A primeros de mes, decidí celebrar el día de mi cumpleaños en la
montaña, en la zona de la cortijada de Huebras (Albacete), junto a la
Sierra de Las Cabras. Estamos hablando del entorno de la Sierra del
Segura, tan bello como olvidado por las Administraciones. Como olvidada
es la ganadería extensiva que, aun en franco declive, todavía es
perceptible en llanos y quebradas en esas frías y despobladas tierras de
interior. En efecto, la presencia de extensos rebaños de ovejas
segureñas es una muestra de que todavía hay gentes que se niegan a
abandonar definitivamente el modo de vida de antaño. La ganadería
extensiva, que aún se practica en tierras de interior de nuestra Región,
y en tantas y tantas zonas de España, preserva y regenera nuestros
montes, nos provee de carne y derivados lácteos de gran calidad y, a su
modo, contribuye en parte a fijar población.
En un artículo anterior, hice notar que el Consejo de Defensa
del Noroeste (CDN) y vecinas y vecinos de Caravaca ven también con gran
preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería
intensiva, por los evidentes daños medioambientales que estas
instalaciones producen. Recientemente, CDN ha dado a conocer los
anuncios en el BORM de los proyectos y ampliaciones de explotaciones
porcinas que durante el año 2021 se han tramitado en el ayuntamiento de
Caravaca en distintos parajes: Cañada del Charco, Loma de Banderas, Las
Oicas, El Moral, la Carrasca… es decir, un total de 6.000 cerdos y casi
8.000 lechones más en un año, sin contar con las ampliaciones previstas
en otros proyectos, utilizando un subterfugio legal: ante la necesidad
de contar con una evaluación de impacto ambiental cuando esas granjas
llegan a las 2.000 unidades porcinas, la mayoría de ellas sólo declara
1.999.
Según denuncia Greenpeace, la ganadería industrial está
devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia
de este negocio. Su modelo de producción se basa en alimentar a los
animales lo más rápidamente posible, bajo cualquier condición, que no
excluye por tanto el maltrato, y en maximizar los beneficios. El número
de vacas de estas instalaciones se ha duplicado y el de cerdos
quintuplicado desde los años 60 del pasado siglo.
En manos de capitales extranjeros, pero también de grupos
empresariales españoles conocidos, en los que no faltan referencias a la
nobleza (Casa de Alba, Duque del Infantado…), perceptores, además, de
fondos comunitarios a través de la PAC, estas empresas siguen
expandiéndose: la que en el Valle de Odieta está detrás de la
explotación de 5.000 vacas en Caparroso (Navarra) ha proyectado una aún
mayor en Noviercas (Soria) para ¡23.520! animales, lo que la convertiría
en la mayor macrogranja de Europa.
Las consecuencias, dice Greenpeace, serían terribles: gran
consumo y contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero,
uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para
cultivo de alimento para ganado, daños a la salud y abusos a los
animales. Además, son una falsa solución contra el despoblamiento rural.
ESPAÑA INCUMPLE LA LEGALIDAD MEDIOAMBIENTAL. Los datos demuestran que las macrogranjas han llevado a España
fuera de la legalidad ambiental. En nuestro país, 3.000 grandes
explotaciones intensivas de porcino son las responsables de que 99
millones de kilogramos de metano sean liberados al aire en 2020. La
concentración de gran cantidad de cerdos en zonas concretas (nuestra
Región de Murcia está a la cabeza) está generando problemas con los
desechos orgánicos, razón por la que, en diciembre pasado, la Comisión
Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo, por
incumplimiento de la ley debido a la insuficiente respuesta ante la
contaminación de las aguas por nitratos.
El ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado
de 1.000 puntos en 199 masas de agua afectadas o en riesgo: 40 de cada
cien acuíferos están dañados. Y el propio ministro de Agricultura, Luis
Planas (el mismo que desautorizó a su colega de Consumo, Alberto Garzón,
por sus declaraciones del pasado 26 de diciembre en The Guardian), en
un real decreto de febrero de 2020 admitía que la carne de porcino puede
tener un significativo impacto ambiental, especialmente en la
producción de nitratos y en la emisión de amoniaco a la atmósfera. Por
su parte, el ministerio de Teresa Ribera, otra que se ha sumado a la
desautorización de Garzón, calculó a finales de 2020 que, de media, unas
800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente,
especialmente en el agua. Consecuencias medioambientales, sin duda
avaladas por la Ciencia.
Además, según los Datos Globales de la Universidad de Oxford
(Our World in Data), sólo el 23% de la tierra cultivable en el planeta
se destina para el consumo humano; el 77% restante es para pastos o para
piensos de animales de granja. Para obtener un kilo de pollo se
necesitan 3,3 kilos de alimentos; para uno de cerdo, 6,4 kilos, y para
uno de vacuno, 25 kilos, con sus secuelas de emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera. A título de ejemplo, en la producción
porcina se emiten 12,31 kilos por cada kilo de comida; en la ovina,
39,72 kilos, y en la bovina, 99,48 kilos.
Por ello, insiste el informe, existen alternativas que reducen
el impacto ambiental de la producción de carne, esto es, la ganadería
sostenible y extensiva, sin olvidar la ingesta de proteínas vegetales,
pues la mayoría de emisiones de CO2 de los productos de origen vegetal
son de 10 a 50 veces menores que en los de origen animal.
El debate sobre las macrogranjas no es exclusivo de nuestro
país. El 20% de los franceses se muestra contrario a la ganadería
industrial; en Alemania, Los Verdes, cuando negociaban una coalición de
Gobierno en 2017 con democristianos y liberales, exigieron que el
acuerdo incluyera una disposición para cerrar este tipo de instalaciones
en un plazo de 20 años, aunque ahora piden, al menos, acabar con los
‘precios basura’ de la carne; en Italia, muchos ayuntamientos luchan
contra estas instalaciones de ganadería intensiva, y en el Reino Unido
hay campañas en esta misma dirección…
BULOS Y LAPIDACIÓN MEDIÁTICA DE UNIDAS PODEMOS. Pero en nuestro país se han instalado la mentira y la hipocresía
como armas políticas. Hipocresía en la medida que no se entiende cómo
el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar una moratoria (aunque
parcial) para este tipo de instalaciones al tiempo que su presidente,
García Page, cargó sus armas contra Garzón. Lo mismo puede decirse del
Gobierno de Castilla y León. Lamentable la ‘actuación’ del presidente
del Gobierno de España. Su reacción ante las declaraciones de Alberto
Garzón, pese a que en 2019 el propio Pedro Sánchez cuestionaba este tipo
de explotaciones de ganadería intensiva, hay que entenderlo, sin duda,
en clave electoral, así como la de algunas ministras y ministros de su
Gabinete. Comportamientos incalificables, aunque bien es cierto que,
ante la evidencia de que todo ha sido un burdo bulo, parece que el PSOE
ha tenido que recular.
En el fondo, hemos asistido a un intento de lapidación mediática
y política más, tras el de Pablo Iglesias y el del diputado canario
Alberto Rodríguez, contra Unidas Podemos. La mayor parte de la prensa,
la misma que debiera garantizar una información libre, veraz y
transparente, se ha prestado al ‘juego’. Hace unos días, Antonio Maestre
afirmaba que el periodismo ha dejado de ser útil a la democracia para
convertirse en su mayor lastre, al quedar subyugado a los intereses de
cualquier jerarca con mucho dinero y poca moral.
