En el comienzo de 2020 se nos anuncia el reinicio de la nunca cerrada 'guerra del agua' en la Región de Murcia y en las comunidades de regantes de las vecinas Alicante y Almería. En nuestra Región, la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de decretar para este mes de diciembre un trasvase cero, con sólo 7,5 Hm3 para abastecimiento humano, a la vista de la situación terminal del Mar Menor, ha soliviantado a los partidos de la oposición de derechas, al Sindicato Central de Regantes (SCRATS) y a las organizaciones agrarias, que acusan al Gobierno central de querer liquidar la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura.
En el ámbito político, el gran beneficiado por la polémica ha sido la formación ultraderechista Vox, que tiene bien atados a un partido devenido irrelevante en el conjunto del Estado, Ciudadanos, si bien es cierto que conserva la vicepresidencia regional, y a un PP cuyo presidente, López Miras, se nos muestra bastante infradotado e inmaduro políticamente.
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| El insostenible modelo de agricultutra intensiva se está extendiendo hacia las zonas de secano del interior de la Región de Murcia. En la foto, campo de hortalizas en Venta Cavila, Caravaca de la Cruz ( Foto del autor) |
Empero, en política, todo vale, hasta la mentira y también la desmemoria, para atacar y ensañarse con el adversario. Empecemos por varias evidencias. Primera. Entre mayo de 2017 y marzo de 2018, o sea, casi durante once meses consecutivos, con el Gobierno de Mariano Rajoy y con García Tejerina en el ministerio, el Tajo estuvo cerrado al Trasvase, según nos recordaba en artículo reciente Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y sobre el cual se carga toda la responsabilidad. La decisión de decretar el trasvase cero quizás no haya sido la más acertada políticamente, pero bien es cierto que, como recordaba Morán hace unos meses, el final del Trasvase Tajo-Segura va a venir dado por la meteorología. El pasado verano, las Cortes castellano-manchegas ya alertaban de que, de no mediar precipitaciones abundantes, en octubre sería imposible trasvasar agua hacia el Levante.
Segunda evidencia: la disponibilidad de agua a finales de año en los embalses cedentes, Entrepeñas y Buendía, excedía de los 400 Hm3, límite fijado por el Memorando del Tajo-Segura aprobado en 2014 por el Gobierno del PP y las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Madrid y Extremadura. Con fecha 26 de diciembre, según el portal www.embalses,net, esos pantanos embalsaban 528 Hm3, unos 82 Hm3 más que la semana anterior, pero de cuyo volumen de agua hay que descontar las cantidades destinadas a mantener el caudal ecológico del Tajo y las transferencias a la cuenca del Guadiana, para salvar, en no pocas ocasiones, el humedal de las Tablas de Daimiel.
Y tercera y no menos importante evidencia: lo que esta derecha cavernícola que tenemos la desgracia de soportar en esta Región y el lobby empresarial agrario (que, como indica su denominación, presiona y condiciona al poder político) quieren obviar y ocultar es que este modelo agrícola que, en contra de declaraciones demasiado optimistas del presidente regional, sólo contribuye a un 10% del PIB regional, es el responsable del certificado de defunción de nuestra albufera litoral del Mar Menor.
Modelo agrícola de regadío que, por desgracia, está siendo 'exportado' al interior de nuestra Región, como en los secanos de zonas de Lorca y Caravaca. Se impone implantar una agricultura sostenible y ecológica, que pase por revitalizar el secano (la almendra y el pistacho son dos ejemplos de productos con expectativas de buenos mercados) y unos regadíos adaptados a las posibilidades hídricas reales de esta Región, con recursos propios y de la desalación.
Porque la sequía estructural que padecemos y la dependencia de recursos hídricos foráneos es insostenible. Aun así, el pasado mes de junio LA OPINIÓN daba cuenta de que el volumen exportador de frutas y hortalizas creció en la Región un 43% desde 2008 a 2018, pasando de los 1,7 millones de toneladas a 2,5 millones entre esos años, frutas y hortalizas destinadas a proveer los mercados de Alemania, Reino Unido y Francia. Son datos de Proexport, que se ufana de que la Región de Murcia lidera la exportación española de lechuga, brócoli, apio, limón, melón y uva de mesa. Pero la voracidad del lobby empresarial agroexportador no tiene en cuenta el interés social y desprecia la contaminación difusa que las prácticas agrícolas, algunas ilegales, como esas casi dos mil hectáreas sin licencia de riego que todo el mundo parece ignorar, están afectando al Campo de Cartagena. En su subsuelo se acumulan hasta 300.000 toneladas de nitratos procedentes de la agricultura intensiva, que, sumados a un acuífero muy superficial, hacen que gran parte de esos nitratos vayan a parar al fondo de nuestra otrora bella albufera litoral.
Por eso la aprobación el pasado día 26 del decreto ley para el Mar Menor, con tibias medidas que a casi nadie satisfacen y sin contar con el necesario consenso social, parecen decirnos muy a las claras quién parte el bacalao en esta Región. Con las decisiones adoptadas y las carencias que abajo comento, está claro que se pretende salvar a lo más granado del gran empresariado agrícola, pero condenando al ostracismo al pequeño agricultor y a unos sectores turístico y pesquero que a nadie parecen importar.
Para terminar, tomo de los colectivos sociales y ecologistas las principales carencias del decreto ley citado, que el Gobierno regional ha decidido ignorar:
1. La creación de un cinturón verde de al menos dos kilómetros en torno al Mar Menor (el decreto habla de 500 metros), con la prohibición de todo tipo de fertilizantes alrededor de la albufera.
2. Reducir a tres años, y no a cinco, el plazo para elaborar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en el que debe estar incluida toda su cuenca.
3. Regular toda la explotación ganadera, con prohibición de nuevas explotaciones hasta que no esté redactado el Plan de Ordenación Territorial.
4. Así mismo, y hasta que no esté redactado ese Plan, impedir nuevos desarrollos urbanísticos fuera del suelo urbano y consolidado.
5. Garantizar la independencia y autonomía del comité científico y dotarlo de autonomía e iniciativa propias.
6. Suspender la construcción de nuevos invernaderos e impedir la ampliación de puertos deportivos.
7. Elaborar un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y depuradoras en un plazo de seis meses, para evitar vertidos al Mar Menor.
8. Garantizar dotación presupuestaria del decreto-ley para su cumplimiento.
