MEMORIA HISTÓRICA EN LA ESCUELA, LA ASIGNATURA PENDIENTE

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/03/11/memoria-historica-escuela-asignatura-pendiente-40221886.html 

El pasado martes, día 2, tuve el honor de presentar, en actividad coordinada por el catedrático de Historia de la Universidad de Murcia (UMU), Pedro María Egea Bruno, a Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, que disertó ante el alumnado de Grado y Máster de Historia sobre el silencio, el miedo y el olvido que, en temas de Memoria Histórica, impuso la dictadura franquista, y que aún se puede percibir en las páginas de los libros de texto. 

Dicha conferencia telemática fue una más de las actividades organizadas por AFErEM (Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia), por la UMU y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en el contexto de las VII Jornadas ‘Una Educación para el siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes’, que vienen celebrándose en la Región.

DESCONOCIMIENTO DEL ALUMNADO

Enrique Javier Díez Gutiérrez expuso una síntesis del contenido de su libro La asignatura pendiente (Plaza y Valdés Editores, 2020), afirmando que generaciones enteras de alumnos/as españoles siguen sin conocer bien en qué consistió la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha contra la dictadura tras la Guerra Civil, lo que le llevó a escribir ese libro.

 “Fuimos conscientes de ello cuando participamos en la producción y realización del documental Los campos del silencio, dirigido por Eloina Terrón, sobre los campos de concentración franquistas”, nos aclara. En la última parte del documental, se preguntaba a un grupo de estudiantes de Fabero del Bierzo (León) sobre el que había estado ubicado en su pueblo, de 1939 a 1947, y en el que unos 250 presos republicanos trabajaban como esclavos para una empresa privada (Minas Moro), afecta al régimen. Los alumnos y alumnas del instituto no sabían que en su propio pueblo hubo uno de esos campos de trabajos forzados. Decidido a colmar dicho vacío, impulsó, junto a otros profesores universitarios, una ‘radiografía’ de los libros de texto de secundaria y bachillerato que abordan esa época histórica, al tiempo que elaboraron una encuesta, entrevistando a más de 600 profesoras y profesores de Historia de institutos de todo el país, sobre su percepción de los contenidos en los manuales.

LEY DE AMNISTÍA, LEY DE PUNTO FINAL

El profesor afirma en su libro que el desconocimiento de nuestra Memoria Histórica viene de lejos, pues, durante la Transición, la supuesta necesidad de consolidar el régimen democrático y, al tiempo, la continua alusión al ruido de sables condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la Memoria que permitiera señalar, responsabilizar y juzgar a los torturadores y cómplices de la dictadura. “La Transición”, afirma, “se edificó sobre una amnesia inducida que establecía una falsa equidistancia entre vencedores y vencidos, y eso se ha acabado plasmando en los libros de texto”. A mayor abundamiento, la Ley de Amnistía de octubre de 1977, una Ley de punto final, está impidiendo, de hecho, juzgar los crímenes contra la humanidad de ese aciago régimen, pues los jueces vienen inhibiéndose en las sucesivas demandas que vienen presentándose por parte de los familiares, amparándose en la prescripción de esos delitos y en la existencia de esa misma ley.

LOS ‘MASS MEDIA’ Y LAS EDITORIALES NO SON NEUTRALES

Tanto los medios de comunicación como el universo editorial no son neutrales, pues se muestran proclives al falseamiento de la realidad y al mantenimiento de una ‘memoria cómoda’, nada inquietante, y blanqueadora, hoy, del fascismo emergente. En 2º de bachillerato, más de la mitad de los libros analizados (el 60%) aporta una visión sesgada de las causas de la Guerra Civil. El texto de Anaya, por ejemplo, afirma que “la vida política española se vio asfixiada por el radicalismo proletario y la degradación del orden público”, situando claramente la responsabilidad de la guerra en la clase obrera y en la incapacidad de las autoridades republicanas para mantener el orden.

El libro de 5º de primaria de esa misma editorial explica que “la guerra se produjo porque no se respetaron las normas democráticas”, pero no aclara quién las incumplió: obvia la responsabilidad directa de las élites dominantes, el Ejército, los monárquicos y sectores de la Iglesia en la preparación y ejecución del golpe de Estado contra la legalidad republicana.

Pero, además, los textos escolares, en general, omiten directamente o tratan muy por encima cuestiones como la resistencia antifranquista de los años 60 y la lucha guerrillera durante los veinte años anteriores; los mecanismos de incautación de bienes de familias republicanas, lo que está en el origen de las grandes fortunas de empresas que hoy cotizan en el IBEX35; el exilio republicano, interior y exterior; los campos de concentración de Franco, documentados por Isaías Lafuente y Carlos Hernández de Miguel, entre otros; la brutal represión sobre las mujeres republicanas, humilladas con el rapado de pelo y la ingesta forzosa de aceite de ricino, para mayor escarnio público por las consecuencias físicas que ello les producía, además de ser víctimas de violaciones;  los experimentos con las prisioneras para descubrir y erradicar el ‘gen rojo’ de Vallejo-Nájera; o el secuestro y el robo de bebés para traficar con ellos, etc.

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTRA EL OLVIDO Y LA EQUIDISTANCIA

Lo anteriormente expuesto demuestra que, en relación con la Guerra Civil, se refuerza la teoría de la equidistancia: al citar a los ‘bandos’ enfrentados se obvia que en realidad hubo, es cierto, un bando sublevado, pero de ninguna manera puede considerarse como tal [bando] a quienes se vieron obligados a tomar las armas para defender la legalidad republicana.

Esta situación no es ajena a la labor diaria del profesorado a pie de aula, porque, aunque protegido por la libertad de cátedra, si no rompe con la sujeción al libro de texto, está muy condicionado por los contenidos ideológicos que imponen las editoriales. Por ello, es muy difícil mantener en el aula una actitud crítica, a la vista de que en la sociedad se ha impuesto una amnesia colectiva y el relato de la derecha conservadora y de grupos de extrema derecha (VOX), impulsando el ‘pin parental’, para relegar al olvido la verdad sobre el ominoso régimen franquista y la represión de esa dictadura.

Por eso, Díez Gutiérrez y el equipo de profesores/as de la Universidad de León, en vista de que  los contenidos, relativos a la II República, la Guerra Civil y el franquismo, que suponen el 10% en los libros de texto, no se corresponden a los 44 años reales que abarcan esos periodos, se pusieron manos a la obra y realizaron unas unidades didácticas tendentes a recuperar la parte de la memoria olvidada o silenciada en el currículo escolar, porque, recuerdan, “…no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, porque para ser demócrata, en definitiva, hay que ser antifascista”. Esas unidades didácticas, pronto agotadas, han vuelto a ser publicadas por la Editorial Plaza y Valdés. Los autores, además, han puesto las mismas a disposición de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, para su envío a todas las comunidades autónomas y que lleguen, a su vez, a todos los institutos de secundaria.

Estiman que lo ideal sería que esos contenidos fueran integrados en los libros de texto y en el currículo ordinario, para salvar situaciones embarazosas para muchos profesionales. Una profesora confesó que “cuando yo llego a la época de la Guerra Civil, paso de puntillas por el tema y no entro mucho porque hay alumnos de los dos bandos, hay que ser equilibrado en la docencia”.

 Ese argumento, el de la equidistancia, está muy presente en muchos libros de texto y forma parte de una cultura educativa muy preocupante que hay que superar.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia @didacMur

¿NORMALIDAD DEMOCRÁTICA?

 "...De un tiempo a esta parte, y desde la entrevista del periodista Gonzo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la operación de acoso y derribo, no tanto al Gobierno, como a Unidas Podemos (UP), ha aumentado su intensidad. Y es que cuando la ministra Yolanda Díaz, el ministro Alberto Garzón o el vicepresidente Iglesias hablan, suelen decir verdades. Y las verdades escuecen. Por ello, el segundo vicepresidente ha de mantener en el seno del Gobierno un difícil equilibrio entre la lealtad institucional que debe a las decisiones que emanan de un órgano colegiado y, al mismo tiempo, no renunciar a sus posiciones ideológicas, las más de ellas rupturistas, que constituyen la seña de identidad de UP. En ese contexto, la escenificación de esas diferencias (legítimas, si UP no quiere pasar por alto ciertas decisiones gubernamentales que atentan contra lo firmado en el pacto de Gobierno) tiene como telón de fondo la distinta percepción del PSOE y UP de lo que supone la normalidad democrática del país..."

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/02/24/normalidad-democratica-35389259.html

Hace unos días, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, explicaba con nitidez en el Parlamento el enorme peso de las corporaciones mediáticas del país y la ausencia de regulación democrática de las mismas. Esas empresas de la comunicación, muchas de ellas en manos de los bancos, exhiben sin tapujos su frontal oposición a todo cuanto huela a izquierdismo. En indisimulada colaboración con la derecha, se han dedicado, no sólo a la difusión de noticias falsas sobre Unidas Podemos (UP), sino también a ¿informar? con puntualidad sobre las diferencias en el seno del Gobierno de coalición, inevitables si se tienen en cuenta las distintas posiciones ideológicas de los actores que lo conforman.

De un tiempo a esta parte, y desde la entrevista del periodista Gonzo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la operación de acoso y derribo, no tanto al Gobierno, como a Unidas Podemos (UP), ha aumentado su intensidad. Y es que cuando la ministra Yolanda Díaz, el ministro Alberto Garzón o el vicepresidente Iglesias hablan, suelen decir verdades. Y las verdades escuecen. Por ello, el segundo vicepresidente ha de mantener en el seno del Gobierno un difícil equilibrio entre la lealtad institucional que debe a las decisiones que emanan de un órgano colegiado y, al mismo tiempo, no renunciar a sus posiciones ideológicas, las más de ellas rupturistas, que constituyen la seña de identidad de UP. En ese contexto, la escenificación de esas diferencias (legítimas, si UP no quiere pasar por alto ciertas decisiones gubernamentales que atentan contra lo firmado en el pacto de Gobierno) tiene como telón de fondo la distinta percepción del PSOE y UP de lo que supone la normalidad democrática del país.

La situación ha llegado a tal extremo que, hace unos días, Nicolás Redondo, con un manifiesto, César en la infamia, apoyado por cerca de doscientas personalidades del mundo político, intelectual, académico, diplomático y económico, exigía a Pedro Sánchez la destitución del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la calidad democrática del país. Mucho se ha venido hablando del modélico ejemplo de nuestra democracia, propiciado por también una modélica Transición. Pero, ¿hay normalidad democrática en España?

La monarquía y la herencia franquista. 

Voy a afirmarlo con rotundidad: España no es una democracia plena en la medida en que existe una monarquía que, fechorías del monarca emérito al margen, atenta contra el principio de igualdad, pues únicamente los genes de la familia facultan al heredero o heredera para el acceso a la jefatura del Estado. Además, su legitimidad de origen es discutible por proceder de los designios de un dictador, y la inmunidad e inviolabilidad del rey hacen que esta institución sea impermeable y no esté sujeta a la Justicia. Y no nos sirve que su legitimidad venga revalidada por su carácter de ‘monarquía parlamentaria’, porque dicho término, en opinión de algún analista, es una ‘contradictio in terminis’, equivalente a hablar de ‘tiranía participativa’ o de ‘dictadura electa’.

En otro orden de cosas, España no es una democracia plena en la medida en que existe un franquismo residual no extirpado del seno de la Judicatura, el Ejército y la Policía, como después veremos. Pero es que, además, hasta la fecha no se ha producido la condena expresa del régimen franquista, su legislación represiva y sus sentencias ilegales, sigue en vigor la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que hace posible que sigan impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa aciaga etapa, y se produce algo más que una anomalía impensable en los países democráticos de nuestro entorno, sobre todo en aquellos (Alemania, Italia) en los que el fascismo fue derrotado por las armas: la existencia legal de la Fundación Franco y hasta otras siete de nombres de probados golpistas como General Yagüe, Queipo de Llano, Millán Astray, etc.

España es un país en el que se ha normalizado que se puedan lanzar proclamas antisemitas y vivas a Franco en el pasado homenaje en Madrid a la División Azul.

En España se ve con normalidad que, en la intranet del Ejército de Tierra, ámbito de Infantería, el pasado 3 de febrero, con el título «D. Francisco Franco es ascendido a general. Infante ilustre» se conmemorara el 95º aniversario del ascenso del dictador al generalato el 3 de febrero de 1926, una década antes de que protagonizara el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo del Frente Popular y contra la II República.

Es también algo más que una anomalía democrática que en las salas de banderas de muchos cuarteles continúe el retrato del dictador.

Que, además, oficiales retirados del Ejército del Aire expresaran en un chat la necesidad de fusilar a 26 millones de españoles atenta contra la normalidad democrática; mientras, se mantienen imputados, presos o huidos del país a raperos por delitos de opinión.

Otros signos de ‘normalidad democrática’.

 Que el principal partido de la oposición lleve toda la democracia financiándose de manera irregular ¿es plena normalidad democrática?

Tener en España legalizado a un partido como Vox, cuya presencia en el Parlamento le permite exhibir, agresivamente, su xenofobia, homofobia y machismo ¿es normalidad democrática?

La existencia de las cloacas en el ministerio del Interior y la utilización de policías para robar a Bárcenas pruebas de la corrupción ¿es normalidad democrática?

Que el PP se haya venido dedicando, pese a lo dispuesto en la Constitución, a obstruir la renovación de los órganos judiciales ¿es normalidad democrática?

Aplicar penas de prisión por una pelea (Alsasua) ¿es plena normalidad democrática? (Así lo cree la ministra de Exteriores que dice que en nuestro país se respetan íntegramente los Derechos Humanos).

Que nuestro sistema judicial haya sido puesto en entredicho (ridiculizado, diría yo) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en los casos de encarcelamiento y apaleamiento de ciudadanos por ejercer su derecho al voto en un referéndum democrático, ¿es plena normalidad democrática?

Que el Rey arremeta contra la mitad de Cataluña que anhela la independencia ¿es de total normalidad democrática?

Que el Estado español rehúse someterse a los dictados de la Justicia Universal para juzgar los crímenes de la dictadura ¿es normalidad democrática?

Que Carmen Rodríguez Medel, la jueza que absuelve a Cristina Cifuentes sea la misma magistrada que archivó el falso máster de Pablo Casado ¿es normalidad democrática?

Que algunos medios de comunicación (Susana Griso, Antena 3) digan, sin pruebas y sin ruborizarse, que Unidas Podemos legitima la violencia (por el tuit de Pablo Echenique apoyando las manifestaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél), ¿es normalidad democrática?

Que después de que dos policías propinaran en Linares una paliza a un padre y a su hija la misma policía acabara disparando con una escopeta de perdigones a las personas manifestantes en contra de esa actuación ¿es normalidad democrática?

Que la policía haga uso de armas de disuasión las cuales, que yo recuerde, han conducido a la pérdida de la visión de un ojo de dos personas ¿es normalidad democrática?

Y así podría seguir con muchos más ejemplos. No hay que rasgarse las vestiduras cuando algún miembro del Gobierno de coalición, en su pleno derecho de ejercer la libertad de expresión al margen de su pertenencia a ese Gobierno, nos advierte de que esta democracia burguesa española que nos legaron es manifiestamente mejorable.

PANDEMIA, CAPITALISMO Y NUEVA NORMALIDAD

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/02/09/pandemia-capitalismo-nueva-normalidad-34280938.html

La ciudadanía de nuestro país no sólo está muy preocupada por los estragos que la Covid-19 está causando día a día, sino también indignada por el retraso en la administración de las vacunas, achacable, sin duda, a la avaricia de las multinacionales farmacéuticas; por la evidente descoordinación entre territorios para hacer frente a la pandemia; y, en los últimos días, por el afloramiento de la picaresca, más bien corrupción, por parte de quienes, saltándose los protocolos, se creen con derecho a situarse por encima de los demás.

En ese contexto, lo que parece fuera de toda discusión es que la rápida extensión, con sus variantes de última hora, de la Sars-CoV-2, nos pone en alerta sobre la salud del planeta y pone en evidencia, una vez más, la perversión del sistema capitalista neoliberal, que privilegia los beneficios económicos por encima de la salud de la población.

La responsabilidad humana: el antropoceno

A juicio de muchos expertos, estamos en el punto álgido de la radical transformación de los ecosistemas terrestres por la actividad humana, cuyo origen más próximo sitúan algunos ya a mediados del siglo XVIII, con la primera Revolución Industrial. Pero hoy, con el doble de CO2 concentrado en la atmósfera respecto de esa etapa histórica, estamos de lleno en una nueva era que separa al Holoceno de lo que algunos denominan ya el Antropoceno, que arranca a mediados del siglo XX cuando coinciden el ‘boom’ demográfico en países ricos y pobres, se intensifica el comercio mundial y aparece el turismo de masas. No obstante, la señal distintiva del daño que le hemos hecho a la Naturaleza son los isótopos radiactivos, procedentes de las pruebas nucleares, cuyo rastro se calcula que perdurará 4.500 millones de años, la misma edad de la Tierra.

La nefasta acción antropogénica sobre nuestro medio ambiente es evidente: aunque los seres humanos suponemos sólo el 0,01% de la biomasa terrestre, hemos provocado que, desde el despertar de las primeras civilizaciones, haya desaparecido el 80% de los animales salvajes, el 80% de los mamíferos marinos y la mitad de las plantas.

El sociólogo César Rendueles, en artículo reciente, cita al sueco Andreas Malm, la estrella emergente de los análisis marxistas en estos momentos, para el que, en relación con la Covid-19 y en su obra El murciélago y el capital, a la vista de la dinámica extractiva y agresiva del sistema capitalista mundial, la cuestión no estribaba tanto en saber si la zoonosis se iba a producir, sino cuándo lo haría. Hoy ya sabemos que la deforestación causada por los monocultivos industriales está detrás de la destrucción de los ecosistemas y, consecuentemente, de la ruptura de las barreras que se interponían en la transmisión de virus de los animales a los seres humanos, situación que puede verse agravada cuando el calentamiento global derrita la capa del permafrost del Ártico y se liberen a la atmósfera ingentes cantidades de metano además de virus y bacterias quizás hoy desconocidos.

Coronavirus y capitalismo

La eclosión y la rápida extensión del virus que está poniendo en jaque a la economía mundial y segando millones de vidas es, efectivamente, para Claudio Katz, economista argentino, una calamidad natural en la que la acción humana tiene mucho que ver, pero que se solapa y coexiste con una economía especulativo-financiera, junto a la sobreproducción, el segundo desequilibrio que irrumpió junto a la pandemia. En ese marco, según él, la tradicional voracidad del capitalismo hizo que las advertencias de la irrupción de esta grave enfermedad fueran ignoradas por la ‘baja rentabilidad’ de las políticas de prevención. Si a eso le sumamos la feroz competencia entre las farmacéuticas, la situación ha derivado en auténtica piratería por parte de algunos Gobiernos.

Para reforzar la tesis del desinterés del sistema capitalista mundial, el sistema-mundo (Immanuel Wallerstein), para hacer frente a la pandemia, basta constatar que la actual crisis sanitaria acrecienta la desigualdad: en EE UU el virus se propaga con rapidez entre los 30 millones de personas que carecen de seguro médico. En África y Sudamérica el porcentaje de vacunación es bajísimo, sobre todo entre los sectores populares con menos renta. Mientras, las grandes multinacionales farmacéuticas, fieles a su máxima de privilegiar los beneficios sobre la salud, en complicidad con el pirateo de algunos Estados, están vendiendo la producción al mejor postor, cuadruplicando el precio de las vacunas e incumpliendo los contratos firmados, como en el caso de la multinacional AstraZeneca, que ha reducido drásticamente la cantidad de dosis que se comprometió a entregar a la Unión Europea (UE) pese a haber recibido 330 millones de euros de Bruselas. Por ello, la eurodiputada Sira Rego defiende la propuesta de suspender las patentes de la Covid-19, lo que permitiría aumentar exponencialmente la producción de vacunas en todo el planeta y salvar millones de vidas humanas.

En ese contexto de neoliberalismo puro y duro en relación con un bien básico como es la salud, una gestión preventiva de la pandemia hubiera requerido una respuesta global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero este organismo no goza del estatus ni de la fuerza de otras instancias supranacionales, ni ha sido nunca el epicentro de los debates de Davos ni del G20.

¿Y después de la pandemia?

Es difícil predecir cómo será la vuelta a la nueva ‘normalidad’, qué habremos aprendido de esta crisis, cuál va a ser la evolución del sistema capitalista neoliberal. Expongo, a continuación, la opinión de algunos expertos.

C. Katz cree que la convulsión sanitaria actual puede llevar a más desigualdad, a que las clases dominantes aprovechen este escenario de crisis para, en sintonía con la ‘doctrina del shock’ (Naomi Klein), profundizar la flexibilización laboral. Sin embargo, el economista Santiago Niño Becerra, con una visión más optimista, predice que el actual ciclo del capitalismo que conocemos acabará en unos cincuenta años y un nuevo sistema económico ha de llegar para suplir tantas carencias actuales.

Pascal Boniface, geopolítico francés fundador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), afirma que el mundo occidental se creía a salvo de una pandemia, pensando que solo afectaría a los países asiáticos y africanos, pero, de hecho, los países europeos se han llevado la peor parte. Considera, pues, que la pandemia viene a recordarnos que el multilateralismo, en aguda crisis hoy, es una necesidad imperiosa en un mundo globalizado.

Immanuel Wallerstein, historiador, sociólogo y economista ya fallecido, estaba convencido de que, desde hace tiempo, vivimos en una era de crisis estructural del sistema-mundo, por lo que creía que la lucha de clases es el instrumento fundamental para influir en la construcción de aquello que en el futuro reemplazará al capitalismo.

Julián Rebón, profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, nos recuerda que hemos constatado que podemos vivir con muchísimo menos, que hay una posibilidad, pues, de repensar el consumo. Por eso tendrá que haber una batalla política y cultural ejemplar. «Nos hemos dado cuenta», afirma, «de que los animales podían volver a habitar las ciudades, de que el aire puede estar más limpio... pero eso presupone un montón de cambios y habrá que entablar batallas para mantenerlos». En este horizonte de incertidumbre, «es el momento de tomar grandes decisiones» y de eso va a depender nuestro porvenir como especie.

CANTÓN DE CARTAGENA: 47 ANIVERSARIO DE SU CAÍDA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/01/27/canton-cartagena-147-aniversario-final/1182930.html

En la memoria colectiva de las gentes hay fechas que deberían ser recordadas siempre. El pasado día 11 de este mes se cumplían 147 años de la caída del Cantón de Cartagena, al rendirse la ciudad a las tropas centralistas del general López Domínguez. No es posible abordar en profundidad ese hecho histórico, complejo y difícil, en los límites de este artículo, pero sí recordar, siquiera sucintamente, el contexto en que se produjo.

Aunque el general Prim, uno de los protagonistas de la caída de Isabel II en septiembre de 1868, había sostenido siempre que una República en España era inconcebible, al dimitir Amadeo de Saboya el 11 de febrero de 1873 la Asamblea (compuesta por el Senado y el Congreso) votó la reforma de la Constitución monárquica de 1869 para la proclamación de la República. Estanislao Figueras fue nombrado presidente del Consejo, acompañado de tres republicanos (Pi i Margal, Castelar y Salmerón) y cinco radicales que habían apoyado la monarquía de Amadeo. La nueva República sólo fue apoyada internacionalmente por EE UU, Suiza, Costa Rica y Guatemala.

Pronto afloraron las diferencias entre las distintas concepciones del republicanismo: los unitarios, herederos del partido radical, pretendían consolidar una República centralista, frente a los federalistas, cuya ala izquierda, los intransigentes, estaban llamados a tener protagonismo en las revueltas cantonales de las que ahora hablaremos. El gobierno Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio y creó el servicio voluntario. Pero a los trece días de haberse formado el nuevo Gobierno, se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y republicanos, por lo que presentó su sonora (sonora por los conocidos exabruptos con los que anunció su decisión) dimisión a las Cortes el día 24 de febrero.

Le sucedió Pi i Margall, partidario de redactar cuanto antes un proyecto de Constitución. Al tiempo, en Madrid se había constituido un Comité de Salud Pública, encabezado por Roque Barcia, y en febrero estalló la crisis de Gobierno, al abandonarlo los radicales. En Cataluña, el 8 de marzo, se proclamó el Estado Catalán.

Desaparecidos los radicales de la escena política, se celebraron elecciones el 10 de mayo, con la ausencia de éstos y de los monárquicos alfonsinos, lo que se tradujo en una mayoría de los federales. Pronto se produjo un deslizamiento hacia la izquierda, dominada por los federalistas intransigentes dirigidos por el general Juan Contreras y Roque Barcia. El nuevo Gobierno, pues, trató de satisfacer al mismo tiempo las aspiraciones de la derecha (orden social) y de la izquierda (federación). Pero, a juicio del historiador Antoni Jutglar, a Pi i Margall «le faltó la energía suficiente para garantizar el sistema federal», lo que propició el fenómeno cantonalista, que se extendió rápidamente por Levante, Andalucía y Castilla. En el comunicado del Comité de Salud Pública los cantones se justificaban por «la necesidad de salvar a la República y contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas».

En Alcoy, el estallido de una huelga general revolucionaria, apoyada por los bakuninistas, el 9 de julio de 1873, condujo al asesinato del alcalde y al incendio de una fábrica.

El 12 de julio estallaba la insurrección cantonal en Cartagena y el 14, en Murcia. La capital, difícil de defender militarmente, cayó enseguida en manos de los centralistas. En Cartagena, sin embargo, los federales intransigentes, con el apoyo de los bakuninistas del Arsenal,iniciaban en el propio castillo de Galeras la rebelión cantonal. Tras avisar de su éxito con un cañonazo, izaron la bandera cantonal (completamente roja), tomaron el Ayuntamiento y nombraron una Junta Revolucionaria. El movimiento se vio reforzado por las tripulaciones de los buques Almansa y Vitoria. La flota cantonal fue declarada pirata por el Gobierno central.

Protagonistas de esos hechos fueron el estudiante de Medicina Manuel Cárceles, el veterinario Esteban Nicolás y un grupo de voluntarios. Especial protagonismo tuvo un murciano de Torreagüera, Antonio Gálvez, el ´tío Antonete', el mismo que, según recuerda el activista Vicente Cervantes en un artículo de Jarique, «casi un año antes, acompañado de muchos centenares de mozos de la huerta y el campo había subido a los montes de la Cresta del Gallo y el Miravete, al grito de «P'abajo las Quintas, Apa la Federal», constituyendo un impresionante movimiento guerrillero.

Para intentar salvar la situación, Pi i Margall trató de llevar a la Asamblea el proyecto de Constitución, redactado precipitadamente por Castelar y presentado el 17 de julio. El texto, que estipulaba que la nación española estaría constituida por 17 Estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico) y la consolidación de un cuarto poder, el ´de relación', en manos del presidente de la República, no prosperó.

Antes de que finalizasen esos debates constitucionales, Pi i Margall, al que se le reprochaba la responsabilidad en la crisis cantonal, dimitió. Le sucedió Nicolás Salmerón, dispuesto a aplicar una política de mano dura contra la insurrección cantonal, recurriendo a militares monárquicos como Martínez Campos, o a radicales como Manuel Pavía. Los cantones de Córdoba, Sevilla y Cádiz fueron cayendo durante los últimos días de julio y primeros de agosto.

Salmerón dimitió al negarse a firmar dos sentencias de muerte, propuestas por los militares. Le sucedió Emilio Castelar, el último presidente de una República que derivó hacia el conservadurismo, lo que le enemistó con la izquierda. El Gobierno fue derrotado dos veces en las Cortes. Las derechas se movieron. El capitán general de Madrid, Pavía, irrumpió en las Cortes el 3 de enero de 1874 y, con varios disparos, puso fin a esas Cortes constituyentes. Se convino en nombrar presidente de la República al general Serrano que, tomando como modelo al general francés Mac Mahon, dio preeminencia al Ejército.

Cartagena resistiría hasta el 11 de enero de 1874 el asedio a que fue sometida por parte del general López Domínguez. La destrucción urbanística producto del bombardeo fue notable, con la voladura parcial del Cuartel de Artillería. La novela, creo que hoy agotada, Mister Witt en el Cantón, de Ramón J. Sender, nos traslada magistralmente a esos escenarios.

El final de la ´experiencia' cantonal es, a juicio de Miguel Artola, el epílogo del ciclo revolucionario inaugurado por el Sexenio democrático, y la constatación de la incapacidad de la burguesía de consolidar ´su' revolución, hecho constatado por Josep Fontana, para quien ya los excesos radicales de 1869 situaron en una postura defensiva a las fuerzas conservadoras ligadas a los intereses económicos.

Por su parte, y en relación con la Primera República, Manuel Tuñón de Lara considera que «los Gobiernos republicanos de 1873 [€], temerosos de llevar una revolución hasta sus últimas consecuencias, dejaron todo el poder material y todos los resortes de acción en manos de las clases conservadoras del Antiguo Régimen [€], que temían verse desposeídas de su privilegiada situación económica». Concluye, así mismo, que «la burguesía española, que tenía interés en desembarazarse de la tutela y privilegios de la aristocracia, no pasaba de tímidos ensayos por temor al cuarto estado».

Tenemos mucho que aprender de la Historia.

PABLO IGLESIAS, SU EQUIDISTANCIA DEL CONCEPTO DE EXILIO Y CINISMO DE CIUDADANOS.

Como no podía ser de otro modo, han causado revuelo y malestar entre sectores de la izquierda y, sobre todo, del mundo memorialista, las declaraciones de Pablo Iglesias en la pasada entrevista del periodista Gonzo en La Sexta, en la que igualaba la legitimidad de Puigdemont para marchar al exilio con la de los republicanos que hubieron de hacer lo propio en el primer trimestre de 1939, cruzando los Pirineos hacia Francia, tras la caída de Cataluña. Al mismo tiempo, P. Iglesias, diferenciaba entre 'huída' del rey emérito y 'exilio' del mandatario catalán. 

 

 

 

(El Stanbrook fondeado en el Puerto de Alicante, a finales de marzo de 1939 -Foto: El País-)

 

Está claro que no puede compararse, ni por asomo, el tremendo drama humano que supuso el exilio forzoso de casi medio millón de republicanas y republicanos, cruzando, en condiciones inhumanas, los Pirineos, con el 'acomodo' del huido president en una casona de Waterloo, cerca de Bruselas, de la que disfruta el hoy parlamentario europeo.

 Y en ese contexto, resulta cuanto menos paradójico que sea Ciudadanos -partido que, en el Ayuntamiento de Madrid, apoyó la retirada de nombres de las personas fusiladas en La Almudena, así como la eliminción de los de Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero madrileño- quien, a través de Inés Arrimadas, se erija ahora en el partido defensor de ese exilio republicano. El cinismo en política, como se ve, no tiene límites. 

Dicho esto, también hay que hacer otras consideraciones. Desde el acceso al poder de Unidas Podemos, es claro que hay en marcha toda una operación mediática tendente a romper la coalición de Gobierno con el PSOE, para lo que se ha hecho uso por parte de la derecha de toda una serie de recursos (escraches, denuncias judiciales, fake news...).  Por ello, la torpeza de Pablo Iglesias no ha hecho sino dar alas a esos sectores, encabezados por el ¿diario? OK de E. Inda, deseosos de desalojarlo del poder. 

Otra cuestión tiene que ver con las garantías procesales existentes en España. Sin tratar, por esto, de justificar la torpe e ilegal decisión de los autores del Procés, está claro que la contundencia que han exhibido con ellos los tribunales españoles dista mucho de las garantías procesales de que hubieran disfrutado en los países de nuestro entorno, en los que los delitos de rebelión y sedición o están ausentes o exigen actuaciones de más gravedad para ser considerados. La pertinaz negativa de los tribunales españoles a reconsiderar la posición penal de los presos lleva a Puigdemont,  pese a ser requerido por la Justicia española, a continuar bajo el amparo de la Justicia europea. 

Sin que ello suponga por mi parte apoyar su posición, parece claro que Puigdemont, como los demás presos del Procés, es víctima de la politización de un proceso en el que la Justicia española, en cuanto a ecuanimidad, deja mucho que desear (la permisividad o el silencio que muestra el sistema judicial con las amenazas de la extrema derecha contrasta con el celo, a veces desmedido, contra actos y expresiones de la izquierda).

 

Para concluir, diría que todos estos considerandos en modo alguno justifican que Pablo Iglesias, líder de la coalición de izquierdas y además vicepresidente del Gobierno, tenga esos graves deslices que, como decía arriba, son aprovechados por las derechas, dispuestas, cual aves carroñeras, a liquidar los despojos de la izquierda. 

EL 'GRANAÍNO' Y EL 'TOQUE DE OBISPO'

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/01/13/granainoapos-toque-obispoapos/1178675.html

 

Diego Jiménez García. /  Con el sonido de una bocina ferroviaria y al grito de “¡Llega el tren!” del último jefe de estación de Baza, Manuel Berruezo, se inició el pasado día 31 de diciembre en los andenes de esa vieja estación granadina el acto que, un año más por esa fecha, reivindica la apertura de la línea férrea Almendricos-
Almanzora- Baza-Guadix.

Bajo el lema ’36 años sin tren. Basta ya de engaños. Oportunidades. Vida y tren para nuestras comarcas’, el acto fue organizado por la Asociación Amigos del Ferrocarril de Baza y la Plataforma Amigos de Guadix por el tren, contando con la colaboración y apoyo de la Plataforma la ‘Revuelta de la España vaciada’ y de otros colectivos ferroviarios y sociales de Granada, Almería y Murcia, que estuvo
representada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia.

En ese acto reivindicativo, se reiteró la petición al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que cumpla su compromiso de elaborar en este año 2021 el estudio informativo para la viabilidad de esa línea que vertebraba un amplio territorio de 12 comarcas, tres provincias y dos comunidades autónomas, y era la conexión ferroviaria directa y estratégica de Andalucía con Levante y Europa.
 

Recordemos que, bajo el Gobierno de Felipe González, en pleno proceso de reconversión industrial en España, esa línea fue clausurada el 31 de diciembre de 1984 y desmantelada en diciembre del año siguiente. Para hacernos una idea de la repercusión de esa medida, el trayecto Granada-Valencia, cuando esa línea estaba en funcionamiento, era de 497 km y hoy es de 848; el de Granada- Murcia, en 1984, era de 278, hoy, de 810; en ambos casos, los trenes deben
‘subir’ hasta Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

EL CONTRATO PROGRAMA ESTADO-RENFE, LA CLAVE
Rastreando nuestra Historia más reciente en relación con los transportes, está claro que para las clases dirigentes de este país han primado, las más de las veces, criterios de rentabilidad económica (a menudo, especulativos) sobre los de utilidad social. Recordemos que, tras la Ley General de Ferrocarriles de 1855, un decreto de 14 de noviembre de 1868 fijaba nuevos criterios para la legislación
de obras públicas, y, concretamente, las concesiones ferroviarias se otorgaban a perpetuidad a particulares, sin intervención del Estado.

Tras varias vicisitudes históricas (Miguel Artola. Los ferrocarriles en España 1844-1943), la etapa 1941-2002 fue la de la titularidad pública de las compañías ferroviarias, constituyéndose RENFE en una entidad estatal autónoma y transfiriéndose, a partir de la Constitución de 1978, muchas líneas férreas a las Comunidades Autónomas. Se mantienen algunos ferrocarriles de vía estrecha,  gestionados por FEVE, como la línea Cartagena-Los Nietos, en la Región, pero desaparecen otros como la línea VAY (Villena-Alcoy-Yecla), que estuvo operativa desde 1884 y que llegó a unir Cieza con Gandía, pero que fue cerrada en 1969, pues se decía que no podía competir con la carretera. Igual suerte corrió, como es sabido, la línea Murcia-Caravaca (1933-1971).

Uno de los momentos clave en el proceso de reducción de líneas de ferrocarril, en opinión de Miguel García Martín, profesor de la Universidad de Sevilla, se produjo a partir del contrato-programa del Estado y Renfe del periodo 1984-86, que obligaba a reducir el déficit económico de empresas de servicios públicos como RENFE, mediante la clausura de líneas y la reducción de plantilla. El Estado consideraba deficitarios un total de 3.055 km de vías, de las que un 32% estaban en territorio andaluz, en el que se cerraron las líneas Jaén-Campo-Realy la de Almendricos-Guadix.

LA UTILIDAD SOCIAL DEL TREN
En esos vaivenes en el desarrollo de las vías férreas en España, cuyo trazado obedeció, las más de las veces, a criterios estrictos de rentabilidad económica, como queda dicho, frecuentemente se ha venido olvidando la indudable utilidad social del tren. A ese respecto, Antonio Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza, recuerda que ese tren que unía Lorca-Almendricos con Guadix (el ‘Granaíno’) era muy popular, pues trasladó a miles de trabajadores a la emigración a Cataluña y a la vendimia francesa. Su desaparición ha conllevado un descenso poblacional en la práctica totalidad de los doce municipios del área de influencia de la comarca del Almanzora, si se exceptúan los directamente relacionados con el boom del mármol, como el de Macael.

Se ha constatado también la desaparición de talleres y servicios auxiliares relacionados con el ferrocarril, comercios, explotaciones agrícolas, etc. Y en las más de 200.000 hectáreas en grave riesgo de desertificación del Sureste peninsular, a su juicio, el cierre de la línea férrea que discurría por ellas tienemucho que ver.
 

Hoy, la autovía Murcia-Granada enlaza ambas poblaciones, pero a un coste humano no siempre dado a conocer. Según datos estadísticos de la DGT relativos a siniestralidad en carretera en 2018, se registraron 41 víctimas mortales en las provincias de Granada y Almería, algunas de ellas evitables, sin
duda, si se hubiera mantenido y potenciado la conexión ferroviaria de la Región de Murcia con Granada.

LA REPERCUSIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA
En lo que a nuestra Región de Murcia respecta, Juan Antonio Conesa, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, nos recuerda, en un comunicado, que “de las líneas propuestas en su momento para el cierre definitivo, algunas de ellas, gracias a las presiones y negociaciones de gobiernos locales y autonómicos, consiguieron salvarse”. Una de estas líneas fue el tramo Lorca-Águilas, que, tras 20 años de estar subvencionado por la Comunidad Autónoma de Murcia, pasó en el año 2005 a formar parte de la Red de interés General con la entrada en vigor de la nueva ley del sector ferroviario; otra fue la que se extiende desde Almería a Huelva.

La Plataforma defiende que la Región de Murcia debe convertirse en un “enclave de carácter singular en la futura Red Básica Ferroviaria Española”, dentro de la Red Básica Ferroviaria Transeuropea, en el marco de las medidas de la UE para la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero
en un 60% en el ámbito del transporte, en 2050.

La reapertura de la línea Lorca-Almendricos-Almanzora-Baza-Guadix, es una de las propuestas para impulsar el Corredor Mediterráneo dentro de la red básica antes citada, con la finalidad de que puedan circular los trenes de mercancías, de cercanías, los trenes regionales y los trenes de grandes distancias, que complementarían por la zona interior la línea Murcia-Almería en construcción, por lo que dicha Plataforma pide de los gobiernos locales y autonómicos “una implicación y compromiso” para trabajar conjuntamente con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para la realización de un estudio informativo que permita caminar hacia la reapertura de esta conexión ferroviaria.

Ya en un artículo de 2004, a veinte años del cierre de esa línea, J. Antonio Conesa, entonces portavoz de Ecologistas en Acción, concluía su escritor eivindicativo con esta curiosa anécdota: En uno de sus cuentos, el escritor Antonio Pereira narra la historia de un niño que viaja en tren con su padre y, ya entrando en agujas al llegar a la estación de Astorga, el silbato de la máquina sonó con gravedad casi solemne, con uno largo y dos cortos. El niño preguntó, admirado, “¿Y eso”, y el padre le respondió: “Es el ‘Toque de Obispo’, un toque de reverencia que hace sonar el maquinista cuando se acercan a una ciudad episcopal, de las que tienen obispo y no tienen gobernador civil, como Astorga, Calahorra, Guadix, etc.”

Por ello, concluía Conesa, “si este proyecto llegase a cuajar, tal vez podríamos volver a escuchar el ‘Toque de Obispo’, por los deleitosos y ubérrimos paisajes que discurren entre Almendricos y Guadix”.

Diego Jiménez García, profesor de Historia

PLAÑIDERAS DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/15/planideras-libertad-ensenanza/1171206.html

La aprobación el pasado día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, levantó, como era de esperar, un enorme revuelo por parte de la derecha. Inicio la redacción de estas líneas, además, cuando, en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, PP, Ciudadanos y Vox se han manifestado en el mismo sentido, apelando a los eternos mantras de siempre:  los ataques a la religión, el derecho de las familias a la elección de centro, la eliminación del castellano como lengua vehicular… Posición con la que tratan de ocultar el escaso valor que la derecha atribuye a la Educación, en concreto la Educación pública, como mecanismo compensador de desigualdades. Me voy a detener especialmente en el tan manido tema de los ataques a la Educación concertada y, dentro de ella, en el de la ‘demanda social’. Pero, antes, unos datos nos permitirán aclarar la situación.

El Ministerio de Educación y FP, en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo fue retrocediendo desde 2009 hasta 2014 hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. En esos años, es decir, con los gobiernos del PP, el gasto público en Educación descendió un 18%; sin embargo, las partidas destinadas a la financiación de los conciertos se incrementaron un 6%. (Y en la Región de Murcia, ¡un 24%!). En ese contexto, con el cambio de Gobierno la inversión educativa en los PGE de 2020 ha permitido superar -pero sólo en un 6%-  lo presupuestado en 2010.

No mejor panorama se observa en los presupuestos educativos de la CARM: el largo periodo de los gobiernos del PP en la Región ha determinado que el gasto educativo haya descendido un 4% del 2017 al 2020 (1.346 millones de euros frente a 1.298, respectivamente), mientras que el gasto por alumno ha disminuido igualmente en un 2,8% (Portal de la Transparencia de la Región de Murcia).

La Educación privada acoge en la Región de Murcia el 30% del alumnado de los niveles no universitarios, pero el presupuesto destinado a los centros concertados ha pasado de los 140 millones de euros en 2007 a los 260 millones actuales, es decir, un incremento del 85%, mientras que en la red pública ha sido sólo del 32%.

Un poco de Historia

En relación con los conciertos educativos, hay que recordar que, en el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González, el presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos. Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del baby boom de los años ’60 y ‘70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, pero que imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros (el artículo 27.6 de la Constitución de 1978 (CE78) lo hace posible, pero no dice que sea con dinero público, cosa que hoy sigue exigiendo la derecha); excluía, a su vez, la posibilidad de 'beneficio industrial' en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo (el pago de cuotas extraordinarias por las familias sigue siendo hoy una práctica común).

El manido tema de la libertad de enseñanza

Desde los inicios de la Transición, la derecha ha venido presentando batalla en el campo de la Educación, con un trasfondo ideológico que, en el fondo, esconde sus intenciones de seguir detentando privilegios en lo económico, apelando a lo que llaman la demanda social y a una interesada interpretación del artículo 27.1 de la CE78: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

La libertad de enseñanza, asociada, incluso, a la de la libertad de cátedra, la interpreta la derecha interesadamente con la libertad de creación y elección de centros docentes, desde luego con dinero público, como hemos visto, obviando también que el artículo 27.4 de CE78 dice claramente que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Además, hoy, en la Región se han concertado incluso niveles no obligatorios, en Bachillerato y FP, y se encubre con ‘aportaciones voluntarias’ por parte de las familias el cobro de cuotas a éstas por los titulares de muchos centros concertados, sobre todo de titularidad religiosa, que, además, en algunos casos segregan por sexos al alumnado.

Desmontando el mito de la demanda social

Un vídeo que circula por redes sociales asegura que la LOMLOE roba la patria potestad de los padres, ya que al eliminar la demanda social se reduce significativamente la capacidad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos. Este mantra de la demanda social ya es viejo: lo impulsó el Gobierno de Aznar en 2002, lo eliminó la  LOE (Ley Orgánica de Educación) de Zapatero en 2006 y fue reintroducido por la LOMCE del Gobierno de Rajoy en 2013; el proyecto de reforma del actual gobierno lo elimina.

Según los defensores de esa demanda social, mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarlos. Ello es equiparable al hecho de que, si todos los ciudadanos tuvieran el derecho de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar. 

La demanda social, además, ha sido un pretexto utilizado por los gobiernos de las comunidades autónomas para ceder suelo público de manera gratuita para centros privados de nueva creación promovidos por empresas a menudo sin trayectoria educativa. La LOMLOE, sin embargo, establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos, pues el principio de subsidiariedad de la Educación concertada se mantiene.

Plañideras de la libertad de Enseñanza

Pese a la nueva ley (LOMLOE), las derechas de este país, las más cerriles de nuestro entorno europeo y que ya han anunciado que van a mostrarse objetoras a aquélla, van a seguir haciendo de la Educación un abonado campo de batalla, actuando de plañideras de oscuros intereses empresariales. Recordemos que una plañidera (del latín plangere) era una mujer a la que se pagaba (y se le sigue pagando aún hoy, en ciertos países) una cantidad de dinero para que asista a un entierro (las derechas hablan del entierro de la educación privada) y llore en él. Su uso siempre ha ido encaminado a la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto en los deudos (en nuestro caso, las familias potencialmente votantes) para efectuar una catarsis del duelo y realzar la importancia social de un difunto. Pues eso.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

Olvidado Pueblo saharaui

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/12/02/olvidado-pueblo-saharaui/1167647.html

Diego Jiménez/2-12-2020/Murcia

Tras 29 años de una paz sostenida entre alfileres, la tensión ha vuelto al Sáhara Occidental. El pasado día 21 varios activistas saharauis bloquearon una vía comercial en Guerguerat, un paso situado en zona desmilitarizada controlada por el Frente Polisario que conecta Mauritania con aquel territorio y con Marruecos. Los saharauis afirmaron que Rabat violó el acuerdo firmado con la ONU. Pasados unos días, Marruecos decidió enviar efectivos militares y se registró un intercambio de disparos entre ambos bandos.

LAS RAÍCES DEL CONFLICTO

Para aproximarnos, siquiera sucintamente, a las raíces del conflicto que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, hay que recordar que ya en 1961 la ONU creó el Comité Especial de Descolonización para impulsar el proceso de autodeterminación de los muchos territorios no autónomos que todavía quedaban en el mundo, categoría en la que entraba de lleno el Sáhara Occidental. A día de hoy, ocupado por Marruecos, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado colonia por el Comité de Descolonización de la ONU, y España tiene aún el estatus de potencia administradora.

En el siglo XIX, en plena fiebre del expansionismo colonial en Europa, España necesitaba ‘poner los pies’ en África a medida que perdía su influencia en América. Atraído por sus recursos naturales, nuestro país comenzó su penetración en el Sáhara Occidental tras la Conferencia de Berlín de 1885. La explotación pesquera fue uno de los primeros objetivos en este territorio. Tras un acuerdo de fronteras con Francia, en 1934 se inició la ocupación efectiva tras la firma de un sometimiento por parte de las tribus saharauis. El territorio llegó a tener el estatus de provincia española a partir de 1958. Se calcula que unos 20.000 españoles vivieron en el Sáhara.

El 14 de noviembre de 1975, con un Franco agonizante, España decide abandonar a su suerte a su colonia. Juan Carlos I, que ocupaba la jefatura de Estado interina, obsesionado con llegar a reinar, se alinea con el complot preparado por la CIA para la cesión del Sáhara a Marruecos, país con el que EE UU deseaba mantener una relación privilegiada, pues no sólo ocupaba (y ocupa) una zona de alto nivel geoestratégico (en el eje Canarias-Estrecho-Baleares), sino que la potencia americana quería controlar los ricos recursos minerales del territorio. Si a eso se suma la presión de la ONU para acabar con la colonización y la de los países vecinos del Sáhara (Marruecos y Mauritania) que reclamaban esa región, tras la Marcha Verde España firma con Marruecos y Mauritania, en la fecha arriba citada, el Acuerdo de Madrid, que preveía un referéndum de autodeterminación, y retira sus fuerzas militares del territorio.

Esos dos países se reparten el Sáhara, quedándose la mayor parte Marruecos. Tras ese acuerdo, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a sus vecinos. Mauritania, país que tiene estrechos lazos históricos y culturales con el pueblo saharaui, acabaría retirándose de la zona. La guerra se prolongó hasta 1991, cuando entró en vigor un alto el fuego. Fue entonces cuando la ONU aprobó una resolución que establecía el calendario del plan para el referéndum y la creación de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). La fecha se fijó para el 26 de enero de 1992. Nunca se cumplió. El problema era determinar los votantes, pues Marruecos exigía, para su celebración, la inclusión de ciudadanos marroquíes en el censo, petición rechazada por el Frente Polisario.

Al día de hoy, el 80% del territorio del Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, que sigue planteando una autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario no ceja en su empeño de celebrar ese referéndum de autodeterminación. En los campos de refugiados de Argelia hay hoy en día una población de unas 140.000 personas.

POSICIÓN DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

Los sucesivos Gobiernos españoles, con matices –incluidos los del PSOE-, han adoptado una posición de plegarse a los intereses marroquíes. A la izquierda del PSOE, sin embargo, siempre ha habido voces críticas. En una entrevista en Telemadrid, en noviembre de 2010, el fallecido Julio Anguita recordaba la vergonzosa claudicación de España ante Marruecos y su responsabilidad hacia el Sáhara como potencia colonizadora, acusaba a EEUU del impulso de la Marcha Verde, advertía de la penetración de los intereses franceses en la zona, en disputa con EEUU, y denunciaba que no menos de 200 millones de euros iban a parar a los bolsillos del monarca alauita.

Respecto al PSOE, el viraje de este partido en relación con el conflicto del Sáhara es notorio. El 14 de noviembre de 1976, justo un año después del Acuerdo de Madrid, Felipe González, entonces secretario general, viajó a los territorios liberados del Sáhara Occidental. Declaró que “para nosotros [PSOE] no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final […] convencidos de que el Frente Polisario es el guía recto y que vuestra República democrática e independiente se consolidará y podréis volver a vuestros hogares”. (rebelion.org, 18 noviembre de 2020).

Tras esas palabras, Felipe, que fue presidente del Gobierno durante 14 años, no volvió a mover un dedo por el Sáhara; antes bien, estrechó sus relaciones con la monarquía alauita (veraneó en un palacete de Tánger valorado en 2,5 millones de euros). El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tampoco hizo nada y se mantuvo poco firme con Marruecos ante la huelga de hambre de la activista Aminatu Haidar, detenida y expulsada de El Aiún en 2009.

Item más: en 2015, la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, impidió a Diego Valderas (IU) viajar a los campamentos saharauis, mientras que, en 2018, el ministro de exteriores, Josep Borrell, se negó a la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara. (Cuarto Poder, 17-11-2020).

Y EN LA ACTUALIDAD

El Gobierno actual, a preguntas del senador y responsable de Relaciones y Política Internacional de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, sobre la posición española respecto al Sáhara, contestó –cosa que no es cierta- que “España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas”.

Para desgracia de nuestro pueblo hermano saharaui, el PSOE, principal partido del Gobierno, va a continuar sin molestar a Mohamed VI. Tras el reciente viaje del ministro del Interior, Grande Marlaska, en visita a su homólogo marroquí para tratar la crisis migratoria de Canarias, es fácil intuir ciertas presiones (¿chantaje?) del titular de Interior marroquí para conseguir de España ciertas ventajas a cambio de una eventual contención de los flujos migratorios por Marruecos y el silencio español sobre las tropelías marroquíes en los territorios ocupados. Incluido en ese silencio la brutal represión (con detenciones arbitrarias, torturas, ocupación y destrucción de viviendas, etc.) que sigue ejerciéndose por las fuerzas de seguridad marroquíes sobre los activistas saharauis.

Esperemos que las presiones, desde la calle y desde otras instancias, sobre el Gobierno marroquí para el respeto de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos haga reaccionar al Gobierno español y pueda revertirse esta situación. Y quien mejor puede hacerlo desde dentro del Gobierno es Unidas Podemos. El olvidado pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano, espera ese gesto nuestro.