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| Asamblea plenaria del Episcopado español |
Las sesiones de la CXIV Asamblea Plenaria de los obispos españoles, celebrada entre los pasados días 18 y 22 de noviembre, en un contexto en que se debate la configuración del futuro Gobierno de España, no podían dejar de lado esa circunstancia. Con la expresión bíblica «por sus frutos los conoceréis» la Conferencia Episcopal Española (CEE) tomó clara postura sobre el posible Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, afirmando que «juzgaremos a ese Gobierno por sus hechos». Para no ser menos, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la carta que publica cada semana en el semanario Paraula que edita el arzobispado, escribía: «Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España», en referencia también a ese preacuerdo Sánchez-Iglesias.
En la apertura de las sesiones, Ricardo Blázquez, portavoz de la CEE, ya advirtió de que «la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», sin duda aludiendo, aun sin citarlo, al posible concurso de ERC para conformar dicho Gobierno.
Por su parte, Luis Argüello reclamó un Gobierno que ponga el acento en un respeto a la Constitución, que supone un respeto a la libertad religiosa, de conciencia y al bien común. Señaló que la Constitución «está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento», y finalizó, sentenciando que «la concordia de todos dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución».
Pero el temor de la jerarquía eclesiástica española ante la conformación de ese posible Gobierno de coalición llega más allá. Un obispo español, con la expresión «hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos» resumía la preocupación que se respira en la CEE ante el anuncio del preacuerdo y de un Gobierno que querrá aplicar una agenda social en las antípodas de una ultraderecha en ascenso.
Los obispos temen, además, que en pocos meses el nuevo Gobierno podría abordar el fin de algunos privilegios de la Iglesia, desde las inmatriculaciones (pese a que, hoy por hoy, el propio ministerio de Justicia ha recurrido la exigencia del Consejo de la Transparencia, dependiente del Gobierno, para saber en qué situación se encuentran), pasando por el pago del IBI por parte de la Iglesia, la famosa casilla en la declaración de la renta, el futuro de las clases de Religión o la regulación de los conciertos educativos. En la jerarquía eclesiástica han causado, sin duda, una seria preocupación las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que en días pasados cuestionó en parte los convenios de la enseñanza concertada al declarar que la libre elección de centro, uno de los argumentos que esgrime la enseñanza concertada católica, no está amparada por el artículo 27 de la Constitución.
Otro de los asuntos con que los obispos siguen planteando beligerancia es sobre la eutanasia. Mario Iceta, presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, expuso en el pleno que «el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica sino más bien ideológica».
Aunque es notorio y curioso que en la pasada campaña electoral los partidos apenas se refirieron a la Iglesia, desde el ámbito de la izquierda sí se apeló en parte a cuestiones como la siempre pendiente denuncia de los Acuerdos de enero de 1979 con el Vaticano. Después de décadas sin atreverse, parece que el nuevo Gobierno podría abordar esa cuestión, con la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Estado Vaticano que regule las relaciones con la Iglesia desde una posición de menos privilegios. El modelo es el francés, aun teniendo en cuenta que nuestros vecinos llevan ya más de un siglo (desde 1905) con una Ley que consagra la laicidad del Estado (nuestra Constitución sólo cita una tibia aconfesionalidad) por la que incluso las iglesias y catedrales son propiedad del Estado.
Estas posibles actuaciones llevan a que un sector de la jerarquía eclesiástica abogue por mantener una actitud beligerante con el posible nuevo Gobierno de izquierdas. Eso, en román paladino, no es ni más ni menos que injerencia de la Iglesia en cuestiones políticas. Actitud que no es nada nueva. Porque, en relación con ella, parece que nada hubiera cambiado tras 88 años.
Cuando apenas llevaba tres semanas constituida la Segunda República Española, a primeros de mayo de 1931, el cardenal Primado de España, Pedro Segura, lanzó una extensa pastoral en cuyos párrafos, en relación con la postura de los católicos españoles ante las previstas elecciones a Cortes Constituyentes, decía cosas como éstas: «[?] Si permanecemos quietos y ociosos; si nos dejamos llevar por la apatía y timidez, si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión [?] ni aún tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria». Para seguir afirmando más adelante: «Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».
Aún hoy, en el Estado español, la Iglesia, una institución muy poco democrática en su estructura y funcionamiento internos, sigue aferrada a un rancio tradicionalismo que hunde sus raíces en concepciones políticas antidemocráticas en parte de la jerarquía. Hace unos días, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia convocó un acto de protesta en la murciana Plaza de la Cruz para denunciar la inscripción existente en el muro de una de las puertas orientada al norte. La leyenda « José Antonio Primo de Rivera. Presente», que aún sigue ahí, pese a que las asociaciones memorialistas le han exigido al obispado por carta y en entrevista personal con el deán catedralicio que sea borrada, es una ignominia impropia de un Estado democrático.
Y su mantenimiento por parte de la jerarquía eclesiástica es indicativo de que, además de injerencista, un amplio sector de la Iglesia, pese a que estar perdiendo 'clientes' de manera acelerada (casi un tercio de la ciudadanía se declara atea o no practicante), se aferra a un anacrónico inmovilismo.
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