http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/10/28/amenaza-querian-ocultar/599707.html
Gracias a las informaciones de la Plataforma Fíltrala, WikiLeaks y algunos medios digitales, y pese al secretismo con que se ha llevado el asunto, hemos sabido que el pasado día 6 de mayo hubo un acuerdo en el Congreso de los Diputados por parte de PP, PSOE, UPyD y CiU tendente a dar su apoyo a las negociaciones clandestinas que se estaban desarrollando entre EE UU y la UE para desarrollar un Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre estas dos zonas del planeta. Pese a ese acuerdo parlamentario, hay que recordar que el grupo de La Izquierda Plural intentó, sin éxito, paralizar esas conversaciones y planteó la necesidad de un referéndum sobre el tema, peticiones que fueron rechazadas por la mayor parte de los grupos del Congreso. Al día de hoy, pese al ocultismo con que se conducían esas negociaciones, la presión social y la crítica por la falta de transparencia han llevado a Bruselas a hacer público el contenido del borrador.
El TTIP trata de consolidar una amplia zona comercial de ochocientos millones de personas para hacer frente a la amenaza de economías emergentes, especialmente la de China. De aprobarse, tendría gravísimas consecuencias económicas, políticas y sociales. Porque, ¿qué es el TTIP? Con varios antecedentes, como el AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que no llegó a aprobarse, y el Tratado NAFTA entre EE UU y México, de 1994 -y al que el economista Josep Stiglitz en un artículo del New York Times, Las promesas incumplidas, responsabilizaba de la pérdida de hasta un millón de puestos de trabajo en México (cosa que podría reproducirse en Europa por la imposibilidad de competir las pequeñas y medianas empresas con las multinacionales)-. este nuevo tratado de libre comercio trata de eliminar las normas reguladoras y las barreras reglamentarias que pudieran, eventualmente, reducir los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales. Si se crea ese mercado libre, éstas podrán situarse incluso por encima del poder de los Estados. Por eso, el temor a las respuestas sociales llevó a los negociadores, miembros de la Comisión Europea y del Departamento de Comercio de EE UU, a bloquear el acceso público a esos documentos.
En derechos laborales, con la excusa de armonizar las normas estadounidenses y las europeas, el TTIP pretende rebajar las que supongan una barrera a la libre inversión de las grandes empresas, lo que igualaría a la baja la situación laboral de los ciudadanos europeos con la de los trabajadores norteamericanos. A título de ejemplo, hay que saber que EE UU se niega a ratificar normas y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho a la sindicalización. En relación con el comercio y el consumo, este Tratado barrería de un plumazo el llamado principio de cautela y protección que rige en Europa, por el cual un producto, antes de llegar a la cadena de consumo, tiene que demostrar que no contiene ingredientes tóxicos o lesivos para la salud. Sin embargo, en EE UU la norma es la contraria: sólo si se demuestra que un producto es nocivo o tóxico puede el consumidor exigir responsabilidades. De aprobarse el TTIP podrían llegar a los supermercados europeos gran cantidad de productos conteniendo ingredientes genéticamente modificados. Además, este librecambio entre EE UU-UE va a afectar negativamente de lleno a los países de África y Latinoamérica, que no podrán exportar sus productos a estas dos áreas asociadas.
En lo que toca al medioambiente, la aprobación del TTIP supondrá trasladar a Europa las prácticas de extracción de hidrocarburos del subsuelo (fracking), hoy cuestionadas en muchos países europeos. Derechos como el de la libre circulación de las personas, a la información o el respeto a la privacidad se verán afectados. Y los servicios públicos, en el punto de mira de las grandes empresas, serían objeto de una feroz privatización.
Son sólo algunas de las consecuencias. Empero, pese a la gravedad que tiene todo lo hasta aquí expuesto, lo peor es la pretensión de instaurar el Mecanismo de Resolución de Conflictos (ISDS por sus siglas en inglés) entre inversores y Estados, si consideran que las normativas que apliquen éstos afectan de alguna forma a sus inversiones. Las empresas recurrirán ante paneles arbitrales, y no ante los tribunales nacionales, pudiendo exigir compensaciones millonarias. Aunque hay que decir que esta posibilidad de reclamación de las empresas no es nueva (existe desde hace años, con precedentes tales como el de la tabacalera Phillip Morris, que ha demandado a varios Estados reclamando indemnizaciones por normas estatales que perjudicaban sus intereses), está claro que, si prospera, el concepto de soberanía nacional estará enterrado definitivamente: los Estados sucumbirán ante el poder omnímodo de las empresas transnacionales y sus lobbies de presión.
Estas son sólo unas pinceladas de algo que se está orquestando con premeditación y alevosía. De la ciudadanía activa depende que pueda desterrarse de nuestras vidas el TTIP, una amenaza que nos pretendían ocultar y que, una vez conocida, afortunadamente ha recibido la inmediata respuesta de algunos movimientos ecologistas y sociales.
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