YA NADA VA A SER IGUAL

 

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/05/05/igual/1111544.html

Quiero ser optimista. Debemos estar ya preparados/as para el 'día después'. Hemos de superar nuestro actual modo de vida y consumo, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Esta tragedia ha de empujar a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial

Redacto estas líneas en el Día del Trabajo. Evoco, cómo no, aquel Primero de Mayo en democracia que viví en Cartagena en 1979, tras la dictadura franquista, con el ya fallecido primer alcalde democrático, el socialista Enrique Escudero, desde la tribuna de oradores tras el final de la manifestación obrera ofreciendo el Ayuntamiento (sólo unos días antes se habían celebrado las primeras elecciones municipales desde la Segunda República) al pueblo, porque era la 'casa del pueblo'. Y siento no poder estar en la calle en esta cita anual con quienes (y esta pandemia lo ha demostrado sin duda alguna) realmente sostienen esta sociedad, los trabajadores y las trabajadoras, los autónomos y autónomas, los funcionarios y funcionarias, inmigrantes, y tanta y tanta gente de bien.

Hemos dejado atrás un triste y más lluvioso de lo normal mes de abril. El mes de la República. El abril del advenimiento de la Segunda República Española en 1931; el de la victoria de los partisanos italianos sobre el fascismo en 1945; el de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, con el fin de la dictadura salazarista.

Sin embargo, este abril de 2020 ha venido acompañado de densos nubarrones no sólo en lo meteorológico. Tras la eclosión en China a finales de 2019 de la crisis sanitaria del Covid-19, convertida pronto en pandemia mundial, en este mes se ha ahondado una crisis económica que excede en gravedad a la derivada del crack de Wall Street en 1929 y la de Lehman Brothers de 2008, y que está afectando fuertemente al triángulo sobre el que pivota el eje de gravedad del capitalismo mundial: China y el Sureste asiático, Europa y EE UU. Se han desfondado los precios de las materias primas, no sólo del petróleo sino también de otras como el cobre, níquel, algodón y cacao; se han ralentizado la industria y el comercio mundial; se ha incrementado el paro; las compañías aéreas operan escasamente a un 20% de su capacidad; el turismo de masas se ha paralizado. Cuando se supere en parte la pandemia que padecemos, se calcula que esta crisis podría arrastrar a más de quinientos millones de personas a la pobreza y a una huida de enormes masas de personas desesperadas desde el Sur hacia el Norte rico.

La respuesta inicial, ante esta grave crisis, de un cierto sector de las clases dominantes se parece, en parte, a la que se produjo en 2008. Recordemos que Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, allá por septiembre de ese año, tras la crisis financiera iniciada en EE UU, lanzó su iniciativa de 'refundar el capitalismo', para reconstruir las finanzas siguiendo la estela de la Conferencia de Breton Woods al final de la II Guerra Mundial. Tal refundación no se hizo. Al contrario, se ha ahondado la diferencia entre clases, se ha producido el trasvase de rentas hacia los ricos, han aumentado las privatizaciones y se ha propiciado el debilitamiento del Estado. Hace unos días, Angela Merkel proponía, en el contexto de la segunda jornada del Diálogo de Petersberg, un congreso internacional sobre la lucha contra el calentamiento global que se celebra anualmente en Berlín, que los programas de reconstrucción tras la crisis del coronavirus se lleven a cabo siguiendo criterios medioambientales y climáticos. Veremos en qué quedan esas promesas. Aunque parece evidente que, en pleno fragor de la crisis, se alzan voces diciendo que nada volverá a ser igual.

Desgraciadamente, sin embargo, hay quienes están tentados de perseverar en que el credo neoliberal siga siendo el discurso rampante. Signos hay que lo demuestran. Pese a que parece claro que afianzar el modelo económico, político, social y cultural que ha dado soporte a esta crisis sanitaria sería tomar el camino que nos llevaría a mayores riesgos y calamidades, hay grandes potencias, como China, que están dispuestas a relajar la supervisión ambiental de sus empresas para estimular su economía. Relajación anunciada también por EE UU y que se podrían extender a otros países, pese a que la ONU destacaba el pasado mes de marzo que la crisis climática podría ser más mortal que el coronavirus.

No aprendemos. Ignacio Ramonet, reconocido periodista, politólogo y semiólogo, nos recordaba hace unos días que un manto de amnesia se extendió por todo el planeta tras la mal llamada 'gripe española' de 1918, que infectó a trescientos millones de personas y mató a más de cincuenta millones. Los 'felices años 20' exteriorizaron esa falsa euforia del periodo de entreguerras, el que alumbrara el fascismo. ¿Podríamos caer en los mismos errores?

Empero, quiero ser optimista. Pienso que, tras este serio aviso de un virus invisible, pero tan letal, la sociedad podría caminar en otra dirección. Debemos estar ya preparados/as para el 'día después'. Hemos de superar nuestro actual modo de vida y consumo, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Esta tragedia ha de empujar a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial. Las cosas no pueden seguir como estaban, con una gran parte de la Humanidad viviendo en un mundo tan injusto, desigual y ecocida. Como decía hace unos días Gerardo Pisarello, «a lo largo de estos meses hemos vislumbrado lo que significa salir del 'progresismo fósil' y tener ciudades más respirables, ríos menos contaminados y bosques con más diversidad. También, que somos capaces de gestos altruistas: cooperar para coser mascarillas, distribuir alimentos a personas mayores y construir respiradores en fábricas».

Tras esta crisis, creo que las sociedades de todo el mundo han de empujar en una dirección opuesta al ritmo errático e insostenible de nuestro actual modo de vida. Sin ánimo de ser exhaustivo, apunto aquí algunos de los cambios que creo que deberían darse:

1. Inversiones públicas prioritarias en Sanidad y Educación.
2. Reconversión de la industria agropecuaria, derrochadora y consumidora de recursos, hacia una actividad sostenible y orientada a satisfacer las auténticas necesidades humanas.
3. Cuestionamiento de las actuales megalópolis sustituidas por ciudades y pueblos más habitables, revalorizando el hábitat rural.
4. Potenciación del comercio de proximidad.
5. Reorientación de la investigación farmacéutica a la búsqueda de nuevos patógenos, que, con seguridad, están por venir.
6. Limitación del capital especulativo financiero y fórmulas eficaces para una redistribución de la riqueza que elimine las actuales desigualdades sociales, erradicando la pobreza con la implementación de una renta básica ciudadana.
7. Plan de ayudas públicas a autónomos y pequeña y mediana empresa, auténticos creadores de riqueza.
8. Inversión pública en nuevos nichos de empleo, ligados a las actividades medioambientales y a la atención a la dependencia.
9. Cuestionamiento del actual turismo de masas hacia lugares exóticos, sustituyéndolo por un turismo de proximidad y de la Naturaleza.
10. Potenciación de las actividades de ocio orientadas hacia el ámbito de la cultura, y limitación del consumismo ligado a las apuestas y el juego.

Otro mundo y otra sociedad son posibles. Porque ya nada va a ser igual.

COVID 19 Y EL NEGOCIO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/21/negocio-residencias-mayores/1108430.html#EnlaceComentarios


Es difícil en estos momentos saber el número real de personas contagiadas y fallecidas en nuestro país por la crisis sanitaria del coronavirus. Escribo estas líneas cuando en el BOE se ha publicado la Orden SND /352 /2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información por las Comunidades autónomas al ministerio de Sanidad de los datos confirmados, con las pruebas de PCR y de anticuerpos, de personas fallecidas por el coronavirus.

Si hay un sector de la población especialmente afectado por esta pandemia es el del colectivo de personas mayores de 65 años, que, en virtud del envejecimiento de la población española, va a ir en aumento. El INE ya ha estimado que una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años en 2033, tendencia demográfica que, sin embargo, no viene acompañada de un aumento de inversión pública en residencias de mayores, pese a ser un servicio contemplado en la Ley de Dependencia.

Según datos del Imserso, España cuenta con un total de 372.985 plazas residenciales para este colectivo, de las que unas 271.000 son privadas. En España, por cada plaza pública, hay tres privadas. Fondos de inversión extranjeros, conocedores del aumento de esperanza de vida de la población española, están haciendo un suculento negocio ante la falta de oferta pública. Cinco primeros grupos empresariales, DomusVI, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol copan una cuarta parte del total del mercado. Parece indudable, a la vista del nicho de negocio de estos centros, que interesa más la cuenta de resultados de algunas empresas que el bienestar de nuestras personas mayores.

Las Comunidades autónomas con mayor porcentaje de oferta pública son Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra; pero, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se registra un déficit de 70.000 plazas públicas en residencias para los nueve millones de personas mayores de 65 años. Dentro de esas estadísticas, la Región de Murcia (en adelante, CARM) figura, según datos del IMAS, en una posición intermedia, con sólo cinco centros propios (del IMAS), 47 concertados, y un centro público y concertado en residencias con plazas psicogeriátricas, es decir, en total, 54 centros. Según la asociación arriba citada, la Región tiene una carencia de más de 8.600 plazas.

El índice de cobertura de plazas públicas (calculado a partir de la oferta de esas plazas/población mayor de 65 años x 100) es en España de 4,28, que no llega a la media europea de 4,6. Con datos del Imserso, Murcia, con un 1,35%, está muy lejos de los de Castilla y León (7,77), Extremadura (5,98) y Cantabria (4,60), por poner sólo unos ejemplos.

Pero, al margen de consideraciones estadísticas, lo preocupante en relación con nuestras residencias de mayores, ahora que la pandemia nos azota, es constatar el grado de dejadez y abandono de muchas de ellas, hecho que ha instado a la Fiscalía a investigar la muerte de ancianos en 38 de esos centros, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid (CAM) y dos en la CARM.

Para ejemplificar el panorama de lo que podrían ser situaciones extrapolables a muchas residencias, un artículo del pasado 27 de marzo en Cuarto Poder denunciaba la situación de abandono, suciedad, escasa comida, infradotación de personal (mayoritariamente femenino) en algunas de la CAM, precisamente la Comunidad autónoma que viene registrando las peores cifras de la pandemia (con más de 5.000 muertes de ancianos) en medio de las acusaciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso ((¡qué cinismo, pues ella tiene todas las competencias!), y de Pablo Casado al Gobierno central de improvisación y abandono.

Hay que decir que la CAM cuenta con casi 480 residencias, pero sólo 25 son de titularidad pública. En este contexto no es de extrañar que prime la cuenta de resultados de las empresas adjudicatarias sobre la salud de las personas residentes.

En ese artículo se denunciaba que, en Arganda, el 9 de mayo de 2017, había 10 auxiliares y un enfermero para un total de 343 personas. Una señora se semiamputó la pierna con las barras de su cama, falleciendo días después. La solución de la consejería de Madrid no fue exigir más personal a la empresa concesionaria, sino comprar camas nuevas para evitar más accidentes.
Nuestro modelo residencial responde, pues, a la imagen de un sector precarizado, saturado, y privatizado. La situación de nuestra Región no es mucho mejor. En octubre de 2019, SATSE expuso que los centros públicos de la CARM disponían de una enfermera por cada cuarenta personas internas en el turno de mañana y 60 en el de tarde, denunciando que un total de 11 centros (sobre 54) eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

Otra cuestión es la relativa a la aportación económica de las personas usuarias en los centros de titularidad pública, calculada a partir de su pensión, y que, de media, supone en el Estado el 80% (en Murcia, el 75%), con desfases sorprendentes como la aportación media de los usuarios en Extremadura (308 euros/mes) y Baleares (1.033 euros). Cabe señalar que, en los centros privados, el coste está hoy por encima de los 1.400 euros/mes, cifra que supone el 70% de la pensión media en España, y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina, potencialmente usuaria de este servicio, cuyas pensiones están por debajo de la que perciben los hombres.

Tras esta breve radiografía de la situación de nuestras residencias de mayores, hay que decir que el Gobierno, que sigue sin ofrecer datos reales de la mortalidad en ellas, admite, sin embargo, que cuando pase la pandemia habrá que revisar el modelo. En ese sentido, aporto las que creo que serían las actuaciones urgentes para la mejora de este servicio público:

1. Auditoría y convergencia (homologación) de costes de la prestación de este servicio público en toda España.
2. Revisión al alza de las plantillas, con dotación suficiente de personal sanitario y auxiliar en los centros de mayores públicos, y exigencia de igual requisito en los privados y concertados.
3. Ajustar la aportación económica de las personas usuarias de la red pública a un máximo del 70% (frente al 80% actual) de la pensión media femenina de cada comunidad autónoma.
4. Reforzar la red de plazas públicas (no con conciertos con los centros privados, como en Murcia) en los próximos años, con, al menos 70.000 nuevas plazas.
Porque las residencias de mayores deben dejar de ser un negocio.

CONTRA AL ACOSO Y DERRIBO, HAY QUE APOYAR AL GOBIERNO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/08/acoso-derribo-hay-apoyar-gobierno/1105530.html

He de reconocer que, como algún amigo lector me hizo saber, cuando en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 10 del mes pasado relativicé, en parte, la gravedad del coronavirus covid-19, comparándolo con la letalidad de otros virus mortíferos que asolan a la Humanidad, quizá desconocía, como el propio Gobierno en aquellos momentos, la virulencia que iba a adquirir la pandemia que en estos momentos se extiende por todo el planeta. 

            Al día de hoy, no voy a descubrir nada si digo que nos enfrentamos no sólo a una crisis sanitaria, sino también social, económica y cultural, probablemente la de mayor gravedad tras nuestra Guerra Civil, y que va a determinar indudables cambios en la percepción de nuestra existencia cotidiana y de nuestra manera de ser y estar en este planeta. La crisis económica que ya está aquí va a ahondar mucho más las diferencias sociales, el paro, la pobreza, y ralentizar la producción y el consumo, de no mediar un intervencionismo estatal que, en las circunstancias actuales, se me antoja más necesario que nunca y del que daré unas pinceladas al final del artículo.

En ese contexto, por si no la habían descubierto ya, es evidente que esta crisis sanitaria y esta situación de emergencia nacional han destapado el perfil más vil y la bajeza moral de la derecha política. (A la extrema derecha, que incluso postula un golpe de Estado, prefiero ignorarla por completo). A su propensión enfermiza a la mentira y la manipulación, de que son muestras episodios como los del Yak-42, el accidente del metro de Valencia o los graves atentados del 11-M en Atocha, se suman estos días sus virulentas y desleales invectivas contra el Gobierno. A título de ejemplo, resulta irritante su queja de la falta de camas en los hospitales de Madrid, precisamente la comunidad en la que el experimento neoliberal de privatizaciones es más que evidente y en donde la media de camas privadas hospitalarias sobre el total es del 33,3%, según datos de Sanidad (media estatal, 27,08%).

Esto no ha llegado por casualidad. Muchas de las personas que estos días jalean y festejan en los balcones de sus casas los esfuerzos del personal sanitario por atajar esta grave pandemia reforzaron en su día, con sus votos, a partidos que hicieron de la privatización su seña de identidad. Esperemos que la gravedad de esta crisis sanitaria les haga reflexionar, pues es la Sanidad Pública la que les va a salvar si caen en la enfermedad. Pero, desgraciadamente, muchas de estas personas siguen secundando el llamamiento de la derecha a boicotear y derrocar a este Gobierno. La misma gente que aquí calló cuando se rescataron bancos y cajas con dinero público, se desmantelaba la Sanidad y algunos robaban a manos llenas. 

Gente que cae de lleno en la trampa de la campaña impulsada estos días por diversas fracciones de la clase dominante del capitalismo español para, desde los medios de comunicación afines, ir minando la imagen del Gobierno, primero contra Pablo Iglesias y luego, si no se aviene a la adopción de ciertos compromisos (léase Gobierno de ‘salvación’ nacional con el PP y Cs), contra Pedro Sánchez. Porque parece evidente que cuando el capitalismo se siente amenazado, y las medidas laborales y sociales impulsadas por el Gobierno son percibidas como tal amenaza, se lleva todo por delante. Da igual que Pablo Iglesias no se acerque al marxismo ni, por supuesto, al comunismo con sus propuestas, como mucho, socialdemócratas. El objetivo está claro: hay que impulsar una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno, arropada por la cohorte mediática conveniente. 

            A finales del mes pasado, un titular de Libertad Digital lo expresaba con claridad: “El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista”, artículo que destacaba que Pablo Casado “representa a la mayoría de españoles que no quieren una dictadura de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias” [sic].

            Un editorial de ABC, titulado “Temor entre los empresarios ante las sugerencias de nacionalización de Iglesias”, añadía: “Iglesias pretende aprovechar el caos para instaurar un régimen bolivariano y una economía estatalista, colectivizando bajo criterios del más puro comunismo”. ¡Acabáramos! ¿Se ignoraba conscientemente lo estipulado en la Constitución española?  Artículo 128.1.  Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.  Las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno ¡están en la Constitución!

            Según ese artículo es normal que, si la situación fuera mucho más grave, el Gobierno podría intervenir y/o nacionalizar sectores estratégicos como la energía, el transporte, las comunicaciones, etc. Tenemos que ir acostumbrándonos a que, tras esta crisis, nada va a ser igual. Porque, lejos de las consignas de esa derecha que difunde un ambiguo ‘Protejamos España’, pero vaciando la hucha de Hacienda al propugnar algo tan irracional como reducciones impositivas a los ricos sin pensar en los que menos tienen, en este país, como en otros de Europa, debemos tender inevitablemente a un nuevo New Deal, como el impulsado por Franklin Delano Roosevelt tras el crack de 1929, con una fuerte inyección de dinero público en sectores claves de la economía y un incremento sustancial de las partidas destinadas a la protección social. Pero para eso, al margen de los 200.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, hacen falta medidas fiscales más decididas. Y hace falta otra mentalidad de una Unión Europea que, en las grandes crisis, como la de los refugiados, mira hacia otro lado. 

            En ese sentido, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, lamentó hace unos días su imagen de dureza con los países del Sur y anunció su disposición a la creación de un fondo (insuficiente) de 10.000 a 20.000 millones de euros (parece que ahora hablan de 35.000 millones) para ayuda de los países más afectados por la pandemia, que sería una donación, no un préstamo. Mientras, la Comisión Europea, plantea destinar hasta 100.000 millones en créditos reembolsables con el mismo fin. Cantidades, como puede comprobarse, muy alejadas de las que podrían movilizarse con una emisión de deuda mutualizada europea, y a mucha distancia de las necesidades que la pandemia va a generar en los países del Sur. 

            La situación, como ven, es muy complicada. Por eso, pese a algunos errores cometidos, es tiempo de apoyar al Ejecutivo contra la política de acoso y derribo, que, aprovechando esta grave crisis sanitaria, está realizando la derecha.

LA MONARQUÍA, EN CRISIS; LA REPÚBLICA, ¿MÁS CERCA?

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/03/26/monarquia-crisis/1102258.html

Cuando el coronavirus sea ya sólo un triste recuerdo, hay que impulsar un movimiento social que, amén de cuestionar la Monarquía, dé pasos decididos hacia la República en clave federal

El confinamiento obligado en el que vivimos por la grave crisis del coronavirus que atenaza al país permite hacer aquello que siempre posponemos. Y una de esas cosas es pensar más, reflexionar, con todo el tiempo del mundo. Pero, el coronavirus que ocupa toda nuestra atención está haciendo que, en parte, se haya hablado poco de otra crisis causada por otro virus incrustado, tiempo ha, en el Régimen político español: la Monarquía borbónica. 

El principio monárquico, según Javier Pérez Royo, ha venido apropiándose, históricamente, del edificio constitucional español desde el siglo XIX, de modo tal que el Estado dejó de ser constitucional para convertirse en una monarquía constitucional. Según él, todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la Monarquía española, lo que condujo a una plena identificación Monarquía-Estado y, consecuentemente, a la subordinación del principio representativo al Estado monárquico, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a juicio del constitucionalista, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en unas elecciones municipales (12 abril de 1931) para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República. 

La segunda Restauración monárquica española tras la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 fue el instrumento que las clases dominantes en España impusieron para escapar, primero, de la presión en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947) y, en segundo lugar, para preparar la sucesión de Franco mediante la Ley Orgánica del Estado de 1967, por el que Juan Carlos I ocuparía la Jefatura del Estado tras la muerte de aquél, previa designación por el dictador de su 'sucesor a título de Rey', en 1969, hecho que tuvo lugar en sesión solemne ante las Cortes franquistas. Esta Monarquía restaurada sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78). 

Primer dato, pues: la Monarquía española está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Pero es que, además, la operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinado a la operación de asegurar el éxito de la Restauración de la Monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que luego comentaremos. 

Hablamos al inicio de que la institución monárquica española está en crisis. Ni siquiera el hecho de la abdicación del monarca emérito, en 2014, en su hijo Felipe (VI) ha logrado frenarla. Una vez más, el pueblo exteriorizó hace unos días el hartazgo ante las tropelías de una Monarquía en horas bajas. Las caceroladas en los balcones de toda España, simultáneas al discurso de Felipe VI, reflejaron ese malestar, sobre todo tras el conocimiento popular de las presuntas prácticas delictivas del rey emérito Juan Carlos I, perceptor de 100 millones de euros de los sátrapas saudíes como comisión por mediar con ellos para la construcción del AVE a La Meca. Ese dinero, como se sabe, fue a parar a opacas cuentas en paraísos fiscales; 65 millones para, supuestamente, 'comprar' el silencio de su amante Corinna Larsen. El escándalo lo destapó el diario británico The Telegraph, que daba cuenta de que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de una cuenta bancaria de la Fundación Lucum, circunstancia conocida, sin duda, y convenientemente ocultada por la Casa del Rey durante todo el año. Desde 2018, se sabe que la Fiscalía suiza anda investigando dichos hechos. 

Vista la gravedad del asunto, que, esta vez sí, puede poner en jaque a la Corona, quizá no sea tan sorprendente que los partidos 'sostenedores' del Régimen del 78 (PSOE, PP, Cs) se hayan venido negando a la apertura de una comisión parlamentaria, que, al margen de los procesos judiciales locales o foráneos, pueda dilucidar responsabilidades. 

Sin duda alguna, el rey emérito, al margen de la 'ayuda' de esos partidos y de la que le presten prestigiosos abogados, tratará de aferrarse a lo establecido en el artículo 56.3 de la CE 78, el referido a su inviolabilidad y ausencia de responsabilidad, pues sus actos (art. 64) siempre son refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros. Pero no es este el caso: al rey emérito hay que juzgarlo por turbios negocios que nada tienen que ver con sus actos de Estado y que, además, algunos fueron cometidos tras su abdicación. 

Está claro que esta situación motivaría una reforma constitucional del Título II, el referido a la Corona. Cosa difícil con la composición de estas Cortes y la tibieza del PSOE para abordar el asunto. Pero es que, además, el propio texto constitucional establece mecanismos muy poco flexibles para su reforma. En referencia a este asunto, el artículo 168 estipula que para reformar el Título II son precisos los dos tercios de ambas Cámaras y la disolución de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas someterían a aprobación, también por dos tercios, el nuevo texto propuesto, que, una vez aprobado, sería sometido a referéndum. 

¿Por dónde caminar, pues? Cuando el coronavirus sea ya sólo un triste recuerdo, hay que impulsar un movimiento social que, amén de cuestionar la Monarquía, dé pasos decididos hacia la República en clave federal. La continuidad del proceso constituyente, ya iniciado, es hoy más necesaria que nunca, pues la crisis monárquica se solapa con la no resuelta, desde la Transición, crisis territorial del Estado. La crisis del coronavirus ha dejado aplazado un movimiento estatal para celebrar una consulta Monarquía/República, y que estaba prevista para el próximo 9 de mayo. El proceso continuará cuando superemos estos desagradables momentos. 

La Monarquía está sumida en una grave crisis. ¿Está la República más cerca?

EL TRASFONDO DE LAS PROTESTAS DEL CAMPO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/02/26/trasfondo-protestas-campo/1094445.html



La tractoradas que en ocasiones ocupan carreteras, autovías e incluso centros urbanos empiezan, desde hace años, a formar parte del paisaje español. Sorprende, sin embargo, la dimensión de la protesta actual de agricultores y ganaderos, precisamente cuando se ha constituido un Gobierno de coalición de izquierdas en España, si se tiene en cuenta que los problemas que se denuncian vienen de muy atrás y que, por tanto, lejos de ser coyunturales, tienen un carácter estructural.

(Foto de Antonio Pizarro en Diario de Sevilla)

Para situar el problema, hay que decir que la participación en el Producto Interior Bruto (PIB) del sector agrícola en 2018 se situaba en el 2,8% (la Industria, un 19,9%, y el Sector Servicios, un 67,71), cuando en 2008, año del inicio de la crisis, era algo inferior, el 2,37%. Eso supone que, según datos de Expansión, el sector primario en nuestro país ocupaba en 2018 a 774.600 personas (76,9% de hombres y 23,1% de mujeres) sobre una población activa que se acerca a los 20 millones de personas, es decir, apenas un 3,5% del total.

Dicho esto, hay que hacer notar algo evidente: la protesta no la protagonizan los miles y miles de jornaleros agrícolas mal pagados y al límite de la semiesclavitud en sus condiciones laborales en las plantaciones de fresa de Huelva, en los invernaderos de Almería o en los cultivos intensivos del Campo de Cartagena, y poco tiene que ver con las reivindicaciones de los jornaleros que, allá por los años de la II República, reclamaban tierras de cultivo y la reforma agraria.

La revuelta campesina actual está protagonizada por agricultores, un colectivo variado que va desde los pequeños y medianos propietarios, hasta los terratenientes y quienes arriendan sus tierras a poderosas multinacionales alimentarias. Primer dato, pues: la aparente unidad de las reivindicaciones de lo que, in extenso, viene denominándose 'campo español', oculta esa heterogeneidad del movimiento. Segundo dato: el alcance de una de las motivaciones que se esgrime para las protestas, a saber, la 'venta a pérdidas', no alcanza por igual al pequeño y mediano agricultor y ganadero que a las poderosas empresas agrarias, menos afectadas por las políticas de precios que imponen las cadenas de alimentación.

PROBLEMAS COMUNES.

Y, sin embargo, dicho esto, es cierto que como denuncia el portal Efe Agro, hay una serie de problemas comunes para los que el Gobierno, precisamente porque estamos en una economía de mercado, tiene poco margen de maniobra. Bajo la etiqueta en redes sociales 'Agricultores al límite', las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA (en esta ocasión no se ha sumado Cooperativas), basan sus protestas en:

1. Caída de precios.
En el caso del aceite de oliva, sector del que se calcula que comen más de 250.000 familias en el país, se ha registrado una caída del 25-30% en el último año y que llega al 50% si se compara con el 2018. En su punto de mira, las organizaciones agrarias culpan a las cadenas de grandes superficies comerciales.

2. Aranceles de EE UU.
La decisión de la Administración Trump (con el permiso de la Organización Mundial del Comercio) de imponer aranceles a la importación de algunos productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite, el vino o los quesos, ha indignado al sector, que pone el grito en el cielo por pagar los platos rotos de un conflicto vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa. Las empresas, a través de sus patronales, exigen medidas de compensación a Bruselas y más firmeza al Gobierno para la defensa de sus derechos.

3. Más costes.
Los agricultores critican el incremento de los costes de producción de los insumos agrícolas, pero no dejan de lado el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueda tener sobre las rentas agrarias en los momentos en que, aun de forma puntual, se necesite contratar personal para la recolección agrícola.

4. Negociación de la PAC.
La Política Agrícola Común (PAC) es un instrumento clave para la actividad primaria. La negociación para el período 2021-2027 genera nerviosismo entre el sector, que rechaza de plano cualquier intento por reducir su presupuesto tras la marcha del Reino Unido.

5. Competencia desleal.
Los productores españoles advierten de la competencia desleal procedente de países no comunitarios, donde las exigencias sanitarias y de calidad de los productos son menores, como en Sudáfrica (con los cítricos) y en China (miel).

EL PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN.

En el campo, que ocupa el 84,3% del territorio nacional, está empadronado el 16,7% de la población. El auténtico problema del campo español, pues, es la despoblación. Según datos de Expansión, de los 8.125 municipios del país, el 82,2% son rurales y el 60% tiene menos de mil habitantes, por lo que están en riesgo de desaparecer, de manera irreversible, unos 1.900 pueblos y municipios, especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Teruel.
El problema viene dado por el abandono del hábitat rural, a partir de los años 60 del pasado siglo, por una población ligada antaño a los usos del campo, que vivía en él y cuidaba de él, porque era su medio de vida. Las ayudas de la PAC no han logrado revertir esa situación.
Amenazado también por el cambio climático y la escasez y los malos usos del agua, y aunque la salud de las exportaciones agrícolas es evidente y crece el turismo rural, ambos factores no son de por sí suficientes para generar empleo.

SOLUCIONES A CORTO-MEDIO PLAZO.

Atajar los problemas de la despoblación del hábitat rural no es fácil. Pero hay soluciones a medio y largo plazo:

1. Dotación de wifi en esas zonas rurales.
2. Servicios educativos y médicos adecuados.
3. Puesta en valor de nuestros montes y masas forestales.
4. Fomento del cooperativismo agrario.
5. Revisión de la fiscalidad, y potenciación de los seguros agrarios.
6. Apoyo a la población joven para prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales.
7. Revalorización del secano.
8. Tendencia gradual a ir implantando una agricultura de proximidad, precisamente impuesta por el cambio climático.
9. Adaptación de los cultivos a las exigencias de ese cambio climático, con políticas de ahorro y de uso racional del agua, según la disponibilidad del recurso.
10. Fomento del turismo rural respetuoso con el medio.

Puede verse que los problemas del agro español tienen, como he dicho arriba, una base estructural para la que hay soluciones.

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NECESARIA LEY DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/02/12/ley-victimas-franquismo/1090510.html

Sigue sin escucharse la voz de las asociaciones memorialistas que exigen Verdad, Justicia y Reparación

Hace unos días, el Hemiciclo de Letras acogió un acto de presentación del libro La emergencia de Vox, del que es autor el eurodiputado Miguel Urbán. Estuvo acompañado en la mesa por la periodista Elisa Reche y por un servidor. Tanto el conferenciante como el que les escribe coincidimos en que, para entender el espectacular auge electoral de este partido de extrema derecha en nuestro país, hay que considerar la pervivencia de un franquismo sociológico. Yo fui algo más allá y demostré con datos, entre ellos la existencia de fundaciones franquistas y la no condena explícita del franquismo por las instituciones del Estado, que el franquismo sigue bastante presente, algo más allá de ese franquismo sociológico.

Uno de los asuntos que demuestra que esto es así es el nulo tratamiento que la democracia española ha dado a las víctimas del franquismo. El pasado enero, el PSOE presentó una proposición de Ley de Memoria Histórica que, aunque supone un avance respecto a la Ley de 2007 (como un banco de datos de ADN, censo de víctimas, etc.), sigue sin abordar este problema.

Desde la Federación estatal de Foros por la Memoria se critica, pues, que siga sin escucharse la voz de las asociaciones memorialistas que exigen Verdad, Justicia y Reparación, algo que, en la visita a nuestro país en el año 2014 del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, ya se exigía al Estado español. La ONU sigue reclamando al Estado la obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

En 2017, el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas también expresó su preocupación por la inacción de los tribunales españoles en la judicialización de los casos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura, instando a España a «elaborar planes para buscar a las personas desaparecidas durante ese periodo». Recordemos que en la Audiencia Nacional hay no menos de 120.000 denuncias relativas a esas desapariciones.

Otro de los aspectos en que se demuestra el poso franquista que aún anida en las instituciones es la inamovible posición respecto a la Ley de Amnistía que han venido manteniendo los sucesivos Gobiernos habidos desde la Transición hasta hoy. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a España a la derogación de esa ley o a su enmienda, para hacerla 'plenamente compatible' con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Otros asuntos que no recoge el Manifiesto de Foros por la Memoria que comento, y que tampoco ha abordado la democracia española, es la devolución a sus herederos del enorme patrimonio económico incautado por el bando vencedor a las familias republicanas, y la investigación sobre los más de 35.000 bebés que se cree fueron robados desde 1939 a 1975 también a familias republicanas.

No podemos olvidar tampoco (añado yo también) la persistencia en nuestro país de un buen número de Fundaciones franquistas, perceptoras, en algún momento, de dinero público. A título informativo, reseño las que siguen: Fundación Francisco Franco, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Suñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

Lo que desde la Federación estatal de Foros por la Memoria se está exigiendo, en suma, es que el actual proceso de construcción y significación de la Memoria debe darse en un marco de «transparencia y participación de la sociedad civil». Por ello, esta entidad proponente reclama a las formaciones políticas que se comprometan a desarrollar una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo que haga posible:

1. La condena del franquismo como régimen criminal, recordando lo que supuso el golpe de Estado a la Segunda República, la guerra, la dictadura y la represión continuada contra los derechos humanos.
2. El reconocimiento y garantía a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la Transición de sus derechos a la Verdad, la Justicia y Reparación, en los términos expresados por los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español.
3. La nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, el carácter ilegal de todos los tribunales y organismos represivos, así como de toda la legislación que permite la impunidad de ese régimen.
4. Un plan estatal de exhumaciones judicializadas, dirigidas por un juzgado o fiscalía especializada.
5. Eliminación definitiva de todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos y honores.
6. La ratificación por el Estado Español de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1968.

El comunicado de Foros por la Memoria acaba reconociendo que «sólo por decisiones políticas relacionadas con la forma en que se desarrolló la Transición a la democracia no se reconoce a las víctimas del franquismo los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia».

Por ello, se exige al Estado español y a las organizaciones democráticas la elaboración de esa Ley Integral de Víctimas del Franquismo, para acabar con ochenta años de impunidad.

López Miras se contradice, miente y teme a la libertad

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/01/28/lopez-miras-contradice-miente-teme/1086442.html


La capacidad para hacer el ridículo de nuestro presidente regional Fernando López Miras (en adelante, para abreviar, Fer), el mismo que quería establecer vuelos directos entre el rimbombante Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la localidad de Manchester United [sic], es asombrosa. Hace unos días, en una emisora de máxima audiencia nacional, a preguntas de su entrevistadora respecto de la polémica del llamado pin (en realidad, veto) parental, afirmaba sin ruborizarse: «No me consta ninguna denuncia. En ningún centro de la Región de Murcia, ni público ni privado, se está adoctrinando». Para afirmar más adelante: «La neutralidad ideológica de los maestros y profesores de la Región de Murcia es incuestionable». A lo largo de la entrevista, Fer incurrió en bastantes contradicciones como esta: si no hay problemas de denuncia y la neutralidad ideológica del profesorado es incuestionable, ¿a qué viene tanta insistencia en mantener el veto parental?

Y cuando, tras afirmar que la consulta a los padres para la realización de actividades complementarias por personal ajeno al centro otorga mayor libertad de decisión a las familias (la misma que se les ha restado quitando atribuciones democráticas en la toma de decisiones en los consejos escolares de los centros docentes), puso un burdo ejemplo para justificar esa medida, afirmando más o menos (¡agárrense!) lo que sigue: «Es sabido que Murcia ofrece al visitante una Semana Santa con tres o cuatro desfiles pasionales de alto interés turístico. Si, eventualmente, uno de los presidentes de cofradías quisiera acudir a un centro docente a impartir una charla sobre la Semana Santa, al igual que los padres deciden si sus hijos reciben o no enseñanza religiosa, podrían decidir sobre si esta charla es de su interés o no». ¡Acabáramos! Nuestro presidente manipula e intenta confundir al personal: no es comparable la asignatura de Religión, de oferta obligatoria por los centros en virtud de los Acuerdos del Estado con el Vaticano de enero de 1979, pero voluntaria para el alumnado por decisión de sus familias, que unas actividades complementarias que están integradas en el currículo escolar y que, en la medida en que son aceptadas y aprobadas por la comunidad educativa, son plenamente legales, evaluables y de obligado cumplimiento.

La denostada LOMCE, también llamada 'Ley Wert', en su preámbulo establece claramente que «uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español, es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación». Justamente lo que las actividades complementarias persiguen.
El Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), en su artículo 25 dedicado a la propuesta curricular, en el apartado 'f' relativo a las actividades complementarias, dice: «Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos».

A mayor abundamiento, el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la CARM, en su artículo 33, apartado '2e', incide en los mismos términos.

A lo largo de esa entrevista, Fer, además, mintió descaradamente. Afirmó que en la pasada campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 ya plantearon la libertad de las familias para elegir centro, que sí figura en el programa electoral, y para decidir también sobre las actividades complementarias, cosa que es falsa. Lean el programa educativo del PP y verán que esa consulta a las familias no figura. Es, sin duda, una imposición posterior de Vox (las Instrucciones para el curso 2019-2020 son de finales de agosto) para condicionar, con ello, su apoyo a los presupuestos de la CARM.

Fer, atrapado sin duda por la habilidad dialéctica de su entrevistadora, siguió a lo largo de esa entrevista echando balones fuera. A preguntas de aquélla sobre si no hay en la Región de Murcia otras prioridades, respondió, de nuevo sin ruborizarse, con cosas alejadas de la temática de la entrevista, aferrándose a mantras como el Trasvase, la financiación autonómica, las infraestructuras, etc. Y echando la culpa de todo a Pedro Sánchez, acostumbrado, según él, a negociar incluso la ruptura de la unidad de España, afirmó: «Pero la libertad de los padres y madres es innegociable».

En el fondo, lo que ocurre es que la derecha española y la ultraderecha que le está empujando (y Murcia no tiene por qué ser una excepción, sino todo lo contrario) profesan lo que el sociólogo norteamericano Erich Fromm definió como miedo a la libertad, en una obra de igual título de 1941. Aunque, por la fecha, el texto hacía alusión al nazismo que estaba destrozando en aquellos momentos media Europa, sus reflexiones pueden encajar en el tema que nos ocupa. Con su concepto de 'libertad negativa', Fromm aludía al comportamiento autoritario con el que los gobernantes tratan de ganar el control sobre los demás para tratar de imponer algún tipo de orden. Comportamiento que viene, las más de las veces, acompañado de la destructividad, es decir, tratar de aniquilar lo que en el fondo no se puede controlar.

Por último, una duda me asalta. Si, como se ha publicado, es ilegal que una norma (las Instrucciones de principio de curso contenidas en el programa electoral del PP) se anteponga a toda una Ley, la LOMCE, ¿eso en la jerga jurídico-política al uso no es prevaricación? Recordemos la primera acepción de prevaricar en el diccionario de la RAE: «Delinquir los empleados públicos dictando o proponiendo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable (faltaría añadir, 'por presiones de terceros', como es el caso de Vox), resolución de manifiesta injusticia». Nuestro presidente regional, ese 'chico majo' al decir del expresidente ahora notario en Santa Pola, con su proceder, a sabiendas que está saltándose a la torera nada menos que una Ley de rango estatal, ¿encajaría de lleno en esa definición? Pues eso.

BALLESTA, REFRACTARIO A LA MEMORIA HISTÓRICA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/01/14/ballesta-refractario-memoria-historica/1082532.html

Los tibios avances que en el tema de Memoria Histórica suponen las propuestas contenidas en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos de cara a la investidura no ocultan el hecho de que, en estos cuarenta años de Transición, se ha echado tierra sobre esta materia, que afecta muy de lleno a los Derechos Humanos y otras convenciones y leyes suscritas en el ámbito internacional por España. Estamos aún muy lejos de asimilarnos a los países de nuestro entorno y no digamos nada a las democracias italiana y alemana, en las que, al contrario de España, los vestigios del fascismo y del nazismo han sido eliminados de las esferas política y social.

Calle General Yagüe (en la placa, falta la diéresis sobre la letra U) en el barrio murciano de Vistabella, en el muro oriental del hospital Reina Sofía de Murcia

En España, exhumados los restos del dictador, hay que dar pasos decididos para la resignificación del Valle de los Caídos, la eliminación de la Ley de Amnistía de 1977 y la declaración de ilegalidad del franquismo y sus procesos sumarísimos, sin garantías judiciales, que llevaron a la cárcel o a la muerte a miles de personas republicanas, por el mero hecho de serlo.

Pero, si hay un partido especialmente renuente a tratar estos temas ése es el PP, sin olvidar a sus compañeros de 'viaje' Cs y Vox. Conocida la postura de Rajoy, jactándose de haber dejado sin efecto la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 al no asignarle consignación presupuestaria alguna, es evidente, además, que en donde más se nota la pervivencia de la simbología franquista, hoy, es en el ámbito local. Y ahí muchos alcaldes del PP se 'retratan'. Como José Francisco Ballesta Germán, alcalde de Murcia desde 2015.

La comisión municipal creada ad hoc para la eliminación de la nomenclatura franquista de calles y plazas del municipio de Murcia está en stand by y el acuerdo de pleno de noviembre de 2018 para, al menos, cambiar los nombres franquistas más significados de las calles del amplio término municipal murciano sigue sin aplicarse en muchos casos. Voy a hablar de sólo tres denominaciones. Pero significativas.

Empecemos por la Calle General Yagüe, cuyo nombre está impreso en la fachada oriental del hospital Reina Sofía. Según nos refiere Juan Fernando Ramón Sánchez, entre la noche del 14 y la mañana del 15 de agosto de 1936, al menos 4.000 personas fueron masacradas en la capital pacense. Tal 'hazaña' fue orquestada por el entonces teniente coronel golpista, perpetrando un crimen contra la humanidad y siendo conocido posteriormente bajo el apodo de 'El Carnicero de Badajoz'. Aunque existe controversia en lo referente al número de víctimas, fue el propio Yagüe quien confesó al periodista americano John Thompson Whitaker que, en su avance hacia Madrid, no tenía intención de llevar a 4.000 rojos de prisioneros ni a permitir que continuara siendo Badajoz un enclave izquierdista en la retaguardia.

Nos recuerda también este articulista que, por aquellos días, un suboficial del Regimiento Castilla 16, Juan Blanco Domínguez, asistió a tan atroz espectáculo y pudo comprobar cómo quedaría grabado a fuego en la memoria de los supervivientes el sufrimiento generado a la población. Los prisioneros fueron encerrados en la plaza de toros, algunos fueron banderilleados y estoqueados, siendo la mayoría blanco de los nidos de ametralladoras. Estos hechos, sumados a los saqueos y violaciones, sumieron a Badajoz en el mismísimo infierno en aquel verano de 1936.

Hablemos ahora de un 'ilustre' murciano: el abogado golpista Federico Servet, cuyo nombre luce en una calle de la murciana pedanía de Santo Ángel. Merced al buen trabajo investigador del catedrático Pedro María Egea Bruno, colaborador de las asociaciones de Memoria Histórica de Murcia y Cartagena, sabemos mucho de sus 'andanzas'. Servet, jefe de la Falange de Murcia y pistolero, fue condenado a muerte por un delito de rebelión militar y, cuando estaba a punto de ser indultado por el ministro republicano Ruiz Funes, un motín popular, que rodeó la prisión provincial en septiembre de 1936, provocó su ejecución en el propio patio de la prisión, junto con otras nueve personas, entre ellas el cura Sotero. Pueden consultar más detalles en la Causa General 365. Expediente 140, Archivo General de la Región de Murcia, y ver otras reseñas en periódicos de la época como Línea y Nuestra Lucha.

Calle dedicada al jefe local de la Falange murciana Federico Servet,en la pedanía de Santo Ángel

Otra calle: una placa 'celebra' la caída de Murcia en manos franquistas, esta vez en la pedanía de Zeneta, la Calle 29 de Marzo, pese a haberse aprobado el cambio de denominación por la de Calle Tomás López García. El 29 de Marzo de 1939 hacía su entrada en Murcia la IV División de Navarra, al mando del general Camilo Alonso Vega, una vez que el ejército republicano se había rendido y entregado las armas, por lo que no encontraron ninguna oposición para entrar en la provincia y el uso de la fuerza no estaba justificado. Este cuerpo de Ejército había combatido en batallas célebres de la guerra como Belchite, Guadalajara, Teruel... y fue el artífice, con la llegada a Vinaroz en abril de 1938, de dejar partida en dos la zona republicana, al aislar Cataluña de Valencia.

El único papel de la IV División Navarra fue el ser una fuerza de ocupación represiva, sin ninguna garantía de defensa para las personas detenidas. El primer fusilamiento tuvo lugar el 12 de abril de 1939, el de Joaquín Sarabia Mulero, presidente de las Juventudes Libertarias y abogado. A sólo trece días de la fatídica fecha que aún se empeñan en homenajear.

A partir de ahí, los oficios ordenando fusilamientos se sucedieron. El mismo Camilo Alonso Vega firmó el que ordenaba el fusilamiento de los republicanos murcianos Miguel Aracil Gomariz, Pedro Palazón García y los hermanos Domingo y Blas Albarracín Clemente, ejecución que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del 29 de abril de 1939 en las proximidades del cementerio de Espinardo.

Son sólo tres ejemplos, hay muchos más, pero sus historiales delictivos, represivos y criminales no pueden seguir mancillando por más tiempo nuestras calles y nuestros ideales democráticos de paz, justicia, verdad y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La pervivencia del callejero franquista en las calles del municipio de Murcia es achacable directamente a quienes, como Ballesta, siguen siendo refractarios a una Ley de Memoria Histórica en la que no creen pero que están obligados a cumplir.