Dedicaré unos párrafos a una breve reflexión sobre los hechos que se han sucedido a partir de las manifestaciones de los empleados públicos y la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz.
DIEGO JIMÉNEZ
Dicen algunos de mis buenos amigos que siguen habitualmente mis colaboraciones en este periódico que valoran mi actitud respetuosa y comedida, pero clara y contundente, a la hora de analizar los distintos aspectos que comento. Esa misma actitud quiero mantener hoy: respetuosa en las formas, pero vehemente en la denuncia. Cuando, con ocasión de los graves acontecimientos que está viviendo estos días la Región, decidí dedicar mi artículo quincenal de LA OPINIÓN a reflexionar sobre los mismos, pensé en un primer momento redactar el mismo en un tono epistolar, dirigido a nuestro presidente Valcárcel. Dudo mucho, sin embargo, que mis líneas hubieran sido tenidas en consideración por el destinatario. Me conformaré, pues, en uso de la libertad de expresión de la que aún disfrutamos (¿por cuánto tiempo?), dedicar unos párrafos a una breve reflexión sobre los hechos que se han sucedido a partir de las manifestaciones de los empleados públicos y la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz.
He participado en todas las protestas, menos una, habidas hasta la fecha. Y cuando lean este artículo, habré acudido a la concentración del viernes pasado contra la criminalización de la izquierda en esta Región. Y mi actitud personal, como la de la inmensa mayoría de las personas que han secundado estas protestas, ha sido exigente, pero pacífica. Por eso me indigné cuando, a partir de la agresión arriba citada, la respuesta inmediata, tanto por parte del Gobierno regional como por ciertos sectores mediáticos, fue la criminalización de la izquierda en su conjunto. Desde las torpes alusiones a esa izquierda, por parte del presidente regional (quien olvidó sin duda que lo es de todos los murcianos, incluso de quienes no le hemos votado), como "vil, canalla y cobarde" hasta la calificación de la misma como "poliédrica", se ha ido vertiendo toda una batería de acusaciones que tratan, sin duda, no sólo de deslegitimar las protestas, sino, lo que es más grave, de rentabilizar electoralmente la situación. Ese hecho es tan evidente como la notable merma de los derechos ciudadanos que empieza a atisbarse, que tiene su concreción más palmaria en las órdenes dadas a la Fiscalía para que haga un seguimiento exhaustivo no sólo de quienes protestan sino de los escritos que eventualmente puedan verter en Internet. Tengo la impresión de que se ha abierto un ciclo, preocupante, en el que se intenta desactivar el inicio de una rebelión (que no "revolución") ciudadana, en una Región hasta ahora anestesiada, sumisa y complaciente, que podría cuestionar las formas y procedimientos empleados por una clase gobernante, perpetuada en el poder, que, en virtud de las mayoría parlamentaria de la que ha venido disfrutando, no ha dejado resquicio alguno a la expresión de la disidencia.
Mención aparte merece el tratamiento mediático que se le ha dado a la detención del joven (no quiero repetir su nombre, pues no sólo éste sino sus datos personales más íntimos han sido revelados hasta la saciedad) al que, muy precipitadamente, se le achacó la autoría de la agresión al consejero de Cultura. Indignante. Cuando los indicios que apuntan a esta persona como autora de la agresión son no sólo muy endebles, sino muy inconsistentes, el linchamiento mediático a que ha sido sometido no puede sino producir vergüenza e indignación. Se han burlado, con ello, varios preceptos constitucionales, como la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, al honor, a las ideas personales… No sé qué clase de código deontológico habrán aprendido los profesionales de algunos medios de comunicación que han cubierto la noticia, pero lo cierto es que, si como estoy convencido, se demuestra su inocencia, habrá que empezar a exigir responsabilidades de todo tipo. Responsabilidades que alcanzan también de lleno a quienes, desde la Delegación del Gobierno, han facilitado esos datos a los medios de comunicación. Y responsabilidades también a quienes desde otras instancias del poder han aprovechado este enrarecido clima para culpabilizar a la izquierda social y política en su conjunto.
Afortunadamente, nada ni nadie van a conseguir silenciar la voz de la ciudadanía, porque no somos súbditos de nadie.
2 comentarios:
No sólo hemos de hablar del código deontológico de los periodistas, también de aquellos que facilitaron los datos.
Ojalá que el chico denuncie.
Tienes razón; aunque cito expresamente, en mi artículo, a la Delegación del Gobierno, sin cuyo consentimiento no se hubiera producido el linchamiento mediático, político y jurídico de José David.
Un saludo
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