Preocupante deriva autoritaria

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/03/27/preocupante-deriva-autoritaria/908889.html

Quienes afirman que el régimen político surgido de la Transición consolidó en España un sistema modélico de libertades deberían pararse a reflexionar sobre algunos hechos que están acaeciendo en los últimos tiempos que demuestran que todos los poderes del Estado están aquejados, hoy, de un déficit democrático evidente. Veamos.

Los ataques a las libertades ciudadanas (encarcelamientos de titiriteros, condenas a tuiteros y multas a ciudadanas y ciudadanos por ejercer la libertad de expresión y manifestación, como en Murcia) deberían sonrojar a un Gobierno que es advertido de su déficit democrático por instancias supranacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y, en el caso de las víctimas del franquismo, por la misma ONU. 

En otro orden de cosas, escribo estas líneas tras la justificación esgrimida por el juez Llarena para enviar a prisión a varios exconsejeros autonómicos del Govern y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no es otra que la grave acusación de rebelión (la máxima del Código Penal español), y tras la detención de Carles Puigdemont en la frontera entre Dinamarca y España, en virtud de la reactivación de la euroorden cursada el pasado viernes por el citado juez.

Recordemos que en la cárcel hay cuatro investigados, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquín Forn y los dirigentes de ANC y Omnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y recordemos también que Anna Gabriel y Marta Rovira están también en un ‘exilio’ involuntario. La distinta interpretación jurídica de los magistrados de nuestro país y los de otros países de nuestro entorno sobre los delitos que se les imputan a estas personas me hace pensar que sobre los dirigentes del procés se está procediendo con saña, con evidente ánimo de escarmiento y deseo de anularlos políticamente, amén de que podríamos poner en duda si se están respetando sus garantías procesales, en la medida en que se les mantiene en prisión sin una sentencia condenatoria firme.

Por eso, cuando los voceros del sistema se aprestan a defender la supuesta separación de poderes deberían reflexionar si, como es notorio, en estas últimas disposiciones judiciales no está detrás la larga mano del Gobierno y de la Fiscalía, que están ejerciendo una más que notable presión sobre jueces y fiscales. Asistimos, pues, a unos tiempos en que el Régimen del 78 y de la Transición se tambalea.

Y si hay un hecho que demuestra fehacientemente que ésta se cerró en falso es lo ocurrido el pasado martes en el Congreso de los Diputados. Los votos del PSOE inclinaron la balanza a favor de Ciudadanos (C’s) y PP en contra de la pretendida reforma lanzada por Unidos Podemos y otros grupos para que la Ley de Amnistía deje de amparar y silenciar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Gregorio Cámara, diputado socialista, se atrevió a afirmar que la iniciativa pretendía tergiversar la Historia y denostar el sistema constitucional de 1978, añadiendo, además, que la Transición fue una obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo.

¿De qué reconciliación hablaba este diputado? Debería haber recordado que está pendiente el debate de otra iniciativa parlamentaria para que se reconozca uno de los principios básicos del Derecho internacional: la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Pero Cámara ignoraba conscientemente, o desconocía, las cifras de la represión franquista. Refresquémosle la memoria.

500.000 víctimas en la guerra civil; una cifra similar de personas huidas por la frontera francesa; cerca de 50.000 ‘rojos’ fusilados; más de 134.000 denuncias de desapariciones forzosas registradas en la Audiencia Nacional, muchas de cuyas víctimas están enterradas en miles de miles de fosas comunes sin exhumar; y no menos de 400.000 personas pasaron por campos de trabajos forzosos, de los que hubo más de cien en España. El sistema de campos funcionó como tal hasta 1942, pero las colonias penitenciarias y los batallones de trabajadores continuaron existiendo hasta bien avanzada la década de 1950. El Valle de los Caídos es el ejemplo más conocido, pero en nuestra Región tenemos los casos del embalse del Cenajo, las minas de La Unión y el del colegio de las Adoratrices en Cartagena, que emplearon también mano de obra esclava. Si a estos casos sumamos los de los robos de bebés, que se han producido desde el final de la guerra civil hasta la década de los 90, y la lamentable actuación de un sector de la Iglesia, con curas amparando la delación y la tortura, hay motivos para exigir la revisión de una Ley de Amnistía que sigue siendo, al día de hoy, una Ley de Punto Final.

Soy de los que piensan, sin ninguna duda, de que esa ley, preconstitucional, no se promulgó en un régimen de total libertad, por culpa del ruido de sables. Por eso siento preocupación, indignación y tristeza por la negativa del PSOE a aceptar la tramitación de la reforma de esa Ley, pues si, como se teme, PP y C’s suman mayoría absoluta en las próximas elecciones se disiparán las pocas esperanzas que les quedan a las familias de las víctimas del franquismo de que se juzguen los crímenes de ese aciago periodo y queden anuladas las sentencias extrajudiciales que llevaron a la muerte a sus seres queridos.

El recorte de libertades ciudadanas, las detenciones arbitrarias, la saña que se está ejerciendo sobre la cúpula del procés y la paralización de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica son, entre otros, hechos que están conduciendo a una cierta quiebra del Estado de Derecho. Hoy, a cuarenta años del inicio de la Transición política, asistimos a una peligrosa y preocupante deriva autoritaria.

Diego Jiménez  @didacMur