He leído, con cierto detenimiento, las 67 páginas en las que se contiene el Acuerdo PSOE-Ciudadanos suscrito hace unos días con todo boato en dependencias del Congreso por los líderes de ambos partidos. Al hacerlo, me movía no sólo la curiosidad, sino la necesidad de constatar que las críticas vertidas por la izquierda tenían fundamento. Tras ojear el texto, con un total de casi 200 medidas en siete capítulos, he de decir que coincido con quienes afirman que contiene algunos avances. Pero, al ser el resultado de una transacción, con indudables concesiones a la derecha política y económica, a la Troika y a las instancias comunitarias, el documento está muy lejos de constituirse en una herramienta para el cambio.
Es imposible resumir en los límites de un artículo como éste el conjunto de medidas más polémicas. Trataré de comentar algunas. 1. No se suprimen las reformas laborales del PP y PSOE. En lugar de eso, junto a las antiguas modalidades de contratación laboral se añade la figura del contrato estable y protegido, una nueva versión del contrato temporal que hace posible el despido durante el primer año con una indemnización de 12 días, y de 16 días durante el segundo. 2. En Educación, no se deroga la LOMCE. Tampoco se dice nada del decreto 3+2 en enseñanzas universitarias, lo que ha enervado los ánimos de los estudiantes, que han anunciado huelga para el mes de abril. 3. Respecto a la lucha contra las desigualdades y la protección social, se aboga por un polémico complemento salarial garantizado. En referencia a los desahucios, nada se dice de la dación en pago. Se anuncia una exigua subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 1%. Se mantiene el copago farmacéutico. 4.En el capítulo referido a las reformas del sistema democrático y la lucha contra la corrupción, junto a indudables avances (se habla de constituir una Oficina Anticorrupción) se detecta una tibieza en la solución de temas tan espinosos como el del cese de altos cargos, concejales y parlamentarios, que sólo se producirá cuando se les abra juicio oral. 5. En la reforma constitucional, junto a asuntos menos comprometidos como el de eliminar la prevalencia masculina en la línea de sucesión a la Corona, se expresa una clara negativa al referéndum de autodeterminación en cualquiera de los territorios del Estado, solución drástica que se trata de compensar con la más que calculada indefinición en lo referente a la reforma del Título VIII de la Constitución, pues aunque se habla de suprimir las diputaciones provinciales, se detectan pocos avances para la articulación federal del Estado.
Pero, además, en el Acuerdo, hay viejas reivindicaciones de la izquierda que ni siquiera se citan. 1. A pesar de la gravedad de la crisis, no hay un Plan de Emergencia Social. 2. Con una clara concesión a Bruselas, la Troika y Angela Merkel, en materia fiscal no se deroga el artículo 135 de la Constitución (que, como es sabido, supedita la prestación de servicios al pago de la Deuda); antes al contrario, el Gobierno mantendrá un fuerte compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad de la UE. Y la propuesta de reducción del IRPF que pagan los ciudadanos y ciudadanas se aplaza hasta que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 3. Se habla de retocar de nuevo el Código Penal pero no de derogar la Ley Mordaza. 4. En política exterior, no hay referencias expresas a exigencias inaplazables a temas como el TTIP, que estos días se negocia secretamente en Bruselas. Se hace escaso énfasis en la solución de la grave crisis migratoria que está poniendo en cuestión los cimientos constitutivos de la UE. Respecto a las crisis de Siria y Afganistán, lejos del antimilitarismo y pacifismo que han sido las señas de identidad de la izquierda, el acuerdo cita la necesidad de «intervenciones específicas frente a potenciales amenazas fuera de nuestras fronteras», además de apoyar la coalición global contra el ISIS. 5. En libertad religiosa, nada se dice de denunciar los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979, y sí de la revisión de los mismos para establecer un nuevo marco de relación Iglesia-Estado.
Escribo estas líneas antes de que se haya producido la consulta del PSOE a las bases del partido. Además de que coincido con José Antonio Pérez Tapias en que esta vaga pregunta no tiene sentido a posteriori de la firma del Pacto, creo que este documento, una concesión al neoliberalismo imperante en España y Europa, es una operación cosmética, un lavado de cara y un apuntalamiento de un régimen, el nacido en 1978, que se resiste a desaparecer.
Soy de los que piensan que, fracasada con seguridad la investidura de Pedro Sánchez (cuando estas líneas vean la luz estaremos asistiendo al primer 'asalto'), estamos abocados a nuevas elecciones el 26 de junio. Es pronto. Pero la izquierda del PSOE está obligada a tender puentes para superar en un futuro próximo, en la calle y en las urnas, las limitaciones de este partido.
Es imposible resumir en los límites de un artículo como éste el conjunto de medidas más polémicas. Trataré de comentar algunas. 1. No se suprimen las reformas laborales del PP y PSOE. En lugar de eso, junto a las antiguas modalidades de contratación laboral se añade la figura del contrato estable y protegido, una nueva versión del contrato temporal que hace posible el despido durante el primer año con una indemnización de 12 días, y de 16 días durante el segundo. 2. En Educación, no se deroga la LOMCE. Tampoco se dice nada del decreto 3+2 en enseñanzas universitarias, lo que ha enervado los ánimos de los estudiantes, que han anunciado huelga para el mes de abril. 3. Respecto a la lucha contra las desigualdades y la protección social, se aboga por un polémico complemento salarial garantizado. En referencia a los desahucios, nada se dice de la dación en pago. Se anuncia una exigua subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 1%. Se mantiene el copago farmacéutico. 4.En el capítulo referido a las reformas del sistema democrático y la lucha contra la corrupción, junto a indudables avances (se habla de constituir una Oficina Anticorrupción) se detecta una tibieza en la solución de temas tan espinosos como el del cese de altos cargos, concejales y parlamentarios, que sólo se producirá cuando se les abra juicio oral. 5. En la reforma constitucional, junto a asuntos menos comprometidos como el de eliminar la prevalencia masculina en la línea de sucesión a la Corona, se expresa una clara negativa al referéndum de autodeterminación en cualquiera de los territorios del Estado, solución drástica que se trata de compensar con la más que calculada indefinición en lo referente a la reforma del Título VIII de la Constitución, pues aunque se habla de suprimir las diputaciones provinciales, se detectan pocos avances para la articulación federal del Estado.
Pero, además, en el Acuerdo, hay viejas reivindicaciones de la izquierda que ni siquiera se citan. 1. A pesar de la gravedad de la crisis, no hay un Plan de Emergencia Social. 2. Con una clara concesión a Bruselas, la Troika y Angela Merkel, en materia fiscal no se deroga el artículo 135 de la Constitución (que, como es sabido, supedita la prestación de servicios al pago de la Deuda); antes al contrario, el Gobierno mantendrá un fuerte compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad de la UE. Y la propuesta de reducción del IRPF que pagan los ciudadanos y ciudadanas se aplaza hasta que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 3. Se habla de retocar de nuevo el Código Penal pero no de derogar la Ley Mordaza. 4. En política exterior, no hay referencias expresas a exigencias inaplazables a temas como el TTIP, que estos días se negocia secretamente en Bruselas. Se hace escaso énfasis en la solución de la grave crisis migratoria que está poniendo en cuestión los cimientos constitutivos de la UE. Respecto a las crisis de Siria y Afganistán, lejos del antimilitarismo y pacifismo que han sido las señas de identidad de la izquierda, el acuerdo cita la necesidad de «intervenciones específicas frente a potenciales amenazas fuera de nuestras fronteras», además de apoyar la coalición global contra el ISIS. 5. En libertad religiosa, nada se dice de denunciar los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979, y sí de la revisión de los mismos para establecer un nuevo marco de relación Iglesia-Estado.
Escribo estas líneas antes de que se haya producido la consulta del PSOE a las bases del partido. Además de que coincido con José Antonio Pérez Tapias en que esta vaga pregunta no tiene sentido a posteriori de la firma del Pacto, creo que este documento, una concesión al neoliberalismo imperante en España y Europa, es una operación cosmética, un lavado de cara y un apuntalamiento de un régimen, el nacido en 1978, que se resiste a desaparecer.
Soy de los que piensan que, fracasada con seguridad la investidura de Pedro Sánchez (cuando estas líneas vean la luz estaremos asistiendo al primer 'asalto'), estamos abocados a nuevas elecciones el 26 de junio. Es pronto. Pero la izquierda del PSOE está obligada a tender puentes para superar en un futuro próximo, en la calle y en las urnas, las limitaciones de este partido.
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