El carbón, un recurso energético de carácter estratégico, se localiza en nuestro país en determinadas áreas de las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha. Según se reconoce en el Preámbulo del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, el carbón nacional siempre ha tenido dificultades para competir en un mercado abierto y ha requerido, por ello, del apoyo estatal por distintas vías. Las acciones de reestructuración, como tales, se iniciaron a mediados de la década de los años ochenta. A principios de los años noventa funcionaba un régimen de ayudas que distinguía entre empresas mineras de carbón con contrato programa, cuyas necesidades se financiaban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y las empresas mineras de carbón sin contrato programa, financiadas por la vía de la tarifa eléctrica.
La reestructuración que viene sufriendo el sector en los sucesivos planes 1990-1994, 1995-1997 y 1998-2005, en los conceptos de producción y plantilla, ha supuesto directamente pasar de 234 empresas, con una producción de 19’32 millones de toneladas y 45.212 trabajadores en el año 1990, a disponer en 2005 de menos de 28 empresas con una producción de 12’1 millones de toneladas y 8.284 trabajadores. El descenso de la producción ha seguido un ritmo imparable desde 2006, según datos del propio Ministerio de Industria.
Como fuente de producción de energía eléctrica, el carbón aporta el 28% del consumo total; el gas natural representa el 26%; la nuclear, el 19,7%, y la derivada de productos petrolíferos, el 8,9%. El resto se obtuvo de las energías renovables que, incluida la hidroeléctrica, representa el 17% del total generado.
La reestructuración que viene sufriendo el sector en los sucesivos planes 1990-1994, 1995-1997 y 1998-2005, en los conceptos de producción y plantilla, ha supuesto directamente pasar de 234 empresas, con una producción de 19’32 millones de toneladas y 45.212 trabajadores en el año 1990, a disponer en 2005 de menos de 28 empresas con una producción de 12’1 millones de toneladas y 8.284 trabajadores. El descenso de la producción ha seguido un ritmo imparable desde 2006, según datos del propio Ministerio de Industria.
Como fuente de producción de energía eléctrica, el carbón aporta el 28% del consumo total; el gas natural representa el 26%; la nuclear, el 19,7%, y la derivada de productos petrolíferos, el 8,9%. El resto se obtuvo de las energías renovables que, incluida la hidroeléctrica, representa el 17% del total generado.
La Administración, consciente de que la dependencia energética del carbón tenía los días contados, suscribió con los agentes sociales y representantes de la patronal del sector (Carbounión), en marzo de 2006, el documento denominado ‘Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras’, con un ámbito temporal de 2006 a 2012. En dicho documento, las partes firmantes se comprometían a instar a la Comisión Europea a la elaboración de un nuevo Reglamento que fuera más allá del 2010, dirigido a dar continuidad y estabilidad al sector de la minería del carbón.
Y ello porque la Comisión Europea impuso en diciembre de 2010 el cese de las ayudas a este sector en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones para 2011 para llegar a los 75,3 millones en 2017. Pero los Presupuestos del Estado para 2012 fijan las ayudas den 186,6 millones, de los que hay que descontar los 75 ya abonados en marzo, correspondientes al último trimestre de 2011, con lo que la cantidad para 2012 se queda en 111 millones, unos niveles cercanos a los previstos para 2017, cuando ya se estaría a las puertas del cierre de explotaciones pactado para el 2018. Al día de hoy, por tanto, las minas se ven abocadas al cese de actividad inmediato, pese a las supuestas intenciones del ministro de Industria de renovar el Plan Nacional del Carbón con el horizonte de 2013/18.
Por ello, no es de extrañar la contundencia de la protesta social de las comarcas mineras. La crisis económica y los recortes a ella asociados han dejado, además, en papel mojado el vigente Plan Nacional del Carbón. Al ya expuesto cierre del grifo de las subvenciones, hay que añadir el incumplimiento de las promesas de librar fondos destinados a la reactivación de las comarcas mineras. Fondos que suponían un total de 2.880 millones de €, distribuidos por anualidades de la siguiente forma: 440 millones de € entre 2006/2008 y 390 millones entre 2009/2012.
Son muchas las voces que desde planteamientos ecologistas, y al hilo del conflicto actual del carbón, se alzan en contra de la utilización de este tipo de energía, altamente contaminante. Como objeciones de peso, a esos planteamientos medioambientales se une la constatación de que el mantenimiento de esa actividad minera responde, más que a un interés social, al de las empresas eléctricas como poderoso grupo de presión. El debate está abierto. Es difícil conciliar la urgente necesidad de prescindir de energías sucias, y que además son recursos finitos, con el necesario mantenimiento de unos puestos de trabajo que dan de comer a muchas familias. De haberse desarrollado lo estipulado en el Plan Nacional del Carbón, esto es, la diversificación industrial de las comarcas mineras, otro gallo nos cantara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario