que los médicos optaron por practicarle una cesárea. Al despertar en la fría habitación de la clínica madrileña en la que Paloma acababa de dar a luz, la primera visita que recibió, antes incluso de que pudiera ver a su marido, fue la de la monja que había ejercido de comadrona.-Enhorabuena, hija. Ha sido algo difícil pero debes alegrarte: tienes dos niñas preciosas. Dos rubias gemelas que, con seguridad, serán la alegría de tu hogar.
A Paloma, inmersa aún en la relativa alucinación que produce un hecho siempre ilusionante, aunque traumático, como es el de alumbrar una nueva vida, la noticia le produjo una inmensa relajación. Unas lágrimas besaron espontáneamente sus mejillas. «Gracias, madre», acertó a decir.
Le asaltó un sueño reparador. Al despertar, su único deseo era el de conocer a sus retoños. No fue necesaria demasiada insistencia por su parte. El médico se presentó en su habitación.
—Ha sido un parto difícil. Hemos hecho lo imposible por traer a las dos gemelas al mundo. Pero siento comunicarle que una de ellas no ha sobrevivido. Su marido está ya al tanto de todo. En unos días, cuando abandone la clínica, podrán dar sepultura al cuerpo. Mientras tanto, descanse.
—Pero, ¡la hermana me dijo...! Paloma no pudo culminar su alegato. El médico abandonó precipitadamente la estancia.
Tres días más tarde, Paloma dio sepultura a su hija, a la que no habían dejado ver, en un pequeño féretro. Había querido que su pequeña superviviente, María Luisa, fuera testigo del momento, aun a sabiendas que la niña de tres días, a la que aún no se le había impartido el bautismo, estaría totalmente al margen del drama que embargaba a la familia.
Transcurrieron cuarenta años. Paloma se encontraba en la cocina cuando recibió la precipitada visita de María Luisa.
—Mamá, mamá. No te lo vas a creer. Supongo que estas cosas ocurren, quizás más a menudo de lo que parece. Pero, al pasar por delante del mercado, me ha abordado una mujer. Me ha llamado Elena. Y yo, extrañada, le he dicho: «Creo, señora, que se confunde usted». A lo que ella ha añadido:
«Pues, perdona, hija. Pero eres idéntica a una chica que vive en el adosado que hay junto al mío».
Mientras escuchaba atentamente a su hija, el rostro de Paloma fue pasando lenta, pero visiblemente, del asombro a la consternación. Unas lágrimas volvieron a bañar sus mejillas, como ocurriera cuarenta años atrás, en la habitación de la clínica. La hija advirtió la situación.
—¿Qué te ocurre mamá?
—Hija, con lo que me acabas de referir, me has ratificado un presentimiento. Creo que esa chica y tú estáis más próximas de lo que puedas suponer.
María Luisa no daba crédito a lo que acababa de oír. Pero las palabras de su madre despertaron su intriga. Aquella noche, la conversación familiar derivó, inevitablemente, hacia la sospecha de que algo terrible pudiera haber sucedido en aquella clínica cuarenta años atrás.
La familia contactó en los días siguientes con una asociación que investigaba la desaparición de bebés. Práctica frecuente, según se les informó, en los primeros años de la posguerra —cuando los niños nacidos de mujeres republicanas eran separados de sus madres para entregárselos a familias del bando vencedor—. Pero no sólo en aquellas aciagas fechas. La familia supo que, desde esos primeros años del franquismo hasta incluso los años 90 del pasado siglo, una siniestra trama, extendida por toda la geografía española, había urdido algo tan abominable como apropiarse de bebés recién nacidos para entregarlos en adopción.
Paloma y su marido lograron que un mandato judicial les permitiera acceder a los restos de su hija fallecida al nacer, y a la que nunca pudieron ver. Hacía un frío espantoso esa mañana en el camposanto. Pero cuando los sepultureros procedieron a abrir el minúsculo féretro, el alarido desgarrador de Paloma pudo oírse en las cuatro esquinas del cementerio. Su rostro quedó tan frío como el mármol de las lápidas. Aquella tumba estaba vacía.
P. S. Este relato con personajes de ficción es tan real como la vida misma. Hasta el momento, se han presentado en nuestro país más de 1.000 denuncias por desaparición de bebés desde 1940 hasta incluso la década de los 90. Gran parte de las mismas han sido archivadas por falta de pruebas. Las asociaciones de familias afectadas instan a la Fiscalía a que esclarezca estas abominables prácticas.
martes, 6 de marzo de 2012
CULPABLES... by Constituyentes
http://vimeo.com/37706264
Aunque no estoy de acuerdo con 'meter en el mismo saco' a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo con los banqueros, políticos y corruptos que nos han llevado a esta situación (nuestra crítica a ciertas actuaciones sindicales no debe hacernos caer en la descalificación facilona e injusta de sus líderes), este vídeo contiene aspectos de interés. Y, desde luego, no entiendo por qué lo ha censurado You Tube.
Aunque no estoy de acuerdo con 'meter en el mismo saco' a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo con los banqueros, políticos y corruptos que nos han llevado a esta situación (nuestra crítica a ciertas actuaciones sindicales no debe hacernos caer en la descalificación facilona e injusta de sus líderes), este vídeo contiene aspectos de interés. Y, desde luego, no entiendo por qué lo ha censurado You Tube.
viernes, 2 de marzo de 2012
CALENDARIO DEL COMITÉ DE RESISTENCIA (CCOO, STERM-LA INTERSINDICAL Y FETE-UGT) ANTE LOS NUEVOS RECORTES EN EDUCACIÓN
En una reunión celebrada en la mañana de hoy, los sindicatos miembros del Comité de Resistencia (CR), han acordado un calendario inicial de movilizaciones en el sector docente no universitario, con el objeto de que el profesorado de la Región de Murcia, junto al resto de la Comunidad Educativa (padres y madres, estudiantes y personal no docente de los centros educativos) responda a la nueva agresión a la calidad de la educación pública que han supuesto los recortes aprobados por el Gobierno Regional.
CALENDARIO:
- EL DÍA 8 DE MARZO, A LAS 17,30 HORAS, EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE CCOO, en la Calle Corbalán de Murcia, se celebrará una ASAMBLEA ABIERTA DE PROFESORADO INTERINO, en la que se informará de las repercusiones de las medidas en este colectivo y se decidirán las propuestas de actuación.
- EL DÍA 9 DE MARZO, SE CONVOCAN CONCENTRACIONES DE 10´ EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN, EN EL COMIENZO DEL RECREO MATUTINO. El objeto de esta protesta será mostrar el rechazo del colectivo docente a la aplicación, desde el 12 de marzo de 2012, de la ampliación del horario laboral docente.
- EL DÍA 12 DE MARZO, A LAS 18,00 HORAS, SE MANTENDRÁ UNA REUNIÓN CON LA FAPA “JUAN GONZÁLEZ”, LA ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL FEMAE, EL SINDICATO DE ESTUDIANTES INDEPENDIENTE, en la que se planificarán actuaciones conjuntas en defensa del sistema educativo público.
- EL DÍA 13 DE MARZO, A LAS 18,00 HORAS, SE CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA: CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EN DEFENSA DEL EMPLEO INTERINO. La marcha comenzará en el Palacio de San Esteban, con un recorrido sinuoso desde la Plaza Fuensanta hasta la calle Obispo Frutos y, desde ahí, por la Puerta de Orihuela hasta la Consejería de Educación, en la Avenida de la Fama. Al finalizar el recorrido, los asistentes prodecerán a OCUPAR DE MODO PACÍFICO LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
En la semana del 5 al 9 de marzo, se convocarán asambleas comarcales en distintas localidades para debatir los recortes y decidir las medidas de respuesta. EL COMITÉ DE RESISTENCIA HACE UN LLAMAMIENTO PÚBLICO AL PROFESORADO REGIONAL, ASÍ COMO AL RESTO DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A SUMARSE Y A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTAS MOVILIZACIONES, DEFENDIENDO LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y NUESTROS DERECHOS.
EL COMITÉ DE RESISTENCIA SE COMPROMETE A SEGUIR MOVILIZANDO PARA FRENAR ESTE ATAQUE A NUESTROS DERECHOS.
¡DIGNIDAD Y RESISTENCIA!
CALENDARIO:
- EL DÍA 8 DE MARZO, A LAS 17,30 HORAS, EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE CCOO, en la Calle Corbalán de Murcia, se celebrará una ASAMBLEA ABIERTA DE PROFESORADO INTERINO, en la que se informará de las repercusiones de las medidas en este colectivo y se decidirán las propuestas de actuación.
- EL DÍA 9 DE MARZO, SE CONVOCAN CONCENTRACIONES DE 10´ EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN, EN EL COMIENZO DEL RECREO MATUTINO. El objeto de esta protesta será mostrar el rechazo del colectivo docente a la aplicación, desde el 12 de marzo de 2012, de la ampliación del horario laboral docente.
- EL DÍA 12 DE MARZO, A LAS 18,00 HORAS, SE MANTENDRÁ UNA REUNIÓN CON LA FAPA “JUAN GONZÁLEZ”, LA ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL FEMAE, EL SINDICATO DE ESTUDIANTES INDEPENDIENTE, en la que se planificarán actuaciones conjuntas en defensa del sistema educativo público.
- EL DÍA 13 DE MARZO, A LAS 18,00 HORAS, SE CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA: CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EN DEFENSA DEL EMPLEO INTERINO. La marcha comenzará en el Palacio de San Esteban, con un recorrido sinuoso desde la Plaza Fuensanta hasta la calle Obispo Frutos y, desde ahí, por la Puerta de Orihuela hasta la Consejería de Educación, en la Avenida de la Fama. Al finalizar el recorrido, los asistentes prodecerán a OCUPAR DE MODO PACÍFICO LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
En la semana del 5 al 9 de marzo, se convocarán asambleas comarcales en distintas localidades para debatir los recortes y decidir las medidas de respuesta. EL COMITÉ DE RESISTENCIA HACE UN LLAMAMIENTO PÚBLICO AL PROFESORADO REGIONAL, ASÍ COMO AL RESTO DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A SUMARSE Y A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTAS MOVILIZACIONES, DEFENDIENDO LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y NUESTROS DERECHOS.
EL COMITÉ DE RESISTENCIA SE COMPROMETE A SEGUIR MOVILIZANDO PARA FRENAR ESTE ATAQUE A NUESTROS DERECHOS.
¡DIGNIDAD Y RESISTENCIA!
sábado, 25 de febrero de 2012
CENTENARIO DE ANTONIO MARTÍNEZ ENDIQUE
En la nómina de autores destacados de la generación literaria de 1927 no están todos. Habría que incluir al murciano Antonio Martínez Endique, cuyo nombre alguien intentó que quedara borrado para siempre. Los desvelos de su nieto político, Juan Romero, por rehabilitar su memoria le han llevado a localizar la partida de nacimiento, aunque, como me cuenta, “a la hoja le falta un trozo inferior sin que aparezcan las firmas del padre ni del juez. Además, por los lados está en forma de sierra y no se distingue el número de la hoja, presunción evidente de que una mano negra quiso hacer desaparecer la ficha”. J. Romero me dice que le costó dos años de intentos vanos obtener, por fax y burofax, la partida de nacimiento de su abuelo, que ‘milagrosamente’ ha aparecido.
Una mano invisible, pues, se encargó de intentar eliminarlo del registro civil murciano una vez acabada la Guerra Civil Española. En su demérito, haber sido militante destacado republicano, esto es, de los ‘perdedores’. La perseverancia y el empeño de su nieto político en que alguien, en el centenario de su nacimiento, haga llegar a la sociedad murciana siquiera unas líneas que no condenen al olvido para siempre a una figura destacada de las letras murcianas me llevan a hacer, en esta columna, una apresurada reseña sobre ese autor.
Antonio Martínez Endique, nacido en el murciano barrio de El Carmen el 25 de febrero de 1912, fue militante de los sindicatos UGT y CNT. Ostentó, además, los cargos de secretario general de Izquierda Murciana, partido afín en la Región de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Militó, además, en el Partido Socialista Unificado y en el Partido Comunista. Fue jefe del órgano de prensa de la UGT y de Radio Sur-Partido Comunista de Murcia, y colaborador, entre otros, de los periódicos El Liberal y La Región. No obstante su adscripción a partidos de izquierdas, Martínez Endique fue un hombre tolerante, por lo que tuvo amistad con señalados intelectuales y artistas, tales como Vicente Medina, Nicomedes Gómez, el pintor Falgas, etc. Aun así, condenado en Consejo de Guerra en 1940 a 20 años, cumplió una condena de 7 años, dos meses y siete días. Una vez en libertad condicional, de 1944 a 1945 trabajó en los periódicos Hoja del Lunes y Línea, entre otros.
Su polifacética actividad le llevó al campo de la composición musical. En 1955 nos consta que registró en la SGAE las composiciones, compartidas con el maestro Manuel Massotti Littel, Ay, Crevillente, De la arboleda a la Luna, Coplas Murcianas, Habanera Divina, Cuando tú no estás, Mujer Murciana y Nocturno a Murcia.
Para reivindicar su figura, hace unos años, se inició una campaña publicitaria en los diarios regionales, con cuñas publicitarias. En ese momento, hubo testimonios de adhesión a la memoria de Martínez Endique por parte, entre otras personas, del fallecido secretario general de UGT en Murcia, Antonio López Baños, así como del ex secretario general federal de CCOO, José María Fidalgo, y otras destacadas personalidades de la Región, destacando el apoyo a dicha campaña de la familia del compositor Massotti Littel, con quien M. Endique colaboró como letrista.
En 1962 escribió sobre acepciones de palabras alternativas a las aceptadas por la Real Academia Española de la Lengua –a la que se dirigió a tal fin- tales como orbinauta, selenauta y helionauta. En 1964 fue Vicesecretario del Orfeón murciano Fernández Caballero, en cuya directiva estaba su amigo personal, el escultor murciano Antonio Garrigós Giner. El 14 de agosto de 1977 -año en el que también murieron los cantantes Elvis Presley y Antonio Machín- falleció en Barcelona, en el humilde barrio del Raval en el que se había recluido.
Hoy, día 25 de febrero se cumple, pues, el primer centenario de su nacimiento en Murcia, sin que ninguna institución política ni cultural se haya dignado a tributar un reconocido homenaje póstumo a la vida y obra de este autor murciano. La sociedad murciana sigue teniendo, pues, una deuda pendiente con la memoria de Antonio Martínez Endique.
miércoles, 15 de febrero de 2012
ES HORA DE LA REBELIÓN SOCIAL
La asquerosa y denigrante situación que soportamos, con el ataque brutal a los derechos laborales -que nos retrotrae a los inicios de la Revolución Industrial-, la parálisis y recortes de las prestaciones sociales, el renacimiento de un nacionalcatolicismo de viejo cuño, la ficción del mantenimiento de una división de poderes que, en realidad, enmascara la hegemonía y el dominio del capital financiero sobre las instituciones y asociaciones de la sociedad civil... harían necesaria no ya una simple respuesta movilizadora sino, lo que creo que es más urgente, una rebelión ciudadana en toda regla, que debería incluir acciones contundentes de desobediencia civil.
El problema es que el actual partido que dicen tiene la ¿responsabilidad de Gobierno?, con una aplastante mayoría, se presenta dotado de la legitimidad que le han otorgado las urnas para practicar uno y otro dislate sin fin. Ante ello, ¿percibís, como yo, una especie de sumisión ciudadana y una aceptación de las políticas que practica el PP, en la convicción que las mismas vienen dadas por las prácticas de ZP, por lo que parece que "todo vale"? ¿Ayuda, para invertir tal estado de cosas, la tibia respuesta sindical ante los ataques sin fin a los derechos laborales largamente conquistados? ¿Es hora de que, como en Grecia, intensifiquemos todos los esfuerzos para consolidar una necesaria, por olvidada, lucha de clases?
El problema es que el actual partido que dicen tiene la ¿responsabilidad de Gobierno?, con una aplastante mayoría, se presenta dotado de la legitimidad que le han otorgado las urnas para practicar uno y otro dislate sin fin. Ante ello, ¿percibís, como yo, una especie de sumisión ciudadana y una aceptación de las políticas que practica el PP, en la convicción que las mismas vienen dadas por las prácticas de ZP, por lo que parece que "todo vale"? ¿Ayuda, para invertir tal estado de cosas, la tibia respuesta sindical ante los ataques sin fin a los derechos laborales largamente conquistados? ¿Es hora de que, como en Grecia, intensifiquemos todos los esfuerzos para consolidar una necesaria, por olvidada, lucha de clases?
viernes, 10 de febrero de 2012
jueves, 9 de febrero de 2012
PONER EN VALOR NUESTRO HÁBITAT RURAL
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/02/09/poner-habitat-rural/384172.html
DIEGO JIMÉNEZ
Hubo un tiempo en nuestro país en el que la mayor parte de la población activa dependía del campo. Los habitantes de las zonas rurales mantenían su vinculación a la tierra de sus antepasados como algo inherente a su peculiar cultura y cosmovisión. La ciudad aparecía como un ente lejano cuando no hostil. El proceso que condujo al éxodo acelerado del campo a la ciudad tuvo mucho que ver, en nuestro país, con las consecuencias del Plan de Estabilización de 1959, en pleno franquismo. Con la industrialización, millones de personas, muchas de ellas dedicadas durante años al trabajo agrícola, a la silvicultura, al pastoreo o a la producción artesanal, fueron empujadas a una emigración forzada al extranjero, a las zonas industriales de Cataluña y Euskadi y a las zonas turísticas emergentes (Mallorca), sin olvidar la enorme atracción que ejercía la capital, Madrid, que vio crecer exponencialmente su población a partir de la década de los 60 del pasado siglo.
Esa huída del campo a la ciudad tuvo también su expresión concreta en el interior de cada una de las regiones de España, que contemplaron el enorme crecimiento de ciudades llamadas a constituirse en centros regionales de primer orden (Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid, Bilbao, Vigo, Murcia…), lo que implicó también un notable crecimiento poblacional de éstas. Estos hechos contribuyeron al gradual vacío de las zonas rurales, de tal modo que hoy el porcentaje de población activa dedicado a la agricultura ha descendido considerablemente.
Cuadrilla de Cañada de la Cruz, en su actuación en las fiestas de Inazares
Y en ello no solamente han influido la dureza de las condiciones laborales en el medio rural y la indudable atracción que, para muchas familias campesinas, ofrecía la ciudad, espacio con servicios y ventajas comparativas no disponibles en el hábitat rural. La realidad es que se ha ido consolidando el olvido sistemático del campo por parte de las diferentes administraciones, a lo que se añade una política agrícola común (PAC), en el seno de la UE, que privilegia a ciertos mercados en detrimento de los nuestros. Muchos habitantes de nuestras aldeas y pueblos percibieron enseguida que la agricultura tradicional no era rentable ni les garantizaba su supervivencia.
DIEGO JIMÉNEZ
Hubo un tiempo en nuestro país en el que la mayor parte de la población activa dependía del campo. Los habitantes de las zonas rurales mantenían su vinculación a la tierra de sus antepasados como algo inherente a su peculiar cultura y cosmovisión. La ciudad aparecía como un ente lejano cuando no hostil. El proceso que condujo al éxodo acelerado del campo a la ciudad tuvo mucho que ver, en nuestro país, con las consecuencias del Plan de Estabilización de 1959, en pleno franquismo. Con la industrialización, millones de personas, muchas de ellas dedicadas durante años al trabajo agrícola, a la silvicultura, al pastoreo o a la producción artesanal, fueron empujadas a una emigración forzada al extranjero, a las zonas industriales de Cataluña y Euskadi y a las zonas turísticas emergentes (Mallorca), sin olvidar la enorme atracción que ejercía la capital, Madrid, que vio crecer exponencialmente su población a partir de la década de los 60 del pasado siglo.
Esa huída del campo a la ciudad tuvo también su expresión concreta en el interior de cada una de las regiones de España, que contemplaron el enorme crecimiento de ciudades llamadas a constituirse en centros regionales de primer orden (Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid, Bilbao, Vigo, Murcia…), lo que implicó también un notable crecimiento poblacional de éstas. Estos hechos contribuyeron al gradual vacío de las zonas rurales, de tal modo que hoy el porcentaje de población activa dedicado a la agricultura ha descendido considerablemente. Cuadrilla de Cañada de la Cruz, en su actuación en las fiestas de Inazares
Y en ello no solamente han influido la dureza de las condiciones laborales en el medio rural y la indudable atracción que, para muchas familias campesinas, ofrecía la ciudad, espacio con servicios y ventajas comparativas no disponibles en el hábitat rural. La realidad es que se ha ido consolidando el olvido sistemático del campo por parte de las diferentes administraciones, a lo que se añade una política agrícola común (PAC), en el seno de la UE, que privilegia a ciertos mercados en detrimento de los nuestros. Muchos habitantes de nuestras aldeas y pueblos percibieron enseguida que la agricultura tradicional no era rentable ni les garantizaba su supervivencia.
En nuestra Región, el vacío poblacional es constatable hoy en zonas como el Noroeste, la comarca Oriental y el Altiplano. Núcleos en los que, hace unos años, había una población estable de varios centenares de habitantes cuentan hoy con unas pocas decenas de vecinos. En el Noroeste, nombres como los de Inazares, El Hornico, Los Odres, El Moral, Cañada de la Cruz, Calar de la Santa, El Sabinar, Benizar… nos suenan estos días de invierno cuando la nieve se deja ver en esos parajes. Pero el resto del año sólo un turismo rural —afectado, como tantos otros sectores, por la crisis— logra mantener cierta apariencia de actividad en algunos de dichos núcleos rurales. Y lo cierto es que, dejando al margen una visión excesivamente idílica de estos lugares con indudable encanto paisajístico, esas olvidadas aldeas y pueblos del interior de la Región podrían dar más de sí. El abandono al que se han visto sometidos podría revertirse hoy, precisamente cuando la crisis económica que sufrimos condena a muchos habitantes de zonas urbanas a rozar los límites de la mera subsistencia.
La crisis económica no debería ser un obstáculo, sino un acicate, para políticas públicas tendentes a la puesta en valor de estos espacios rurales. Dichas medidas de revalorización del ámbito rural podrían consistir en subvenciones para la rehabilitación de viviendas, ayudas para el fomento del cooperativismo agrario (con el impulso a producción ecológica de productos tradicionales de secano y árboles frutales), la ganadería y la actividad artesanal. Y todo ello sin olvidar el fomento de un turismo rural, hoy en cierto declive por la crisis, respetuoso con el entorno, que tendría más sentido con unos núcleos poblados y activos que no en aldeas y pueblos que pierden atractivo cuando son abandonados por sus moradores.
En la medida en que no es sostenible que en esta Región más de dos tercios de la población habitemos en las comarcas de Cartagena-Mar Menor y Murcia (más de un tercio, en el área metropolitana de la capital), es preciso recuperar esas aldeas y pueblos abandonados. Como decía arriba, sería deseable poner en valor esos espacios de nuestra Región hoy vacíos. El debate está servido.
martes, 7 de febrero de 2012
CAERSE DEL GUINDO[S]
"Caerse del Guindo" es, según la RAE , "caer en la cuenta o enterarse de algo obvio".
Si el año 2007 usted hubiera invertido 1.000 € en Fortis, siguiendo los consejos del hoy ministro de Economía Luis de Guindos, hoy tendría 39 euros.
Si ese mismo año 2007 y siguiendo otra vez los consejos del ministro usted hubiera invertido 1.000 € en acciones del Royal Bank of Scotland, hoy tendría 29 euros.
Si en el año 2008 usted le hubiera comprado directamente a Luis de Guindos alguna de sus acciones de Lehman Brothers por un importe de 1.000 euros, hoy tendría 0 euros.
Y si el año 2009 usted hubiera mantenido su confianza en el que fue un gran asesor financiero, e invertido 1.000 euros en Cuotas Participativas de la CAM , hoy tendría 0 euros.
Pero si en el año 2007 en vez de confiar en los consejos de su asesor financiero, usted hubiera comprado vino, de La Rioja , de la Ribera del Duero, o simplemente de Jumilla (y me refiero a comprar vino, vino, no acciones de los bodegueros), también por un valor de 1.000 € y luego se hubiera bebido ese vino, tranquilamente, hasta la última gota, hoy, con la venta de los envases vacíos, tendría 69 €.
Moraleja:
Tal como están las cosas y dada la solvencia de los consejos del nuevo ministro de economía del Gobierno de España, más vale dedicarse a beber con moderación, pero con alegría, e intentar olvidar en manos de quien está ahora la economía del país.
Si el año 2007 usted hubiera invertido 1.000 € en Fortis, siguiendo los consejos del hoy ministro de Economía Luis de Guindos, hoy tendría 39 euros.
Si ese mismo año 2007 y siguiendo otra vez los consejos del ministro usted hubiera invertido 1.000 € en acciones del Royal Bank of Scotland, hoy tendría 29 euros.
Si en el año 2008 usted le hubiera comprado directamente a Luis de Guindos alguna de sus acciones de Lehman Brothers por un importe de 1.000 euros, hoy tendría 0 euros.
Y si el año 2009 usted hubiera mantenido su confianza en el que fue un gran asesor financiero, e invertido 1.000 euros en Cuotas Participativas de la CAM , hoy tendría 0 euros.
Pero si en el año 2007 en vez de confiar en los consejos de su asesor financiero, usted hubiera comprado vino, de La Rioja , de la Ribera del Duero, o simplemente de Jumilla (y me refiero a comprar vino, vino, no acciones de los bodegueros), también por un valor de 1.000 € y luego se hubiera bebido ese vino, tranquilamente, hasta la última gota, hoy, con la venta de los envases vacíos, tendría 69 €.
Moraleja:
Tal como están las cosas y dada la solvencia de los consejos del nuevo ministro de economía del Gobierno de España, más vale dedicarse a beber con moderación, pero con alegría, e intentar olvidar en manos de quien está ahora la economía del país.
jueves, 26 de enero de 2012
FRANQUISMO LATENTE
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/01/30/franquismo-latente/381863.html
Cuando todos estos años se nos ha intentado convencer de que el modelo de la Transición política español fue ejemplar, en realidad, como dijo el dictador, todo quedó a su muerte ‘atado y bien atado’. Veamos.
Para empezar, la actual Ley de Partidos consolidó un bipartidismo que trató de alejar del Parlamento a los grupos más críticos y activos de la izquierda, aquéllos que cuestionaron los ‘cimientos’ de la Transición política. Por lo demás, las mínimas concesiones a otras formaciones políticas de la izquierda sólo fueron una fachada tras la que se escondía la posición refractaria de la derecha clásica hacia el protagonismo político de quienes habían protagonizado la defensa de la II República en la reciente Guerra Civil (PCE).
Por ello, lejos de ser una etapa modélica, como dije arriba, en realidad los aparatos del régimen franquista salieron más o menos indemnes de dicho proceso, perviviendo estructuras judiciales ‘recicladas’ tales como la Audiencia Nacional, un Ejército reacio a la democracia burguesa y opuesto a la legalización y protagonismo político del PCE, la Iglesia, como enorme grupo de presión –que, en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, mantuvo sus privilegios de siempre-, y una oligarquía económica que, en todo momento, se mostró dispuesta a vigilar de cerca el proceso. Recordemos, además, que la corrupción política y económica, tan de plena actualidad en estos momentos, hunde sus raíces en la etapa franquista, en la que se tejieron no pocos de los lazos que unían los intereses de la oligarquía financiera, la burguesía industrial y la aristocracia terrateniente, esto es, lo que el historiador Tuñón de Lara denominó el bloque de poder que se consolidó en la etapa de la Restauración borbónica a partir de 1875. Con estos precedentes, la democracia en nuestro país nacía lastrada. Y de aquellos polvos nacieron estos lodos.
Creo que la actual debilidad de la democracia en nuestro país hunde sus raíces en las citadas carencias de aquella Transición, maniatada por un franquismo latente que nunca desapareció de la escena política. Para empezar, es preocupante la tibieza con que la Comisión parlamentaria creada ad hoc por el último Gobierno del PSOE encaró la situación del Valle de los Caídos, obra fruto de la megalomanía de un dictador y que constituye un culto perpetuo a la ignominia. Como resulta algo más que chocante que, cuando tanto énfasis se pone en criminalizar a la izquierda abertzale, no se tenga ningún reparo en mantener en la legalidad a formaciones políticas radicales, de corte fascista, como Falange Española. Algo que sería impensable en Alemania e Italia se ve aquí con naturalidad. Igual consideración hay que hacer con respecto al ‘entierro’ de la memoria histórica. Situación particularmente grave en la medida en que la Ley de Amnistía no tiene por qué suponer el olvido de la represión franquista, que se concretó, recordemos, en el exilio forzado de casi medio millón de personas, el fusilamiento de al menos 50.000, sobre todo entre 1939 y 1945 –coincidente con el alineamiento de Franco con las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial-, y en la existencia de 130.000 personas en fosas comunes y en las cunetas de las carreteras, al decir de las asociaciones memorialistas.
Por lo demás, la peligrosa deriva antidemocrática de nuestro país se ha manifestado en estos últimos días en hechos más recientes: las reiteradas loas a Fraga, el proceso a Garzón y las amenazas de Cristóbal Montoro.
Es curioso constatar la machacona insistencia en calificar a Fraga de ‘hombre de Estado’. ¿Cabe atribuir ese calificativo a alguien que está detrás de hechos claramente delictivos como los sucesos de Montejurra, los de Vitoria y la ejecución del dirigente del PCE Julían Grimau? Nadie, sin embargo, osa calificar de hombre de Estado al juez Baltasar Garzón, cuyo delito ha consistido en atreverse a cerrar en parte la Transición democrática hurgando en la podredumbre de la represión franquista.
¿Y qué decir de las amenazas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Amén de deslizarse por una senda evidentemente autoritaria, la práctica tradicional de la derecha más conservadora de este país, habrá que preguntarse si ello no supone una intromisión en la labor de la judicatura. Coincido con la apreciación del lehendakari Patxi López, que se pregunta si con ello Montoro quiere llevar a medio PP a la cárcel.
Cuando todos estos años se nos ha intentado convencer de que el modelo de la Transición política español fue ejemplar, en realidad, como dijo el dictador, todo quedó a su muerte ‘atado y bien atado’. Veamos.
Para empezar, la actual Ley de Partidos consolidó un bipartidismo que trató de alejar del Parlamento a los grupos más críticos y activos de la izquierda, aquéllos que cuestionaron los ‘cimientos’ de la Transición política. Por lo demás, las mínimas concesiones a otras formaciones políticas de la izquierda sólo fueron una fachada tras la que se escondía la posición refractaria de la derecha clásica hacia el protagonismo político de quienes habían protagonizado la defensa de la II República en la reciente Guerra Civil (PCE).Por ello, lejos de ser una etapa modélica, como dije arriba, en realidad los aparatos del régimen franquista salieron más o menos indemnes de dicho proceso, perviviendo estructuras judiciales ‘recicladas’ tales como la Audiencia Nacional, un Ejército reacio a la democracia burguesa y opuesto a la legalización y protagonismo político del PCE, la Iglesia, como enorme grupo de presión –que, en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, mantuvo sus privilegios de siempre-, y una oligarquía económica que, en todo momento, se mostró dispuesta a vigilar de cerca el proceso. Recordemos, además, que la corrupción política y económica, tan de plena actualidad en estos momentos, hunde sus raíces en la etapa franquista, en la que se tejieron no pocos de los lazos que unían los intereses de la oligarquía financiera, la burguesía industrial y la aristocracia terrateniente, esto es, lo que el historiador Tuñón de Lara denominó el bloque de poder que se consolidó en la etapa de la Restauración borbónica a partir de 1875. Con estos precedentes, la democracia en nuestro país nacía lastrada. Y de aquellos polvos nacieron estos lodos.
Creo que la actual debilidad de la democracia en nuestro país hunde sus raíces en las citadas carencias de aquella Transición, maniatada por un franquismo latente que nunca desapareció de la escena política. Para empezar, es preocupante la tibieza con que la Comisión parlamentaria creada ad hoc por el último Gobierno del PSOE encaró la situación del Valle de los Caídos, obra fruto de la megalomanía de un dictador y que constituye un culto perpetuo a la ignominia. Como resulta algo más que chocante que, cuando tanto énfasis se pone en criminalizar a la izquierda abertzale, no se tenga ningún reparo en mantener en la legalidad a formaciones políticas radicales, de corte fascista, como Falange Española. Algo que sería impensable en Alemania e Italia se ve aquí con naturalidad. Igual consideración hay que hacer con respecto al ‘entierro’ de la memoria histórica. Situación particularmente grave en la medida en que la Ley de Amnistía no tiene por qué suponer el olvido de la represión franquista, que se concretó, recordemos, en el exilio forzado de casi medio millón de personas, el fusilamiento de al menos 50.000, sobre todo entre 1939 y 1945 –coincidente con el alineamiento de Franco con las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial-, y en la existencia de 130.000 personas en fosas comunes y en las cunetas de las carreteras, al decir de las asociaciones memorialistas.
Por lo demás, la peligrosa deriva antidemocrática de nuestro país se ha manifestado en estos últimos días en hechos más recientes: las reiteradas loas a Fraga, el proceso a Garzón y las amenazas de Cristóbal Montoro.
Es curioso constatar la machacona insistencia en calificar a Fraga de ‘hombre de Estado’. ¿Cabe atribuir ese calificativo a alguien que está detrás de hechos claramente delictivos como los sucesos de Montejurra, los de Vitoria y la ejecución del dirigente del PCE Julían Grimau? Nadie, sin embargo, osa calificar de hombre de Estado al juez Baltasar Garzón, cuyo delito ha consistido en atreverse a cerrar en parte la Transición democrática hurgando en la podredumbre de la represión franquista.
¿Y qué decir de las amenazas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Amén de deslizarse por una senda evidentemente autoritaria, la práctica tradicional de la derecha más conservadora de este país, habrá que preguntarse si ello no supone una intromisión en la labor de la judicatura. Coincido con la apreciación del lehendakari Patxi López, que se pregunta si con ello Montoro quiere llevar a medio PP a la cárcel.
miércoles, 25 de enero de 2012
RECORTES Y MÁS RECORTES
Recortes y más recortes. En todos los ámbitos. Y la sociedad, pasiva. Claro que teniendo en cuenta que en esta Región de Murcia el PP barre electoralmente, se entiende esta atonía y permisividad sociales. Me dan ganas de jubilarme y emigrar. Pero, ¿a dónde?
miércoles, 18 de enero de 2012
LA DOCTRINA DEL SHOCK: DOCUMENTAL COMPLETO
Basado en el libro "La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre", de la periodista candiense Naomi Klein.
martes, 17 de enero de 2012
jueves, 12 de enero de 2012
¿Qué mencionar de Guantánamo: el centro de torturas de EEUU o su baja mortalidad infantil?
Basado en un texto de Iroel Sánchez, publicado en su blog “La pupila insomne” (1)
José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Guantánamo, provincia cubana, es conocida mundialmente por una circunstancia que poco tiene que ver con las cualidades, virtudes o defectos de sus habitantes o representantes políticos: tiene la desgracia de albergar el centro de internamiento y tortura del Gobierno de EEUU en una base naval ocupada por la fuerza desde 1903.
En el año 2011, sin embargo, en el municipio de Guantánamo más cercano a esta base naval, en Caimanera, se produjo algo excepcional en un país de América Latina y del Tercer Mundo, producto -en este caso sí- de la capacidad organizativa, el talento profesional y el esfuerzo económico de sus habitantes y sus representantes políticos: Caimanera alcanzó un índice cero tanto en mortalidad infantil como en mortalidad materna, es decir, no murieron niños o niñas en su primer año de vida, ni madres durante o tras su embarazo (3). Ninguno de los grandes medios internacionales consideró pertinente la publicación de este hecho que destaca, sin duda, en el contexto sociosanitario de la región.
Por el contrario, Afganistán, país aliado de EEUU y de donde proceden la mayoría de los detenidos en la citada base naval de Guantánamo, presenta la mayor tasa de mortalidad infantil de todo el mundo: 149 por cada mil nacidos vivos .
El pasado año, en el informe anual de la ONG Save the Children, Cuba –a pesar del bloqueo de EEUU- aparece como la nación del Sur con mejores garantías para la maternidad, y Afganistán –aliada de EEUU y la Unión Europea y beneficiada por sus inversiones- como la peor (5). Nada de esto llegó tampoco a los grandes medios.
Pero si buscamos hechos informativos verdaderamente sorprendentes, debemos mencionar también que Cuba consiguió en 2011 una tasa de mortalidad infantil (4,9 por cada mil nacidos), inferior incluso a la de la superpotencia que la bloquea, EEUU (7 por cada mil) (6). A pesar de lo llamativo y chocante de este dato comparativo, tampoco fue lo suficientemente sugestivo para quienes deciden qué se convierte en noticia internacional.
El pasado octubre, el Gobierno de Cuba solicitaba, un año más, a la Asamblea General de Naciones Unidas, el rechazo al bloqueo de EEUU, obteniendo el respaldo casi unánime de la comunidad internacional (7). Y lo hacía en nombre de tres niños, María Amelia Alonso, de dos años, Damián Hernández, de cuatro, y Dayán Romayena, de doce, con tumores en su sistema nervioso central, que necesitan el medicamento de patente norteamericana Temodal que Cuba no puede adquirir. Tampoco esto ablandó los corazones de los censores de los medios internacionales, que prefirieron ignorar completamente el caso.
Censores a los que tampoco han conmovido los asesinatos de niños y niñas en Afganistán –el último reconocido, en noviembre pasado (8)-, o de mujeres embarazadas –el último en diciembre (9)-, a cargo de las tropas de la OTAN que cuentan con la entusiasta cobertura propagandística de sus consejos de redacción. Muertes de niños, niñas y mujeres embarazadas que no han desatado condenas internacionales ni sostenidas campañas mediáticas, y que no han provocado ni siquiera la curiosidad periodística por saber cómo se sienten las familias de las víctimas, ignoradas por completo por unos medios que han asumido un papel de legitimación, tutela y acompañamiento de los crímenes contra la Humanidad cometidos en nombre de la democracia.
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/01/03/una-noticia-sobre-cuba-que-no-lo-sera/
miércoles, 11 de enero de 2012
VIVIR MÁS PLENAMENTE
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/01/11/vivir-plenamente/377251.html
DIEGO JIMÉNEZ
Concluía mi último artículo de hace quince días con una alusión a la urgencia de replantearnos nuestro actual modo de vida consumista. Voy, pues, a intentar en unas pocas líneas reflexionar sobre este tema.
Está claro que no podemos seguir por la actual senda del crecimiento ilimitado. Como acertadamente señalan los ecologistas Yayo Herrero y Luís González Reyes en un largo artículo Decrecimiento justo y barbarie, en nuestra sociedad, a la que podríamos denominar ´sociedad del exceso´, la mayor parte de las cosas importantes o imprescindibles van a menos. Nuestros excesos se pagan: disminución o agotamiento del petróleo y las reservas pesqueras; quiebra del equilibrio climático, por el transporte motorizado y la emisión de gases de efecto invernadero de la industria y la aviación comercial; el exceso de cemento y hormigón deteriora los ecosistemas; el aire y el suelo se envenenan por el exceso de productos químicos; se incrementan las desigualdades sociales debido a la acumulación y excesivo consumo de bienes por parte de una minoría… Reducir las desigualdades nos sumerge en el debate sobre la propiedad. Paradójicamente nos encontramos es una sociedad que defiende la igualdad de derechos entre las personas y que sin embargo asume con naturalidad enormes diferencias en los derechos de propiedad.
El asunto es grave. Nos tenemos que plantear cómo podemos no sólo empezar a aprender a vivir con menos, sino a reivindicar soluciones para ello. Y la cosa es más sencilla de lo que parece, aunque exige una serie de renuncias, exigidas por la evidencia de que, según la ONU, estamos gastando más del 30% de la capacidad de reposición de la biosfera terrestre. O lo que es lo mismo: harían falta dos planetas como éste para que los 7.000 millones de personas que lo habitamos accedan a los mismos estándares de vida y consumo medio de una persona de la Unión Europea.
Para empezar, deberíamos renunciar a la aspiración de acceder al vehículo privado para nuestros desplazamientos. Un buen transporte público, combinado con otras formas de movilidad, podría cubrir todas nuestras necesidades. Respecto al consumo turístico de masas, asociado muchas veces a la necesidad compulsiva de viajar a lejanos países —vinculada a un impulso atávico de nomadismo y utilizando un recurso tan contaminante como el avión—, podría sustituirse por un turismo de proximidad, descubriendo lugares que no por cercanos dejan de ser atractivos. A veces, los paraísos lejanos y exóticos los tenemos más cerca de lo que creemos. En nuestra Región de Murcia, descubrir las zonas rurales del interior puede ser una buena opción. Pero es que, además, los desplazamientos masivos e irracionales de fines de semana, con su inevitable secuela (sobre todo en las grandes ciudades) de atascos y siniestralidad pueden sustituirse por el placer de descubrir nuestra propia ciudad o pueblo.
Debemos aprender a vivir con lo indispensable, huyendo de la cultura del derroche. También en lo tocante al consumo de energía. Y, además, seamos selectivos en el origen de los productos que consumimos, descartando los que producen mayor impacto ecológico en su fabricación. Seamos exigentes, además, en el respeto a los derechos laborales de quienes los fabrican.
El descenso del consumo va ligado, necesariamente, a una pérdida de puestos de trabajo en ciertos sectores. Pero ello puede ser compensado con nuevos ´yacimientos´ de empleo para el cuidado de personas ancianas y dependientes, la educación infantil, actividades culturales y de ocio, las energías alternativas, la agricultura ecológica, la potenciación del cooperativismo y turismo agrarios, la conservación y cuidado de masas forestales… Por el contrario, una forma de vida más saludable exige, inevitablemente, el rechazo de los puestos de trabajo ligados a actividades nada deseables o prescindibles como la industria militar, la nuclear, la automovilística… por poner unos ejemplos. Los sindicatos han de ser receptivos a la necesidad de cuestionarse la defensa a ultranza del empleo en estos sectores.
Como ven, en contra de las tesis de quienes ofrecen una salida a la crisis por la senda del crecimiento ilimitado, hay alternativas. Sólo he expuesto algunas pocas. Pero, por la salud del planeta y de todos quienes los habitamos, hemos de empezar a aprender a vivir mejor con menos. Pero más plenamente.
DIEGO JIMÉNEZ
Concluía mi último artículo de hace quince días con una alusión a la urgencia de replantearnos nuestro actual modo de vida consumista. Voy, pues, a intentar en unas pocas líneas reflexionar sobre este tema.
Está claro que no podemos seguir por la actual senda del crecimiento ilimitado. Como acertadamente señalan los ecologistas Yayo Herrero y Luís González Reyes en un largo artículo Decrecimiento justo y barbarie, en nuestra sociedad, a la que podríamos denominar ´sociedad del exceso´, la mayor parte de las cosas importantes o imprescindibles van a menos. Nuestros excesos se pagan: disminución o agotamiento del petróleo y las reservas pesqueras; quiebra del equilibrio climático, por el transporte motorizado y la emisión de gases de efecto invernadero de la industria y la aviación comercial; el exceso de cemento y hormigón deteriora los ecosistemas; el aire y el suelo se envenenan por el exceso de productos químicos; se incrementan las desigualdades sociales debido a la acumulación y excesivo consumo de bienes por parte de una minoría… Reducir las desigualdades nos sumerge en el debate sobre la propiedad. Paradójicamente nos encontramos es una sociedad que defiende la igualdad de derechos entre las personas y que sin embargo asume con naturalidad enormes diferencias en los derechos de propiedad.
El asunto es grave. Nos tenemos que plantear cómo podemos no sólo empezar a aprender a vivir con menos, sino a reivindicar soluciones para ello. Y la cosa es más sencilla de lo que parece, aunque exige una serie de renuncias, exigidas por la evidencia de que, según la ONU, estamos gastando más del 30% de la capacidad de reposición de la biosfera terrestre. O lo que es lo mismo: harían falta dos planetas como éste para que los 7.000 millones de personas que lo habitamos accedan a los mismos estándares de vida y consumo medio de una persona de la Unión Europea.
Para empezar, deberíamos renunciar a la aspiración de acceder al vehículo privado para nuestros desplazamientos. Un buen transporte público, combinado con otras formas de movilidad, podría cubrir todas nuestras necesidades. Respecto al consumo turístico de masas, asociado muchas veces a la necesidad compulsiva de viajar a lejanos países —vinculada a un impulso atávico de nomadismo y utilizando un recurso tan contaminante como el avión—, podría sustituirse por un turismo de proximidad, descubriendo lugares que no por cercanos dejan de ser atractivos. A veces, los paraísos lejanos y exóticos los tenemos más cerca de lo que creemos. En nuestra Región de Murcia, descubrir las zonas rurales del interior puede ser una buena opción. Pero es que, además, los desplazamientos masivos e irracionales de fines de semana, con su inevitable secuela (sobre todo en las grandes ciudades) de atascos y siniestralidad pueden sustituirse por el placer de descubrir nuestra propia ciudad o pueblo.
Debemos aprender a vivir con lo indispensable, huyendo de la cultura del derroche. También en lo tocante al consumo de energía. Y, además, seamos selectivos en el origen de los productos que consumimos, descartando los que producen mayor impacto ecológico en su fabricación. Seamos exigentes, además, en el respeto a los derechos laborales de quienes los fabrican.
El descenso del consumo va ligado, necesariamente, a una pérdida de puestos de trabajo en ciertos sectores. Pero ello puede ser compensado con nuevos ´yacimientos´ de empleo para el cuidado de personas ancianas y dependientes, la educación infantil, actividades culturales y de ocio, las energías alternativas, la agricultura ecológica, la potenciación del cooperativismo y turismo agrarios, la conservación y cuidado de masas forestales… Por el contrario, una forma de vida más saludable exige, inevitablemente, el rechazo de los puestos de trabajo ligados a actividades nada deseables o prescindibles como la industria militar, la nuclear, la automovilística… por poner unos ejemplos. Los sindicatos han de ser receptivos a la necesidad de cuestionarse la defensa a ultranza del empleo en estos sectores.
Como ven, en contra de las tesis de quienes ofrecen una salida a la crisis por la senda del crecimiento ilimitado, hay alternativas. Sólo he expuesto algunas pocas. Pero, por la salud del planeta y de todos quienes los habitamos, hemos de empezar a aprender a vivir mejor con menos. Pero más plenamente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)