El Ateneo Villa de Archena inauguró las actividades de su X aniversario con una mesa redonda sobre la Ley de Memoria Histórica

"No se puede poner el punto final donde uno quiera” y “La Ley de Memoria Histórica es un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78” fueron algunas de las reflexiones destacadas por las personas ponentes.

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado viernes, día 21, tuvo lugar una mesa redonda organizada por el Ateneo Villa de Archena, con la intervención de Diego Jiménez, en representación de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria), y Pepa Martínez, de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, moderada por José Ángel Herrero, presidente de la Comisión Gestora de la Federación de asociaciones memorialistas de la Región de Murcia. Con este acto inicial, el Ateneo inauguraba las actividades del X aniversario de su constitución.

(Fotografía del blog de Pepa Martínez: enposidonia.blogspot.com)

Intervenciones

Abrió el turno Diego Jiménez quien, previamente, aportó unas cifras de lo que supuso, en los ámbito estatal y regional, la represión franquista: más de medio millón de personas exiliadas; igual número de víctimas de la Guerra Civil; casi 200.000 personas ejecutadas o muertas en las prisiones franquistas entre 1939 y 1944; más de 100.000 personas en fosas comunes… cifras que, en el ámbito regional, suponen 34.000 personas sometidas a  Consejos de Guerra sumarísimos, con cerca de 1.500 condenas a muerte de las cuales se ejecutaron 900; sin olvidar a las 420 personas murcianas en campos de exterminio nazis (Mauthausen, Gusen, Dachau…), de las cuales murieron 254, y a los esclavos del franquismo en campos de trabajo como Albatera, Totana, obras del Cenajo y restauración de las Adoratrices, en Cartagena.

Pasó, a continuación, a analizar algunos aspectos del articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, a la que comenzó calificando como “un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78”. Recordó que los artículos 2 y 3 de ese texto legal declaran injustas las sanciones, condenas y otras formas de violencia personal y declaran la ilegitimidad de tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil, pero en ningún momento se citan los términos ilegalidad y anulación de esas sentencias.

Criticó que los artículos 11, 12, 13 y 14 dejan en manos de las personas particulares las tareas de localización y exhumación de los cuerpos, sin que, en ningún momento, actúe de oficio el Estado, que es la petición expresa de la ONU.

Igualmente crítico se mostró con la tibieza con que se insta a las administraciones públicas a la retirada de escudos, insignias, símbolos… de la sublevación militar y la Dictadura, dejando de lado, por otra parte, a la Iglesia católica. Y en cuanto a incumplimientos, citó lo estipulado en el artículo 17, en referencia a la elaboración de un catálogo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios, así como el impulso de políticas públicas destinadas a la conservación y fomento de la Memoria democrática.

Hizo alusión a los diez suspensos de la ONU a España en esta materia, citando las palabras de Pablo de Greif,  relator especial de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación, cuando afirmara, a primeros de 2014, que “España hace poco (y mal) para la búsqueda de la Justicia”.

Por último, concluyó con un recordatorio de la presencia del monarca Felipe VI, el pasado 3 de junio de 2015 en París, invitado por la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, en los actos de homenaje a los supervivientes de La 9, la compañía que, al mando del general Leclerc, liberó la capital francesa en el verano de 1944, criticando que un miembro de la familia de Borbón, Felipe VI,  que debe su “legitimidad” a la franquista Ley de Sucesión de 1947 y al posterior nombramiento por parte del dictador de Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, no tuviera reparos en reconocer que “París ha sido siempre ciudad de acogida para un buen número de compatriotas”, omitiendo citar los motivos que llevaron a medio millón de republicanos españoles a ese exilio forzoso al país vecino.

Por su parte, Pepa Martínez comenzó afirmando que “los grandes problemas que actualmente nos encontramos para llevar a buen término nuestra lucha por la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo no son paliados por la Ley de Memoria Histórica”, porque “ésta no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA, no proporciona REPARACIÓN”. Esa Ley “supuso para el Estado un paso atrás, al no asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo”. Denunció que “lo que nació fue una ley en la que no se daban pasos significativos para resarcir a las víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas dictadas tras juicios injustos”.

Recordó las advertencias de Amnistía Internacional (AI) en este sentido e hizo alusión a un artículo de Celia Amorós: “Una deuda debe ser satisfecha para despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza";  así lo planteó, hace tres años, en su artículo "Perdón e inscripción", en el que afirma que el punto final no se puede poner donde uno quiera”.

Recordó que “quienes hoy ejercen el poder son los mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su postura de implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que persigue a quienes se le oponen”. Recordó, así mismo, que “el gobierno socialista de Zapatero promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas -que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales-  las exhumaciones de los asesinados, sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad”.

Culminó su intervención con un fragmento de un artículo del investigador Floren Dimas, que hablaba en este sentido: “Mientras el Gobierno del PP escucha y apoya a las víctimas del terrorismo y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española, en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española”.