Con la que está cayendo, el
último sondeo del CIS para la Región de Murcia dibuja un panorama desalentador
para quienes esperábamos un cambio de ciclo político en nuestra tierra. El PP,
el partido hegemónico en la Región en los últimos 20 años y responsable por
tanto de la situación de colapso en que estamos, aun perdiendo la mayoría
absoluta, obtendría de 21 a 22 escaños; el PSRM-PSOE, de 11 a 12; Ciudadanos y
Podemos, 6, mientras que Ganar la Región podría quedarse incluso sin
representación parlamentaria. Nada de cambio,
pues. Si se consolidan esos resultados, es fácil colegir qué apoyos
puede tener el PP. Se lo ha puesto fácil la izquierda murciana, un sector de la
cual ha venido expresando claramente sus reticencias a consolidar un frente
común. Por ello, en este contexto hay que darle el valor que se merece a los
intentos de la sociedad civil de situarse por encima de la pugna partidista
para intentar sacar a esta Región del marasmo en que se encuentra.
Por iniciativa del Foro
Ciudadano, casi todos los partidos que
concurren a los próximos comicios del 24 de mayo suscribieron hace unos días el
Pacto del Moneo, esto es, un acuerdo
general para regenerar la vida política, con unos compromisos concretos:
reformar la ley electoral regional, rechazar los pactos con formaciones
políticas que mantengan imputados en sus listas, y regular la Acción Legislativa Popular.
Sólo unos
días después, y esta vez por iniciativa de los colectivos que integran la Marea
Blanca, el Moneo fue también el marco en el que la casi totalidad de las
formaciones políticas de la Región sellaron con su firma el compromiso,
adoptado días atrás, de llevar a la práctica las
propuestas de la Marea Blanca si logran formar Gobierno. Acuerdo que está
justificado en la caída del gasto sanitario autonómico en un 22,4%, por encima
del 20,3% de la media nacional, según datos de la Fundación BBVA.
Estos Pactos, que se
han negado a suscribir tanto el PP como Ciudadanos, contienen unas
propuestas novedosas, aunque de mínimos. Tras el 24M, habría que
complementarlas con otras actuaciones: establecer
mecanismos de dación de cuentas de los representantes electos, la
revocabilidad de éstos a requerimiento ciudadano, revisión de la financiación
de los partidos… Pero, además de que echamos en falta un pacto por la mejora de
la Educación, hay situaciones dramáticas que exigen una inmediata respuesta a
partir del 25 de mayo.
Un tema lacerante: el de la pobreza. Según el último
Informe sobre el Estado de la Pobreza en España, de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), más de 500.000 personas se encuentran, al día de hoy, en esa
situación. Entre 2009 y 2013, la tasa de
pobreza (en todas sus modalidades) pasó en la Región del 33,3% en ese primer
año al 34,1% en 2013. Al finalizar éste, uno de los colectivos más afectados
era el de los jóvenes entre 16 y 30 años. Especialmente lacerante es el hecho
de que uno de cada tres niños convive a diario con esa lacra. Urge, pues,
aprobar un plan de choque contra la pobreza. Hay que diseñar políticas activas
de empleo y consolidar un nuevo modelo productivo con una apuesta decidida por
la Educación y la inversión en I+D+i. Es precisa una reforma fiscal que genere
los recursos necesarios para invertir la tendencia actual…
Un asunto que, en gran medida
está relacionado con el anterior, es el de los recortes que se han venido dando
en las prestaciones por la dependencia. La pobreza que viene afectando a un
importante número de personas dependientes tiene relación directa con la
suspensión o disminución de esas prestaciones.
No menos urgentes es
legislar para impedir que el derecho básico a la vivienda venga siendo
conculcado sistemáticamente por las entidades bancarias. Los desahucios son
también, al día de hoy, un tema lacerante y que exigen una solución inmediata. Según
el Consejo General del Poder Judicial, la Región de Murcia, con un 17 por
mil de ejecuciones hipotecarias en el
periodo 2008-2013 (media estatal del 10,6 por mil) comparte el ‘honor’ de
situarse en los puestos de cabeza de todo el Estado, sólo por detrás de Almería,
Tarragona, Alicante, Castellón y Girona (nótese que esas provincias coinciden con
la geografía del ‘pelotazo’ urbanístico). Y según el Instituto Nacional de
Estadística, sólo en el primer trimestre de 2014 el número de ejecuciones
hipotecarias sobre fincas urbanas registradas en la Región ascendía a 926.
En resumen. Es loable
que la mayor parte de los partidos democráticos de esta Región haya dado el
paso de sanear la vida pública y de defender el sistema sanitario. Pero, como
hemos visto, quedan otros muchos asuntos pendientes. Sólo la presión de la
sociedad civil, con mecanismos de fiscalización y control, podrá conducirnos a un nuevo modelo de Región
en la que el protagonismo, al margen del resultado de las urnas, resida en la
ciudadanía.
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