Desde mi picoesquina
¿Del
Estado social al Estado policial?
Se debate estos días, en la
Comisión de Interior del Congreso, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, más conocido como la ‘ley mordaza’, y que fue aprobado
en Consejo de Ministros el pasado día 11 de julio. Dicho texto legal viene a
sustituir a la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), la que
entonces se conoció como ‘ley de patada en la puerta’ de Corcuera. Aunque en la exposición
de motivos se afirme que es “claramente garantista de los derechos de los
ciudadanos”, ese proyecto de ley ha desatado la alarma de los colectivos
sociales y de profesionales vinculados a los ámbitos de la Justicia y de los
medios de comunicación.
Para empezar, el propio preámbulo justifica las modificaciones legislativas, paralelas a las que se van a dar en el nuevo Código Penal –que también se tramita en el Congreso de los Diputados-, en el hecho de que desde la promulgación de la LOPSC de 1992 nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), que han permitido la aparición de nuevas manifestaciones de “conductas antisociales” que demandan una respuesta adecuada. Primera constatación evidente de la aversión del Gobierno a la inevitable posición crítica de amplios sectores de la sociedad, que se expresan a través de esas TICs. Pero, con todo, lo más llamativo es el amplio catálogo de restricciones y sanciones contenidas en ese proyecto de ley. Una de las novedades más llamativas es la ampliación de las potestades de la policía en su labor preventiva, lo que le permitiría, por ejemplo, proceder a identificar a quien lleve el rostro cubierto o grabar a las personas asistentes a una manifestación. El tremendo pánico que parece despertar en el Gobierno del PP la expresión de la protesta se traduce, por ejemplo, en la consideración de hechos muy graves las manifestaciones ante las sedes del Congreso y del Senado si éstas “perturban la seguridad ciudadana”. Todos sabemos que esa suposición ha conducido lisa y llanamente, hasta la fecha, a su prohibición expresa cuando no a su represión por medios contundentes y desproporcionados. Asimismo, la reciente intención del Gobierno de usar una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para introducir una disposición en la Ley de Extranjería que permitiría las devoluciones sumarias en frontera en Ceuta y Melilla, también violaría los compromisos que España tiene con los tratados internacionales de derechos humanos.
Del catálogo de infracciones graves, son nuevas la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones; el uso de capucha; manifestarse o reunirse sin comunicación previa; la ofensa a España o a alguna comunidad autónoma, o el hecho de animar públicamente por las redes sociales u otro medio a la alteración de la seguridad ciudadana.
El catálogo de sanciones que
establece este proyecto de ley es desproporcionado, con multas cuya cuantía
puede oscilar entre 100 y 600.000 euros,
lo que le llevó a afirmar, hace ya un año,
a José Campos Trujillo, secretario confederal de Relaciones Institucionales de CCOO, que con las exorbitantes tasas de esta ley
(que comparaba a la de vagos y maleantes del franquismo) se pretende ahogar la
protesta y dejar indefensa a la ciudadanía.
Pero no para ahí la cosa. Hace unos días, el diario digital Nueva Tribuna.es (*) daba cuenta de que Amnistía Internacional (AI) ha hecho llegar a los grupos parlamentarios un vídeo que recoge una serie de imágenes que delatan los excesos policiales sobre periodistas gráficos en el desempeño de su función. AI, que lleva años documentando esos abusos, afirma que si se aprueba en su redacción actual el artículo 36.26, que sanciona el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el derecho de información como otros derechos humanos estarían peligrando.
Y por si la situación que se gestaría con la puesta en vigor de esta ley en sus términos actuales no fuera ya preocupante, estos días las redes sociales ‘echan humo’ con la noticia, difundida por el diario digital Público.es, de que oficiales y tropa destinados en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº8, con sede en Marines (Valencia), han sido instruidos en ejercicios de "control de masas" civiles con material antidisturbios convencional, durante las semanas centrales del pasado mes de octubre. La versión oficial de que son ejercicios rutinarios destinados a la presencia de las tropas españolas en el extranjero no ha conseguido acallar la inquietud que tal medida ha provocado. Los diputados Joan Coscubiela (ICV) y Diego López Garrido (PSOE) han planteado una batería de preguntas al Gobierno en este sentido. La presencia de quince tanquetas en las calles de Barcelona (aunque el Ejército ha asegurado que se ha tratado de un convoy ‘rutinario’ que transportaba recambios destinados al cuartel del Bruc), días antes de la consulta del 9N, ha añadido un nuevo elemento de preocupación. ¿Estamos pasando de un Estado social a un Estado policial?
Diego Jiménez @didacMur
www.desdemicornijal.blogspot.com
(*)http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/ley-seguridad-ciudadana-video-todos-parlamentarios-deberian-ver/20141104131743108901.html?src=lmGNn&pos=1
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