Fallece el pensador alemán Stéphane Hessel

http://es.noticias.yahoo.com/fallece-el-pensador-francoaleman-stephane-hessel-083920542.html

                                                                                             Una lamentable pérdida, sin duda.

La Casa del Rey colocó a Urdangarin a sueldo de otra ONG tras su marcha del Instituto Nóos

EL DUQUE DE PALMA RECLAMÓ SUS "HONORARIOS" A LA FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/02/27/la-casa-del-rey-coloco-a-urdangarin-a-sueldo-de-otra-ong-tras-su-marcha-del-instituto-noos-115753/


La Casa del Rey movió los hilos en favor de Iñaki Urdangarin antes, durante y después de su paso por el Instituto Nóos. En 2008, transcurridos dos años desde que el duque de Palma abandonase la entidad con la que presuntamente se apropió de fondos públicos, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor jurídico de don Juan Carlos, abrió a Urdangarin las puertas de la Fundación Colegios del Mundo Unido, una organización internacional de carácter altruista, para que éste realizase trabajos de consultoría generosamente remunerados, según han confirmado a El Confidencial fuentes muy cercanas a La Zarzuela.  

El conde de Fontao y el infante Carlos de Borbón, primo del Rey, son miembros del patronato de esa fundación sin ánimo de lucro, presidida por la reina Noor de Jordania -su presidente de honor es el ex mandatario surafricano Nelson Mandela- y con presencia en más de 125 países. Colegios del Mundo Unido (UWC en sus siglas en inglés) cuenta con una docena de centros académicos repartidos por cuatro continentes -no hay ninguno en España- en los que cientos de alumnos reciben una educación multicultural gracias a un programa de becas. El monarca y la reina doña Sofía son los "altos patronos" de la institución.

Un email enviado por Urdangarin a su ex socio, Diego Torres, el 26 de marzo de 2008, corrobora la versión de las fuentes consultadas por El Confidencial. En ese correo el duque de Palma copia a Torres un SMS -mensaje de texto- previamente remitido por aquél a Luis Bassat y Pedro Alonso, patronos de la fundación. "Comentado el tema con la familia y con algunos posibles colaboradores", dice el yerno del Rey, "os confirmo mi interés en seguir profundizando en el funcionamiento de los CMU [Colegios del Mundo Unido]".

Tras informar a Bassat y Alonso de su intención de elaborar "una propuesta concreta para el caso español", Urdangarin les advierte de que "sería de gran utilidad, tal y como hablamos en nuestro anterior encuentro, disponer de algún business plan de colegio ya existente". Según las fuentes consultadas, el duque de Palma se refiere al proyecto de creación en España de un centro académico integrado en la Fundación Colegios del Mundo Unido. Hace ahora casi un año, el 29 de febrero de 2012, el patronato de la rama española de UWC acordó paralizar definitivamente la construcción de ese colegio, que iba a levantarse en la localidad cántabra de Comillas.

"Confirmación de honorarios"

El yerno del Rey termina su correo electrónico reclamando a los dos patronos de la fundación "una confirmación de honorarios para las diferentes fases a plantear". Y se despide así de sus interlocutores: "A la espera de vuestros comentarios, os mando un caluroso abrazo". El Confidencial se puso ayer en contacto con Colegios del Mundo Unido y con el conde de Fontao para saber cuánto cobró Urdangarin por su trabajo y en qué consistió éste. Pero tanto la fundación sin ánimo de lucro como el asesor jurídico del Rey se negaron a responder a las preguntas de este diario.

La última remesa de 197 emails entregada por Torres al juez José Castro, instructor del caso Nóos, incluye un prolijo intercambio de mensajes entre Urdangarin y la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, íntima amiga del monarca. Según se desprende de esos correos, el jefe del Estado pidió a la aristócrata alemana, con la que el año pasado viajó a Botsuana para participar en la polémica y accidentada cacería de elefantes, que tratase de colocar a su yerno en la Fundación Laureus, otra organización internacional de carácter altruista a cuya junta consultiva pertenecía Corinna. Ésta se comprometió con Urdangarin a conseguirle un salario de hasta 250.000 euros anuales, aunque los planes finalmente no cuajaron.

COLAPSO DEL RÉGIMEN Y ALTERNATIVAS

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/02/26/colapso-alternativas/455849.html

Cuando estas líneas vean la luz, se habrán cumplido ya 32 años desde aquel aciago día 23 de febrero de 1981 (23F), en el que una nueva asonada militar -omnipresente en toda nuestra Historia decimonónica, y que tuvo su continuidad en el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936-  quiso interrumpir la marcha de una Transición, al decir de algunos, modélica. Pasados unos años,  y  ya con  más  perspectiva histórica,  creo poder afirmar que de aquellos polvos vienen estos lodos. 

En primer lugar, porque nunca se aclaró del todo el verdadero papel del monarca, Juan Carlos I, en aquel chapucero golpe  del 23F. A lo que habría que sumar el descrédito en el que ha caído la monarquía y asuntos que se han venido orillando estos años, tales como por qué medios se ha producido el enriquecimiento personal del titular de la jefatura del Estado.  En segundo lugar, además, hoy es evidente que aquel régimen surgido de la Transición se encuentra no ya en caída libre, sino en pleno colapso. Veamos.

Lo que muchos analistas han calificado como Transición modélica no fue sino una transacción. En efecto, excepto las fuerzas políticas más recalcitrantes, más adeptas al franquismo (el llamado bunker), hubo quienes intuyeron que, a la muerte del dictador, con una democracia formal al uso era más factible continuar el impresionante ciclo de acumulación capitalista consolidado durante el franquismo, proceso que fue consustancial a la existencia de una corrupción que, entonces como hoy, tenía un carácter estructural. Dichas fuerzas proclives a un cambio con cierto maquillaje, pero no de fondo, llevaron a cabo esa transformación política con claras exclusiones (los partidos republicanos, fuera de  la ley –recordemos-,  no pudieron concurrir a las primeras elecciones de junio de 1977)  y con una ley electoral que consolidaba un bipartidismo con recursos puntuales a apoyos procedentes de los nacionalismos periféricos.

En lo que se refiere a las fuerzas de izquierda, fueron patentes las cesiones que tuvieron que hacer, empezando por la renuncia a su vocación republicana y continuando por el apoyo a un texto constitucional que, pese a sus muchos puntos de avance,  diseñaba un futuro marco jurídico para que las fuerzas del capital impusieran sus intereses particulares por encima del interés general. Con algunas excepciones,  permanente incumplidas. Así, y a título de ejemplo, el incumplimiento más sangrante es el del artículo 128, el que estipula que “toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general”.

¿Qué está evidenciando hoy la crisis? Algunos analistas creen que la depresión económica que atenaza al país no es sino un auténtico golpe de Estado, esta vez financiero, y que es posible porque cuenta con el colapso de todo el edificio de la Transición. Cuando, simultáneamente a la crisis, salen a la luz tantas fisuras en ese edificio, tales como los escándalos en la jefatura del Estado, la corrupción política y económica, las enormes desigualdades de renta consolidadas en España a lo largo de estos supuestos años de democracia formal, el incumplimiento de derechos básicos como el del trabajo y acceso a la vivienda, el atraso secular en cultura y Educación…habrá que colegir que, efectivamente, este régimen salido de la Transición ha colapsado.  Urge abordar, pues, las alternativas,  pero con la movilización y participación de la ciudadanía, algo que ha venido siendo sistemáticamente obviado por las fuerzas políticas que durante estos años han venido sosteniendo este régimen.

Hace unos días se presentó en Murcia el Frente Cívico “Somos mayoría”, colectivo  progresista, pero apartidista, con vocación de incluir en su seno a cuantos ciudadanos y ciudadanas sientan que es preciso llevar la política real a la calle y luchar por la defensa de los Derechos Humanos más básicos.  Impulsado por Julio Anguita desde Córdoba, el Frente Cívico trata de sumar esfuerzos junto con aquellos colectivos asociativos y políticos interesados en un cambio drástico del modelo económico, político y social vigente. Buena iniciativa, sin duda. Pero para que un proceso real de convergencia sea posible habrá que desprenderse de viejos prejuicios del pasado. Y, en ese sentido, hago mías las reflexiones del economista Juan Torres en un artículo reciente,  al afirmar que  “para que cualquier tipo de medida [en referencia a las soluciones a la crisis] pueda tener semejante apoyo, debe responder a principios éticos y políticos transversales, comunes a personas de un espectro social muy amplio”, añadiendo  que “ese tipo de mayoría social no se puede conformar mirando a derecha o a izquierda, sólo se puede constituir contemplando el arriba y el abajo. Solo esto es lo que permite unir hoy día a la inmensa mayoría de la sociedad en torno a una serie de valores, de principios y medidas […] que han pisoteado el PP y el PSOE,  sobre todo en sus últimos años de hegemonía, y que ya ni siquiera los garantiza la actual Constitución”.

Gaspar Llamazares: “Asistimos al asalto del Estado social por conglomerados financieros que buscan a toda costa rentabilidad, en áreas como la Sanidad, las pensiones…”

Para el diputado de IU, que participó el pasado día 18 de febrero en los Debates del Moneo, la política de enajenación de lo público y la corrupción van íntimamente unidas.

 

Diego Jiménez/Murcia.- Una notable expectación (el salón de actos del edificio Moneo de Murcia se encontraba abarrotado) acompañó ayer, día 18 de febrero,  la comparecencia en Murcia de Gaspar Llamazares,  diputado de IU en el Congreso y excoordinador general de esta formación política. La charla, que se desarrolló en el contexto de los Debates del Moneo que organiza IU-Verdes del municipio de Murcia y que se centró en los ataques desde el Gobierno al sistema sanitario público, fue presentada por Pedro Marset, quien recordó la colaboración del entonces joven Llamazares en las propuestas para el diseño de la Ley General de Sanidad de 1977. En la mesa se encontraban, además, Paco Muñoz, coordinador de IU-Verdes del municipio de Murcia, y José Antonio Pujante, coordinador y diputado regional.

 

 

Intervención de Llamazares

Gaspar Llamazares arrancó su intervención con una reseña histórico-literaria centrada en la obra  Luces de Bohemia, de Valle Inclán para significar que este intelectual, como el resto de los integrantes de la Generación del 98, intentó aportar, con su análisis de la realidad, una solución a los males de España. Llamazares recordó también las tesis regeneracionistas, que se concretaron en la ‘Dictablanda’ de Primo de Rivera (1923-1930) y en el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española. Con esos precedentes, desmintió la tesis de que la “cirugía de hierro”, es decir, medidas drásticas en política y economía sean, como entonces proponían los regeneracionistas (Joaquín Costa) la solución. Antes al contrario, postuló la conveniencia de un nuevo marco de más participación política y social para luchar contra una crisis que, a su parecer, no es sino “un golpe de Estado financiero  que distribuye la riqueza y el poder hacia arriba”.

Claves de la privatización sanitaria

En lo tocante a la privatización de la sanidad en sí, el eje de su intervención , aportó el dato de que inmensos conglomerados financieros, una vez hundido el negocio especulativo ligado a la construcción, ven en  la Sanidad, las pensiones y la dependencia campos en los que buscar rentabilidad inmediata.

Tras afirmar que “la enajenación de lo público y la corrupción van íntimamente unidas”, advirtió que el asalto por poderosos oligopolios al sistema sanitario tiene el inconveniente añadido de que éstos condicionan también la “acción política” del Gobierno.

Desmontó la tesis de la falta de eficiencia de la Sanidad en España, con datos. Así, afirmó que nuestro sistema sanitario se sitúa, en nivel de calidad, entre los diez primeros del mundo, aun gastando menos que los países ubicados entre los lugares 20 a 30. Aportó otros datos de la OCDE según los cuales “el incremento del gasto sanitario no va ligado al envejecimiento de la población sino al aumento de la renta ciudadana”, para enfatizar que lo que realmente se pretende es un modelo sanitario, como mínimo mixto. Demostró que una privatización del sistema va unida íntimamente a un descenso de la calidad de las prestaciones y a un incremento de la mortalidad general e infantil, como ha ocurrido en el Reino Unido.

Desmintió las afirmaciones interesadas que sitúan el gasto privado sanitario por debajo del público. A título de ejemplo, dijo que en Asturias construir un hospital cuesta 300 millones de euros, mientras que en Madrid se invierte seis veces más, pues dicha construcción, financiada por la Banca, es un negocio para ésta pero, evidentemente,  un perjuicio para los usuarios del sistema. La gestión privada, dijo, “multiplica por cuatro el coste de la gestión pública”, pero lo que se pretende con la privatización de la sanidad es generar beneficios que se sitúen entre el 10 y el 15% de la inversión. Los medios para conseguirlos son la reducción salarial (en el sector sanitario privado los sueldos son un 30% inferiores al sector público) y el deterioro de la prestación sanitaria.

Llamazares llamó la atención sobre las zonas (Cataluña, Valencia, Madrid…) y especialidades susceptibles de privatización, descartando a los enfermos crónicos, la medicina preventiva y demás, pues se tiende, con criterios de rentabilidad,  hacia la atención sanitaria de los enfermos agudos.

Recordó que el Real Decreto 15/2012, que lo trajo Luís de Guindos “bajo el brazo”, desde Alemania, estipula recortes drásticos en Sanidad y Educación, lo que demuestra que “estamos intervenidos por ese país”.

Arremetió contra el copago y el repago, una barrera económica a la atención sanitaria, en la medida en que se receta en función de la situación económica de los pacientes,  y denunció las pretensión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de cuestionar, desnaturalizándola, la actual ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

Respecto a los recortes, dijo que estarían garantizadas la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales sólo con  los 40.000 millones de la amnistía fiscal, cantidad que supone, además, sólo un tercio de todo el fraude fiscal existente.

Resistencia ciudadana

Ante tal estado de cosas, recalcó la importancia de las ‘mareas blancas’, en la medida en que están suponiendo un estrecha alianza entre usuarios y profesionales de la Sanidad  y los sindicatos. Además, afirmó, que el poder tiene miedo a la ciudadanía, por lo que postuló la necesidad de que la resistencia, para ser efectiva, ha de ser social y política, sin olvidar la colaboración del poder judicial, cada vez más dolido con las actuaciones de Ruiz Gallardón. “Necesitamos otra política; es un compromiso de IU, pero también ciudadano”, afirmó, para terminar recordando que “la rebeldía es el motor de la Historia”

 

 

EN EL 77 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO ELECTORAL DEL FRENTE POPULAR ESPAÑOL

Cuando, con ocasión de la crisis económica, política y social que atenaza a nuestro país, tantas voces se alzan reclamando un proceso de convergencia que ponga fin al régimen político de aquella Transición pactada bajo ruido de sables y la presión de los poderes fácticos del franquismo, es bueno retratraernos a aquel 16 de febrero de 1936, en el que una coalición de partidos (Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista), con el apoyo explícito de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), lograron un importante triunfo electoral para una Segunda República que pasaría a presidir, unos meses después, D. Manuel Azaña. Aprendamos, pues, de la Historia. Y echemos un vistazo a aquel ilusionante programa político rectificador, superados los años aciagos de un  Bienio Negro que supuso un retoceso evidente en todos los órdenes.

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Simpatizantes del Frente Popular en Cartagena (Foto de Juan Sáez)

PROGRAMA ELECTORAL DEL FRENTE POPULAR (Madrid, 15 de Enero de 1936)


Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes. Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
I
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.
II
Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos. El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo. Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.
III
Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas. En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

1. Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
2. Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
3. Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
4. Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.
5. Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6. Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

IV
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.  Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.  Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza.  Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.  En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.
V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.

1. Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno.
2. Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también e] cometido esencial de absorber e] paro.

VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles como las del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador. No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas: Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones. Someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo.
VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:

1. Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios.
2. Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.
3. Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.

El “Frente Cívico. Somos mayoría”, de Murcia, comparece ante los medios de comunicación.

Este colectivo plantea como objetivos netos, entre otros, el protagonismo político de la ciudadanía, la lucha contra el neoliberalismo y la corrupción y la aplicación de los Derechos Humanos.

 

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado jueves, día 14, se presentó en Murcia ante los medios de comunicación el “Frente Cívico. Somos mayoría”. 

Magdalena Martínez aclaró que, de una primera reunión celebrada en Córdoba el pasado septiembre, con impulso neto del excoordinador general de IU, Julio Anguita, el proyecto es “firme” en todas las comunidades autónomas, constituyéndose en un “contrapoder susceptible de darle la vuelta a esta situación”.

Por su parte, Ginés Fernández, aclaró que el Frente Cívico no es una organización al uso, por lo que, para reunirse,  intentarán hacer uso de locales públicos para hacer posible la práctica política de la ciudadanía. Afirmó que el proyecto nace con la intención de hacer frente a las políticas neoliberales,  por lo que apoyarán cuantas movilizaciones sociales se orienten hacia ese fin.  Y es que, afirmó, “los ciudadanos han de ser los actores de una movilización pacífica”, sin descartar el recurso a la desobediencia civil. Hizo especial énfasis en la necesidad de poner en marcha un ‘contrapoder ciudadano’ en un país en que se han disparado las cifras del paro y la pobreza y los casos de corrupción. Con dos claros alegatos, “No debemos, no pagamos” y “La crisis que la paguen los banqueros”, dijo que defender y aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, en estos momentos,  “un acto revolucionario”, así como la puesta en práctica de algunos aspectos progresistas de la Constitución Española de 1978.

Ginés descartó la aspiración electoralista  del colectivo y que tenga un referente electoral claro, pues, dijo, “trabajaremos codo con codo con quienes coincidamos en las propuestas”.

Por último, anunció la presentación pública del Frente Cívico en un acto cuya celebración está prevista para la tarde del viernes, día 15 del presente, en el edificio Moneo de  Murcia.

 

 

EL SACRIFICIO DE FRAN

Precisamente hoy, día 12 de febrero, está previsto que se debata en el Congreso la ILP por la dación en pago y en contra de los desahucios. Todos los grupos, excepto el PP, van a votar a favor. Las personas que presentan la Iniciativa Legislativa Popular han logrado reunir más de 1.400.000 firmas, pero el partido del Gobierno se muestra dispuesto a hacer oídos sordos a esta iniciativa. Los corruptos y los banqueros son salvados; las personas, no. Hay que desplazarlos a toda costa del poder.

Este relato, publicado hoy en La Opinión de Murcia, intenta recrear ficticiamente los últimos momentos de la vida de Fran, la última víctima de los desahucios que ha decidido, por ello, poner fin a su vida.

El sacrificio de Fran

Fran le preparó el desayuno a su hijita, con el cariño y entrega que sólo un padre o una madre pueden dar. Mientras la niña ingería leche con colacao y un bollo, Fran le mecía los cabellos. Ella no percibió en ese momento que los ojos de su padre, que desprendían ternura y compasión al tiempo, estaban velados por una húmeda cortina. Momentos después, las lágrimas de Fran bañaban su rostro.

Absorto en sus pensamientos, Fran no había advertido la hora. Miró el reloj.  Eran cerca de las nueve de la mañana. Tenía que llevar a su hijita al colegio. Le apremió para que acabara el desayuno y cargara con su mochila. Caminaron juntos, en silencio, por las calles aledañas al centro escolar. Les rodeaban niños y niñas que intentaban acompasar sus pasos a los de sus padres y madres que, apresuradamente, se dirigían también allí. Algunas personas lo hacían en coche. En algunos casos, las bocinas estridentes mostraban el nerviosismo y el estrés de algunas familias, ávidas por llegar pronto a su destino. Pero Fran no veía ni oía nada. Seguía absorto en sus pensamientos.

Dejó a su hija a la puerta del colegio. A la niña le extrañó que su padre ese día acompañara el cálido beso en su mejilla, con el que siempre la despedía, con un fuerte abrazo. Su pequeño cuerpo quedó fundido con el de su padre, corpulento, durante unos segundos que a ella le resultaron largos, pero particularmente gratos. Entró al colegio y le despidió, como de costumbre, agitando sus manitas. Ignoraba que esa sería su última despedida.

Fran regresó a casa, un cuarto piso alquilado. Miró a la calle por la ventana. Los momentos más cercanos de su existencia pasaron por su mente en pocos segundos. Evocó el día en que hipotecó la vivienda de sus suegros para comprar el terreno con el que construirse su casa. La ilusión de toda su vida. Recordó, igualmente, cómo sus padres no opusieron obstáculo alguno para hipotecar también su vivienda con tal de que su hijo dispusiera de la suya propia. Fran, albañil de profesión, contó para construirse su casa con la ayuda de su esposa y de su madre. Pero tras una larga baja por enfermedad, había quedado en el paro. Los plazos de los préstamos y las exigencias de los bancos le acuciaban. Por eso, esa mañana, obnubilado y desesperado al mismo tiempo, miró la calle por última vez. En esos instantes, evocó su pasada militancia en la plataforma Stop Desahucios de su ciudad, de la que había recibido ayuda. Pero no la suficiente para eliminar su drama personal. Por eso, subió a la repisa de la ventana de la vivienda. Cerró los ojos. Su desesperación venció al pánico que experimentó por lo que se disponía a hacer. Saltó al vacío. De inmediato, percibió cómo la brisa le martilleaba la cara. En unas décimas se segundo, la película de su vida quedó grabada en su mente. Fugazmente, le vinieron a la memoria las hipócritas lágrimas con las que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el parche legislativo con el que, dijo, se pretendía poner fin al drama de los desahucios. Tuvo tiempo también para despreciar a esos banqueros que no quisieron condonarle la deuda. Así como a los políticos que se negaron a dar una solución al tema. Los maldijo a todos antes de que su fornido cuerpo quedara inerte sobre el asfalto.

 

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El pasado año 2012, se registraron en España más de 120 suicidios relacionados total o parcialmente con el drama de los desahucios.  Francisco José Lema Bretón –Fran para sus amigos- de 36 años, casado y con una hija de ocho años, residente en Córdoba, ha sido el último caso conocido.

Acuciado por una deuda de 25.ooo euros que le reclamaban las entidades financieras, decidió arrojarse al vacío desde su vivienda alquilada en Córdoba. El relato de arriba intenta recrear ficticiamente los últimos momentos de la vida de esta persona, una víctima más de los desahucios.

La Plataforma de Afectados pos las Hipotecas lanzó el pasado 23 de abril una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) por la dación en pago con efectos retroactivos, el alquiler social y la paralización de los desahucios para llevar al Congreso estas demandas y que puedan traducirse en ley. Su trabajo ha permitido recoger 1.402.854 firmas de apoyo, contando con la colaboración activa de más de 3.253  fedatarios en más de 600 puntos de recogida. Esperemos que PP y PSOE, partidos que se han venido negando a legislar de forma efectiva para solucionar tantos dramas personales, sean ahora más receptivos a esta demanda social. Y que el sacrificio de Francisco José Lema Brotón, por esta problemática, sea el último del que tengan que dar cuenta los medios de comunicación.

Diego Jiménez

 

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MALI: NUEVA GUERRA NEOCOLONIAL

Publicado en la edición impresa de la Opinión de Murcia. 06-02-2013

El pasado diciembre, la Unión Europea recibió el Nobel de la Paz. La noticia nos produjo a muchas personas un gran estupor. ¿Cómo era posible asignar tal distinción a una institución que, en los últimos tiempos, no se viene caracterizando precisamente por la potenciación de la paz y la coexistencia pacífica en escenarios bélicos recientes?

 Primero fue la penetración en Libia, bajo el paraguas de la OTAN, intervención armada que produjo no menos de 120.000 víctimas, el asesinato de Muammar el Gadafi y la destrucción de las infraestructuras del país. El final del conflicto no consiguió la estabilización de Libia; antes al contrario, en el país se ha impuesto la sahría, ante la pasividad de Occidente.

 Vino después la penetración occidental en Siria, financiando a grupos armados para desestabilizar el país, mediante la entrega de armas a milicias salafistas, como Jabhat al-Nusra, clasificada por Estados Unidos como organización terrorista. Y, como en el caso libio, se justificó tal intervención en el carácter despótico del presidente sirio.

 Antes de su muerte, en marzo de 2011, el líder libio Gadafi vaticinó: “Yo personalmente juego un papel estabilizador en la región de África. Si la situación en Libia es desestabilizada, Al Qaeda mandará aquí. Libia se convertirá en el segundo Afganistán y los terroristas llenarán Europa”.  En la actualidad,  Francia, violando las estipulaciones de la Resolución 2.085 del Consejo de Seguridad de la ONU, se ha embarcado en una auténtica guerra de conquista del norte de Mali. Y, como pronosticara Gadafi, las amenazas de los grupos fundamentalistas islámicos no se han hecho esperar.

 Según  nos refiere el analista francés Thierry Meyssan,  poco antes de que la OTAN tomara Trípoli los franceses lograron sobornar a varios grupos tuareg. Con el fin de la guerra, esos grupos regresaron al desierto. Los tuareg son un pueblo nómada que se mueve en el Sahara central y en los bordes del Sahel. Desde los años 60 del pasado siglo, no han dejado de cuestionar la soberanía de Mali y de Níger sobre las tierras del pueblo tuareg. Lógicamente, los grupos que Francia armó decidieron utilizar esas armas para concretar sus reclamaciones en Mali. El Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) toma entonces el poder en casi todo el norte de Mali, donde viven sus miembros. Y un grupúsculo de islamistas tuareg,  conocido como Ansar Dine, aprovecha la situación para imponer la sharía en varias localidades.

 El 10 de enero, Ansar Dine –con el apoyo de otros grupos islamistas– ataca la ciudad de Konna,con la intención de extender la ley islámica al sur de Mali.  Dioncounda Touré, el presidente de transición (se había producido un golpe de Estado que derrocó al presidente Amadou Toumani Touré), decreta el estado de urgencia y solicita la ayuda de Francia. París interviene, en cuestión de horas, para impedir que la capital, Bamako, caiga en manos de los islamistas. Francia dirige su mirada a Argelia y le solicita ayuda para concretar su intervención militar. Argel se encuentra ante una disyuntiva: colaborar con la antigua potencia colonial o arriesgarse a enfrentarse a un reflujo de los islamistas radicales. Finalmente Argel accede a abrir su espacio aéreo al tránsito de los aviones franceses. Esta decisión está indudablemente relacionada con el ataque de un grupo islamista no identificado a una planta de gas natural de la British Petroleum, ataque que trata de internacionalizar el conflicto de Mali trasladándolo a Argelia.

 ¿Qué busca Occidente al embarcarse en esta ‘aventura’ militar? (No olvidemos que Francia no actúa en solitario, pues en  la guerra de Mali está recibiendo algo más que apoyo logístico de otros países, entre ellos España). Algunos analistas, como Alfredo Embid, opinan que Occidente usa el terrorismo, como el conflicto en Mali o la toma de la planta de gas en Argelia, como una excusa para seguir robando las reservas de hidrocarburos de esos países. “Argelia tiene de hecho unas reservas importantes de petróleo y sobre todo gas. Después de apropiarse de las reservas de Libia, Argelia es uno de los países africanos que está en la lista”. Embid asegura, pues, que el nuevo conflicto con los islamistas, iniciado por Francia en territorio de Mali y que causó el ataque a la planta de gas en Argelia, debe ser analizado de manera conjunta, relacionándolo con lo ocurrido en otros países como Siria y Libia.

 A mayor abundamiento, no olvidemos que en la zona actualmente en conflicto (Mali, Níger), además de petróleo, hay importantes reservas de minerales, entre ellos el uranio, elemento imprescindible para la continuidad de las centrales nucleares francesas. Por lo que, indudablemente estamos, pues, ante un nuevo episodio de una guerra neocolonial.