La historiografía
actual, a ciento sesenta años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Ferrocarriles de 1855
-que dio impulso a la conexión ferroviaria entre las distintas zonas de España
y que fue financiada por la
Desamortización de Pascual
Madoz-, sigue discutiendo sobre los motivos que impulsaron un trazado de
tipo radial (¿un modo de potenciar la capitalidad de Madrid? ¿la solución más
idónea para articular el territorio y reforzar el poder del Estado?) y, sobre
todo, por qué se decidió desdeñar el ancho de vía europeo. En ese sentido, unos
lo achacan a la especial orografía del país, que exigía unas locomotoras más
potentes y, por consiguiente, más anchas; otros, por el contrario, aluden a
motivos de seguridad respecto del exterior (sobre todo, Francia).
Si, pese a los
años transcurridos, este debate no está cerrado, imagínense qué ocurrirá en el
futuro con el actual en torno al AVE que, al día de hoy, sigue enfrentando a
quienes ven en la alta velocidad la panacea para la solución de la desigualdad
de los territorios y a quienes, por el contrario, ven en la potenciación del
ferrocarril convencional la forma en que esto sería más efectivo. El AVE parece
que se constituye en un bálsamo encubridor de ciertas carencias y complejos de
inferioridad. Y no sólo en Murcia. Hace unos días veíamos en La Sexta a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, reivindicar ese
ferrocarril para su comunidad. En lo que a nuestra Región se refiere, las
mismas fuerzas políticas que, en el Ayuntamiento de la capital, mostraban hace unos días su predisposición a
no permitir la llegada de este ferrocarril en superficie a la estación de El
Carmen, por lo que exigían la paralización de las obras en curso, han dado un
extraño viraje. Desdeñando la validez del informe en contra de los servicios
jurídicos del propio Ayuntamiento, y abandonando su aparente postura de firmeza
para el cumplimiento en su totalidad del convenio de 2006, tanto Ciudadanos
como PSRM-PSOE escenificaron, ante unas ‘pajareras’ repletas de vecinos y
vecinas de la Plataforma Pro
Soterramiento, lo que, no sin cierta razón, se calificó de traición. Porque,
como dice el dicho popular, “los árboles nos impiden ver el bosque”. Y esos
árboles del argot popular se traducen, en el tema que nos ocupa, en una serie
de interrogantes que no escapan a la consideración de cualquier observador, a
saber.
1. ¿Qué validez sigue teniendo el proyecto adjudicado
por Adif a la empresa Aldesa el pasado 12 de mayo? ¿Están de acuerdo Adif y
Fomento con las modificaciones aportadas? 2.
El puente proyectado en la senda de los Garres era manifiestamente ilegal, pero
ahora ¿cómo se va a compensar a las personas expropiadas en esa zona? 3.
¿Se han olvidado los firmantes de que la obra precisa una nueva declaración de
impacto ambiental, exigida en su día por José
Luis Díaz Manzanera, fiscal de Medio Ambiente? 4.
¿Y qué decir de los informes contrarios de los servicios jurídicos del propio
Ayuntamiento de Murcia? 5. ¿Se va a
considerar en el nuevo proyecto, cuyas obras se dice finalizarían en 2020, la
variante del Reguerón y la conexión ferroviaria con Andalucía? 6. O por el contrario, ¿hay una
renuncia expresa a reivindicar el corredor mediterráneo? 7.
¿Se renuncia así mismo a la conexión ferroviaria con Chinchilla, aparcando
‘sine die’ las obras de la variante de Camarillas? 8. En
ese sentido, ¿alguien ha pensado en los vecinos y vecinas del Noroeste, Altiplano y Vega Media, que tienen
todo el derecho del mundo a estar conectados por ferrocarril con Madrid? 9.
Con el acuerdo adoptado, ¿qué queda de aquella afirmación inicial del alcalde Ballesta de mostrarse cercano a los
vecinos y vecinas? La decisión del último pleno, ¿fue la escenificación de una
ruptura? 10. ¿Y qué tiene que decir, ante la misma, Rafael González Tovar, portavoz parlamentario del PSOE, que hace
unos días afirmaba que el acuerdo inicial suscrito entre el PP y Ciudadanos era
‘coyuntural’ y sin garantías de que se fuera a cumplir? ¿Qué ha cambiado para
que el grupo municipal socialista se haya adherido a ese acuerdo?
Al margen de
estos interrogantes, que por supuesto no agotan la totalidad de las reticencias
y dudas que un proyecto, improvisado y sin garantías, suscita, también es
preocupante que en una Región que ha dilapidado tantos recursos públicos en
obras faraónicas e innecesarias y que ha visto pasar de largo obras largamente
prometidas y siempre incumplidas (Parque Tecnológico, la Paramunt …) se presente
ahora la llegada de una infraestructura
ferroviaria elitista y cara como
necesaria para el interés general. La pasada escenificación reivindicativa del
empresariado y otros agentes sociales, una pequeña parte de la sociedad
murciana, tuvo como fin reforzar ese supuesto interés general. Lo peor es que
uno de los partidos de la oposición ha caído en ese juego. Al día de hoy, no sabemos qué se está
urdiendo entre bastidores y quiénes pondrán el cazo para recoger algunas de las
migajas. Retomando lo que decía al principio de mi artículo, pasados unos años
quizá la Historia
nos aporte las claves de lo que se escondía detrás de tanta vehemencia
reivindicativa en torno al AVE.
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