La punta del iceberg
En relación con los vertidos incontrolados al Mar Menor, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras
Pasada la tormenta, se dice que es tiempo de arrimar el hombro y de aunar esfuerzos para buscar soluciones. Ahora viene la política de gestos y de palmaditas en la espalda, para apaciguar los ánimos y diluir responsabilidades. Pero no olvidamos. Estos ¿gobernantes? del PP abolieron u obstaculizaron la aplicación de las leyes que debían proteger el Mar Menor; han evitado la aplicación de medidas extraordinarias; han mentido descaradamente sobre su estado, e incluso la propia consejería de Agricultura editó una guía para que los regantes evitaran las inspecciones.
En relación con los vertidos incontrolados a nuestra albufera litoral, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo- terrestre).
A la Administración municipal le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado.
En la Administración General del Estado, el órgano competente para vertidos al dominio público hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc.) es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Por último, corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia, dependiente del ministerio con competencias en Medio Ambiente, la concesión de ocupación del dominio público marítimo- terrestre.
Como puede verse, además de las atribuidas a la CHS, el máximo de competencias, no sólo en materia de vertidos sino también en la ordenación territorial de zonas costeras, está en manos de la CARM. Pero el Gobierno regional, en estos veinticinco años de gestión, ha venido haciendo oídos sordos a las advertencias que, desde diversos ámbitos, se han venido emitiendo sobre el avance de la hoy enfermedad terminal del Mar Menor. El Gobierno del PP es el máximo responsable de no haberlo preservado para las generaciones futuras, pues no nos pertenece en exclusiva, sino que es un patrimonio mundial.
Llegados a esta situación, de poco sirven la política de gestos y el anuncio de la creación de una comisión de expertos para buscar soluciones al estado de agonía del Mar Menor por parte de quienes han venido no sólo omitiendo el deber de socorro, sino permitiendo y alentando su deterioro, con su inacción interesada en favor de grupos empresariales locales y foráneos.
Vivimos en una Región en la que, en el fondo, se tolera a los sinvergüenzas y en la que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Sorprende constatar la facilidad con que se pregona la necesidad de la aplicación del 155 en Cataluña sin reparar en que, aquí, hay motivos más que sobrados para reclamar una intervención del Estado.
Voy a 'mojarme': afirmo con rotundidad que hay que evitar que el Gobierno regional, como pretende, asuma la competencia de Costas, no sólo por su aparente incompetencia y desidia sino por su descarada gestión en favor de intereses privados. Y no sólo eso. La situación del Mar Menor es sólo la punta del iceberg de una política mafiosa, de patrimonialización del poder (político y económico), con repetidas actuaciones diseñadas y calculadas para esquilmar nuestros recursos y trasvasar estos recursos y dinero desde lo público al bolsillo de unos pocos. No es cuestión de citar nombres, pero consentimos que cuatro 'familias' se hayan apropiado de nuestra riqueza y colocado en el poder a Gobiernos títere para salvaguardar sus intereses.
Vivimos en una Región, pues, en la que el desprecio a lo público, el patrimonio que nos pertenece a todos, y la apropiación de éste por unos pocos es la norma. Para nuestra vergüenza, estamos a la cabeza del Estado en indicadores como la pobreza, fracaso escolar, niveles de paro, etc., y, al tiempo, no mostramos indignación por el descarado robo a nuestros bolsillos (el dinero público es, por definición, de todas y todos nosotros) con actuaciones irresponsables. Voy a exponer sólo dos ejemplos, aunque hay muchos más.
La desaladora de Escombreras. El caso 'La Sal' va pasando de un juzgado a otro sin que nadie ose encausar y juzgar a sus responsables: un expresidente que puso tierra de por medio refugiándose un tiempo en Bruselas, un consejero que permitió e impulsó esa actuación mafiosa (que nos va a costar 600 millones de euros, que el PP 'regaló' a la empresa ACS de Forentino Pérez) y unos técnicos que consintieron tal latrocinio.
Como latrocinio fue que, en virtud de un capricho del presidente Innombrable, se impulsara la construcción del pomposo Aeropuerto Internacional de Corvera, que, al día de hoy, está registrando un volumen de vuelos un 25% inferior al clausurado de San Javier. Y nadie parece exigir responsabilidades por esos tredscientos millones del aval para mantener una infraestructura que se ha demostrado que es a todas luces innecesaria.
Pobreza, paro, corrupción, etc. La Región de Murcia está en el furgón de cola de las Comunidades autónomas españolas y los sucesivos Gobiernos del PP no hacen sino contribuir a su gradual estancamiento. Que la deuda pública haya pasado de los 3.100 millones de euros en 2012 a los casi 10.000 millones de euros en el segundo trimestre de este año (9.699, el 30,7% del PIB regional), cantidad que dobla el presupuesto de la CARM, es indicativo de la irresponsabilidad, torpeza, incompetencia y malas intenciones que 'adornan' la gestión de quienes tenemos la mala suerte de soportar como gobernantes.
La situación es de tal gravedad que sería precisa una intervención del Estado en varios ámbitos. Porque, como decía arriba, el Mar Menor es sólo la punta del iceberg que esconde una nefasta gestión política.
