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| Cementerio de Santa Florentina. La Palma, Cartagena (foto LA OPINIÓN) |
En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.
Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.
La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.
En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.
En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.
En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.
Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.
El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.
Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.
El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.
